El plan de evacuación Hughes-Peynado

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Pormenorizado recuento de las acciones políticas y cívicas realizadas para lograr la desocupación de las tropas norteamericanas en 1924, hace cien años, en la que tuvo participación destacada —orlada de patriotismo indiscutible— el prócer Francisco J. Peynado. El nombre oficial del convenio firmado en 1922 es «Memorándum del Entendido de Evacuación de la República Dominicana por las fuerzas militares de los Estados Unidos de América, concertado en Washington D. C. en junio 30 de 1922». En la literatura histórica nacional, ese instrumento jurídico también es conocido como Plan Hughes-Peynado.

Entre 1899 y 1916 la sociedad dominicana se vio estremecida por una constante inestabilidad política e incesantes luchas fratricidas. Durante ese periodo hubo cuatro breves Gobiernos de transición conformados por un Consejo de Secretarios de Estado, según lo establecía la Constitución, y doce presidentes de la República. A esa situación debe agregarse la crisis financiera dominicana, que aumentaba gradualmente en la medida en que no se amortizaba y los intereses eran cada vez más onerosos. Por tal motivo, los Estados Unidos, interesados en que el país cumpliera con los compromisos financieros contraídos con bancos y compañías norteamericanos, asumieron el papel de árbitros amparados en la Doctrina Monroe y sus variantes modernas como el Corolario Roosevelt, el Gran Garrote y la Diplomacia del Dólar, al tiempo que su política exterior se enfocó en impedir que, en medio de la Primera Guerra Mundial, alguna potencia europea penetrara o tuviera intereses en la región del Caribe. 

De esa manera, bajo el pretexto de que los dominicanos necesitaban paz, orden y disciplina financiera para progresar como nación, los Estados Unidos decidieron ocupar militarmente Santo Domingo, argumentando que, en varias ocasiones, el Gobierno había violado el artículo tercero de la Convención del 8 de febrero de 1907. La ocupación militar significó un total desconocimiento de la Constitución dominicana, a la vez que hizo desaparecer la República Dominicana en tanto que Estado-nación, hecho que marcó el fin del periodo que en la historia dominicana se conoce como Segunda República. 

Eclipsada la soberanía dominicana, tras la intervención militar oficializada el 29 de noviembre de 1916, la protesta de la población no se hizo esperar desde los más apartados rincones del territorio. De inmediato, los norteamericanos desarticularon el «sistema institucional», típico del folklore político criollo o, si se quiere, latinoamericano, que prevalecía en el país desde los tiempos de la independencia. 

Si en tiempos de Ulises Heureaux (Lilís), el pueblo padeció una dictadura inhumana y cruel, ahora, a causa de la ocupación militar norteamericana, el colectivo pasaba a ser víctima de una dictadura todavía más feroz y despiadada, debido a que se trataba de un régimen de fuerza impuesto por un Gobierno extranjero. 

A pesar de que la proclama del capitán H. S. Knapp indicaba, entre otras cosas, que la ocupación militar no respondía al interés de la administración Wilson de suprimir la soberanía nacional, sino que más bien obedecía al propósito de ayudar al país a restablecer el orden, el Gobierno militar destituyó al gabinete completo del Gobierno dominicano y, en su lugar, nombró oficiales norteamericanos que ni siquiera hablaban español. De inmediato se aplicó una severa censura sobre los medios de comunicación; se procedió a desarmar a la población civil y se inició la organización de un nuevo y disciplinado cuerpo castrense que, como aparato represivo garante de la seguridad interior y territorial del país, con el tiempo estuviera a la altura de todo Estado moderno. 

