Revista GLOBAL

La cuestión ética

por David Álvarez Martín
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La ética, allende sus diferentes corrientes de pensamiento, siempre es el esfuerzo racional de pensar y orientar la conducta de las personas, en cuanto individuos y en cuanto sociedades. Apoyándonos en la ética kantiana, que es el referente más relevante hacia la etapa actual de la reflexión del tema, se impone el considerar a todo ser humano como un fin y no como un medio, es decir que frente a cualquier ser humano el cálculo de una actuación ha de considerarlo como un absoluto, nunca “utilizarlo” para el logro de otros objetivos. Este fundamento de la ética es motivo de la mayor parte de las críticas que se le formulan a las actuaciones de los Estados, los gobiernos y organizaciones. La valoración ética de la actuación de todo tipo de organización está determinada por el bien común que persigue. En el caso de los Estados, tema que está en el núcleo del problema que tratamos, la valoración ética de sus actuaciones, tanto para sus ciudadanos como para los ciudadanos de otros Estados, se determina por el bien común que persigue. La forma concreta que hoy tenemos de explicarlo son los derechos humanos, que en cuanto fundamento de las Naciones Unidas sirven como referente ético para explicar y evaluar la actuación de los Estados miembros. No obstante la definición clara de estos principios, para todo el mundo es evidente que en el ordenamiento mundial de los Estados priman más a menudo los intereses particulares de determinados Estados por su poderío económico o militar, y que esos intereses ni siquiera están en función del bien común de los ciudadanos de tal o cual Estado, sino de los intereses de grupos económicos o políticos.

Los motivos teóricos fundacionales de dicha dicotomía se pueden encontrar en dos autores del comienzo de la modernidad, por un lado Francisco de Vitoria, y su Derecho de gentes, y por otro lado Maquiavelo y su texto El príncipe. Mientras Vitoria establece como criterio de evaluación ética de un Estado el bienestar de los individuos, siguiendo la tradición tomista, para Maquiavelo la valoración de un Estado depende del éxito de su Gobierno de mantenerse en el poder sin importar el bienestar de los ciudadanos. En el caso de Vitoria, el estímulo de su reflexión proviene del sermón de Montesinos del segundo domingo de adviento de 1511 en defensa de los aborígenes de esta isla y que este año cumple su quinto centenario. Las relaciones entre Estados al comenzar el siglo xxi siguen tensas en el plano ético entre estos dos polos. Por una parte la demanda de que sus acciones tengan como norte la promoción de la dignidad y bienestar de todos sus ciudadanos, como de todo ser humano, a la luz de los derechos humanos en la tradición iniciada por Vitoria. Por otra parte, una tradición que defiende diversos grados de actuaciones en función de conservar y ampliar el poder de cada Estado en particular, sin que la integridad de los seres humanos sea un obstáculo para emprender acciones militares, políticas o económicas. Basta como ejemplo la reciente confesión del presidente Bush hijo en su obra Decision points indicando que autorizó torturar a prisioneros en poder de Estados Unidos. Es entre esos dos polos que se debate la discusión ética en torno a las acciones de los Estados. ¿Existe alguna modalidad de gobierno que pueda servir como referente ético para refrendar las acciones de un Estado? Sí, existe, la democracia. Entendiendo que la democracia abarca un conjunto de modelos diversos y experiencias históricas diferenciadas, es menester definirla en sus valores fundamentales: es democrático el régimen que procura la mayor participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, en el marco de una constitución refrendada por la mayoría absoluta, respetuosa de los derechos humanos y promotora de la paz en la diversidad. Es en ese contexto que un Estado puede ser considerado humanamente digno de ser respetado y que sus decisiones obliguen en conciencia a todos los ciudadanos y ciudadanas.

