La globalización y el Estado nacional

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El Estado nacional no es una estructura obsoleta, pero necesita producir grandes cambios y adaptaciones para poder continuar siendo un actor válido en una época en que la globalización, las demandas de la sociedad civil y los problemas ecológicos y ambientales están cambiando las reglas del juego. Desde mediados del siglo XX y, de manera especial, desde la caída del muro de Berlín (noviembre de 1989), la democracia representativa es un indiscutible referente universal y el Estado es interpelado por las demandas ciudadanas en favor de su extensión y profundización, principalmente a impulsos del principio de subsidiariedad.1 Esta importante tesis de la modernidad presenta indiscutibles signos de crisis.

Me refiero al progresivo desajuste entre el Estado y la sociedad. Aquel sigue confinado en el marco de las propias fronteras, mientras la sociedad, incómoda dentro de los límites estatales, presiona por doquier para vencer las fronteras y recrearse sobre espacios abiertos y transnacionales.2 Esta situación se hace problemática con la globalización, que introduce factores de mutuo desencuentro entre la sociedad, el Estado y el territorio, aunque, a pesar de las apariencias, la relación no degenera necesariamente en el conflicto o en la irrelevancia. Al socaire de las circunstancias generadas por los complejos procesos globalizadores, las relaciones entre los elementos mencionados son “reinventadas y reconfiguradas”, con la aparición de nuevos modelos regionales globales y nuevas ciudades globales.

En la década de los noventa, los principales agentes de la globalización –los grupos financieros y sus compañeros de viaje, los expertos, que tuvieron especial relevancia– difundieron algunos mitos con interesada premura, como el de que los problemas de la economía tenían su origen en los gobiernos, que imponían elevadas cargas fiscales y obligaban a la observancia “de rígidas regulaciones hasta el estrangulamiento”.3 Se defendía asimismo que la reducción de impuestos produciría grandes “aumentos del ahorro y del trabajo”, lo que no parece haber acumulado argumentos de experiencia suficientemente demostrativos.4 Estos planteamientos nutrían la filosofía subyacente de lo que se denominó el thatcherismo y el reaganismo de los años ochenta,5 y, de manera implícita y difusa, estaban contenidos en el informe Nuestro futuro común. 

Entre las circunstancias que favorecieron el clima de cambios, merece destacarse la divulgación de planteamientos insólitos sobre escenarios irreales que aventuraban el desbordamiento de fuerzas apocalípticas de cracs económicos, de epidemias o de catástrofes ecológicas y biológicas, el ocaso o el deterioro irreversible del Estado, “el fin de la historia” y otros discursos proféticos inferidos de apresurados ejercicios de prospectiva, que solicitaban el asentimiento de configuraciones políticas extravagantes o animaban el avance hacia el horizonte de un Estado mundial.

La crisis del Estado nacional 

En la era de la globalización, las estructuras del Estado están sometidas a progresivas tensiones, por la envergadura de los cambios y por la convergencia de una pluralidad de factores que generan secuencias de modificaciones estructurales y funcionales en las instituciones, sean estas supranacionales, regionales, nacionales o locales. Este contexto de crisis afecta a las estructuras políticas y administrativas del Estado y su vinculación con la globalización puede argumentarse desde variadas perspectivas. 

En primer término, desde la asimetría imbricada en los procesos de globalización hasta los efectos producidos en los ámbitos económicos, políticos y culturales, penalizando de modo especial a los países en vías de desarrollo y generando incertidumbres y desasosiegos entre los individuos con escaso equipamiento para la competencia abierta de la era global. Una personalidad tan poco sospechosa de antiglobalización como George Soros, afirma que “la globalización ha causado una mala distribución de los recursos” y no ha de confiarse sólo a los mercados la atención de las necesidades colectivas, los mercados “no son competentes a la hora de asegurar la justicia social”. Estos bienes colectivos han de ser atendidos “mediante la intervención política”, a través de los procesos de orden político, que en muchos aspectos no serán tan eficientes como los mecanismos del mercado, pero de los que no se puede prescindir.6 Las facilidades instituidas para el sistema financiero y para el comercio de mercancías favorecen a los países de la ocde y generan relaciones comerciales no solamente asimétricas sino carentes de equidad, ya que “la globalización es profundamente selectiva”.

