El dilema populista, el pragmatismo y la izquierda en el poder en Venezuela

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Los izquierdistas en Venezuela han formulado varias explicaciones sobre el descontento creciente que enfrenta el país, el cual aumenta la posibilidad de que la oposición se apodere del control de la Asamblea Nacional en las elecciones de fin de año. En la lista de explicaciones está la comparación desfavorable de las cualidades superiores del liderazgo de Hugo Chávez con las inferiores de su sucesor, Nicolás Maduro. (Este mismo razonamiento es utilizado frecuentemente por los miembros de la oposición, quienes explícita e implícitamente atribuyen las deficiencias de Maduro a sus orígenes obreros.) Una segunda explicación es que los funcionarios corruptos son los responsables de la crisis económica actual, que incluye la escasez aguda de productos de primera necesidad y una inflación galopante que ha llegado a tres dígitos.

Sin embargo, un análisis riguroso de la situación precaria que el Gobierno actualmente encara debe ir más allá de factores personales, sobre todo porque las raíces de la crisis datan del comienzo de la gestión de Chávez, y no de la aplicación de las políticas de Maduro. Una mirada crítica a los problemas fundamentales tras la elección de Chávez en 1998 puede arrojar luz sobre los retos y las dinámicas complejas que cualquier gobierno socialista democrático podría enfrentar. Dieciséis años de gobierno chavista separan el caso venezolano de otros gobiernos socialistas en el último siglo, sea un régimen no democrático-liberal (la Unión Soviética, Cuba, etc.), sean aquellos que hicieron concesiones al sistema establecido para evitar la polarización aguda que caL racteriza a Venezuela (como el Partido Laborista en la etapa pos 1945 en el Reino Unido), o sean aquellos que fueron demasiado breves para estar sujetos a los desafíos complejos de la Venezuela actual (como la gestión de Allende en Chile). Un análisis que vaya más allá de las personalidades es también esencial para contrarrestar la desmoralización proveniente de la conclusión falaz de que los líderes chavistas se han vendido. Este asunto se agrava aún más por la posibilidad real de una derrota chavista en un futuro no muy lejano. 

El punto de partida para entender el dilema actual debe incluir una valoración de la intensidad de la campaña de desestabilización promovida por la oposición, que incluye actividades legales, parcialmente legales e ilegales, y la negativa permanente de los antichavistas a reconocer la legitimidad del Gobierno. El año pasado, durante más de tres meses, Venezuela estuvo sujeta a una campaña de violencia conocida como «la guarimba». Desde ese entonces, hay evidencia suficiente para demostrar que el sector privado es por lo menos parcialmente responsable de la escasez proveniente del acaparamiento y el contrabando. Sin lugar a duda, todos los gobiernos izquierdistas enfrentan una oposición conservadora recalcitrante. Pero hay dos factores que sobresalen en el caso venezolano. En primer lugar, los desórdenes provocados por la oposición durante un período extendido, con efectos económicos adversos en un contexto democrático, han producido desgastes en los chavistas. En segundo lugar, a diferencia de períodos de violencia continua y guerra civil, en este caso la presión aumenta y llega a ser responsabilidad del Gobierno demostrar que es capaz de garantizar la producción y la estabilidad económica, aun cuando la economía permanece en manos privadas. Frente a estos desafíos, el Gobierno chavista se ha encontrado en un dilema: por un lado, ha tendido a optar por políticas populistas con el fin de evitar o minimizar el desgaste, la apatía y la decepción de sus seguidores; y, por otro, con el fin de mantener la estabilidad económica ha escogido políticas pragmáticas y alianzas con socios no muy confiables. Una vez que estas políticas se aplican, llega a ser difícil para el Gobierno cambiar de orientación y adoptar una estrategia más racional y práctica. Chávez dio señales de pragmatismo desde los primeros años de su gobierno, cuando se alió con un pequeño grupo de empresarios que se negaron a apoyar el paro petrolero de dos meses con fines insurreccionales dirigido por la principal organización empresarial de Venezuela, Fedecámaras. Como resultado, los disidentes empresariales recibieron beneficios económicos apreciables. El episodio marcó el origen de una burguesía emergente que recibió un trato preferencial del Gobierno, pero que incluía oportunistas que estaban motivados únicamente por el afán de enriquecimiento. Sin embargo, esta alianza no fue incondicional, ya que Chávez terminó encarcelando a algunos de sus miembros durante varios años por su responsabilidad en la crisis financiera de 2009. 