¿Qué es Wikileaks? Es una organización sin fines de lucro que centra su actividad en la gestión de una página Web abierta a la publicación de información confidencial de gobiernos que sea de interés público. Su cara más visible es Julian Assange, y comenzó a operar desde finales de 2006. El servidor oficial de Wikileaks se encuentra en Suecia. A pesar de que el portal tuvo mucha prensa por la revelación de casi 400,000 informes de la diplomacia estadounidense al finalizar el 2010, utilizando a varios periódicos de impacto mundial, tiene entre sus antecedentes el desvelamiento de documentos relativos a la guerra en Irak y Afganistán, incluidos videos de asesinatos y violación de derechos humanos cometidos por las tropas de Estados Unidos. Cuando se escriben estas líneas, un banquero suizo llamado Rudolf Elmer le entregó en un acto público a Assange información sobre cuentas bancarias que son usadas para evasión fiscal, lo cual promete en el futuro cercano la publicación de parte de esa información. La filosofía de fondo de Wikileaks es que los ciudadanos tienen derecho a conocer informes confidenciales de gobiernos –y ahora de bancos– que representen violaciones de los derechos de los ciudadanos. Por lo expresado en diversos momentos por los periódicos que han publicado esos informes y Wikileaks, no toda la información obtenida representa una violación de los derechos de los individuos y, por tanto, no amerita ser publicada. Junto con estos casos es menester destacar que a Assange se le ha tratado de inculpar en casos de violación de mujeres sin mucho éxito hasta el momento. Para quienes respaldan la acción de Wikileaks, estas acusaciones pretenden dañar la imagen de Assange y el impacto de las recientes revelaciones sobre la diplomacia de Estados Unidos. Por otra parte, la publicación del video del 12 de julio de 2007 donde un helicóptero norteamericano abatía a varios individuos sin previa agresión, casi como en un juego de video, llevó al Pentágono a abrir una investigación sobre el caso, añadiendo a esta reacción decenas de disculpas a diversos gobiernos de parte de Estados Unidos por las valoraciones expresadas por sus diplomáticos respecto a gobiernos y personalidades de dichas naciones. La legalidad de Wikileaks y los periódicos para publicar esas informaciones consideradas como confidenciales por los gobiernos –y ahora los bancos– es motivo de una acalorada discusión, pero hasta el momento más se ha destacado la ilegalidad de muchas de las acciones militares denunciadas e informaciones de los diplomáticos norteamericanos (considerado por varios gobiernos como espionaje). Mi propósito en este breve ensayo no es valorar la legalidad o ilegalidad, sino la eticidad de las acciones de Wikileaks y de los periódicos que lo han publicado.

Información El derecho a la información es uno de los pilares de toda democracia, y está basado en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, que afirma: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Tal artículo ha sido muchas veces cuestionado apelando a razones que tienen que ver con “la seguridad del Estado”, pretendiendo una extensión del artículo 12 que afirma que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Pero el artículo 12 se restringe a la vida privada de los individuos, lo cual no incluye los asuntos públicos que atañen al Estado, los gobiernos y las instituciones de carácter público. Los límites entre la información que es relevante para el interés público y aquella información cuya divulgación no violenta ningún derecho fundamental del ser humano pero afecta la seguridad de un Estado no son fáciles de delinear. El primer problema es que usualmente se trata de información bajo el control de quienes administran el Estado.

En gran medida frente a ese problema se destaca precisamente en Estados Unidos la Primera Enmienda a su Constitución, que afirma: “El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de dichas actividades; o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente, y para solicitar al gobierno la reparación de agravios”; fundamento de una rica tradición en la que los ciudadanos, y la prensa en particular, tienen reconocidos el derecho de reclamar al Estado el ejercicio de la libertad de difundir y compartir información y, en determinados casos, exigir de sus gobernantes explicaciones sobre hechos y acciones que se consideran lesivos a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. No es posible una democracia real sin que los ciudadanos puedan conocer y difundir información sobre las acciones del Estado y el Gobierno, cuyo poder y recursos son delegaciones del pueblo. Por lo regular, las mediaciones concretas para que dicho derecho sea ejercido plenamente se le piden a la prensa y en algunos casos a organizaciones de la sociedad civil que asumen como vocación el derecho a la información. El caso Wikileaks reúne ambas características; su originalidad estriba en su carácter global y en el uso de las nuevas tecnologías de la información. Assange no es ciudadano norteamericano y su base de apoyo se encuentra en Europa, concretamente en Suecia, donde un partido político minoritario llamado Partido Pirata de Suecia (Piratpartiet) le ha servido de respaldo. Cineastas como Michael Moore y Kean Loach han apoyado moral y financieramente la defensa de Assange y la prensa que ha servido de canal a la divulgación de los documentos –El País, The New York Times, Spiegel, The Guardian y Le Monde– pasan también a ocupar la primera línea de defensa del derecho de Wikileaks a existir y divulgar la información confidencial obtenida.

