Historia de las propuestas que se barajaron por la vía diplomática para el fin de la ocupación militar, con sus correspondientes consecuencias legales y económicas, presentando, asimismo, el rol patriótico y el activismo cívico de personajes sobresalientes de la época.
El 12 de julio pasado se cumplieron cien años del retiro de las tropas estadounidenses del territorio dominicano, luego de ocho años de Gobierno militar. La diplomacia extranjera, así como la dominicana, intentaron hallar soluciones acordes a sus intereses y lograron aprobar el Tratado de Evacuación Hughes-Peynado. Previamente, Estados Unidos intentó imponer el Tratado Wilson-Harding, y/o las medidas contenidas en la proclama del gobernador Samuel Robinson, que encerraban aspectos aún más lesivos al interés nacional. Aunque en el nacionalismo dominicano había unanimidad sobre la necesidad de restituir la soberanía, en su seno había contradicciones sobre la manera de lograrlo. Hubo dos bandos principales: a) los que proponían el retiro incondicional de las tropas (liderados por Américo Lugo) bajo la consigna de la «pura y simple», y los que aceptaban una solución negociada (encabezados por Francisco José Peynado); se impusieron estos últimos.
En el proceso de lucha por la restauración de los derechos de la República Dominicana como nación independiente, luego de ser ocupada en 1916, se pusieron de manifiesto dos corrientes fundamentales en términos político-ideológicos. Dichas corrientes pueden clasificarse como conservadora y radical. La primera, encabezada por el jurista Francisco José (Pancho) Peynado, perteneciente al sector tradicional de la oligarquía, abogaba por una solución negociada al conflicto. Mientras que la segunda (radical), liderada por Américo Lugo, Fabio Fiallo, Tulio Manuel Cestero, Francisco y Federico Henríquez y Carvajal, propugnaba el retiro incondicional de las tropas de ocupación, bajo la consigna de «pura y simple».
En este debate febril, signado por las pasiones y las convicciones patrióticas más firmes, frente a la fuerza avasallante del Gobierno de ocupación, al final se impuso la moderación, la sensatez y la prudencia, prendas que siempre debieron ser las mejores aliadas para lidiar exitosamente con tan poderoso adversario. Por tanto, no pudiendo obtener la restauración total de la soberanía, optaron por el plan menos lesivo al interés nacional: Hughes-Peynado. No obstante, antes examinaremos en qué consistió la propuesta de arreglo denominada Wilson-Harding.
El Plan Wilson-Harding
Aunque entre el Plan Wilson-Harding y el Hughes-Peynado había variantes formales que los diferenciaban, ambos estaban inspirados en la vocación de los Estados Unidos de mantener el control del Estado dominicano más allá de la desocupación. Es incorrecto hacer referencia a uno u otro plan en términos del bueno y del malo. Es decir, la diferencia entre uno y otro era solo de orden metodológico, de forma; no de esencia. Por eso yerran los analistas e historiadores que atribuyen a uno mayores o menores bondades que al otro, llegando al extremo de atribuir caracteres político-ideológicos específicos a quienes estaban a favor de uno u otro plan. Esa es una clasificación errónea del nacionalismo. Quienes sí evidenciaron una posición esencialmente distinta al resto fueron los intelectuales y demás activistas defensores de la propuesta de la retirada «pura y simple»; y, sin embargo, algunos de ellos, como los hermanos Henríquez y Carvajal, flexibilizaron su postura ante la realidad de las circunstancias, pero no por haber renunciado a sus indeclinables convicciones nacionalistas.
Percibo que, en el fondo, los defensores de la soberanía agrupados en la Unión Nacional Dominicana y los que se separaron para reivindicar la consigna «pura y simple» estaban separados básicamente por visiones distintas acerca de cómo abordar la tarea de recuperar la soberanía mediante el retiro de las tropas. En suma, quienes abrazaron el ideal del retiro incondicional tenían razón; no obstante, quienes aceptaron el Tratado Hughes-Peynado asumieron una actitud realista, dada la imposibilidad de que el Gobierno militar de ocupación aceptara retirar sus tropas incondicionalmente.
