Revista GLOBAL

Elecciones que importan para cuidar las democracias

por Dolores Gandulfo
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A la definición minimalista de la democracia de Joseph Schumpeter, que refiere a la lucha competitiva para lograr el voto de la gente, se contrapone a la de la poliarquía de Robert Dahl, quien plantea que la democracia no solamente requiere de elecciones competitivas, justas y libres, sino también de libertades que la hagan realmente significativa, fuentes alternativas de información e instituciones para asegurar que las políticas del Gobierno respondan a las preferencias de los ciudadanos. Desde hace tiempo, la observación electoral ha ampliado su mirada más allá de la transparencia del día de la elección, procurando monitorear las libertades políticas y civiles necesarias para el debate político y la participación ciudadana.

Sin embargo, y siendo conscientes de sus limitaciones en la consolidación de la democracia, los procesos electorales son imprescindibles para el ejercicio democrático, y este año millones de ciudadanos y ciudadanas irán a las urnas. Tomando datos demográficos del Banco Mundial del 2022, el 50.2% de la población mundial tendrá elecciones durante el año 2024, y en 50 países serán presidenciales. En nuestra región, El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela tienen, o han celebrado ya, elecciones presidenciales; mientras que Costa Rica, Perú, Chile y Brasil eligen autoridades subnacionales. El mismo día de las elecciones de los Estados Unidos de América (EE. UU.), Puerto Rico elegirá gobernador, comisionado residente, Cámara de Senadores, Cámara de Representantes y los alcaldes de los 78 municipios.

El pasado 4 de febrero, y luego de que la Sala Constitucional reinterpretara la carta magna para avalar la reelección, los salvadoreños renovaron la confianza en Nayib Bukele y Félix Ulloa, a la vez que convalidaron el triunfo legislativo del partido Nuevas Ideas, consolidando un sistema de partido hegemónico en El Salvador.

Esta primera elección presidencial del año despertó sumo interés en la región debido a la alta popularidad que el mandatario salvadoreño adquirió a partir de su política de seguridad y lucha contra las maras. Son varios los Gobiernos que, frente a la preocupación ciudadana por la seguridad, analizan endurecer sus políticas. Sin embargo, estas políticas también despiertan preocupación en organismos internacionales y regionales por la falta de garantías y retracción de derechos en el marco de un estado de excepción extendido en el país. La legitimidad otorgada al mandatario salvadoreño, especialmente por sus pares centroamericanos, abre el debate entre la tensión que le genera a la comunidad internacional discutir la legalidad del proceso frente a la legitimidad obtenida por el voto popular. Los precedentes para la región pueden ser muy preocupantes.

Otro de los escenarios que vemos en América Latina y el Caribe es la competencia entre expresidentes. En el caso de Panamá, y frente al descontento popular con el Gobierno de Laurentino Cortizo, que en los últimos meses ha sufrido protestas generalizadas, se posicionaron inicialmente los expresidentes Ricardo Martinelli y Martín Torrijos. El primero, que aparecía como el favorito, fue inhabilitado por haber sido condenado recientemente a 11 años de cárcel por blanqueo de capitales. En su lugar, postulado por la fuerza política Realizando Metas, que lleva las siglas RM de Martinelli, asumió el candidato a vicepresidente José Raúl Mulino. Quien le sigue en las encuestas, y achica distancia de cara a las elecciones, es Torrijos, que, ya alejado del partido de gobierno (PRD), logró articular una propuesta multisectorial progresista que acercó a referentes del centroizquierda, sectores empresariales y de la sociedad civil.

En el caso de la República Dominicana, al actual presidente Luis Abinader, que va por su reelección, lo desafía el exmandatario Leonel Fernández, en el marco de una alta fragmentación del sistema político dadas las divisiones internas de los partidos tradicionales.

