Después de Hatillo Palma. Lo Nuevo y Lo Viejo En La Inmigración Haitiana 

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Una de las novedades surgidas directamente de los sucesos que se produjeron en Hatillo Palma en mayo pasado 1 es la acción de los grupos neo-nacionalistas anti-haitianos 2 que se proponían quizás por primera vez– organizar y movilizar con un discurso público a la población dominicana en contra de la presencia haitiana. Algunos de sus líderes, haciendo provecho de la justa indignación que habían provocado en los pobladores nativos de Hatillo Palma los hechos mencionados, comenzaron a trasladarse a esa localidad fronteriza para realizar mítines en los que analizaban y denunciaban a la inmigración haitiana como totalmente dañina para el país y para su población, concluyendo, como es habitual, con que ella pone en peligro la existencia misma de la nación; mítines que la prensa escrita, radial y televisiva se encargaba, tal vez precisamente por su novedad, de difundir a todo el país. 

No basta con decir lo anterior acerca de la naturaleza de ese discurso; hay que ir más allá y entrar en las líneas que definen sus claves argumentativas, para darse cuenta de que la ideología anti-haitiana después de Hatillo Palma comienza a renovarse. Para decirlo brevemente, ya el flujo poblacional de oeste a este de la isla de Santo Domingo no solamente es, como antes se postulaba, el mayor peligro que acecha a la nación y a sus pobladores. No. En este momento, para los nuevos doctrinarios del combate contra Haití y a los haitianos, es una realidad destructiva que somete al país; y no sólo porque poco a poco corroe –como ellos dicen– el medio ambiente, la salud, la cultura, los sistemas de trabajo agrícola, el uso de la mano de obra y el presupuesto nacional dominicanos, sino porque, además, ha logrado imponerse y someter a las poblaciones nativas de diferentes localidades. He aquí una muestra de cómo se expresa ese nuevo discurso ideológico: 

“…que una niña de nueve meses fue violada por unos haitianos, que las mujeres dominicanas tienen que permanecer encerradas después de las seis, en arresto domiciliario, y vivir como si los haitianos hubieran implantado un toque de queda. Los haitianos mantienen su predominio en las grandes fincas y plantaciones. Los viernes se distribuyen más de dos millones de pesos; mientras los dominicanos permanecen serenos viviendo su miseria y su desempleo en silencio; lo haitianos se pasean arrogantes, bulliciosos por el pueblo”.3 

¿Proceso de inversión? 

Los que hemos realizado estudios sobre las condiciones de vida y de trabajo de los haitianos en el país y los que están familiarizados con esos estudios o con esas condiciones, podemos pensar, leyendo ese texto, que, en ese plano, se ha producido un proceso de inversión de la realidad; que la posición de sometidos y explotados que antes ocupaban los miembros de la migración haitiana frente a los nativos de la República Dominicana, ahora la ocupan los dominicanos frente a los inmigrantes haitianos. Y los extranjeros que lean el precitado texto sin tener ninguna otra información sobre la presencia haitiana en la República Dominicana pueden pensar que se trata de una situación en la cual Haití (o sus inmigrantes) tienen el control del Estado dominicano, de sus estructuras administrativas y represivas. 

La verdad es que en la construcción de la nueva ideología aludida se generalizan y se presentan como de carácter permanente hechos criminales de los inmigrantes que realmente han tenido lugar, pero no en el ámbito de todas las zonas en que hay presencia haitiana, ni sistemáticamente, sino de manera esporádica y en lugares determinados. La experiencia migratoria acumulada por la humanidad prueba que hechos semejantes han sucedido en todos los procesos de desplazamientos humanos de unos países a otros (dominicanos emigrantes se han visto envueltos en casos de ese tipo) y, además, sucesos similares son también llevados a cabo por dominicanos contra dominicanos; basta con leer las páginas rojas (y a veces las primeras páginas) de los periódicos del país para comprobar esta afirmación. Es decir, que los hechos trágicos en que han participado haitianos en los últimos tiempos no son exclusivos de este proceso migratorio ni son exclusivos de los ciudadanos de Haití, como podría entenderse por la manera en que los neo-nacionalistas los enfocan y por las propuestas que hacen para combatirlos. La historia de las migraciones enseña también que el tratamiento moderno y civilizado que hay que darle a esas situaciones deleznables no tiene que ver con el antiguo dictamen bíblico de “ojo por ojo y diente por diente”, superado hace ya siglos por los mismos creyentes, sino con la Constitución y las leyes de cada país que contemplan las formas específicas en que deben castigarse y corregirse esos comportamientos, tanto en los casos de nacionales como de extranjeros. 

