A los caribeños nos urge conocernos mejor. No solo somos antillanos mayores, somos colombianos, venezolanos, mexicanos. El mar Caribe es muy vasto y cubre muchas densidades territoriales, como, por ejemplo, las islas francófonas y anglófonas, tan cercanas y, casi siempre, tan lejanas. Todas poseen una historia grande dentro de sus geografías diminutas. Todas han hecho caminos sobre la mar, con sus pesadumbres y sus debates ancestrales, con sus etnias recalentadas de esfuerzo y sudor, con sus herencias de dependencia y desigualdad. El profesor Fred Reno es nativo y residente de una de esas islas antillanas, Guadalupe, territorio francés de ultramar, con apenas 379,000 habitantes en 1,628 kilómetros cuadrados. Este intelectual guadalupeño conoce la historia de su pueblo, las raíces y las conjuras que, desde hace siglos, se han tejido sobre el espacio que camina desde Grand-Terre hasta Basse-Terre, entre volcanes y cataratas y entre otras islas menores, separadas por el río Salée. La visión general que GLOBAL ofrece en esta edición no podía dejar de contar con el análisis de ese Caribe isleño, posesión de Inglaterra y Francia. Reno es uno de los más brillantes intelectuales del Caribe menor, por la dimensión de su territorio, que tanto necesitamos conocer mejor. Este texto nos proporcionará ese conocimiento urgente.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las colonias americanas de Francia optaron por convertirse en departamentos asimilados a la organización sociopolítica de la República Francesa. Esta elección de las élites locales, de acuerdo con las autoridades centrales, respondió sobre todo a la situación de sociedades herederas de un sistema colonial desigual y, además, afectadas por la guerra. Aunque asimilados a unas colectividades locales francesas, los nuevos departamentos pueden excepcionalmente contravenir el derecho común para tener en cuenta sus especificidades.
La igualdad como respuesta a la angustia social
El observador externo a veces se sorprende por la trayectoria política de estos territorios que ahora se clasifican en la categoría de «ultramar francés» para designar a las antiguas colonias que han optado por seguir siendo francesas. Este observador se sorprende aún más al saber que esta demanda casi unánime de integración fue hecha por las federaciones locales de los partidos metropolitanos de izquierda. Por ejemplo, la SFIO (sección francesa de la Internacional Obrera), antepasado del Partido Socialista francés, «declara no solo aceptar la asimilación total, sino solicitarla una vez más de la República y de la madre patria, y esto, en todos los ámbitos y con las modalidades de aplicación que la propia Francia fijará» (Sablé, 1955, 128).
La federación comunista martiniquesa se solidariza con esta demanda en términos aún más entusiastas: «Queremos una asimilación completa, estamos dispuestos a soportar las cargas que soportan los contribuyentes franceses, todas las cargas, pero queremos que nuestro país se beneficie de todas las ventajas otorgadas a los franceses de la metrópoli, queremos que nuestro país sea administrado con la misma preocupación que un departamento francés» ( Justice, 1946).
La dimensión social de esta elección es explícita en las siguientes palabras de otro responsable comunista: «A nuestro partido le pareció que la asimilación era el medio práctico más eficaz para arrancar en favor de la clase obrera toda una legislación social y asociar a nuestro país a las perspectivas de acceso al socialismo que se perfilaban entonces en Francia» (Action, 1966).
La ley de departamentalización se votó en 1946. Uno de los pocos representantes electos que puso algunas reservas a la asimilación fue el diputado guadalupeño Paul Valentino. Su temor era que la ley tuviera el efecto paradójico de dañar los lazos sentimentales que unen a los pueblos coloniales con la metrópoli ( JORF, 1946, 752).