México, el segundo país más poblado de la región, elegirá a la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Casi 100 millones de mexicanos elegirán a una mujer como presidenta por primera vez en su historia. La alianza oficialista Morena lleva de candidata a la exjefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mientras que la coalición opositora del PRI, PAN y PRD intentará desafiar el liderazgo de AMLO con la exsenadora Xóchitl Gálvez. Ambas son ingenieras egresadas de la UNAM, en física y computación, respectivamente. Por su parte, Movimiento Ciudadano presenta como candidato a Jorge Álvarez Máynez, quien intentará romper con la marcada tendencia a la polarización.

El 28 de julio, Venezuela irá a las urnas en el marco de un proceso de negociación entre Gobierno y oposición enmarcado en el Acuerdo de Barbados. La mirada de la comunidad internacional sobre las garantías a la participación de la oposición será clave para la legitimidad que obtenga quien resulte victorioso.

Finalmente, Uruguay elegirá al sucesor de Luis Lacalle Pou. A pesar de la popularidad del presidente, la condena del jefe de su escolta presidencial por negocios indebidos y la entrega de un pasaporte a un narcotraficante uruguayo preso en Dubái, en un proceso cuyas explicaciones no convencieron al Parlamento, parecen debilitar al Gobierno mientras se fortalece el Frente Amplio según los últimos sondeos de opinión. De cualquier forma, se espera una elección muy estrecha, como lo han sido los últimos procesos. En 2019, Lacalle Pou le ganó a Daniel Martínez por menos de 30,000 votos.

El último tramo del superciclo electoral latinoamericano 2021-2024, como lo define Daniel Zovatto, parece augurar más continuidades que en los años previos, en los que los oficialismos fueron castigados. Sin embargo, la polarización, el malestar social por las demandas insatisfechas y el fenómeno creciente de la desinformación hacen difícil construir predicciones.

Desafíos para la democracia en América Latina hoy

Durante los últimos años hemos observado en América Latina y el mundo cómo se han exacerbado ideologías radicalizadas y excluyentes, tanto en la sociedad como en expresiones políticas que han llegado al poder legitimadas por la vía electoral. Los movimientos neofascistas en Europa, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y Bukele en El Salvador son ejemplos de ello.

En este mismo sentido, Javier Milei, el candidato de extrema derecha que ganó las elecciones presidenciales de Argentina, se definió como un «outsider» con un discurso agresivo y directo contra los políticos tradicionales, pero también negando los consensos básicos a los cuales la sociedad argentina arribó en estos 40 años de democracia.

El sistema democrático requiere de la atención y compromiso de todos los actores de la sociedad. Luego de un período donde las administraciones estatales en la región eran promovidas por representantes del discurso neoliberal, con fuertes componentes autoritarios, que favorecieron la concentración de riqueza y erosionaron las garantías civiles y políticas, se hicieron presentes las críticas masivas de los ciudadanos latinoamericanos. La democracia, en tanto forma de gobierno, se vio interpelada por las demandas ciudadanas insatisfechas.

En este sentido, nos proponemos revisar los alcances y los desafíos de la democracia en nuestro continente desde el recorrido vivencial durante los últimos años. La crítica de los ciudadanos y sus demandas se orientan, en definitiva, a una mayor calidad democrática, fenómeno que pareciera estar más ligado a la baja capacidad estatal para resolver las demandas ciudadanas que al régimen democrático per se.

Un estudio de Latinobarómetro (2021) sostiene que, tras la época de los hiperpresidentes de la primera década del siglo (2000-2010), con altos niveles de desarrollo en los países y altos niveles de aprobación, la región sufrió en la segunda década (2010-2020) una disminución a la mitad de la aprobación de gobierno. Este rechazo al desempeño de las élites gobernantes tuvo como corolario la ola de protestas en distintos países de la región, demostrando el colapso del modelo económico y social que buscaron cimentar.

El informe de Latinobarómetro 2023 indica que en América Latina está creciendo la población indiferente a la democracia; en promedio, el 54% de los latinos dice que no le importa si un Gobierno llega al poder por vías no democráticas mientras le resuelva sus problemas. Eso correlaciona muy bien con los altos índices de aprobación con que cuenta en El Salvador Nayib Bukele, recientemente reelegido con el 84.65%.