El pueblo dominicano, pues, vivió inmerso en un estado de ley marcial bajo el cual desaparecieron las garantías ciudadanas. Justo es consignar, sin embargo, que en Santo Domingo no hubo, como Philippe Dartiguenave en Haití, un solo dominicano que se brindara para colaborar con los interventores aceptando cargos en la administración pública, pues ningún ciudadano sensato deseaba contribuir a legitimar ese acto de fuerza. En el Este del país hubo resistencia armada, al tiempo que en otras ciudades se organizaron diversas agrupaciones patrióticas, entre ellas la Comisión Nacionalista presidida por el doctor Francisco Henríquez y Carvajal, cuya principal misión fue abogar por la recuperación de la independencia al amparo de una sola consigna: desocupación «pura y simple» del territorio nacional. Conviene destacar que en ese movimiento patriótico participaron a escala nacional destacadas mujeres dominicanas.

Hacia 1920 en la ciudad de Santo Domingo se creó la Unión Nacional Dominicana, entidad que aglutinó a lo más selecto de la intelectualidad y la juventud dominicanas. El propósito fundamental de esa organización cívica era sencillamente lograr la restauración de la soberanía nacional, y sus dirigentes más conspicuos fueron Emiliano Tejera —quien la presidió—, el poeta Fabio Fiallo, el escritor Américo Lugo, Enrique Henríquez, Manuel Arturo Machado, Antonio Hoepelman, Armando Pérez Perdomo, entre otros. 

En junio de ese mismo año se llevó a cabo «la Semana Patriótica», que consistió en diferentes actividades cívicas a lo largo del territorio nacional con el fin de recaudar fondos para sufragar los gastos de una misión que viajó por Latinoamérica con el propósito de denunciar las tropelías cometidas por el Gobierno militar de ocupación. A través de esa patriótica jornada de denuncia internacional, los nacionalistas recibieron el apoyo moral de algunas naciones latinoamericanas, mientras que en Washington también se logró que fueran escuchados sus planteamientos en el Congreso de la Unión. En cada una de sus comparecencias y denuncias internacionales, los comisionados insistieron firmemente en que los Estados Unidos debían abandonar el territorio dominicano.

El fin de la Primera Guerra Mundial y la elección de un nuevo presidente en Estados Unidos, el republicano Warren G. Harding, fueron factores que contribuyeron a modificar la política exterior norteamericana, sobre todo en relación con la República Dominicana. Así, en junio de 1921, el gobernador militar Samuel S. Robinson, cumpliendo instrucciones del presidente Harding, publicó una proclama en la que presentaba una especie de plan de evacuación de las tropas norteamericanas del territorio dominicano. Ese documento se conoce como Plan Harding. 

En ese momento el país político estaba dividido en tres grandes grupos: 1) los que en el Este combatían a los norteamericanos por medio de las armas; 2) los nacionalistas, que solo exigían la desocupación «pura y simple»; y 3) los que consideraban que era necesario buscar un mecanismo de negociación que, sin lesionar aún más la soberanía dominicana, pusiera fin a la ocupación militar.

A partir de 1921 se produjo una suerte de aggiornamento del liderazgo político dominicano anterior a la ocupación, a propósito de la visita al país de una comisión senatorial de los Estados Unidos, cuando se iniciaron gestiones y negociaciones para la concertación de un acuerdo bilateral o entendido de evacuación. Hubo rumores en el sentido de que en Washington se consideraba la posibilidad de prolongar la ocupación militar en Santo Domingo, razón por la que se intensificaron los esfuerzos por recuperar la independencia nacional de la manera menos traumática posible. En diciembre de ese año, los principales líderes políticos dominicanos, al igual que algunos representantes de la sociedad civil, se reunieron en Puerto Plata, en donde, tras largos debates, acordaron la elaboración y presentación de una fórmula política conocida como el Pacto de Puerto Plata. Simultáneamente, se creó un Comité Restaurador que fue presidido por el doctor Francisco Henríquez y Carvajal.

Las demandas contenidas en el Pacto de Puerto Plata eran básicamente las mismas que postulaba y defendía la Unión Nacionalista: desocupación pura y simple del territorio nacional y restitución del Gobierno del expresidente Francisco Henríquez y Carvajal con todo su gabinete. 