Luis Ángel Rojo destaca la injusta distribución de los beneficios al afirmar que “la expansión ha sido muy buena para el capital, pero no para los trabajadores”. Una segunda argumentación se apoya sobre los riesgos ambientales que, como afirma acertadamente Ulrich Beck, “poseen una tendencia inmanente a la globalización”, es decir, los riesgos modernos en su expansiva dinámica desconocen las fronteras y cualesquiera que fueren sus efectos específicos, los riesgos civilizatorios menoscaban la calidad de vida de los seres humanos  y son causantes del progresivo deterioro de los sistemas que sostienen la vida. 

Algunos estados son cada vez más conscientes de la situación y mediante sus representantes han impulsado la convocatoria de la Asamblea de las Naciones Unidas, reunida de manera solemne en tres ocasiones, con el propósito de crear un clima de opinión favorable a las necesarias medidas a tomar de orden legal y práctico; alertar la conciencia ciudadana que estimule en los empresarios y en los individuos particulares conductas más coherentes con la conservación de los recursos medioambientales; y exigir las decisiones pertinentes a los gobiernos de los Estados con el objetivo de mantener en perfecto funcionamiento los sistemas que sostienen la vida en el planeta.

Ante los problemas ecológicos y ambientales, los Estados nacionales resultan unidades de pequeño tamaño y de recursos escasos para abordar muchas de las cuestiones, las cuales afectan claramente a gran parte de la humanidad: “Ningún estado es capaz ya de enclaustrar en un territorio ni ‘las serviciales ondas del aire’, llenas de significado, ni si­quiera a sus ciudadanos, y, mucho menos, ‘el punible derrame de nie­blas’”.

El cambio climático, las lluvias ácidas, la dismi­nución del ozono de la estratosfera, el calentamiento del planeta, la deforestación y desertización, la contaminación de la atmósfera, la escasez de aguas dulces, la extinción de ciertas formas de vida y los acci­dentes radiactivos son riesgos que trascienden las competencias y las capacidades de acción del Estado nacional, inscribiéndose plenamente en el contexto global. La distribución de los riesgos sigue pautas de un nuevo tipo de asignación, la descriptividad civilizatoria del riesgo,13 se democratiza la distribución de los riesgos que no son observables de manera inmediata por el individuo, se necesita la intervención de técnicas avanzadas para su detección y medición.14 La globalización económica es esencialmente perjudicial para el medio ambiente porque se basa en el consumo, en la incontrolada explotación de los recursos, en el progresivo aumento de los residuos o en la producción orientada a la exportación.15 La vinculación entre los riesgos ambientales como factor de la crisis del Estado nacional y la globalización es insoslayable

En tercer lugar, en la era de la globalización  parece deteriorarse el ajustamiento que el Estado nacional, la sociedad nacional y sus instituciones habían tejido a lo largo de la modernidad, por cuanto se establecen múltiples y diferentes tipos de relaciones de poder y competitividad entre el Estado nacional y la sociedad, por una parte, y otros actores, identidades, escenarios, espacios y situaciones transnacionales.

La crisis del Estado-Nación es real, se apoya sobre los riesgos de la sociedad moderna y, según Beck, se fundamenta en la naturaleza misma de la globalización que ha destruido un principio esencial de la modernidad, “la idea de vivir y actuar en los espacios cerrados y recíprocamente delimitados de los Estados nacionales y de sus respectivas sociedades nacionales.

El Estado-Nación está sometido, además, a progresivas tensiones por la delegación continuada de competencias hacia destinatarios diferentes, que cuestionan el excesivo protagonismo del Estado en el ámbito nacional y el rol de protagonista exclusivo de las relaciones internacionales que, hasta el presente, se ha arrojado el Estado sin apenas contestación. Con la globalización se consolida la nueva redistribución del poder en dos direcciones. La primera, hacia ámbitos supranacionales, viene exigida por su limitada capacidad para enfrentar los problemas económicos y medioambientales, tecnológicos o de seguridad; por la emergencia de nuevos actores transnacionales e instituciones que asumen papeles de importancia, a costa de los que hasta el presente corresponden al Estado; por la acumulación de acuerdos internacionales de obligado cumplimiento como los derechos humanos, las normas de salud que da la oms, etcétera; por la presencia de organizaciones supranacionales que no discuten su papel internacional, lo ejercen y son atendidos. La globalización, en cuanto fenómeno multidimensional, produce un desplazamiento de la actividad humana y del poder hacia pautas transnacionales o interregionales, adoptando formas diferentes con trayectorias diversas y generando cambios de la comunidad política democrática de tal magnitud que sería pretencioso establecer el núcleo del poder político efectivo en las estructuras del gobierno nacional. No sería coherente situar una comunidad autosuficiente y soberana “dentro de los límites de una sola Nación Estado”.