Es en este contexto que distintos gobiernos progresistas asumieron el poder: Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia, Pedro Castillo en Perú y Xiomara Castro en Honduras. Todos ellos han tenido que lidiar con la dificultad de satisfacer las altas expectativas de la movilización social en un contexto de retracción económica y de mayor tensión política. Este año concluirá el ciclo electoral 2020-2024 en América Latina y el Caribe. Con las elecciones presidenciales en El Salvador, República Dominicana, Panamá, México, Uruguay y Venezuela, todos los pueblos latinoamericanos habrán acudido a las urnas para elegir a sus presidentes.

En lo que concierne a los procesos electorales, tendencias crecientes como el lawfare, la judicialización de los procesos electorales, las fake news, los discursos con altos contenidos de violencia, las presiones para condicionar a los organismos electorales y el desconocimiento de los resultados electorales son ejemplos de la consolidación de una creciente imperfección democrática en la región, que condiciona los escenarios electorales y políticos actuales.

El lawfare en la región

Tras más de una década caracterizada por avances económicos y sociales históricos en la región, el período 2015-2020 tuvo un notorio retroceso de las conquistas democráticas en América Latina, caracterizado por una fuerte ofensiva contra dirigentes, partidos y fuerzas progresistas. La ofensiva se caracteriza, entre otras estrategias, por procesos judiciales selectivos con amplia cobertura mediática y por el uso de aparatos legales como estrategias no convencionales para desestabilizar Gobiernos y opositores políticos. En este sentido, son numerosos los casos en que las investigaciones judiciales fueron instrumentalizadas desde algunos sectores para tomar decisiones de carácter netamente político y discrecional, poniendo al poder judicial como aliado de determinados sectores económicos y políticos de la región.

El concepto polisémico de lawfare ilustra estos nuevos procesos: entendido como una distorsión en el uso de la justicia, da cuenta de la utilización de causas judiciales –y jueces– como herramienta de persecución política. Se trata de un oxímoron que remite a los términos ley (law) y hacer la guerra (warfare). Sin embargo, más que una distorsión, lo calificamos como una aplicación discrecional –en los procesamientos o en las condenas– de la justicia: este carácter acredita el criterio de una persona o autoridad, y no la regla. Pruebas endebles de incierta procedencia, condenas exprés y prisiones preventivas –que quebrantan la presunción de inocencia– son sus elementos característicos.

El efecto buscado, además, es más mediático que judicial. Los monopolios informativos han teatralizado la escena política, evidenciando una fluida relación entre el poder judicial y la prensa. La discusión político-jurídica toma forma y se despliega en los sets de televisión más que en sus espacios concernientes. Destacamos especialmente, en su versión latinoamericana contemporánea, la utilización del lawfare para imposibilitar candidaturas presidenciales. Las intervenciones de la justicia con fines políticos condicionan el normal desarrollo de los procesos electorales, debilitando la transparencia institucional y –más grave aún– privando a los ciudadanos de una verdadera representación política. La justicia ejercida con fines partidistas o políticos no es justicia; es avasallamiento democrático y quebrantamiento republicano.

Judicialización y despartidización de los procesos electorales

En su libro Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) señalan que la historia ha planteado que las democracias son socavadas por golpes de Estado de los generales, pero advierten que existe otra manera de hacer quebrar la democracia a través de dirigentes que deslegitiman a las instituciones y, específicamente, a los procesos electorales. Este debilitamiento comienza en las urnas, se fortalece con la descalificación de los oponentes y toca su punto más álgido con la trasgresión y ocupación de las instituciones y organismos autónomos con personas leales a sus intereses.

Esta práctica hace que la erosión de la democracia sea casi imperceptible, pero los daños que se generan sobre la legitimación del régimen impactan rápidamente en la percepción de los ciudadanos. La pregunta es cómo proteger al sistema político de estas situaciones.