El Gobierno de Maduro ha continuado esta política de combinar posturas flexibles y combativas en sus relaciones con el sector privado. Por un lado, promovió el año pasado un «diálogo de paz» con los líderes de Fedecámaras en un momento en el cual la oposición estaba promoviendo las protestas de «la guarimba». La iniciativa implicaba concesiones, como la aceptación de la demanda empresarial de que se descartara la vía rápida para manejar los casos de acaparamiento, contrabando y especulación. Por otro lado, Maduro acusó a Fedecámaras de haber desatado la «guerra económica» en la forma de escasez de productos básicos y, al final de abril de este año, anunció que las compañías afiliadas a dicha organización no iban a recibir más dólares preferenciales para pagar sus importaciones. El presidente señaló que los empresarios venezolanos tenían cinco mil millones de dólares depositados en instituciones financieras en el extranjero y preguntó: «¿Por qué no traen su dinero aquí para invertir?». Añadió que «nuestros dólares son para el pueblo, para la vivienda, el transporte y la comida». Al igual que en el caso de Chávez, las relaciones de Maduro con la burguesía emergente han sido tensas. El aliado empresarial más cercano, Miguel Pérez Abad, quien sirve como enlace con el sector privado, está de acuerdo con la posición de Fedecámaras de que el cambio de la divisa debe ser fijado por el mercado libre y que los precios de los productos básicos se deben aproximar a los del mercado internacional. Ambas posiciones son rechazadas tajantemente por Maduro. 

El discurso de Chávez y Maduro que plantea una «alianza estratégica» con el sector privado, abarcando a los «empresarios productivos», quienes son supuestamente la mayoría de su clase, ha sido traducido en concesiones a los intereses empresariales. Una corriente izquierdista conocida como Marea Socialista está convencida de que el diálogo de paz ha resultado en varias políticas y prácticas que caen sobre los hombros de la clase obrera. Inclusive el dirigente sindical chavista Wills Rangel, conocido por su carácter relativamente dócil y quien dirige la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, critica al Gobierno por no haber cumplido con la nueva Ley Orgánica del Trabajo (lottt), que eliminó la tercerización para el trabajo fijo a partir de mayo de 2015. Las amenazas de la oposición que recibe apoyo contundente tanto de Washington como de la Iglesia católica, de los grupos económicos, muchos de los medios privados de comunicación y la dirigencia sindical tradicional han obligado al Gobierno a pesar de su retórica socialista a retroceder en muchas de sus ofertas, desacelerando el ritmo de cambio.

La aplicación de las políticas populistas por parte del Gobierno obedece a una lógica similar. Algunas de las medidas adoptadas en respuesta a las acciones de desestabilización de la oposición han sido difíciles de desmantelar. Un ejemplo es el sistema del control de cambio y de los precios para productos básicos. Las medidas fueron tomadas por necesidad como resultado del paro general de 2002-2003, que creó una escasez de productos y la posibilidad de una inflación incontrolable. El control de cambio mantenía bajos los precios de los bienes de consumo de los sectores populares, y funcionó relativamente bien hasta el final de 2012, cuando el cambio no oficial del dólar se disparó.

Desde ese entonces, la amplia disparidad entre los precios oficiales y no oficiales para productos de primera necesidad y para el dólar ha tenido consecuencias graves. Los precios artificialmente bajos en extremo han desalentado la producción, aun en el caso de las empresas del Estado. El mercado negro ha prosperado conjuntamente con el contrabando como resultado de la escasez de bienes con precios extremadamente bajos. Además, algunos empresarios han solicitado y recibido dólares preferenciales para importaciones ficticias, como denunció en mayo el ministro de salud Henry Ventura en el caso de varias compañías farmacéuticas. Cualquier devaluación que reduzca sustancialmente la disparidad entre los precios oficiales y no oficiales corre el riesgo de disparar la inflación. Frente a este peligro, y con una oposición que está decidida a luchar por el cambio del régimen a toda costa, el Gobierno ha optado por una estrategia populista que evita decisiones difíciles. Mientras que los no privilegiados esperan en las colas, a veces por cuatro horas o más, para adquirir bienes a un precio muy económico, la clase media compra el mismo producto en el mercado negro o en comercios no monitoreados a tres o cuatro veces el precio oficial. 

Bajo circunstancias normales, un Gobierno progresista puede estar inclinado a dar pasos para reducir gradualmente estas disparidades sin eliminar completamente los controles. Pero una decisión de esa naturaleza va a afectar los bolsillos de las clases populares y, en el proceso, los chavistas podrían perder votos en las próximas elecciones para la Asamblea Nacional. 