Sin embargo, en vista de que los Estados Unidos no estaban dispuestos a acceder a esas demandas, ni mucho menos a reconocer que, tras haber implantado un Gobierno militar en Santo Domingo habían invadido un país soberano y ultrajado su Constitución política, fue necesario buscar una salida negociada entre las partes, tomando en cuenta que, debido a la superioridad militar de los interventores, no era posible alcanzar la victoria por vía de la protesta armada. Fue en sintonía con la necesidad de una solución pactada como surgió el proyecto de evacuación conocido como el Plan Hughes-Peynado: instrumento jurídico suscrito por el secretario de Estado norteamericano Charles Evans Hughes y por el dominicano Francisco J. Peynado.

Andando el tiempo, los norteamericanos propusieron por lo menos otras dos fórmulas para solucionar la cuestión de la ocupación militar del territorio dominicano. A finales de 1920 se presentó un programa gradual para el retiro de las tropas interventoras conocido como Plan Wilson, que de inmediato generó protestas por parte de los nacionalistas dominicanos en vista de que algunos de sus puntos resultaban inaceptables, mientras que otros estaban vagamente delineados. 

Por el lado del sector nacionalista se continuó con la fórmula de «la pura y simple», sin transacciones de ningún tipo; posición radical, aunque legítima, que los norteamericanos rechazaban de plano. Sin embargo, en 1921 se celebraron nuevas elecciones en los Estados Unidos en las que resultó electo presidente el republicano Warren G. Harding, lo cual generó otras expectativas en cuanto a la solución del caso dominicano.

Pronto se rumoreó que, respecto de la cuestión de Santo Domingo, los republicanos tenían agenda y planes un tanto diferentes de los enarbolados y defendidos por el Partido Demócrata, de suerte tal que, en el mes de junio, el Departamento de Estado informó sobre una nueva fórmula orientada a materializar el retiro de las fuerzas de ocupación. Esa nueva fórmula, trascendió, sería anunciada por conducto del gobernador militar en el país. Se trató del Plan Harding, mencionado anteriormente, el cual resultó ser una versión un poco más suavizada del Plan Wilson, pero que, al igual que este, también fue rechazado por los dominicanos. En este punto, pues, las negociaciones se estancaron temporalmente.

La posición dominicana se mantuvo inflexible, exigiendo la desocupación pura y simple del territorio nacional y el retorno del Gobierno legítimamente constituido en 1916. Pero, como había transcurrido poco menos de un lustro del Gobierno militar y los interventores habían adoptado una serie de disposiciones jurídicas, denominadas Órdenes Ejecutivas (además de haber suscrito diversos compromisos financieros internacionales con el fin de costear proyectos de infraestructura), el Departamento de Estado sostenía la tesis de que esos compromisos, lo mismo que las providencias jurídicas, debían ser respetados por el nuevo Gobierno dominicano. 

Por tales razones, los negociadores norteamericanos consideraban que el estatus de no pocas de las acciones de las fuerzas de ocupación de Santo Domingo había adquirido de hecho una suerte de legitimidad, aunque no de derecho, razón por la que no estaban dispuestos a reconocer que la intervención había sido un acto ilegal y violatorio de los más elementales derechos del pueblo dominicano. En suma, en su criterio la ocupación militar de Santo Domingo, aun con sus nefastas consecuencias, había devenido en un hecho irreversible, según sus perspectivas imperialistas, y la salida de las tropas debía efectuarse sin que ello afectara el prestigio internacional de la parte interventora. 

Uno de los civilistas más prominentes de la época, el licenciado Francisco J. Peynado, comprendió a cabalidad las argumentaciones norteamericanas, así como todas las circunstancias atenuantes que se derivaban del hecho mismo de la ocupación militar. Consciente, pues, de la perentoria necesidad de producir un cambio en favor de la causa dominicana, sin desmedro del decoro nacional, decidió asumir el sagrado compromiso de emprender negociaciones que condujeran a una salida airosa del caso dominicano, ya que, por la vía de la resistencia armada, resultaría poco menos que imposible restaurar la soberanía nacional. 