Arengas 

Los doctrinarios del neo-nacionalismo anti-haitiano, sin embargo, plantean el tratamiento de estas dificultades –que exageran al máximo– mediante el enfrentamiento directo de los inmigrantes haitianos por la población nacional.  Con sus puntos de vista, expuestos en términos de arengas, instigan a la violencia y fomentan el odio entre los ciudadanos de Haití y de la República Dominicana. Un ejemplo de cómo se expone este otro elemento del nuevo discurso ideológico contrario a la inmigración haitiana es el siguiente:

“Hatillo Palma dio plazo a los haitianos para que abandonaran el pueblo… ¡Sin derramar una sola gota de sangre haitiana! ¡Sin quemar una sola casa!… Se le pegó fuego, eso sí, a una montaña de colchonetas mugrientas, ahítas de chinches, que eran una amenaza sanitaria, para evitar que las carroñas volvieran al nido. Porque el pueblo está cansado del terror, del abuso, del abandono de las autoridades, de la desesperación. Porque en el país la ley no la pueden decidir los ilegales”.4 La lógica de quienes así hablan no propugna una regularización de la inmigración haitiana al país, ni siquiera un control de ésta, sino que propone que se le ponga fin. Esta es otra novedad posterior a Hatillo Palma. Hasta ahora, los neo-nacionalistas habían defendido –en todos los escenarios donde esto se discute– preceptos constitucionales y leyes dirigidas al control de la presencia haitiana, pero aceptando ésta como una realidad con la que hay que convivir. Actualmente, como ya se ha dicho y validado, sus consideraciones y sus llamados van dirigidos a irradiar a los inmigrantes haitianos del perímetro nacional. 

Lo peor es que esa nueva postura no se limita a una simple cuestión teórica y conceptual acerca de un aspecto de la problemática dominico-haitiana. No. Ella conlleva –eso ha sido dicho e incluso puesto en práctica– acciones directas, algunas violentas y hasta definitivas, para que los inmigrantes del país vecino salgan de aquí. 

En el párrafo citado anteriormente se dice: “Hatillo Palma dio plazo para que los haitianos abandonaran el pueblo”. Es imposible que Hatillo Palma, como entidad, diera ese plazo. Ese plazo –si es verdad que se dio y no es el resultado de la imaginación de quien escribió la frase–, lo dio sólo una parte de su población, como se demostrará más adelante. Y dar plazos, más cuando se exige abandonar un lugar, significa que si al cumplirse no ha sido satisfecha la petición, se procede por vía de hechos. En este caso específico, frente a las acciones criminales llevadas a cabo por inmigrantes haitianos en Hatillo Palma y en otras localidades (y, en consonancia, con los llamados neo-nacionalistas), se han producido, de parte de dominicanos, acciones también criminales contra ciudadanos haitianos, como son las del Distrito Nacional y, más recientemente, las de Villa Trina en Moca y Pontón en La Vega.

No sé si los promotores intelectuales de esos hechos y quienes los llevan a cabo se percatan de que con sus ideas y sus actos están reivindicando los pogroms5 –condenados por toda la humanidad progresista–, utilizados sobre todo contra la población judía en las partes Este y Central de Europa, y tampoco sé si se dan cuenta de que es basándose en esos criterios y en esas acciones que algunas publicaciones extranjeras han dicho, en referencia al conflicto migratorio dominico-haitiano, que en los pronunciamientos y actos de los dominicanos se advierte cierta intención de “limpieza étnica”.6 Asimismo, ignoro si no recuerdan que ya en el país se cometió un genocidio7 precisamente contra inmigrantes haitianos en 1937, y que los argumentos utilizados entonces por la dictadura de Rafael L. Trujillo son semejantes, algunos iguales, a los que se usan hoy para justificar los planteamientos y las prácticas contra la misma población.

Gran peligro 

Así las cosas, los nuevos elementos de la ideología neonacionalista anti-haitiana encierran un gran peligro para la nación dominicana. Su difusión y puesta en práctica coloca a la Patria de Duarte, Sánchez y Mella en el reducido número de países pre-modernos que no obedece a los grandes avances alcanzados por la humanidad en sus relaciones, recogidos en múltiples documentos de las Naciones Unidas, sino que prefiere resolver sus desavenencias internas y con el exterior apelando a la violencia. Eso sólo sería suficiente para que el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y cada uno de los ciudadanos dominicanos, se ocuparan de buscar y encontrar soluciones a los conflictos alrededor de la presencia haitiana en el país por vías adecuadas y modernas. Pero esa ocupación en solucionar esas dificultades debe ser urgente, porque no se trata sólo de eso, es que, además, esas nuevas ideas (y su práctica) pueden meter al país en grandes problemas en el ámbito nacional, en el ámbito insular y en el ámbito internacional.