La segunda tendencia, que parece debilitar al Estado, surge desde las demandas que se generan en las estructuras contiguas al individuo, las organizaciones regionales, municipales o locales. Se considera conveniente la creación de instituciones próximas al ciudadano para la correcta orientación de los problemas que le afectan de manera inmediata y exigen decisiones rápidas, aunque ello signifique la pérdida de funciones por parte del Estado. La distinción entre los asuntos de orden interno y externo, en situaciones tan cambiantes como las actuales, se desdibujan con rapidez y desde finales del siglo pasado “nuevos tipos de problemas fronterizos ponen en cuestión las distinciones entre cuestiones de política interior y exterior, entre intereses soberanos de la Nación Estado y consideraciones de tipo internacional”. Esta acumulación de problemas y tramas transfronterizos crea lo que David Held denomina “comunidades de destino superpuestas”.

La pérdida de competencias se interpreta, a veces, como pérdida de la soberanía nacional. La idea de que el Estado se está volviendo “anacrónico» es de lo más perturbadora para la mayoría de los ciudadanos y suscita reacciones críticas por doquier. Me permito recordar que quienes han decidido hacer entrega de las mencionadas competencias han sido los Estados, los gobiernos o los parlamentos.

 La globalización favorece las sociedades abiertas y competitivas en las que se alienta el análisis y la reflexión sobre las diferentes maneras de gestionar los asuntos públicos y de organizar las instituciones nacionales e internacionales. Es legítimo interrogarse si la crisis que afecta al Estado nacional es únicamente el indicador de los cambios que constantemente afectan a las estructuras políticas nacionales e internacionales o, más bien,¿la presente crisis es la punta del iceberg de un cambio profundo que afecta a las instituciones de la modernidad?.

Si diéramos una respuesta afirmativa a este asunto, estaríamos convocados a un cambio generalizado y al alumbramiento de nuevas estructuras culturales, sociales y políticas. Este parece ser el discurso de Sloterdijk al afirmar que “con la muerte de Dios se elimina el principio de la pertenencia común de todos los hombres en la unidad de un género creado”,25 lo que cambia el sentido de la totalidad e introduce una crisis generalizada, por la que se ven afectadas la legitimidad de las viejas instituciones, el Estado y la clase política prioritariamente, pero también la economía y hasta las fechas de los calendarios reciben un sentido diferente. En este inusitado escenario, denominado la hiperesfera, los actores principales, los protagonistas de la situación, exploran nuevos soportes desde los que construir los rasgos esenciales de su propia identidad: “Los jugadores del nuevo juego mundial de la nueva era industrial ya no se definen a sí mismos por la ‘patria’ y el suelo, sino por medio de los accesos a estaciones de ferrocarril, a terminales, a posibilidades de enlace. El mundo es para ellos una hiperesfera conectada en red”.

Con la globalización se asocian fenómenos de orden y de desorden, se expanden las oportunidades y los riesgos, se suscitan actitudes de escepticismo y de adhesión incondicional en torno a una variedad de áreas interesantes para el debate, apropiadas para reflexiones prudentes o provocadoras de estériles discusiones.

En el trasfondo de estas discusiones resuena un cierto clamor respecto de la conveniencia y oportunidad de hacer algo para gobernar los magnos procesos de la globalización, dotarles de la dirección adecuada, establecer unos objetivos a medio y largo plazo que eviten las desviaciones peligrosas e injustas para los individuos y los pueblos. La situación evidencia la carencia de un modelo político que obtenga los mejores rendimientos. La pregunta de cómo gobernar la globalización plantea la cuestión del diseño del Estado Nacional, de sus capacidades y de sus funciones en el marco de la actualidad. 

Habitamos un mundo de progresiva complejidad e incertidumbre, en que se hacen perceptibles las tendencias que menoscaban la soberanía, la autonomía y la legitimidad de los Estados-Nación. Para los escépticos, la globalización debilita el orden democrático, acrecienta la desigualdad, cercena los derechos sociales, prescinde de las diferencias culturales y carcome las bases más recurrentes de la identidad social de los hombres. A medida que nos adentramos en la vorágine de estos procesos, dinámicos agentes sociales con activa presencia en la naciente sociedad civil mundial plantean procedimientos y auspician fórmulas para regular los complejos procesos de la globalización u organizar el fenómeno con sujeción a controles políticos y jurídicos en el convencimiento de que la carencia de controles públicos puede favorecer “la progresiva consolidación de las consecuencias negativas de la globalización”.