Criterio ético Luego de una primera oleada de reacciones críticas del Departamento de Estado de Estados Unidos y gran cantidad de voceros políticos del ala republicana, especialmente la secta del Tea Party, pidiendo la “cabeza” de Assange, las aguas del escándalo parecen tomar nivel y las revelaciones muestran mucho de chisme y comentarios chabacanos de parte de los representantes norteamericanos en los diferentes países. Es importante identificar la dirección de la información hasta ahora publicada, son apreciaciones de las delegaciones diplomáticas para el Departamento de Estado, no a la inversa. Esto es importante porque no compromete públicamente políticas norteamericanas y en casi todos los casos la administración estadounidense puede alegar perfectamente que son insumos parciales que reciben y que en casi todos los casos no generan acciones concretas de parte de Estados Unidos. Wikileaks en particular y los periódicos que están publicando las filtraciones reconocen que muchos de los documentos no serán divulgados porque comprometen la seguridad de los Estados o afecta objetivamente la honra de individuos. Esta postura explícita del portal le ha granjeado comentarios negativos de sectores mucho más radicales que estarían interesados en informaciones más comprometedoras. Es importante destacar en esta postura un criterio ético que discrimina entre información confidencial a la que legítimamente debe tener derecho el público e informaciones que claramente comprometerían la seguridad de los Estados involucrados y sería propiamente una acción política con el propósito de generar un balance de poder diferente al actual. Sobre el profesionalismo de muchos de los agentes diplomáticos pende una evaluación negativa, que seguramente provocará variaciones en su formación como informantes dentro de la estructura burocrática del Departamento de Estado de Estados Unidos. No es posible que la democracia de la potencia económica y militar más grande del planeta sea servida en base a rumores, prejuicios y chismes, algo más propio de dictaduras tercermundistas. Se impone una ética en la articulación de las fuentes de inteligencia para los Estados democráticos, basada en el respeto de sus interlocutores locales y centrada en los temas centrales de los intereses del país que representan.  

Contexto Un factor que le es propio a Wikileaks es el contexto de las nuevas tecnologías de la información, tanto en la obtención de la información como en su divulgación. Assange no es un agente secreto con gabardina entrando en los archivos secretos del sótano de un edificio de Washington, eso es cosa del pasado. El Internet hoy es un tejido que conecta todo el planeta, desde el hogar humilde de un barrio de San Juan de la Maguana hasta el Pentágono, y para evitar que un usuario desde una conexión residencial no acceda a información confidencial se inventan cada día nuevas formas de bloqueo electrónico, barreras (firewalls) y complejos sistemas de passwords. Más que soldados que defiendan archivos, hoy se demandan artilugios desarrollados por mentes privilegiadas. Casos hay por decenas de jóvenes que utilizando su creatividad e ingenio han desmontado estos sistemas y penetrado en sistemas de bases de datos sensibles, software balístico y fondos bancarios, muchas veces por pura diversión y para demostrar su inteligencia.