Parece que se entiende perfectamente que un enfoque que plantee la liquidación de la inmigración haitiana y sus posibles consecuencias provoque dificultades insulares, o sea, con Haití, e internacionales, es decir, con los estados, con las organizaciones estatales multinacionales y con grupos civiles que han apoyado a los haitianos que, legal o ilegalmente, residen en el país, en sus enfrentamientos con las autoridades o con segmentos de la población dominicana. Lo que no se entiende con sólo enunciarse es que por esas mismas razones surjan conflictos nacionales, o sea, entre diferentes grupos locales. En este caso no es que se puedan producir tales conflictos, sino que ya se han producido, a propósito mismo de los acontecimientos que se inician con el caso de Hatillo Palma. 

Voy a explicar este caso aparte. Lo que sucede es que en todos los países receptores de inmigrantes –y estas son las constantes generales de este fenómeno en todo el planeta– hay grupos nacionales que propician su presencia. Estos sectores pro inmigración suelen ser normalmente los grupos de empresarios que utilizan su mano de obra y los grupos eclesiales y de la sociedad civil que se ocupan de luchar en defensa de los derechos humanos y, en general, en contra de las diferentes manifestaciones de la pobreza y de la exclusión social. Aunque ambos sectores defienden y hasta facilitan –a veces en contra de las leyes mismas de sus países– las inmigraciones laborales, están movidos por propósitos muy diferentes, casi contrarios.

Mientas los patronos lo hacen porque la fuerza de trabajo inmigrante, por sus características especiales, contribuye a aumentar la rentabilidad de sus negocios, los grupos civiles y religiosos buscan que los extranjeros que trabajan y residen en otros países disfruten de las mismas condiciones de vida y de trabajo que los nacionales. Esos son los grupos sociales que juegan ese papel en el país y esos son sus objetivos diferenciales. Aparentemente no es necesario argumentar ni documentar los conflictos habidos entre, por un lado, sectores de la Iglesia Católica y grupos de la sociedad civil, y, por el otro, los partidarios de las ideas neo-nacionalistas explicadas. 

La prensa diaria de los últimos meses da cuenta de esa profunda desavenencia entre sectores nacionales. Igual sucede con los empleadores de haitianos y los neo-nacionalistas, sólo que en la expresión de las diferencias entre ellos, las dos partes son menos estruendosas. Pero la actitud de los empresarios frente a la situación creada en Hatillo Palma quedó muy clara cuando se presentaron en la última de las famosas reuniones organizadas y dirigidas por los neo-nacionalistas y plantearon la necesidad de que se terminara con el acoso contra los haitianos, pues la carencia de esa fuerza de trabajo les estaba provocando grandes pérdidas; ahí se terminaron esos encuentros. 

(Es por esa actitud de los empresarios de esa zona y de algunas de sus ONG que dije antes, por lo que no puede asegurarse que toda la población de Hatillo Palma dio un plazo a los haitianos para que abandonaran su suelo.  

Hubo un sector que, por el contrario, se opuso a esa petición y reclamó su presencia en esa zona.)

Modificar la realidad

Mi oposición al nuevo discurso anti-haitiano y a la puesta en práctica de las soluciones violentas que estimula no significa que sea partidario del status quo existente en el plano de la inmigración haitiana. Todo lo contrario. Coincido con los neo-nacionalistas en que hay que modificar la realidad actual de esa inmigración. Pero tengo diferencias radicales con ellos en la forma y en el sentido en que hay que producir esos cambios; aquí entramos en elementos viejos de la cuestión migratoria, reactualizados después de Hatillo Palma. La fórmula para dar inicio al proceso que solucione la larga lista de querellas alrededor de la presencia haitiana es bien conocida, porque es la que se ha utilizado y se utiliza en aquellos países donde las dificultades migratorias se han reducido al mínimo y porque ha sido propuesta antes e incluso en determinados momentos se han dado pequeños pasos con buen pie en ese camino. Pero nunca se ha planteado ni siquiera la elaboración de un plan general del Estado destinado a la reparación sistemática y continua de cada una de los problemas que el país y su población confrontan por ese lado, como se ha hecho, por ejemplo, con el caso de la violencia y el crimen que azota a las poblaciones urbanas, sobre todo en sus localidades más deprimidas. Esa fórmula es la regularización de la inmigración.