Superioridad funcional y ética del Estado 

Giddens, en sus muchas intervenciones, reafirma la relevancia del Estado y, aún aceptando que los cambios puedan afectar al Estado nacional y al gobierno, sin embargo “ambos mantienen una importancia decisiva en el mundo actual”.29 El autor insiste en destacar sus aspectos funcionales y positivos, considerándolos de tal interés que no permiten la conclusión de estar asistiendo al definitivo ocaso del Estado nacional: “La globalización tiene como efecto ‘destaponar’ los estados nacionales, que han perdido poder económico e incluso político en el seno de las estructuras transnacionales. […] Sin embargo, no creo que signifiquen el final de los estados nacionales, creo que ahí se produce una gran equivocación. Pienso más bien que se trata de un proceso de reconstrucción del Estado nacional”.

A favor de la tesis, el autor arguye asimismo desde la experiencia, refiriendo los casos de España (el Estado de las autonomías), Italia (el Estado de las regiones) o Gran Bretaña, que está reorientando la situación centralista, transfiriendo a Irlanda y Escocia las pertinentes competencias desde el Gobierno central. Sin embargo, aún en esta hipótesis y en el escenario de la globalización es legítimo el análisis sobre las posibilidades estructurales y funcionales del Estado nacional o de otras formas de organización política que pueden imaginarse, como la perspectiva de un liderazgo planetario, con efectividad democrática al servicio del desarrollo de los pueblos pobres de la tierra, que pudiera ser compatible de alguna manera con el Estado nacional o la configuración de un Estado mundial, u orientar la reflexión hacia unas Naciones Unidas reformadas en donde pueda tener cobijo alguna institución semejante al actual Estado nacional. No es mi objetivo inmediato el estudio de tales escenarios alternativos, exigiría más espacio que el propuesto para este artículo. Sin renunciar a una reflexión posterior sobre estos asuntos, por el momento voy a restringir la exposición al análisis de la viabilidad y legitimidad del Estado nacional. Existen interpretaciones que consi­deran que el Estado nacional es una estructura obsoleta, incapaz de ejercer sus funciones de manera satisfactoria para los ciudadanos y más propia de épocas pasadas. En consecuencia, lo sensato es emprender el diseño de estructuras alternativas puesto que la desaparición o muerte del Estado nacional es sólo cuestión de tiempo.

En mi parecer, este supuesto tan radical carece de sólidos argumentos y más bien parece responder a intereses ocultos o deseos escasamente fundados que a datos objetivos. El Estado nacional tiene todavía evidentes funciones y tareas imprescindibles a realizar, por lo que su presencia y actuación gozan de merecida legitimidad. Los que preconizan la desaparición del Estado para dejar lugar a la sociedad civil, deberían tener en cuenta que el Estado en el último siglo ha ejercido en múltiples ocasiones de baluarte protector de los marginados. “Cuando se dice ‘mientras menos Estado mejor’, lo que realmente se pretende es abdicar de las funciones sociales que no interesan a los poderes establecidos”.

Por el momento es sensato seguir contando con el Estado y merece la pena romper una lanza a su favor, como hace Herrero y Rodríguez de Miñón en un artículo que lleva por título “El retorno del Estado”, en cuyo escrito se reivindica la defensa del Estado y se enfrenta a lo que él llama la moda de “hablar de la crisis y aun de la muerte del Estado” según el diseño que los europeos se dieron en los comienzos de la edad moderna, expandiéndolo por el mundo entero. 

David Held se expresa en un sentido muy semejante; luego de exponer los problemas que afectan al Estado, considera que sería un error, en cambio, valorar como obsoletas las estructuras político administrativas del Estado-Nación. Tres tipos de argumentación se pueden aducir a favor de este planteamiento. En el área del bienestar material, el Estado se manifiesta como el único estratega “capaz de determinar y gestionar el interés general” que por su misma condición de bien común trasciende los intereses privados y particulares, perseguidos como su fin propio por parte de los individuos y sin que ello signifique anulación o desvalorización de dichos intereses particulares. En la hipótesis de la desaparición del Estado o su sustitución por la sociedad civil, se procedería a entregar a los particulares la defensa y promoción del interés general, lo que sería como llamar a los lobos para defender las ovejas.