La alineación de las sociedades poscoloniales antillanas con el modelo departamental francés permitió una adaptación de los colonos-plantadores y sus descendientes a la nueva situación, en particular mediante una diversificación de sus actividades económicas. También permitió la elevación del nivel de vida de las clases medias. Pero no responde a la demanda de igualdad social de los más desfavorecidos y de las élites políticas. Estas últimas reaccionarán renovando su demanda y, sobre todo, con la voluntad de situarse a partir de ahora en un terreno político contestatario. Se cuestiona la centralización jacobina. La contestación toma la forma, poco a poco, de un discurso de la adaptación, de la diferenciación y luego de la autonomía local. A partir de entonces, ya no se tratará de limitar la reivindicación a su dimensión social. Esta se inscribirá desde este momento en el marco más amplio de una demanda de aumento de la responsabilidad local. Tras las revueltas de 1959 y 1961 en Martinica, interrogado por el periódico francés Le Monde, el poeta, diputado y alcalde de Fort-de-France, Aimé Césaire, precisa: «La verdad es que el problema de los departamentos de ultramar es fundamentalmente un problema político y que la crisis de los departamentos de ultramar no es otra cosa que la crisis de la departamentalización misma. Para decirlo de otro modo, las Antillas francesas siguen siendo en el Caribe una de las pocas tierras de colonización. Hoy mi convicción es que el artificial régimen departamental ya no puede durar» (Césaire, 1961).
Para comprender la singularidad de las Antillas francesas, puede resultar esclarecedora una comparación con el comportamiento de las élites de las colonias británicas vecinas. La diferencia entre anglófonos y francófonos se resume en las siguientes palabras de un ilustre historiador martiniqués. «Para salir de la crisis, las Antillas británicas se orientan más decididamente hacia la reivindicación nacional. Para resolver sus dificultades, las Antillas francesas se hunden en la vía de la asimilación» (Lépine, 1980, 14). Los hechos parecen confirmar esta observación. ¿Pero cómo explicar estas diferencias entre territorios que históricamente han conocido situaciones socioeconómicas análogas?
En los años treinta, la angustia social era extrema en todos los países del Caribe. Tras las movilizaciones de protesta entre 1934 y 1939 en el Caribe anglófono, las autoridades británicas crearon una comisión dirigida por Lord Moyne, a quien se le encargó investigar las condiciones económicas y sociales de los habitantes de varios países. Comenzó su gira antillana en 1938, terminó sus trabajos en 1939, pero no entregó su informe hasta 1945. La difusión de este informe se aplazó porque lo que describía sobre el deterioro de estas sociedades parecía insoportable y susceptible de ser utilizado por los nazis contra el Imperio británico (Colonial Office, 1945).
Para comprender estas oposiciones de trayectorias entre francófonos y anglófonos, es necesario adoptar un enfoque sociohistórico que combine a la vez la historia de la construcción del Estado colonial en Francia e Inglaterra y las estrategias de los actores en el Caribe (Badie y Birnbaum, 1979, 251). En el momento en que los francófonos reclaman la departamentalización igualitaria, la mayoría de las colonias de su majestad consolidan un sistema de «local government» que favorece la responsabilización y la autonomía política de los territorios. Si la República Francesa proclama la universalidad de los derechos en todo el territorio y funda así la asimilación de las colonias, la monarquía británica privilegia la diferenciación. Tomar en consideración esta distinción entre colonias francesas y británicas permite comprender la fascinación de las élites y las poblaciones francófonas por un Estado francés con vocación universalista y los sentimientos contrarios de los caribeños anglófonos, confrontados a un Estado británico deficiente en la cuestión social. Ante la resistencia del Estado francés a aplicar el conjunto de leyes sociales en sus antiguas colonias, los actores políticos locales optarán por una diferenciación en la dependencia.
Por una diferenciación igualitaria en la dependencia política
Las élites iniciadoras de la demanda de igualdad están decepcionadas porque las políticas públicas centralizadoras no tienen realmente en cuenta las realidades sociales «de los territorios de ultramar». En este punto, consideran que la solidaridad nacional es deficiente. En realidad, es menos el espíritu de la ley de departamentalización que su aplicación lo que se cuestiona. «El espíritu de la ley ha sido burdamente violado» (Darsières, 1974, 159). El principal responsable del desvío del texto de 1946 sería el Estado. La aplicación de la ley ha desembocado en «una excesiva centralización que prohíbe toda medida profunda y juiciosa, como son necesariamente juiciosas las medidas tomadas por quienes ven los problemas, los viven y aprehenden directamente el deseo de los administrados» (ibid.). Este comentario de un alto responsable político martiniqués se hace eco de una voluntad de diferenciación política y administrativa expresada por Aimé Césaire, el ponente de la ley de departamentalización.