Así las cosas, cuando por falta de recursos la Comisión Nacionalista fracasó en el logro de su principal exigencia, entró en acción el licenciado Francisco J. Peynado, de común acuerdo con parte del liderazgo político nacional. A principios de 1922 se trasladó por cuenta propia hacia Estados Unidos con el propósito de iniciar gestiones encaminadas a lograr una solución satisfactoria a la difícil situación que vivía el pueblo dominicano.

La fórmula ideada por Peynado fue la que finalmente triunfó. ¿Por qué fue exitoso el llamado Plan Peynado? Varios fueron los motivos, al decir del historiador norteamericano Bruce Calder: en primer lugar, «[…] a diferencia de los nacionalistas o de los líderes políticos prominentes, [Peynado] estaba abiertamente decidido a llegar a un compromiso. Igualmente, los negociadores de Estados Unidos estaban dispuestos a arribar a un acuerdo con los dominicanos, aun al precio de hacer algunas concesiones. En segundo lugar, Peynado no tenía conexión oficial con los nacionalistas, cuyos principales representantes, Francisco Henríquez y Carvajal y Horace Knowles, hacía mucho tiempo que habían alienado a los funcionarios de Washington. En tercer lugar, Peynado había dado con una idea, el gobierno provisional, que satisfacía las preocupaciones básicas de ambas partes. En cuarto lugar, la campaña nacionalista de agitación así como otras tácticas de presión continuaron durante las conversaciones de Peynado […]; y en quinto lugar, Peynado era una persona excepcionalmente calificada para negociar con el gobierno de Estados Unidos […]».

Por su parte, Sumner Welles afirma que Peynado se fue a los Estados Unidos «convencido de que el fracaso del Gobierno Americano en obtener la cooperación de los líderes políticos dominicanos era debido a la incapacidad de los oficiales del Gobierno Militar en comprender la psicología dominicana, y no a ninguna intención del Gobierno Americano de lograr un convenio previo que lesionara la soberanía de la República Dominicana».

Pero ¿quién era este Francisco J. Peynado? Era un prominente civilista, de reconocidas credenciales profesionales como abogado; cualidades que, unidas a sus relaciones con altos círculos políticos estadounidenses, fueron las que, según Luis F. Mejía, «le señalaban como el dominicano llamado a iniciar negociaciones con la Cancillería americana para obtener la retirada de los marinos y la reimplantación de un Gobierno nacional». Por tanto, agrega Mejía que «poseído de ese papel [Peynado] se trasladó a Washington, conferenció con el Jefe de la Sección latinoamericana del Departamento de Estado, Sumner Welles y con el Secretario Hughes, obteniendo la seguridad de que se desistiría de imponernos un control financiero y una misión militar, mediante un acuerdo, con los dirigentes dominicanos, para constituir un Gobierno Provisional, que garantizara elecciones libres, y dar validez a los actos del Gobierno Militar, especialmente a los empréstitos hechos para construir las carreteras».

«Impuso Peynado a los jefes de partidos y dominicanos prominentes de las disposiciones de la Cancillería americana y como la casi unanimidad de los consultados opinaron en favor de un entendido, a invitación suya se trasladaron a Washington el general Horacio Vásquez y Federico Velázquez H., como jefes de partidos, el licenciado Elías Brache hijo, en representación del jimenismo, y monseñor Nouel. El 30 de junio de 1922 concertaron las bases de un plan de desocupación con el secretario Hughes, quien designó a Sumner Welles y al Ministro americano en Santo Domingo, W. Russell, para que suscribieran ad referendum, un tratado con dichos señores, representantes de la opinión de la inmensa mayoría de los dominicanos, según se admitía. El doctor Henríquez, secundado por un importante sector del Nacionalismo, se negó a aceptarlo, reclamando la desocupación, pura y simple, del territorio nacional y la reintegración del Gobierno dominicano depuesto en 1916».