Pero regularización de la inmigración no significa simplemente la elaboración de una ley adecuada y moderna y de un reglamento de aplicación de esa ley. Se precisa que, consecuentemente, con esas disposiciones se provoquen cambios institucionales que las hagan posible y se emprenda una labor de reforma (o eliminación) de las prácticas consuetudinarias en ese terreno, que todo sugiere que no será ni fácil ni rápida. Es que no se puede pensar en regularización si no se sincera o transparenta el uso de la mano de obra haitiana y se somete a las normas internacionales y nacionales que rigen el trabajo humano en el país. Esto implica, por ejemplo, que cada patrón que necesite de esa fuerza de trabajo especial tiene que requerirla con cantidad y con tiempo y si se le concede tiene que cumplir con todos los requisitos de contratación, en cuanto a salarios, seguridad médica y social y demás beneficios laborales que otorga el Código de Trabajo Dominicano.

Otro ejemplo: la regularización sería una ilusión sin un proceso de reingeniería de la frontera, y no solo físico, sino también humano. Igual, la brega por regularizar el presente de la presencia haitiana precisaría de remediar el pasado. No hay que olvidar que los desplazamientos humanos del oeste al este de la isla de Santo Domingo, la migración laboral, se iniciaron aparentemente en la segunda década del siglo pasado –la documentación al respecto data de 1919– y sólo ese tiempo ha creado muchas situaciones complejas a normalizar en áreas sociales y emocionales tan importantes y delicadas como la residencia permanente y la nacionalidad. El proceso de regularización pensado no como normas, sino como una gran reforma de una estructura socioeconómica y político-cultural tan significativa como es la migración es el camino más seguro hasta para la reducción sistemática de la presencia haitiana en el país: 

1) Mientras más organizado y sometido a las normas sea el proceso de ingreso de extranjeros al país, más difícil será la entrada y permanencia de ilegales; uno de los factores que facilita la presencia incontrolada de indocumentados haitianos es el desorden en la situación actual, la falta de normas claras al respecto y el incumplimiento de las existentes. 

2) El hecho de que los empresarios tengan que cumplir, en el caso de los haitianos, con las normas establecidas en el país para el trabajo humano puede ser un desestimulante para su uso, ya que al final sería lo mismo que emplearan dominicanos, e incluso, esa situación puede conducir a una tecnificación que reduzca la necesidad de fuerza de trabajo; y es que los patronos dominicanos prefieren al trabajador haitiano no porque les guste más, sino porque es una mano de obra especial que pueden pagar más barata, que carece de los beneficios socio-económicos que las leyes conceden a los trabajadores, que es sumisa e imposibilitada, por razones de soberanía, de organizarse y luchar por sus intereses. Estas son sólo líneas generales de una propuesta de solución hecha para animar el debate y ayudar a la toma de decisiones al respecto. Toma de decisiones que no puede esperar mucho. Mientras más tiempo pase sin que el Estado trabaje decididamente y de acuerdo a un plan a mediano y a largo plazo, más se complicará la situación migratoria y más difíciles y complejos serán los problemas nacionales, insulares e internacionales producidos por ella. 

Otro viejo elemento de la cuestión dominico-haitiana que se ha revitalizado después de Hatillo Palma es la descalificación como dominicanos, por parte de los neonacionalistas, de todo aquel que plantee propuestas diferentes a ellos. Es lo mismo que se ha dicho siempre, pero esta vez se hace tal énfasis que se puede decir que ese componente de su ideología es una especie de “terror patriótico”, así como Mattelart calificó de “terror económico” la ideología que en América Latina se oponía a la reforma agraria de la década de los setenta. Esta es una muestra:

Sépanlo todos aquellos que, ahora, quieren anular nuestra independencia de Haití obtenida en 1844. Por más dialécticas que empleen para despojar al dominicano de su territorio, por más esfuerzos que hagan para echarnos encima como un perverso maleficio todas las desgracias del pueblo haitiano, por más maniobras que realicen para poner al Gobierno y al país al servicio de extranjeros indocumentados con los que tenemos ninguna obligación, para arrancarnos los mecanismos de supervivencia en nuestro propio país, ¡entiéndalo bien! que el grito de Hatillo Palma, la llamada del 9 de mayo, es la señal definitiva del despertar de los dominicanos”.8 Pese a esas falsas acusaciones insistiré en la crítica a la postura ideológica y a las propuestas de los neo-nacionalistas. Ellas no garantizan una solución adecuada y moderna a la presencia haitiana en la República Dominicana y, por el contrario, sólo conducirían a la nación y a sus habitantes a mayores problemas de los que ahora tienen. Aún la pertenencia –en este caso la condición de dominicano– no es una cuestión de palabras, sino de praxis. Así que es la cotidianidad la que dice y la historia la que dirá.