El Plan Wilson-Harding se caracterizó por una serie de aspectos lesivos al interés nacional, tales como: a) mantenimiento del consejero financiero; b) control de la Guardia Nacional por parte de las fuerzas ocupantes; c) mantener vigentes las diferentes órdenes ejecutivas, medidas administrativas, contratos y demás actos jurídico-legales aprobados por el Gobierno militar. Con este plan se buscaba mantener la ocupación, de hecho y de derecho, aunque no mediante la presencia militar masiva, pero sí a través de figuras clave del imperio, que preservasen sus intereses a mediano y largo plazo. En esta apuesta estratégica, se aceptaba la selección de un gobernante dominicano, que estaría bajo el control más absoluto del consejero financiero y del jefe de la Guardia. Por su carácter lesivo al interés de la República, este plan resultó muy impopular e irrisorio para los sectores nacionalistas. Y al ser rechazado, provocó una reacción signada por la retaliación y el autoritarismo por parte del Gobierno militar, encabezado por el gobernador Samuel Robinson, quien, como respuesta, emitió la proclama del 14 de junio de 1921, en la que introdujo otra propuesta que contenía cuatro puntos, por igual inadmisibles, para los postulantes de la «pura y simple»: 1) la ratificación de todos los actos del Gobierno militar; 2) la validación de un empréstito final correspondiente a la cantidad de dos millones quinientos mil dólares, que debían servir para terminar las obras públicas pendientes en el país; 3) la ampliación de las facultades del Receptor General de Aduanas; y 4) la organización de una Guardia Nacional, «rural y urbana», «eficiente», a cargo de oficiales estadounidenses, nombrados por el presidente de la República Dominicana, quien debía ratificar dicha convención, al igual que el Congreso Nacional, para entonces proceder al retiro de la tropas de ocupación.
Este plan, por tanto, era inaceptable, y la protesta del pueblo dominicano, unánime y compacto, no se hizo esperar. Muchedumbres de diversos orígenes se manifestaron para exteriorizar su rechazo en las calles de todas las ciudades del país. El desfile ordenado de tan gran número de ciudadanos, como jamás se había visto en la agitada vida política nacional, era imponente. Se trataba de un verdadero ejército cívico, que, aunque sin aprestos bélicos, esgrimía armas más poderosas que las ametralladoras y los cañones.3 Los nacionalistas también reaccionaron, creando la Junta de Abstención Electoral, que había surgido con el propósito de realizar un boicot general a las elecciones propuestas por los Estados Unidos bajo tales condiciones.
El Tratado Hughes-Peynado y el retiro de las tropas de ocupación
Luego de una ardua tarea llevada a efecto ante las autoridades del Gobierno de Washington por el licenciado Peynado, con la finalidad de arribar a una solución negociada acerca del retiro de las fuerzas ocupantes, y la viabilización de la reinstalación de un Gobierno con rostro nacional, se concertó el histórico y famoso Plan de Evacuación Hughes-Peynado. Aunque Peynado respondía a un esquema ideológico fundamentado en el conservadurismo, dada la posición que ostentaba en la estructura sociopolítica y económica del país, hay que reconocer que el acuerdo logrado con el secretario de Estado norteamericano fue realista, debido a la naturaleza y el carácter del contendor al que se enfrentaba el pueblo dominicano, cuyas ansias de poder no escatimaron medios para imponer su voluntad y sus reglas. Este acuerdo fue aprobado por los comisionados extranjeros y dominicanos, en el marco de la visita realizada por Francisco (Pancho) José Peynado a Washington durante el mes de marzo, a la cual se adhirieron Horacio Vásquez Lajara, Federico Velázquez y Elías Brache. Su aprobación se produjo en el mes de julio y de inmediato desencadenó un proceso de confrontaciones entre el liberalismo nacionalista radical y los partidarios del pacto jurídico de evacuación. Los firmantes del acuerdo estaban interesados en la viabilización de un clima político-social que les permitiera canalizar sus aspiraciones. Curiosamente, Manuel Arturo Peña Batlle fue uno de los firmantes, y también había aprobado el manifiesto de la Junta de Abstención Electoral, que junto a la Asociación de Jóvenes liderada por Rafael Estrella Ureña se oponía a las tratativas y transacciones convenidas para la desocupación.