Cuando el ataque a los órganos electorales se apropia del proceso electoral y se inserta en el imaginario de un sector de la sociedad, resulta difícil hallar los fundamentos para contrarrestarlo. En este sentido, los ataques a los organismos electorales, en cualquiera de sus formas, impactan sin duda en la democracia electoral y en los procesos de consolidación democrática.

En Latinoamérica se verifica un activo rol del poder judicial en la esfera política y en la vida de los partidos políticos, y los procesos electorales no son la excepción. Buen número de elecciones se han visto atravesadas por procedimientos judiciales impulsados por motivos claramente políticos. En este sentido, el caso de Luiz Inácio (Lula) da Silva es el más ilustrativo. El 12 de julio de 2017, el expresidente fue condenado en primera instancia por el juez federal Sergio Moro, acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero. La legitimidad de este juicio fue severamente cuestionada, por la debilidad de las pruebas evaluadas por el magistrado. La condena de nueve años y medio, en el marco de la operación conocida mediáticamente como Lava Jato, fue confirmada por el Supremo Tribunal Federal en enero de 2018, y además elevada a doce años de cárcel.

A través de la Ley de Ficha Limpa (Ficha Limpia) se impide que individuos condenados en segunda instancia sean elegibles para cargos electorales. Sin embargo, Lula aún podía recurrir a una instancia superior, el Tribunal Superior Electoral (TSE). Seis de los siete magistrados del TSE votaron contra su registro como candidato: solo un voto a favor del expresidente. Asimismo, le fue prohibida la posibilidad de hacer campaña desde la cárcel y que su imagen fuera usada por el Partido de los Trabajadores (PT) en la campaña televisiva. No es un asunto menor señalar que el PT había ganado las últimas cuatro elecciones generales: 2002 y 2006 con Lula, y 2010 y 2014 con Dilma Rousseff, su sucesora, quien fue destituida de su cargo en un proceso de impeachment impulsado por su entonces vicepresidente, en connivencia con el poder político. En septiembre de 2023, el juez del Tribunal Supremo de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, afirmó que el encarcelamiento de Luiz Inácio (Lula) da Silva fue «un montaje fruto de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales».

A los casos mencionados y casi en semejanza a lo que ocurrió en Brasil, hay que añadir la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) –ejercida por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola–, que pretende impedir que la expresidenta de Argentina sea nuevamente candidata. Cristina Fernández fue procesada en más de doce ocasiones y en casi todas contó con la intervención de los mismos fiscales y jueces, quienes tienen probados vínculos con el expresidente Mauricio Macri. Los operativos de vigilancia e inteligencia contra CFK, así como las escuchas ilegales hacia ella y a sus hijos, fueron una constante desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri. En la Causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner está siendo acusada por supuestas irregularidades que nunca fueron probadas y que habrían ocurrido hace más de 15 años. A pesar de estas «irregularidades» jurídicas, la fiscalía pide ahora 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, esgrimiendo el concepto de responsabilidad objetiva, algo terminantemente prohibido por el derecho penal argentino.

En la región andina, el caso de Ecuador muestra elementos interesantes. Para comprenderlo es necesario repasar el camino hacia las elecciones de 2021, donde la fragmentación electoral y judicialización fueron las claves del proceso electoral en Ecuador. Por eso debemos remontarnos a las elecciones de 2017, donde resultó electo Lenín Moreno, exvicepresidente de Rafael Correa durante su primer mandato y miembro de Alianza País. Secundado en la fórmula por Jorge Glas, también exvicepresidente de Correa, nadie ponía en duda la continuación del llamado «socialismo del siglo XXI». El primer acontecimiento que comenzó a resquebrajarse fue el caso Odebrecht, donde Glas aparecía involucrado. Ante ello, el presidente Moreno lo privó de sus funciones, prerrogativa contemplada en la Constitución. El cerco siguió cerrándose sobre Glas, quien terminó siendo acusado de corrupción y condenado a seis años de prisión. Encarcelado desde 2017, y luego de graves denuncias de maltrato y violencia sufridos en la cárcel, el 28 de noviembre de 2022 le fue otorgada la libertad condicional luego de que un juez dictara una medida cautelar en su favor. Este proceso llega a su máxima tensión cuando el 5 de abril del corriente el presidente Daniel Noboa ordena a las fuerzas de seguridad ingresar a la Embajada de México en Quito, donde se encontraba tramitando su pedido de asilo Jorge Glas. Aduciendo que la justicia está por encima de todo, el Gobierno de Ecuador violó el derecho internacional (la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Asilo Diplomático de la Organización de Estados Americanos), recibió la condena de la comunidad internacional y regional y provocó que México presentara el caso ante la Corte Internacional de Justicia.