Uno de los momentos culminantes de esta crítica de la departamentalización es la carta escrita en 1956 por Aimé Césaire a Maurice Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés. Aunque se refiere principalmente a la dimisión del autor del «Discurso sobre el colonialismo» del Partido Comunista Francés, esta carta es también un virulento ataque contra los excesos de la centralización del Estado. «Un hecho a mis ojos capital es este: que nosotros, hombres de color, en este preciso momento de la evolución histórica, hemos tomado posesión en nuestra conciencia de todo el campo de nuestra singularidad1 y que estamos dispuestos a asumir en todos los planos y en todos los ámbitos las responsabilidades que se derivan de esta toma de conciencia […] la hora de nosotros mismos ha sonado», anuncia (Césaire 1956).
Esta voluntad de autonomía es reafirmada por el poeta durante un discurso de bienvenida al general De Gaulle en 1964: «No se podrá eludir por mucho tiempo el problema que absorbe a nuestra juventud ―le dice Césaire―: el problema de la necesaria refundación de nuestras instituciones, quiero decir de nuestras instituciones locales […] para que sean más flexibles, menos quisquillosas, más democráticas, dando más lugar a la iniciativa local, a la responsabilidad local» (Le Monde, 1964). Palabras a las que el general responderá sin miramientos que «entre Europa y América solo hay polvo y (que) no se construyen Estados sobre polvo» (ibid.), reafirmando así la determinación del centro de mantener el control de la periferia.
La determinación de Aimé Césaire, ciertamente, tuvo un impacto en las conciencias antillanas y en las decisiones posteriores del Estado de acelerar el proceso de igualdad al tiempo que se concedía a las colectividades de ultramar una descentralización más fuerte que la que se había otorgado a las colectividades metropolitanas. La Constitución francesa, varias veces modificada, permite a los departamentos de ultramar desviarse excepcionalmente del derecho común para tener en cuenta las especificidades locales. Hay que añadir que esta facultad, cuya aplicación es particularmente compleja, disuade a menudo a los representantes locales electos de utilizarla.
En 1982, Francia es oficialmente un Estado unitario descentralizado y responde en cierta medida a las expectativas locales. Algunos territorios tienen la posibilidad de salir de la identidad legislativa y, por tanto, de la asimilación para optar por un régimen de especialidad legislativa del que puede derivarse un estatuto de autonomía. Antes de la erección de Mayotte en departamento francés el 31 de marzo de 2011, Francia contaba con cuatro departamentos de ultramar: Guadalupe, Guayana, Martinica, situadas en el Caribe, y la isla de Reunión, en el océano Índico. Hasta la fecha, ninguno de estos departamentos ha cambiado de régimen jurídico. Han mantenido el régimen de identidad legislativa que caracteriza el estatuto de departamento. Los territorios autónomos son, en particular, la Polinesia, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, San Martín y San Bartolomé. Nueva Caledonia, «colectividad con estatuto particular», goza de una autonomía política y legislativa. Es el único territorio cuya Asamblea puede votar leyes del país que tienen fuerza legislativa. A excepción de San Martín y San Bartolomé, antiguos municipios de Guadalupe que se han independizado, las colectividades americanas de Francia parecen contentarse con una descentralización administrativa en la dependencia política.
Con ocasión de sucesivas consultas electorales, los electores han optado por el statu quo. El 10 de enero de 2010, un año después de las fuertes movilizaciones sociales que afectaron a los departamentos de las Antillas, el Gobierno organizó una consulta sobre el cambio estatutario en dos territorios. Esta consulta se realizó tras una petición de los representantes electos de Guayana y Martinica para transformar su departamento en una colectividad de ultramar autónoma. Los representantes electos de Guadalupe no lograron presentar un proceso consensuado que abriera la posibilidad de una solicitud similar. Por lo tanto, los electores guadalupeños no fueron consultados. El resultado de esta consulta es inapelable: el 70.22 % de los electores guayaneses y el 79.31 % de los electores martiniqueses rechazaron una organización particular que tuviera en cuenta sus propios intereses en la República. En un comunicado, el jefe de Estado sacó una conclusión lógica y un sentido político del comportamiento de los electores: «El presidente de la República observa con satisfacción que la campaña electoral se ha desarrollado en buenas condiciones y ha dado lugar a ricos debates » (Vie Publique, 2010). Esta precisión del jefe de Estado puede interpretarse como la voluntad de despejar cualquier ambigüedad sobre el desarrollo de la votación y sobre su sinceridad. Este comunicado precisa: «El presidente de la República toma nota de la clara respuesta negativa que los electores han dado a la pregunta planteada este 10 de enero, descartando la institución en Martinica y en Guayana de una colectividad de ultramar regida por el artículo 74 de la Constitución. Esta elección traduce el apego de los guayaneses y martiniqueses a un estatuto que sea próximo al de las colectividades de la Metrópoli, reafirmando así el estrecho vínculo que les une a la República» (ibid.). Este vínculo revela también una dependencia estructural consecutiva en beneficio de una legislación social francesa, aunque incompleta.