Una de las personalidades de probadas convicciones patrióticas fue Federico García Godoy, quien pese a su rechazo al Plan Hughes-Peynado, se había mostrado de acuerdo con el Plan Wilson Harding, no porque le simpatizara sino por una personal interpretación de la coyuntura. En sus escritos, deplora la ausencia de «viril indignación» en el pueblo humillado, por lo que preconiza el desvertebramiento de cuanto constituía su personalidad, y le otorgaba la categoría para figurar en el concierto de naciones hispanoamericanas que habían conquistado su independencia mediante hazañas de extraordinarias dimensiones épicas. En alusión a las causas que determinaron el predominio militar de las tropas de las fuerzas ocupantes sobre la resistencia dominicana, sostiene que estas causas no se hallaban en la supuesta superioridad militar del enemigo anglosajón, sino en la dispersión del liderazgo político y militar dominicano.6 Peña Batlle también cuestionó la defensa que el licenciado Juan Tomás Mejía hacía del pacto de evacuación, en lo que el intelectual define como actitud apologética. Además, a Peña Batlle le parecía una incongruencia que dicho plan llevase el nombre del jurista dominicano Peynado, dado que el mismo fue una imposición de los Estados Unidos. Dice que el proyecto no fue sometido por Peynado al Departamento de Estado, sino que, por el contrario, fue impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos a Peynado y a los caudillos (jefes) de partidos para que lo aprobaran. Esto lo define Peña Batlle, paradójicamente, como positivo porque, de haber procedido la iniciativa de juristas dominicanos, hubiese sido más doloroso, dado que él daba por hecho que ese plan representaba la muerte jurídica de la República.
¿Qué exigía el Gobierno estadounidense en este último acuerdo, como condición para retirarse de la República Dominicana? Según se lee en la entrevista realizada entre el secretario de Estado estadounidense y el licenciado Peynado, la condición principal requerida por los ocupantes para evacuar el país era el reconocimiento de las medidas administrativas y órdenes ejecutivas emitidas durante el periodo en que ejercieron el poder. La parte dominicana logró reducir, en grado importante, el conjunto de cláusulas contenidas en el mismo.
Dicho plan, aunque no era lo ideal, era lo menos lesivo que se podía lograr para el país, en una coyuntura en la que la ocupación podía prolongarse indefinidamente, lo que hubiese agravado aún más la situación relativa a las libertades públicas. Fue en virtud de esta realidad que el liderazgo político nacional no vaciló en ofrecer su pleno respaldo al Plan Hughes-Peynado, además de su marcado interés en buscar soluciones políticas de conveniencia. Asimismo, sectores de la burguesía comprometidos con la causa nacionalista aceptaron el rescate parcial de la soberanía, antes que correr el riesgo de perderlo todo. En virtud de este plan, se escogió como presidente provisional al señor Juan Bautista Vicini Burgos, un comerciante sin tradición política alguna. Como consecuencia de la puesta en vigencia de dicho plan, el Movimiento Nacionalista fue fraccionado y surgió un nuevo grupo bajo la denominación de Partido Nacionalista, que, a pesar de representar a sectores minoritarios de la pequeña burguesía, jugó un papel estelar de oposición a los intereses políticos estadounidenses hasta poco después de 1924. Su figura principal fue el Dr. Américo Lugo.
Las condicionantes finales para el retiro estaban expresadas en la culminación de dos tareas fundamentales, luego de instalado el Gobierno provisional de Vicini Burgos, el 21 de octubre de 1922: a) finalización del programa de obras públicas; b) preparación de la Guardia Nacional Dominicana para que funcionara prescindiendo de la tutela y supervisión de los infantes de marina estadounidenses. Pero el factor condicionante más significativo en el proceso de retiro definitivo de los marines fue el hecho de que, paralelamente al Gobierno de Vicini Burgos, se mantenía un gobernador militar que vigilaba todos los actos del Gobierno provisorio. Al asumir Vicini Burgos el Gobierno, partió del país el contralmirante Samuel S. Robinson y le sustituyó con carácter provisional el general Harry Lee, quien se convirtió, seis meses después, en el gobernador oficial. De modo que la función principal de Vicini Burgos consistía en preparar las condiciones para la celebración de elecciones oficiales en el año 1924.
La corriente nacionalista liderada por el Dr. Américo Lugo, quien, mucho antes de proclamarse el acuerdo Hughes-Peynado entre un importante sector del nacionalismo dominicano y el Gobierno de los Estados Unidos, había desarrollado un esfuerzo infatigable por reivindicar el derecho a la autodeterminación del pueblo dominicano, retomó con renovados bríos la lucha por la causa nacional a partir de la proclamación del citado plan de evacuación. Desde entonces, fue sellada la separación entre los sectores conservadores, moderados y radicales, este último representado por Lugo. La modalidad de lucha empleada desde entonces consistió en el desarrollo de variadas actividades educativas o concientizadoras, tales como charlas, conferencias y demostraciones de fuerza en las principales provincias donde tenía vigencia. Santo Domingo, Santiago, El Seibo y San Pedro de Macorís fueron escenarios de diversas manifestaciones protagonizadas por los nacionalistas radicales. Los fundamentos de la lucha política y patriótica realizada por Américo Lugo y el Partido Nacionalista tuvieron como argumento central elementos de carácter jurídico-legal, en los cuales se condenaron los actos del Gobierno de ocupación por ilegítimos, a la vez que se combatía un frente interno que contemporizaba con los propósitos de los invasores.