En segundo término, el proyecto nacional de una vida en común y la identificación con unos objetivos generales comunes demandan la garantía de adecuados niveles de cohesión social, de armonía y paz social, que se logra mediante la solidaridad de los integrantes de esa nación. Estos ideales de cohesión se concretan siguiendo diferentes procedimientos que, en todo caso, han de asegurar la participación en los bienes comunes y servicios públicos por parte de todos los miembros de esa comunidad, siguiendo pautas de equidad y de justicia social. En la defensa de nuestros derechos solemos estar prestos, pero en el cumplimiento de las cargas fiscales y de nuestros deberes sociales la renuencia es más normal; en consecuencia, sin unos órganos competentes y con autoridad para ello se hace imposible alcanzar las metas sociales y humanas propuestas. La única institución con autoridad reconocida por el momento y que relaciona a todos los ciudadanos instalados en un determinado territorio es sólo el Estado. 

Desde la perspectiva del control democrático, la institución del Estado resulta más imprescindible, “porque es el único marco en el que los poderes públicos son efectivamente responsables ante una opinión pública y, en último término, ante un electorado”.34 Esta periódica concurrencia que el Estado lleva a cabo con los ciudadanos en cumplimiento de la legalidad y en demanda de la legitimidad sustancial confiere al Estado un plus de autoridad moral de la que carecen otras instituciones. 

Esta superioridad funcional y ética convierte al Estado, en las circunstancias actuales de la globalización, en una imprescindible estructura social, política y administrativa que no tiene reemplazo actual ni se avizora alternativa seria y válida en un futuro a corto o medio plazo, que fuere capaz de asumir con relativo éxito las competencias actuales del Estado nacional, tanto en la coordinación de los asuntos de la seguridad de los ciudadanos, cuanto en aquellos otros vinculados con la integración social y el bienestar material y cultural de los individuos. 

En este contexto, la crisis del Estado nacional se ha de entender como el conjunto de procesos de transformación para adaptarse a las nuevas relaciones de poder y competitividad emergentes con la globalización, aunque el Estado se mantiene como un claro referente significativo. Sin menoscabo de la argumentación precedente, respecto de la legitimidad formal y sustancial del Estado, sin embargo, a mi parecer, es conveniente y hasta necesario abrir un debate sobre el papel actual que el Estado representa en relación con otros Estados y con los espacios regionales que se están organizando, o qué funciones ha de seguir conservando en exclusiva o ha de delegar en todo o en parte a otras instituciones presentes en la sociedad moderna y que son muy capaces de gestionarlas. Se ha de reflexionar sobre los criterios que presidirán las relaciones del Estado con las instituciones que integran la sociedad. 

El Estado ha de ser consciente de sus limitaciones y de cómo muchos de los problemas le superan y, en consecuencia, ha de adaptarse a colaborar con sus ciudadanos y las asociaciones que ellos formen. Dentro de un marco democrático, los recursos siempre escasos con que cuentan las sociedades han de constituir un eficaz estímulo a la reflexión sobre la urdimbre de relaciones a trenzar entre la institución del Estado y las restantes instituciones presentes en la sociedad, para aprovechar mejor los recursos para la satisfacción de los ciudadanos. En este sentido, parece conveniente que el Estado compita con otras instituciones internacionales, se someta a las reglas de la competencia en sus relaciones con las instituciones nacionales y ante los ciudadanos debe demostrar su eficacia en la gestión del interés general y en la protección de los intereses particulares.

Me parece válida la proposición de Guéhenno cuando afirma que el Estado cada vez es menos expresión de la soberanía y la autonomía, en cambio, es una entre otras instituciones organizadoras de la sociedad “que pese a entrar en competencia con otros actores no desaparece, pero debe estar en situación de constante adaptación, de redefinición de sus competencias, y ha de justificar modestamente, por medio de los servicios que presta, su existencia”.