Además de los casos de judicialización, hubo reformas en la ingeniería electoral tendentes a socavar la fiscalización natural que los partidos políticos desempeñan sobre los procesos electorales. En el caso de Brasil, la disposición de listas no bloqueadas favorece la elección hacia candidatos y no hacia fuerzas partidarias. Incluso cada candidato posee un número de identificación que el elector debe digitar en la urna al momento de votar.

En el caso de El Salvador, el voto cruzado generó una situación compleja. Antes de su implementación, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia intervino en 2014 declarando la inconstitucionalidad de una parte del artículo 185, inciso 3, que prohibía el voto cruzado, definido como aquel en el que el elector marcara candidatos de distintos partidos o candidatos independientes junto con candidatos de partidos políticos. El voto cruzado no solo minimiza el rol de los partidos, sino que también complica el escrutinio para las Juntas Receptoras de Votos y los sistemas de conteo provisionales.

En 2019, el Congreso de Paraguay aprobó la Ley 6318, que introdujo el sistema de listas cerradas y desbloqueadas con representación proporcional para cargos plurinominales. Este cambio permitió a los electores seleccionar candidaturas de preferencia dentro de las listas elegidas, lo que podría alterar el orden final de las listas para la asignación de escaños según el método de representación proporcional D’Hont.

Aunque estas reformas buscan optimizar el proceso de votación, presentan desafíos. Las listas cerradas y desbloqueadas, con voto preferente, tienden a personalizar la política, beneficiando a candidatos con mayores recursos para campañas, y no necesariamente reducen las brechas de género, ya que los candidatos masculinos suelen tener más estructuras para movilizar votos. Este enfoque también fomenta la competencia interna dentro de los partidos, relegando la competencia interpartidaria.

Estas reformas tienden a invisibilizar a los partidos como opciones políticas, resaltando la imagen de los individuos sobre las estructuras partidarias. Dado que los partidos son actores clave en la democracia, esta tendencia a retirarlos de la escena política es preocupante, al igual que una justicia influenciada por la connivencia política.

Narrativa de fraude y desconocimiento de los resultados electorales

Según Manuel Carrillo Poblano, excoordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, dos desafíos globales en el ámbito electoral son la acusación de fraude electoral como estrategia política y la no aceptación de los resultados electorales. La falta de consenso sobre lo que constituye fraude electoral permite su uso estratégico para cuestionar la transparencia de los resultados antes, durante y después de las elecciones.

Un ejemplo es el caso del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien, después de que su propuesta para cambiar el sistema de voto electrónico por voto en papel fuera rechazada, sostuvo durante más de un año acusaciones infundadas de fraude electoral.

elecciones presidenciales de 2022 corrían el riesgo de ser manipuladas. En un momento en que las encuestas lo ubicaban por debajo del candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, y con la posibilidad de perder en primera vuelta, Bolsonaro sostuvo en reiteradas ruedas de prensa que las próximas elecciones no iban a ser legítimas y estuvieron signadas por una «mancha de la desconfianza», perfilándose el tema como uno de sus ejes de campaña, incluso llegando a decir que no aceptaría los resultados y agrediendo al responsable del Tribunal Supremo Electoral.