La dependencia-recurso como acabado de la igualdad social
La departamentalización igualitaria equivale a una estatización de la sociedad local, reforzando así su dependencia (Reno, 2012). La observación no es nueva. Sí lo es la paradoja de una estatización creciente en un contexto de descentralización. La novedad está también en el sentido que se da hoy a las manifestaciones recurrentes de contestación y, sobre todo, a la dependencia.
De la contestación social nacionalista a la radicalidad consumista
La observación de lo que se ha convenido en llamar la cuestión social de «ultramar» es particularmente interesante. Pone de manifiesto la cadena de actores que coproducen el marco de referencia de las crisis regulares que se derivan de esta cuestión social. El discurso de la igualdad y la asimilación, hasta ahora mantenido por organizaciones de derecha e izquierda, integra ahora en el paisaje asimilacionista a otros grupos considerados fuera y antisistema.
A principios de 2009, Guadalupe y Martinica se vieron sacudidas por un poderoso movimiento de reivindicaciones sociales. En Guadalupe, durante cuarenta días, el LKP (Lyannaj Kont Pwofitasyon: Agrupación contra la explotación), un frente compuesto por todos los sindicatos, diversas asociaciones y partidos independentistas, logró unir a miles de personas, a iniciativa de la UGTG (Unión General de Trabajadores de Guadalupe), un sindicato favorable a la independencia del archipiélago. Este frente elaboró una plataforma consensuada que mezclaba la reducción del coste de los productos de primera necesidad, el aumento de los salarios, el cambio de las políticas públicas en ámbitos clave como la educación, el transporte, el empleo, la vivienda y la propiedad territorial. Sin el activismo y la capacidad de movilización de la UGTG, no es seguro que el movimiento hubiera alcanzado este nivel de organización y popularidad. En Martinica, y en colaboración con el LKP, nació el C5F (Colectivo del 5 de febrero). Sería erróneo reducir esta página de la historia local a consideraciones estrictamente sociales. Pero, en el balance, parece que se ha llegado a un acuerdo para presentar de forma prioritaria, incluso casi exclusiva, las demandas de reducción de precios, aumento de salarios y reducción del coste del carburante.
En septiembre de 2024, 16 años después, Martinica se ve sacudida a su vez por un movimiento social cuya amplitud ha sorprendido a los observadores. La sorpresa es aún mayor porque este movimiento no se corresponde con el registro de acción convencional de las movilizaciones conocidas hasta entonces en el territorio. La iniciativa no ha surgido de un sindicato ni de un partido, sino de una asociación desconocida que se presenta en los medios de comunicación con el nombre de RPPRAC (Agrupación para la Protección de los Pueblos y Recursos Caribeños). Comenzada por esta asociación, que parece haberse constituido a medida que avanzaba la movilización, la iniciativa reúne a un número significativo de manifestantes en torno al elevado coste de la vida y a la reivindicación de que los precios de todos los productos alimenticios se ajusten a los precios aplicados en Francia. Esta agrupación no se sitúa en el eje que generalmente permite identificar las afiliaciones políticas. Ni de derecha ni de izquierda, acepta todos los apoyos, incluido el de los representantes locales de Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha francés. El movimiento cuenta con la adhesión de jóvenes desocupados que instalan barricadas, se dedicana actos de saqueo y provocan incendios en comercios y edificios públicos. El RPPRAC también moviliza en círculos religiosos, especialmente entre los protestantes. Pero no consigue obtener una adhesión masiva de la población y de sus representantes políticos, a diferencia del movimiento social de 2009. A partir de entonces, ningún partido político se asocia a esta reivindicación. Algunos sindicatos participan discretamente en las manifestaciones. El RPPRAC, y sobre todo su líder, se benefician de una fuerte cobertura mediática. Además de los medios de comunicación franceses, Al Jazeera y la televisión estatal china envían periodistas sobre el terreno para comprender lo que perciben como una situación casi insurreccional.