El Plan Hughes-Peynado, a despecho de sus contradictores, devino una realidad concreta. Y respecto del impacto que tuvo sobre el país, un importante actor y testigo de esos acontecimientos reconoció que, después de su aplicación, el estatus de la República «sería mejor que aquel en que se hubiera hallado de haber aceptado la nota No. 14 presentada al Gobierno de Jimenes, o si se hubiera aceptado e implantado, no solamente las exigencias hechas al gobierno del doctor Henríquez, sino las contraposiciones de su Gobierno al de los Estados Unidos, o si se hubieren puesto en ejecución el Plan Wilson o el Plan Harding».

En consecuencia, el Plan Peynado resultó exitoso, aun cuando el éxito del mismo no obedeció a un hecho aislado; ni los méritos pueden atribuírsele exclusivamente al licenciado Francisco J. Peynado. En efecto, múltiples fueron los factores que contribuyeron a su concepción e implementación, tales como: la conducta del presidente Henríquez, «que [en su momento] prefirió caer con honra, a aceptar cuanto se le demandaba; de la campaña realizada en los Estados Unidos y en todo el Continente por la Comisión que él presidía y en el interior del país por las Juntas Nacionalistas, los intelectuales, y los periodistas, que afrontaron con sus ataques a la ocupación y la defensa de nuestra causa, prisiones y exilios, y sobre todo, de la actitud resuelta del pueblo dominicano, que inspirado por sus dirigentes, entre los cuales se destacaron los jefes de partidos y los miembros de las Juntas Consultivas, rechazó de plano, con entera conciencia de su dignidad, todas aquellas soluciones, lesionadoras de nuestra soberanía, que se nos quisieron imponer con los ya comentados Plan Wilson y Plan Harding. Las generaciones que afrontaron la conflictiva situación de aquellos días, supieron, pues, cumplir cabalmente con sus deberes. A ellas se debe que la República fuera, después de instalado nuevamente un Gobierno Nacional, más libre e independiente que cuando se efectuó la intervención armada».

Algunos estudiosos de esos acontecimientos consideran que hubo claudicación por la parte dominicana al suscribir el plan de evacuación de las tropas de infantería norteamericanas del territorio nacional. Disiento de esa percepción pues es de justicia subrayar que, por la parte dominicana, nunca se le confirió validez a la proclama del capitán Knapp de 1916 y ni una sola de las cláusulas del Plan de Evacuación evidencia que quienes lo suscribieron traicionaron la causa dominicana por la independencia. 

Para ilustrar este aserto reproduzco un fragmento de una misiva que, el 22 de marzo de 1922, el propio Francisco J. Peynado dirigió desde Washington al escritor Tulio Cestero, quien entonces estaba radicado en La Habana. En esa carta, el propulsor del Entendido de Evacuación hizo importantes revelaciones acerca de cómo se llevaron a cabo las negociaciones: 

Heme aquí desde hace trece días, estudiando la situación, tratando de ver si es posible llegar a algo, o mejor dicho, tratando de averiguar qué es todo lomás que esta gente está dispuesta a conceder, no sin aprovechar toda ocasión que se me presente para hacer valer —a modo de observaciones hechas con ecuanimidad, sin gestos pasionales— los derechos de nuestro país. 

De lo que he hablado y oído hablar, de lo que han podido valer mis razones y de lo que para nada han valido, llego a las siguientes conclusiones: 

1. Es inútil pretender que los americanos salgan de Santo Domingo como derrotados, como convictos de haber cometido crimen o siquiera error en haber ocupado nuestro país. Ellos, o algunos de ellos, pueden sentir eso en lo hondo de su conciencia, pero no lo reconocerán jamás, ni de palabra ni de hecho. No se irán de la noche a la mañana ni repondrán jamás el gobierno de 1916. Evacuarán el territorio mediante la instalación de un gobierno surgido de elecciones, si los leaders quisieren cooperar amigablemente en esas elecciones y en la organización de la guardia dominicana. Pero sin esa cooperación no se irán: no quieren que los dominicanos queden enemigos de ellos.
   