Para definir el tipo de ocupación experimentada por el pueblo dominicano, Lugo hace referencia a la historia de la expansión militar de los Estados Unidos, y reconoce dos modalidades de ocupación: a) las que se realizan en pleno estado de paz, y b) las que se mantienen después de finalizada una guerra. Respecto al caso dominicano, en el que no se trataba de un estado de guerra, este censuró tales actos afirmando que no existía sino una manera de poner fin a aquella intervención en un periodo de paz a un país que no lo había solicitado. Esta manera era la desocupación «pura y simple» del territorio dominicano. Argumentaba Américo Lugo que el nacionalismo no tenía plan, pues el derecho internacional prevé, en sus regulaciones, la evacuación incondicional de un país ocupado.
Otra importante expresión de patriotismo la representó la maestra Ercilia Pepín, quien luego de producirse la ocupación clausuró el Instituto de Señoritas que había creado y se incorporó a la lucha por la restauración de la soberanía nacional mediante diversas actividades educativas dirigidas a la juventud y al pueblo en general. En sus conferencias resaltaba la importancia de los símbolos patrios y exigía a sus alumnos el aprendizaje del himno nacional. En este proceso de resistencia pacífica la maestra santiaguense visitó varias ciudades, entre las que se encuentran La Vega, Puerto Plata y la capital. El tema con que disertó en los lugares mencionados fue «Juan Pablo Duarte y Eugenio Ma. de Hostos».
Las actividades realizadas bajo esta orientación pronto lograron resultados positivos, pues la juventud y, de forma especial, personas del sexo femenino se incorporaron masivamente a la lucha por la restitución de la soberanía, encabezada por la patriota cibaeña, cuyas actividades inició a los 42 días de ser proclamada la ocupación militar. Sus actividades fueron diversas y variadas, siempre dentro del marco del civismo y del derecho a la autodeterminación del pueblo dominicano. Publicó varios folletos patrióticos y escribió artículos en los principales periódicos del país en los que rechazaba la ocupación, organizó todas las protestas de Santiago, redactó el texto de la comunicación que las damas de Santiago dirigieron a la comisión de senadores norteamericanos, que presidió el senador McCormick, y recogió las firmas de apoyo a la causa nacional en 1921. Mediante su conducta, esta sobresaliente civilista y educadora dio muestras de convicciones patrióticas poco comunes en la mujer dominicana de la época, puesto que su sacerdocio y sacrificio en favor de los demás fue más allá del ejercicio retórico; arriesgó su vida al dirigir jornadas patrióticas que podían interpretarse como un desafío a la autoridad del Gobierno militar, además del desaire que le hizo al negarse a participar en el Congreso de la Liga Nacional de Sufragistas, celebrado en Baltimore el 20 de abril de 1922, en representación de la mujer dominicana. Su negativa se produjo muy a pesar de que aquella hubiese sido una oportunidad para establecer vínculos políticos con la mujer latinoamericana, ya que era un evento de carácter continental, porque para ella era más importante poner en evidencia el grado de rechazo que, frente a dichas autoridades, sentía la mujer dominicana, que cosechar los beneficios individuales que le otorgaría dejar escuchar su voz en aquel prestigioso evento internacional.
La Junta Consultiva y la Comisión Senatorial del Congreso estadounidense: una farsa democrática
Ante todo, es preciso resaltar la función injerencista que representó aquel mecanismo investigador mediante el cual en modo alguno se consiguió amedrentar ni arrodillar a las personalidades dominicanas que se dieron cita ante el señor Knowles y demás representantes del Congreso norteamericano. No obstante, esas escenas en el marco de las cuales se llevaron a cabo los interrogatorios estuvieron matizadas por una actitud deliberada de intromisión y manipulación. La mayoría de los integrantes de la Junta Consultiva y de la Unión Nacional Dominicana (UND) ofreció su testimonio ante la comisión senatorial norteamericana que investigaba las incidencias políticas y económicas, antes y durante el gobierno del presidente Juan Isidro Jimenes Pereyra, así como las características de las ejecutorias de las autoridades del Gobierno militar. Aquellas audiencias pueden describirse en términos de la participación masiva de dominicanos presenciando la defensa que de la soberanía hacían los comisionados por el Movimiento Nacionalista Dominicano o que habían pertenecido a la Junta Consultiva. De manera que dichas consultas intentaban legitimar la crónica de una muerte anunciada, a través del Tratado Hughes-Peynado, que se conocía en concomitancia con las entrevistas realizadas por los miembros del Congreso estadounidense.