Notas 

1 Foro Internacional sobre Globalización, Alternativas a la globalización económica, editorial Gedisa, Barcelona, 2003, pp. 135-152. 56 2 Beck, Ulrich, ¿Qué es la globalización?, Paidós, Barcelona, 1998, p. 41-42. 3 Stiglitz, Joseph E., Los felices 90, editorial Taurus, Madrid 2003, p. 322. 4 Held, David y Anthony McGrew, Globalización/antiglobalización, Paidós, Barcelona, 2003, p. 20. 5 Dahrendorf, Ralf, El conflicto social moderno, editorial Mondadori, Madrid, 1990, Cáp. 6,7 y 8. 6 Soros, George, Globalización, Planeta, Barcelona, 2002, p. 23-25. 7 Oller i Sala, M. Dolors, “La urgencia de un cambio de rumbo”, en Un futuro para la democracia, Cuadernos nº 115, edita Cristianisme i Justicia, Barcelona 2002, p. 4. 8 Luis Ángel Rojo, en El País, sábado 3 de junio de 2000. 9 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo, Paidós, Barcelona, 1998, p. 42. 10 Las Naciones Unidas han convocado una Primera Conferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, del 5 al 16 de junio de 1972; La II Conferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente, calificada luego como la “Cumbre de la Tierra”, se celebró en Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992, y la Tercera Conferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se celebró en Johannesburgo, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. 11 Méndez Francisco, Luis “La ambivalencia de la globalización”, en La Ética, aliento de lo Eterno, editorial San Esteban, Salamanca, 2003, p. 420. 12 Marcos, Alfredo, Ética ambiental, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 2001, p. 111. 13 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo, p. 47. 14 Lemkow, Louis, Sociología ambiental, editorial Icaria, Barcelona, 2002, p. 133. 15 Foro Internacional sobre Globalización, Alternativas a la globalización económica, p. 83. 16 Beck, Ulrich, ¿Qué es la globalización?, Paidós, Barcelona, 1999, p. 43. 17 Beck, Ulrich, ¿Qué es la globalización?, pp. 41-42. 18 Méndez Francisco, Luis, “La ambivalencia de la globalización”, en La Ética, aliento de lo Eterno, p. 420. 19 Por ejemplo, los bancos, las empresas, el Fondo Monetario Internacional, la Unesco y otras agencias de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el G‑7, etc. 20 Kennedy, Paul, Hacia el siglo XXI, Plaza y Janés, Barcelona, 1993, pp. 161-170. 21 Held, David, “¿Hay que regular la globalización? La reinvención de la política”, en la revista Claves de Razón Práctica, nº 99, marzo, 2000, p. 4. 22 Held, David, ibídem, p. 6-7. 23 Kennedy, Paul, Hacia el siglo XXI, Plaza y Janés, Barcelona, 1993, p. 160. 24 Méndez Francisco, Luis, “La ambivalencia de la globalización” (ong, sistemas financieros, empresas industriales, movimientos sociales, grupos terroristas, cárteles de las drogas, etc.) p. 421. 25 Sloterdijk, Peter, En el mismo barco: ensayo sobre la hiperpolítica, ediciones Siruela, Madrid, 2000, p. 66. 26 Sloterdijk, Peter, ibídem, p. 68. 27 Ribas Mateos, Natalia, El debate sobre la globalización, ediciones Bellaterra, Barcelona, 2002, p. 44. 28 Carrillo Salcedo, J. A., Globalización y orden internacional, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2005, p. 34-35. 29 Giddens, Anthony, La tercera vía, editorial Taurus, Madrid, 1999, p. 68. 30 Giddens, Anthony, Un mundo desbocado, editorial Taurus, Madrid, 2000, p. 48. 31 Comín i Oliveres, Toni, “Autoridad mundial”, en Cuadernos de Cristianismo i Justicia, nº 134, Barcelona, 2005, p. 5 y ss. 32 Held, David, en el artículo “Una vuelta al estado de naturaleza” se manifiesta en los términos siguientes: “Para forjar un nuevo acuerdo entre los tres elementos del poder coercitivo, la responsabilidad y la justicia, el sistema de las Naciones Unidas debería ser revisado y reformado. El statu quo geopolítico de 1945 debería sustituirse por un Consejo de Seguridad y una serie de asambleas que reflejen el equilibrio cambiante de las naciones en el siglo XXI y las nuevas formas de poder nacidas de la globalización”. Publicado en la revista Papeles de cuestiones internacionales, nº 82, verano de 2003, Madrid, p. 16. 33 Mesa Garrido, Roberto, “Pórticos del nuevo milenio”, en el libro In memoriam Roberto Mesa, editado por la Fundación El Monte, Sevilla, 2004, p. 4. 34 Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel, “El retorno del Estado”, en La Vanguardia, domingo 23 de abril de 2000, p. 25. 35 Guéhenno, Jean Marie, El porvenir de la libertad, editorial Piados, Barcelona, 2000, p. 4