2. De Haití no se irán, haya o no cooperación de los haitianos: creen que Haití no está preparado para el gobierno propio, que no es capaz de mantener orden si se retira la fuerza de ocupación.
   
3. Harán el empréstito anunciado por Robinson en su Proclama del 3 de este mes. Dicen que no pueden abandonar el país de repente; que la evacuación requiere elecciones previas, y estas requieren cooperación de los leaders; que la evacuación requiere también la organización de la guardia dominicana y aumentarla hasta 1,000 ó 1,200 hombres; que la evacuación requiere, por último, terminar las dos carreteras principales, la de Santo Domingo a Monte Cristy y la de Higüey a la frontera, no hasta el punto de que queden macadamizadas, sino de modo que puedan pasar carros de un extremo a otro; y ello así, porque creen que de ese modo le será posible al gobierno dominicano llevar rápidamente tropas a donde quiera que estalle un movimiento revolucionario. Que para eso se necesita dinero y, que, por lo tanto, no hay otro camino que el empréstito.
   
4. No se irán sin que se legalicen los actos del gobierno militar; lo contrario sería traer el caos, además de que implicaría para ellos una derrota.
   
5. Pero es posible que no nos impongan ni la Misión Militar ni la Guardia de Embajada. Eso, en el caso de que los leaders presten su concurso amigable, su cooperación, primero en la organización de la guardia, y luego en la celebración de las elecciones ...

Al referirse a las gestiones realizadas por la Comisión Nacionalista, que, como se sabe, exigía de los interventores la desocupación pura y simple del territorio y la restitución del Gobierno que en 1916 presidía el doctor Francisco Henríquez y Carvajal, demandas estas que el Departamento de Estado no estaba en disposición de aceptar, el maestro Federico Henríquez y Carvajal señaló que Peynado «no tuvo fe en el éxito de la campaña emprendida por la Junta Nacionalista Dominicana. Con franqueza lo expuso en la primera reunión celebrada en el hotel Mac Alpin; y no fue a Washington. Su contribución fue pecuniaria. Ello no obstante apareció, en 1922, en consorcio con los aspirantes a la Presidencia y el resultado de sus gestiones fue el Plan Hughes-Peynado. Sobre esa plataforma se alzó su candidatura frente a la del Jefe de un partido descalificado y lo ilógico triunfó de la lógica. Vásquez, no Peynado, fue el elegido».

El 30 de junio de 1922 se firmó el «Entendido de Evacuación de la República Dominicana por las fuerzas militares de los Estados Unidos». El pacto fue suscrito por William Russell y Sumner Welles, por Estados Unidos, y por la comisión integrada por Horacio Vásquez, Federico Velásquez, Elías Brache hijo, Francisco J. Peynado y monseñor Adolfo A. Nouel, en representación del pueblo dominicano. Este convenio estipulaba lo siguiente: 

• Anuncio por parte del Gobierno militar de que se instalará un Gobierno provisional cuya misión será organizar unas elecciones libres.
• La comisión dominicana escogerá a un presidente provisional y su gabinete.
• El presidente provisional convocará a las Asambleas Primarias para la designación de los funcionarios electivos según la ley electoral.
• El Colegio Electoral procederá a elegir a los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados.
• El Congreso Nacional convocará una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución.
• Se fijarán elecciones presidenciales y vicepre-sidenciales.
• El Congreso escogerá los miembros del Poder Judicial.
• El Congreso Nacional aprobará el Plan de Evacuación.
• Tan pronto el nuevo presidente constitucional de la República tome posesión del cargo y ratifique la Convención, entonces las fuerzas militares de los Estados Unidos abandonarán el territorio dominicano.