Cruzando la frontera, Keiko Fujimori, candidata en reiteradas ocasiones a la presidencia de Perú, y ante la posibilidad de perder ante Pedro Castillo en el balotaje de junio de 2021, comenzó una similar estrategia de desprestigio del proceso electoral en la cual denunció fraude, desconociendo los resultados que reflejaban su derrota. Además de la incompetencia de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones, dichas acciones no solo aumentaron la desconfianza sobre los organismos de control electoral, sino que también demoraron un mes y trece días la proclamación oficial de resultados. Las acusaciones de Keiko se vieron respaldadas por las declaraciones del empresario Zamir Villaverde: mientras cumplía prisión preventiva por tráfico de influencias, sostuvo que el expresidente Castillo había planificado y coordinado con el Jurado Nacional de Elecciones su triunfo electoral durante 2021. Aunque estas versiones fueron desmentidas por la entidad electoral, abrió lugar una vez más a cuestionamientos sobre la legitimidad democrática de un Gobierno que permaneció inmerso en una profunda crisis político-institucional desde el inicio de su gestión y que continúa tras la destitución de Castillo y la asunción de su vicepresidenta Dina Boluarte.

Quizás el caso más disruptivo para la institucionalidad de la democracia liberal fue el arribo de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., que ha funcionado también como un modelo a seguir en los casos citados anteriormente. Fue el primer candidato en plantear dudas sobre el sistema desde las elecciones de 1960, dejando explícita incluso la negación de la legitimidad de los adversarios, Hillary Clinton primero y Joe Biden después. En su intento de desacreditar el sistema electoral en el año 2016, tanto durante su campaña como el mismo día de las elecciones, Trump manifestó en reiteradas oportunidades la posibilidad de fraude, motivando la movilización social a partir de la idea de que podían robarle la elección. Todo ello ha llevado a que gran parte de los estadounidenses y, sobre todo, de los republicanos creyesen tanto en ese año como en 2020 que se le podía haber robado las elecciones a Trump.

En el mismo sentido, en Brasil hemos visto a partidarios del expresidente Jair Bolsonaro ocupando las calles con el objetivo de intentar deslegitimar políticamente las elecciones y a su adversario, el actual presidente Lula da Silva, y reclamar abiertamente la intervención de las fuerzas armadas. Bolsonaro nunca reconoció explícitamente su derrota, aunque autorizó expresamente el inicio de la transición política, dando así por legitimados los resultados del pasado 30 de octubre de 2022, cuando la voluntad popular puso fin a su intención de seguir gobernando el país vecino. A menos de un mes de la segunda vuelta, el Partido Liberal de Bolsonaro presentó ante las autoridades electorales un recurso para impugnar formalmente los resultados. El mismo fue desestimado por el presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre De Moraes, quien impuso al partido una multa de 22,000,000 de reales (alrededor de US$4,000,000) por «litigio de mala fe». Las prácticas de Bolsonaro buscaban socavar la legitimidad del presidente electo y lastimar la democracia.

Algo parecido planteó Javier Milei en Argentina. Durante su campaña, el presidente electo por La Libertad Avanza no dijo «fraude», pero sí ha señalado en diferentes entrevistas televisivas que «hubo irregularidades groseras». Lo hizo los días posteriores a las elecciones primarias –en Argentina las llaman PASO– y lo repitió dos días antes de las generales de 2023, también en televisión. Pero «fraude» es la palabra que instaló la militancia digital, apalancada por referentes duros del espacio liberal-libertario. El día siguiente a los comicios del 22 de octubre pasado, legisladores electos, influencers y votantes agitaron en redes sociales que había diferencias entre el conteo registrado en el telegrama de unas 600 mesas y los datos cargados en el sistema. Lo cierto es que La Libertad Avanza no lo denunció en la Cámara Nacional Electoral dentro de la ventana de 48 horas que corren entre el cierre de las mesas electorales y el comienzo del escrutinio definitivo. Tampoco radicó la denuncia formal en la justicia con competencia electoral, ni sus apoderados presentaron reclamos para la reapertura de las mesas electorales. Incluso el día del balotaje, ya con los números a su favor, desalentó ese discurso y su entorno habló de transparencia de los comicios. Lo que ratifica que el objetivo de estas fuerzas de extrema derecha no es la defensa del voto, sino la deslegitimación de las reglas de juego cuando el resultado no les gusta. Algo muy peligroso, ya que puede socavar la confianza de la ciudadanía en el sistema para futuras elecciones.