Hay mucho de por medio en esa contienda. En mayo, Jesús Torrealba, jefe de la coalición de los partidos de la oposición, Mesa de Unidad Democrática (mud), anunció que con el control de la Asamblea Nacional la mud va a estar bien posicionada para sacar a Maduro de la presidencia.1 La oposición formuló la misma amenaza durante las elecciones municipales celebradas en diciembre de 2013, que ella calificó como un «plebiscito» para determinar la continuidad de Maduro en el poder, aunque el uso del término se le revirtió, ya que los chavistas emergieron triunfantes con un margen de diferencia de 11.5 puntos porcentuales. Estos llaman a dicha estrategia la «opción paraguaya», en referencia a la destitución ilegal del presidente progresista Fernando Lugo por el Congreso de ese país en 2012.2 Una dinámica parecida explica otras acciones y políticas puestas en práctica por el Gobierno, que se consideraron necesarias para responder a las acciones subversivas de la oposición, pero que han resultado ineficaces desde el punto de vista económico. Así que en reacción al paro general de 2002-2003, el cual paralizó la industria petrolera, el Gobierno despidió a 17,000 empleados de la empresa petrolera estatal pdvsa que apoyaron esa acción y los reemplazó por partidarios chavistas. Pero la práctica de privilegiar la lealtad por encima de la competencia se traduce fácilmente en clientelismo. Igualmente, la consigna favorita de Chávez, «unidad, unidad y más unidad», para confrontar a un enemigo beligerante ha servido para desalentar las críticas y la disensión dentro del movimiento chavista. La lógica populista también está detrás de la tendencia de relajar los controles sobre la asignación de recursos para los sectores populares. El Gobierno, por ejemplo, suavizó los requisitos de las fianzas para los préstamos a las cooperativas de obreros, abarcando el sector marginal que constituye la columna vertebral del movimiento chavista. Mientras que la flexibilización fue considerada esencial para estimular el interés de los pobres, quienes tradicionalmente son desconfiados y apáticos, el imperativo político de retener su apoyo frente a un enemigo agresivo también influyó en esta política administrativa.3 Otra medida populista que ha favorecido a los pobres es la distribución de bienes gratis o casi gratis, incluyendo aparatos eléctricos, computadoras y viviendas. 

La expropiación de numerosas compañías que, de acuerdo con el Gobierno, eran responsables de la escasez de bienes básicos y la especulación, a partir de 2007, es otro ejemplo de respuestas al enemigo con consecuencias no anticipadas. El Gobierno venezolano ha sido objeto de numerosas demandas por compensación de hasta mil millones de dólares o más, llevadas al juzgado de arbitraje del Banco Mundial. El resultante flujo de dólares hacia afuera es un factor mucho más importante ya que contribuye a la falta de divisas para cumplir con los compromisos del Gobierno en comparación con los programas de ayuda internacional y otros gastos siempre recalcados por la oposición. Argumentos con implicaciones ideológicas justificaron estas medidas y acciones. Las expropiaciones, por ejemplo, fueron consideradas como pasos en la dirección al socialismo, y el otorgamiento de bienes gratis a los no privilegiados fue calificado como un ejemplo del «socialismo humanitario», que es otro de los términos usado frecuentemente por los chavistas. Pero, a fin de cuentas, estas medidas tomadas cuando el chavismo estaba a la defensiva, aunque no necesariamente mal aconsejadas, han conducido a los desequilibrios presupuestarios, al centralismo excesivo, a la ineficiencia y a la corrupción. 

– Después del intento de golpe de Estado en abril de 2002 dirigido por Fedecámaras y apoyado por todos los adversarios del Gobierno, incluyendo a Washington, los partidos de la oposición, los medios de comunicación privados y la jerarquía de la Iglesia, en vez de aprovechar esa oportunidad para golpear al enemigo, Chávez trató de apaciguarlo al ofrecerle una serie de concesiones innecesarias que le permitieron posicionarse para lanzar el paro general en el mismo año. 

– Después de emerger victorioso en el referéndum revocatorio de agosto de 2004, Chávez levantó la bandera de los 10 millones de votos para las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, que representaban el 80% del electorado. Esa meta fue innecesaria. El capital político bien ganado por Chávez pudo haber sido mejor invertido en una campaña contra los vicios burocráticos en la Administración Pública, en la democratización interna en el movimiento chavista, y en una guerra sin cuartel contra la corrupción, como se expresó en la convocatoria de Chávez por una «revolución dentro de la revolución».