Casi todos los puntos contenidos en el Entendido de Evacuación se cumplieron. El 21 de octubre de 1922 el comerciante Juan Bautista Vicini Burgos se juramentó como presidente provisional y de inmediato procedió a organizar las elecciones presidenciales. El Entendido de Evacuación sirvió como base jurídica o especie de Constitución del Gobierno presidido por Vicini Burgos. Conjuntamente con el presidente Vicini Burgos, el gobernador Samuel Robinson fue relevado de su posición y sustituido por el general Harry Lee, quien permaneció en el cargo hasta 1924.

Cuanto antecede significa que mientras el presidente dominicano se ocupaba de los asuntos políticos, el gobernador militar norteamericano continuaba y terminaba la labor de organización del ejército dominicano, de suerte tal que durante el periodo 1922-1924 el pueblo dominicano fue gobernado a un tiempo por un presidente criollo y por un militar extranjero. 

Respecto del licenciado Francisco J. Peynado, es importante subrayar que jamás se arrepintió de haber gestionado y logrado que Estados Unidos aceptara los términos del plan que concibió para lograr la desocupación del territorio nacional. Vivió el resto de sus días convencido de que el Entendido de Evacuación constituyó entonces la más conveniente y posible solución al caso domínico-americano, pues en el curso de esas gestiones diplomáticas su única finalidad se limitó a conseguir que los marines norteamericanos abandonaran el territorio nacional y la subsecuente restauración de la independencia, hecho que dio lugar al advenimiento de lo que en la historia contemporánea dominicana se conoce como Tercera República, vigente desde 1924 hasta nuestros días. 

Francisco J. Peynado nació en Puerto Plata, en 1867. Tuvo una fecunda trayectoria profesional pública y privada. Además de prominente abogado, fue ministro en Washington, secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, miembro de diversas juntas consultivas y delegado ante la VI Conferencia Panamericana.

Para las elecciones de 1924 Peynado fue postulado a la presidencia de la República por una agrupación política conocida como Coalición Patriótica de Ciudadanos. Su lema de campaña era «El sol sale para todos». Después del certamen comicial de 1924, en el que no mereció el voto de la mayoría del electorado y el general Horacio Vásquez resultó electo presidente, Peynado retomó su ejercicio profesional como abogado. Muchos de sus prosélitos, inconformes con los resultados electorales, le solicitaron impugnar los resultados, a lo que Peynado se opuso argumentando que tal proceder resultaba antipatriótico y solo habría servido para retardar la desocupación del territorio nacional por las fuerzas extranjeras. Juan Tomás Mejía escribió: por su negativa «prefirió perder el apoyo de su partido, y con ello posibilidades futuras, antes que claudicar en sus propósitos libertadores. Se quedó casi solo, pero pudo mirar el sol de frente».

El 1 de enero de 1933 falleció en París a causa de una neumonía. Sus restos fueron reinte grados al país el 8 de febrero siguiente. En vista de que en vida fue «un benemérito ciudadano que prestó eminentes servicios a la República en dura hora de prueba para el patriotismo» y, por lo tanto, se hizo acreedor de «ocupar sitio de eterno reposo junto a los Padres Fundadores de la nacionalidad»,14 el Congreso Nacional mediante ley dispuso que sus restos mortales fueran inhumados en la Capilla de los Inmortales de la Santa Basílica Metropolitana de la capital de la República. 

En 1922, tras haber logrado el acuerdo definitivo con Estados Unidos que le devolvió la soberanía a la República Dominicana, Francisco J. Peynado prestó un servicio invaluable al país. Pese a que se retiró del escenario político después de las elecciones presidenciales de 1924, sus conciudadanos siempre le tributaron respeto, consideración y cariño. Fue un civilista en todo el sentido de la palabra y un ciudadano esclarecido consagrado a servir a las mejores causas de su pueblo. Razón tuvo, pues, Juan Tomás Mejía cuando, al referirse a Francisco J. Peynado, escribió que «donde estaba aquel hombre, estaba el honor nacional».