Cómo afectaron las fake news y la violencia en redes sociales los procesos electorales y la discusión política en nuestra región

El uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales en las últimas décadas fue tomando cada vez más protagonismo y contribuyendo con un mundo cada vez más globalizado. En América Latina se observa cómo en los últimos años estas deterioran el orden democrático cuando sirven como vía de difusión de fake news, utilizadas luego en procesos judiciales que impactan de manera contundente en los sistemas políticos de la región. No solo los medios de comunicación son reproductores de información falsa, sino que a partir del impacto de las redes sociales son los mismos ciudadanos y ciudadanas quienes viralizan, comparten y van construyendo supuestas realidades a partir de una mentira.

En 2018, un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) reveló que las fake news tienen un 70% más de posibilidades de ser reenviadas y viralizadas que las noticias veraces, y son distribuidas más rápidamente y con mayor impacto que las noticias verdaderas.

El uso de las noticias falsas tiene el objetivo de manipular a la opinión pública o perjudicar a una persona con intereses políticos y/o económicos. Según los especialistas, y teniendo en cuenta que en estos tiempos hay mayor sensibilidad social, el contenido falso apela a las emociones más inmediatas de las personas, confirmando una convicción o un prejuicio que ya existe en ellas.

En julio de 2021, la Asamblea General de la ONU mostró su preocupación sobre «la propagación y proliferación exponenciales del discurso de odio» en todo el mundo y reconoció que «no es nuevo que alguien mienta durante las campañas electorales, eso es tan viejo como la existencia de estas, lo que sí es nuevo es la velocidad con que estas mentiras se propagan».

Los órganos electorales han tenido que desarrollar herramientas digitales para el combate a la desinformación, tales como Certeza en México o Fact Checking en Perú. Recientemente, y de cara a las elecciones municipales de este año, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil propuso regular el uso de la inteligencia artificial en las campañas electorales.

Un párrafo aparte merece la violencia política en el ciberespacio y cómo repercute de manera diferenciada en mujeres y diversidades, lo que afecta sus posibilidades reales de participar, de ser electas y/o de ejercer poder cuando llegan a funciones públicas. En definitiva, la violencia psicológica está «más presente» en ámbitos donde las mujeres ocupan cargos públicos, en forma de hostigamiento con amenazas, descalificaciones, discriminación y acoso sistemático. Se trata de una de las principales barreras para el ejercicio del poder por parte de las mujeres y diversidades en la política.

El uso de las noticias falsas tiene el objetivo de manipular a la opinión pública o perjudicar a una persona con intereses políticos y/o económicos. Según los especialistas, y teniendo en cuenta que en estos tiempos hay mayor sensibilidad social, el contenido falso apela a las emociones más inmediatas de las personas, confirmando una convicción o un prejuicio que ya existe en ellas.

En julio de 2021, la Asamblea General de la ONU mostró su preocupación sobre «la propagación y proliferación exponenciales del discurso de odio» en todo el mundo y reconoció que «no es nuevo que alguien mienta durante las campañas electorales, eso es tan viejo como la existencia de estas, lo que sí es nuevo es la velocidad con que estas mentiras se propagan».

Los órganos electorales han tenido que desarrollar herramientas digitales para el combate a la desinformación, tales como Certeza en México o Fact Checking en Perú. Recientemente, y de cara a las elecciones municipales de este año, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil propuso regular el uso de la inteligencia artificial en las campañas electorales.