Las modalidades de creación de esta asociación y su funcionamiento nos han llevado a calificar su acción de «movilización Tik tok», en referencia a la plataforma china (Karibinfo, 2024). Nacida del intercambio en las redes sociales, la asociación no tiene miembros registrados, sino que intercambia con sus partidarios principalmente a través de la plataforma. La comunicación es viral, y los discursos, sencillos y pegadizos. Tras el fracaso de las negociaciones, el RPPRAC intentará en vano encontrar aliados en otros territorios de ultramar que se enfrentan a los mismos problemas.
Élie Domota, líder sindicalista de las históricas manifestaciones de 2009 contra la «pwofitasyon» en Guadalupe, rechaza enérgicamente la invitación. En su opinión, se trata de «organizaciones que desde el principio dicen que los sindicatos no son buenos […] mientras que lo que esta gente se beneficia es gracias a los sindicatos y a las luchas sociales. Así que cuidado, esta gente es cercana a las ideas de extrema derecha y del Frente Nacional» (Rci, 2024).
Si bien es cierto que la asociación se aparta del juego político tradicional, sería inexacto afirmar que no busca politizar la movilización. Interpela al Estado y critica a los representantes electos locales acusados de incompetencia. Pero, curiosamente, su enfoque de la política es étnico. El RPPRAC es una agrupación que pretende proteger a las poblaciones afrocaribeñas. Se imagina así una etnia, en oposición probablemente a la etnoclase béké, que agrupa a los descendientes de los colonos que controlan, aún hoy, la economía local. En esta crisis, GBH (el grupo Bernard Hayot), del nombre de un rico béké, está acusado de contribuir al elevado coste de la vida mediante el control de los circuitos de distribución de mercancías y debido a los excesivos márgenes que se aplican a una amplia gama de productos importados. Hacer de los afrocaribeños una etnia implica que las personas originarias de la India, China, Europa y los países de Oriente constituirían las otras etnias. La traducción política de esta etnización de la sociedad se verifica en las palabras de la secretaria de la organización. Considera que la soberanía sobre un territorio pertenece al grupo mayoritario en ese territorio, ocultando que otra mayoría puede derivarse de una alianza oportuna entre las «otras etnias».
En cuanto al cambio estatutario, el líder del grupo se pronuncia a favor de una autonomía completa de Martinica, revelando una reivindicación oportunista de este estatus tradicionalmente defendido por los partidos de izquierda. La brusquedad de esta consigna de autonomía no oculta la voluntad de dar un sentido político a la demanda de igualdad de precios respecto a los que se aplican en Francia, percibida como profundamente conservadora e inapropiada por una parte significativa de la clase política y de la población.
En realidad, la política no es la principal preocupación del RPPRAC. Prueba de ello es la contradicción que supone reivindicar una autonomía completa y una igualdad con la Francia metropolitana en todos los productos alimenticios, lo que eliminaría a largo plazo la producción local, elemento esencial de una posible autonomía.
Ante el bloqueo de la actividad económica del país, el representante del Estado, los cargos electos martiniqueses y los representantes del mundo económico firman un protocolo de objetivos y medios. La asociación, cuya legitimidad es sin embargo cuestionable, se ha negado a firmar este protocolo considerando que su reivindicación no ha sido satisfecha. El protocolo se limita a 6,000 productos de primera necesidad y amplía su ámbito de aplicación a productos no alimenticios (higiene, bricolaje, salud, etc.). A petición del Gobierno, el Parlamento se ocupa de la situación y propone una enmienda a la ley de finanzas que permite la exención de impuestos locales y nacionales sobre la lista de productos y la transferencia de estos impuestos a otros productos de lujo. La exposición de motivos de la enmienda parlamentaria concluye como sigue: «Teniendo en cuenta las características del mercado único antillano, esta exención se aplicará con carácter experimental en Guadalupe y Martinica durante un período de tres años» (Asamblea Nacional, 2024). Es decir, «hasta el 31 de diciembre de 2027». En 2009, las autoridades no aplicaron las decisiones adoptadas tras un acuerdo firmado por todas las partes. Nada dice que vaya a ser diferente en este 2025. Ayer, la traición a la palabra escrita, hoy lo provisional como política pública.