Para ofrecer una idea de los perfiles de los dominicanos sometidos a interrogatorios, presentamos una breve descripción de los mismos. La mayoría fueron personalidades prominentes de la época, muchas de las cuales descollaron en la vida pública, luego del acto de evacuación de las tropas invasoras. Entre ellos se hallaban: don José Manuel Jimenes (hijo del presidente Jimenes), quien realizó sus estudios en la ciudad de Hamburgo, Alemania, y vivió durante cierto tiempo en Francia. Aunque era fundamentalmente comerciante, sirvió durante el gobierno de Monseñor Nouel en el área de fomento y comunicaciones. Fue también funcionario durante el gobierno provisional de Ramón Báez y laboró en el área electoral. Durante el gobierno de su padre desempeñó las funciones de secretario de Estado de Interior y Policía y secretario de Estado de Hacienda y Comercio. De ilustrada personalidad y buena educación, manejaba de forma fluida varios idiomas: alemán, francés e inglés. También, don Pedro A. Ricart, quien se destacó como senador de la República por la provincia de Santo Domingo durante el gobierno de Bordas Valdez y ministro de Comercio; fue condecorado por el Gobierno francés como brillante oficial de academia. De igual forma, el Dr. Alejandro Coradín, nativo de Hato Mayor y testigo de varias atrocidades de los marines en su pueblo natal. Uno de los episodios más crueles referidos por esta personalidad es el de un anciano al que se le ocupó un ungüento medicamentoso, por lo que sufrió terribles torturas al ser acusado de proveer medicamentos para curar las heridas de los guerrilleros, lo cual se comprobó que era falso. Este fue atado a la cola de un caballo al galope, entre otras torturas, como forma de obtener su confesión. En su testimonio el Dr. Coradín sostuvo: «En estos últimos tiempos el gobierno militar ha ordenado la concentración de los infelices habitantes de Hato Mayor, los cuales son agarrotados como cerdos en corrales hechos de alambre de púas con el pretexto de investigar si son o no malos…». El Dr. Coradín hace referencia a una de las tácticas fallidas mediante las cuales se pretendió desactivar a los insurgentes.
Otros entrevistados fueron Federico Velásquez, Rafael Pérez Peña, Francisco Jacinto Peynado, Américo Lugo, Moisés García Mella, Enrique Henríquez, Arturo Logroño, todas figuras prestantes en el escenario político-social del país. Además, Pedro Hernández Rivera, también testigo y víctima de los hechos de los marines en Hato Mayor; Luis Batista, ciudadano común, nativo de Hato Mayor, víctima de encarcelamiento durante «10 meses y 11 días» y del incendio de sus propiedades por parte de las fuerzas de ocupación; don Rafael Isaac Pou, funcionario público en el área de contabilidad, sobre cuya experiencia suministra la información requerida por la comisión senatorial en la que se evidencia una situación administrativa de dudoso manejo durante el gobierno militar. Por ejemplo, según lo testificado por este profesional, cuya experiencia en el manejo de las finanzas y la administración pública era vasta, el superávit que se calculaba llegaría a una suma de $41,830.36, para el año 1920, no solo no fue alcanzado, sino que el país cayó en una de sus peores crisis deficitarias. Francisco Augusto Castillo, otro compareciente ante la comisión, era graduado en derecho, periodista de profesión, director del diario político El Republicano, colaborador y redactor de El Teléfono, de Ciencias, Artes y Letras, fundador y redactor del Nuevo Régimen en colaboración con Alberto Arredondo Miura, Francisco Augusto Cordero, Jesús María Vásquez, Emilio Suárez, Doroteo A. Regalado y Julio F. Peynado (hijo de Francisco José Peynado). Debido a que en la investigación estaba en juego mostrar un supuesto interés por la transparencia en la administración del Gobierno militar, se encontró que durante el periodo hubo una producción de $3,274,949.73 más de lo que se presupuestó (fueron los ingresos de ese año). Pero, a pesar de tan inesperados aumentos, no solamente no hubo superávit, sino que en ese año entraron las finanzas dominicanas en una franca y pública bancarrota.
Como se observa, las cifras no pueden ser más elocuentes, por lo que el mito de la presumida gestión de magnificencia, eficiencia y honestidad en la administración de los recursos del Estado dominicano en el marco de aquel orden impuesto quedó en alto grado despejado, dado que aquellos descuadres entre lo esperado y los resultados constituían una muestra de la indiscutible corrupción administrativa que permeó el proceso de la gestión pública durante el gobierno militar.