– Después del triunfo abrumador en las elecciones presidenciales de 2006 con el 63% del voto, Chávez se aprovechó del efecto de «luna de miel» al decretar expropiaciones importantes de empresas estratégicas, rechazar la reanudación de la concesión del canal Radio Caracas Televisión y lanzar el Partido Socialista Unido (psuv). Sin embargo, esas decisiones fueron eclipsadas por la propuesta de la reforma constitucional de 69 artículos, que fijó los términos del debate público en 2007, pero que fue derrotada. La propuesta consistía en reformas que pudieron haber sido incorporadas en la legislación y aprobadas por la Asamblea Nacional controlada completamente por los chavistas. 

– Después de las elecciones municipales de diciembre de 2013, que dieron a los chavistas un triunfo contundente, el presidente Maduro se abstuvo de aprovechar el momento favorable, y así permitió que la oposición lanzara «la guarimba» dos meses después. 

– Después de la derrota de «la guarimba» en mayo de 2014, Maduro continuó llamando a un «diálogo de paz», mientras que se abstuvo otra vez de tomar ventaja de las circunstancias favorables. 

Maduro ha pagado un precio alto por no haber actuado con decisión en los últimos dos casos. En ambas instancias, el Gobierno estaba bien posicionado para tomar decisiones audaces a fin de enfrentar la escasez de productos de primera necesidad y otros problemas urgentes. Las opciones de Maduro incluían una devaluación con el fin de reducir sustancialmente la disparidad entre los cambios oficial y no oficial y la nacionalización del comercio exterior, una propuesta apoyada por el Partido Comunista (pcv) y Marea Socialista (que actúa como una tendencia dentro del psuv). Además, el Gobierno pudo haber intensificado su campaña contra la adquisición ilegal de dólares preferenciales imponiendo castigos severos contra aquellos que en los sectores público y privado eran acusados de transacciones fraudulentas. 

Como los problemas que el Gobierno enfrenta en la actualidad provienen de las acciones de la oposición intransigente cuando estaba a la ofensiva, los momentos en que los chavistas están en una posición favorable representan una oportunidad de oro para lograr soluciones viables. Los teóricos revolucionarios siempre han observado que el debilitamiento de las instituciones y de la clase que defiende el viejo orden es un requisito fundamental para una revolución. Lenin, por ejemplo, señaló que las divisiones dentro de la clase dominante abren el camino para la toma de poder por los socialistas. Gramsci afirmó que la pérdida de legitimidad del Gobierno y el logro de una hegemonía nueva preceden la transformación socioeconómica estructural. Asimismo, en Venezuela el choque entre los grupos económicos poderosos y la consecuente pérdida de su fuerza facilitaron la llegada de Chávez al poder y su éxito en retenerlo.5 Sin embargo, como este artículo demuestra, los enemigos del chavismo tenían Militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv) durante uno de sus congresos poder y recursos suficientes para minar la estabilidad, a tal extremo que el Gobierno se sintió obligado a adoptar medidas que eventualmente menoscabaron el buen funcionamiento del Estado y de la economía. No hay duda de que estos retos tienen implicaciones para todos los movimientos que están en favor del cambio a largo alcance. Hay que resaltar dos de ellas. Primero, el fracaso de los Gobiernos antineoliberales y socialistas en cuanto al desarrollo de una alternativa viable ha sido, en gran parte, el resultado de factores políticos con consecuencias no anticipadas, y no demuestra necesariamente las fallas inherentes al nuevo modelo. Y segundo, aun cuando la izquierda en el poder logre un grado de estabilidad mayor que en el caso de Chile durante la gestión de Allende, el proceso de lucha política va a determinar, en gran medida, el resultado de los esfuerzos para lograr una transformación auténtica. 

Notas 

1 Clodovaldo Hernández, «Una asamblea para derrocar a Maduro», El Universal, 9 de mayo de 2015. 2 Adán Chávez, entrevista personal con el gobernador de Barinas, 6 de septiembre de 2014. 3 Ellner, Rethinking Venezuelan Politics: Class, Conflict and the Chávez Phenomenon, Boulder, CO: Lynne Rienner, 2008, p. 130. 4 Ellner, «Maduro and the Market», Red Pepper, abrilmayo de 2015, pp. 36-37. 5 Leslie C. Gates, Electing Chávez: The Business of Anti-Neoliberal Politics in Venezuela, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2010, pp. 111-131.