Un párrafo aparte merece la violencia política en el ciberespacio y cómo repercute de manera diferenciada en mujeres y diversidades, lo que afecta sus posibilidades reales de participar, de ser electas y/o de ejercer poder cuando llegan a funciones públicas. En definitiva, la violencia psicológica está «más presente» en ámbitos donde las mujeres ocupan cargos públicos, en forma de hostigamiento con amenazas, descalificaciones, discriminación y acoso sistemático. Se trata de una de las principales barreras para el ejercicio del poder

porque tiene un efecto disciplinante, que va más allá de la mujer agredida. La violencia política no solo agrede a las mujeres, sino que debilita a la democracia y a sus instituciones. Es notoria la direccionalidad de la violencia hacia aquellas mujeres que rompen con las estructuras políticas patriarcales, con los estereotipos de género y que desafían los patrones machistas incluso al interior de sus fuerzas políticas.

Como en todas las luchas contrahegemónicas, la participación de las mujeres en la vida política no solo trajo avances, sino que también reactivó la misoginia de las que son blanco aún hoy, con discursos violentos, agravios, discriminaciones y campañas de desprestigio. La violencia política en razón de género limita las posibilidades de incidencia y de participación de las mujeres, y pasa de la esfera privada a la pública, siendo una problemática de la que los países no pueden hacer caso omiso, sino que deben hacerse cargo.

Como es notorio, la representación política de las mujeres ha avanzado a partir de las luchas colectivas del movimiento de mujeres y de las dirigentes en los distintos partidos políticos para ampliar la participación en los ámbitos legislativos por medio de las leyes de cupo y paridad. Sin embargo, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los poderes ejecutivo y judicial, y su participación en la toma de decisiones al interior de los partidos políticos es aún limitada. En todos estos ámbitos de poder, la violencia política constituye un instrumento no solo para reprimir a aquellas mujeres que participan en política, sino también para evitar que otras, que ven la posibilidad de involucrarse en la militancia como una herramienta de transformación, lo hagan.

Por eso el camino hacia una democracia paritaria requiere un acceso igualitario de las mujeres y hombres a cargos de decisión en condiciones libres de discriminación y violencia, con normativas exigentes con capacidad de prevención, sanción y reparación, con partidos políticos que promuevan protocolos de violencia política que condenen a los violentos y no criminalicen a las víctimas, y con un Estado que promueva acciones para generar los cambios culturales imprescindibles que toda lucha contrahegemónica requiere.

¿Podemos cuidar nuestras democracias?

En los países de América Latina y el Caribe, con procesos democráticos en fortalecimiento y consolidación, la gobernanza y la administración electoral constituyen temas centrales en el desarrollo de elecciones transparentes, limpias y competitivas. Las reglas constitucionales y legales en la materia son esenciales para el funcionamiento del sistema político. De la misma manera, los órganos electorales son fundamentales para el desarrollo de elecciones de calidad en un contexto democrático.

La historia enseña que las democracias se pueden debilitar en las urnas, con la descalificación del contrario y con el secuestro administrativo de los órganos electores. Si bien estas prácticas se presentan de distintas vías o modos, el objetivo perseguido es el mismo: deslegitimar los procesos democráticos, disciplinar a las y los dirigentes y condicionar el funcionamiento institucional.

Seguramente todo esto contribuya, pero lo que debiera interpelar es que si los ciudadanos van a las urnas, las elites políticas se alternan, las demandas sociales no son satisfechas y la protesta social en las calles no tiene una adecuada canalización institucional, la aparición de líderes antidemocráticos que presenten soluciones mágicas y una consecuente erosión democrática no debería sorprender sino ocupar. Y en ese ocupar debe siempre primar la agenda ciudadana sobre la de los intereses corporativos de las elites políticas.


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Global es una publicación de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y su Editorial Funglode. Es una revista bimestral de naturaleza multidisciplinaria, que canaliza las reflexiones sociales y culturales, acorde con el pensamiento y la realidad actual, elevando de este modo la calidad del debate.

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