Esta crisis social y la reivindicación de igualdad con el consumidor francés de la Francia metropolitana son la ilustración más lograda de una dependencia consentida.
Una nueva representación de la dependencia
La radicalidad de esta movilización contra el elevado coste de la vida no es un proceso de ruptura ni un proceso de recuperación. No se trata de ponerse al día y conseguir la igualdad mediante el desarrollo. El objetivo es fundirse, a través del consumo de alimentos, en el conjunto francés en nombre de una ciudadanía compartida. Es una reivindicación de igualdad por el estómago y una indicación de la profundidad de la dependencia, como demuestra el sociólogo Michel Giraud: «Si el estatus colonial de los países “de ultramar” ha expirado o, más exactamente, si sólo quedan algunas secuelas, la dependencia, que es una de las marcas más seguras de cualquier situación colonial, no sólo persiste, sino que ―terrible constatación― se ha reforzado y diversificado considerablemente» (Giraud, 2005, 100).
Con el tiempo, esta dependencia se ha convertido en un recurso y probablemente en una estrategia de optimización de recursos (Reno, 1979, 249). Asistimos a una internalización estratégica de la dependencia por parte de las élites, como si la impugnación pasara a la vez por la crítica a Francia y por el refuerzo del Estado. Esta nueva representación de la dependencia nos aleja de los análisis, pertinentes en su momento, de los trabajos de Cardoso, Faleto, Gunder Frank, por citar solo a aquellos que aplicaron el paradigma centro-periferia a América Latina. Entre las críticas dirigidas a esta teoría, cabe destacar la poca atención prestada a la historicidad de la periferia y a la capacidad de los países del Sur para desarrollar estrategias autónomas en el marco de la dependencia (Smith, 1979, 249).
Contrariamente a las ideas preconcebidas y a un discurso militante, la dependencia de las colonias departamentalizadas no se reduce a un acto unilateral de sometimiento de la colectividad por parte del Estado colonial francés. En el contexto actual, se trata sobre todo de una relación desigual pero solidaria entre estos territorios y Francia.
La cuestión social (Daniel, 2025) y los intereses estratégicos están en el centro de esta relación. Como demuestra Jacques Donzelot, para Francia lo social es la respuesta inventada por la república al contraste entre la igualdad política proclamada y la desigualdad económica real de los ciudadanos (Donzelot 1984, 67). Esta observación se verifica especialmente en los territorios de ultramar, pero no basta para comprender la dependencia-recurso. En efecto, si bien es cierto que los habitantes de los territorios de ultramar están apegados al modelo social francés con sus transferencias públicas, las conquistas sociales, su sistema sanitario, Francia se beneficia de su presencia en todos los océanos, en todos los continentes, gracias a sus territorios de ultramar. Se sitúa entre los primeros países del mundo por su zona económica exclusiva y por la riqueza de su biodiversidad gracias a sus antiguas colonias.
Sin embargo, sería un error reducir esta relación a una simple transacción de bienes materiales y simbólicos. Nuestra hipótesis es que la relación resulta menos de la desigualdad de recursos que del propio objeto de la transacción. La dependencia es el recurso.
En conclusión, la dependencia-recurso podría ser un concepto operativo para analizar la situación contemporánea de muchas sociedades en desarrollo, especialmente las del Caribe, que Norman Girvan ha identificado como sociedades de (in)dependencia tras décadas de soberanía. Puede parecer paradójico decir que las élites y las poblaciones de la mayoría de los países del Caribe desarrollen estrategias racionales de dependencia (Reno, 2022). Estas se basan ciertamente en consideraciones económicas. Pero la realidad nos invita a evitar todo determinismo y a considerar que es menos la naturaleza de los intereses que la reciprocidad lo que está en el centro de la relación de dependencia. Esta estrategia de la dependencia seguirá viva mientras la solidaridad de intereses siga viva.