Normar éticamente la capacidad para superar las defensas de esos sistemas electrónicos resulta en cierta manera ingenuo debido a que implicaría detener el desarrollo de nuevas alternativas. Es posible y deseable que un profesional del área siga normas éticas que lo lleven a no intentar acceder a información confidencial a pesar de que pueda, pero el desarrollo de nuevos softwares y herramientas de la Web muchas veces se incuba entre chicos y chicas que todavía no han ido a la universidad. Facebook es un buen ejemplo, sin implicaciones como las expuestas anteriores, de que la creatividad en el uso de las nuevas tecnologías tiene más potencial entre jóvenes que entre adultos. El acceso a la información en la Web resulta hoy una cuestión compleja y ha llevado a situaciones antes inimaginables. Un buen ejemplo está en la carta de Benedicto xvi del 10 de marzo de 2009 que explica que la decisión tomada de levantar la excomunión a cuatro obispos del grupo fundado por el arzobispo Lefebvre no tomó en cuenta que uno de ellos, Richard Williamson, defendía posturas que negaban el holocausto y postulaba el racismo contra los judíos. El papa, al descubrir esa situación ampliamente divulgada en la web, afirmaba que: “Me han dicho que seguir con atención las noticias accesibles por Internet habría dado la posibilidad de conocer tempestivamente el problema. De ello saco la lección de que, en el futuro, en la Santa Sede deberemos prestar más atención a esta fuente de noticias”. Las declaraciones del santo padre no han cambiado radicalmente el interés por el Internet de laicos, sacerdotes, religiosos y obispos; los que ya navegaban lo siguen haciendo, los que no, dudo mucho que lo hagan. La brecha generacional sigue siendo un valladar definido, tanto en la Iglesia como fuera de ella. No obstante, este 24 de enero de 2011 en ocasión de la 45 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Benedicto XVI promueve incluso la participación en las redes sociales.

“Deseo invitar a los cristianos a unirse con confianza y creatividad responsable a la red de relaciones que la era digital ha hecho posible, no simplemente para satisfacer el deseo de estar presentes, sino porque esta red es parte integrante de la vida humana.” El acento puesto en el tema ganó relevancia mundial cuando en esa misma última semana de enero comenzó la crisis en Egipto y el Gobierno de dicho país tomó entre otras medidas la desconexión del servicio de Internet, al que se acusaba de haber sido la herramienta de comunicación que motivó y ayudó a coordinar las acciones de protestas. Cuando el presidente de Estados Unidos solicitó públicamente al Gobierno de Egipto el respeto a la población lanzada a la calle en protestas, indicaba, entre otros aspectos, la reconexión del servicio de Internet en dicho país. Esta solicitud del presidente Barack Obama conlleva muchos matices que en su momento servirán para defender las posturas de Wikileaks y los periódicos que han divulgado los famosos secretos diplomáticos. El acceso a la información que promueve la Web no puede ser pensado y evaluado, ni siquiera en el plano ético, con los mismos estándares previos a su existencia. Cada usuario de la web es potencialmente generador de informaciones, sin juzgar previamente su veracidad, pertinencia o sesgo personal, y el cúmulo de informaciones que hoy se difunden es inabarcable por ningún Estado, organización y mucho menos individuo particular. Que la información obtenida por Wikileaks haya sido divulgada a través de grandes periódicos brinda varios filtros de control allende la institución que los obtuvo y divulga en primer momento. En el seno de un tema tan complejo, ese elemento brinda una ventaja ética en cuanto a la búsqueda del bien común en su divulgación. 

Conclusión El caso Wikileaks en cuanto problema ético hunde sus raíces en problemas clásicos como la naturaleza del Estado y su derecho a controlar o no el acceso a la información por parte de los ciudadanos. En el meollo de este problema es necesario ponderar la democracia como modelo ético de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Pero con la divulgación de Wikileaks se abren nuevas fronteras en el debate acerca de la eticidad de la obtención de la información y su divulgación en la web. Precisamente por lo novedoso del escenario y la globalización del escenario, deberá ser motivo de nuevas reflexiones en torno al uso de la web y la propiedad de la información que se transmite por ella.


2 comentarios

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