Vibrante y ágil texto sobre la ocupación norteamericana donde se muestran sin ambages, junto a las iniquidades del Gobierno militar instaurado por los marines, los aspectos positivos de dicha intervención que, de alguna manera, establecieron las bases del progreso y desarrollo de la República Dominicana. El más leído y consultado de los historiadores dominicanos ofrece aquí su visión, documentada, de los pros y los contras de la intervención militar iniciada en mayo de 1916 y concluida en agosto de 1924 con la salida de las últimas tropas.
El 29 de noviembre de 1916 el capitán H. S. Knapp, del Departamento de Marina de los Estados Unidos, publicó una proclama declarando que, a partir de ese momento, la República Dominicana, intervenida militarmente desde mayo de ese año, pasaba a ser formalmente gobernada por Estados Unidos con él como gobernador militar.
Las causas que llevaron a esa intervención son bien conocidas y su enumeración cae fuera de la consideración de este artículo. Baste decir que Knapp adoptó de inmediato varias medidas para asegurarse el control total del país. La primera fue prohibir a los dominicanos la tenencia y el porte de armas de fuego, lo mismo que la posesión de municiones y explosivos. La segunda dispuso la censura a la prensa, estableciendo que toda noticia acerca de la ocupación que los periódicos quisieran publicar debía ser sometida previamente al examen de un censor local y prohibiendo también la publicación de expresiones «que tiendan a dar aliento a la hostilidad o a la resistencia al Gobierno militar», y la publicación de proclamas y hojas sueltas conteniendo «opiniones no favorables al Gobierno de los Estados Unidos de América o al Gobierno militar en Santo Domingo».
Nueve días después, Knapp anunció la destitución de los secretarios de Estado del Gobierno dominicano y declaró vacantes sus cargos. Tres días después designó a varios oficiales militares para desempeñar esas secretarías de Estado y así comenzó la administración del Estado dominicano por el Departamento de Marina de los Estados Unidos.
Otro de los tempranos actos del Gobierno militar fue la reanudación del pago de los empleados públicos cuyos sueldos habían sido retenidos durante meses a causa de los desacuerdos entre el Gobierno dominicano y el Departamento de Estado. Esta medida neutralizó parte de las antipatías ganadas por los norteamericanos en los meses anteriores, pues a partir de entonces los empleados públicos cobrarían regularmente sus sueldos mientras el Gobierno militar exhibía una abundancia de fondos desconocida hasta el momento, pues Knapp y sus oficiales encontraron bastantes recursos financieros no utilizados retenidos por la Receptoría General de Aduanas, controlada por un funcionario estadounidense.
Con esos fondos el Gobierno militar pudo dedicarse de lleno a la realización de las obras públicas planeadas en el Gobierno de Ramón Cáceres (1906-1909) cuya construcción había sido suspendida en 1911 a raíz del asesinato del mandatario. La labor de Knapp y de sus sucesores fue facilitada por el espíritu de derrota que cobró cuerpo entre los dominicanos según fue ejecutándose el desarme de la población, pues los métodos utilizados para obligar a los que poseían armas a entregarlas al Gobierno fueron tan drásticos que pocas personas quisieron correr el riesgo que suponía guardar armas de fuego en sus casas.
El desarme logró pacificar al país, con excepción de la región oriental, particularmente la provincia de El Seibo, en donde algunos campesinos hicieron frente a la ocupación norteamericana mediante una guerra de guerrillas que duró más de cuatro años y obligó al Gobierno militar a mantener tropas librando un tipo de combate hasta entonces desconocido por los soldados norteamericanos.
Los líderes guerrilleros más importantes fueron Vicente Evangelista, Ramón Natera y Martín Peguero, quienes fueron perseguidos continuamente entre los años de 1917 y 1921 por los soldados norteamericanos. A pesar de la captura y fusilamiento de su jefe, Vicente Evangelista, los gavilleros no pudieron ser vencidos fácilmente, pues contaban con la colaboración del grueso de la población y hasta con la increíble tolerancia de algunos administradores de ingenios que, en su empeño por evitar que los gavilleros quemaran o asaltaran sus bateyes y bodegas e incendiaran sus campos de caña, llegaron al punto de enviarles dinero y comida con tal de mantenerlos alejados de sus plantaciones. Así, mientras en el resto del país los norteamericanos mantenían el orden, en el Este la guerra de guerrillas les impidió ejercer un control total durante los primeros años de la ocupación.
Estos guerrilleros fueron llamados gavilleros. Como sus operaciones estaban reducidas a la región oriental, y no hubo otras manifestaciones de apoyo a su movimiento en el resto del país, con excepción de San Francisco de Macorís, el Gobierno militar pudo dedicar su atención a la organización de la administración pública, incluida la creación de un sistema de recaudación de rentas internas y de un sistema de contabilidad pública.
También se ocupó el Gobierno en la creación de una Guardia Nacional que sustituyera la llamada Guardia Republicana creada por Cáceres. Ese cuerpo fue creado en abril de 1917 para sustituir a los antiguos cuerpos armados. Sus jefes y comandantes fueron escogidos de entre los oficiales de la Infantería de Marina estadounidense destacados en el país.
Muchos jóvenes sin empleo aprovecharon la ocasión para iniciarse en la carrera militar en esta nueva guardia, creada para que cuando terminara la ocupación militar la República Dominicana pudiera contar con un cuerpo de orden que combatiera o evitara las revoluciones que hasta entonces habían afectado la vida nacional. Soldados profesionales también pasaron a formar parte de la Guardia Nacional Dominicana.
Andando el tiempo, en junio de 1921, el nombre de este organismo militar fue cambiado al de Policía Nacional Dominicana. Sus miembros fueron entrenados según los reglamentos de la Infantería de Marina de los Estados Unidos y terminaron convirtiéndose en una prolongación de este cuerpo militar norteamericano. Su importancia se vio demostrada cuando los gavilleros fueron derrotados en 1922 después que las tropas estadounidenses fueron reforzadas con soldados de la Guardia Nacional Dominicana que conocían el terreno o estaban familiarizados con los métodos guerrilleros criollos.
Para aumentar la recaudación de las rentas internas, el Gobierno militar dictó una serie de órdenes ejecutivas creando y aumentando los impuestos a la fabricación de alcoholes y otros productos dominicanos y reglamentando el cobro de esos impuestos por medio de un sistema de sellos y estampillas que permitió controlar la producción manufacturera nacional. Aunque esos impuestos produjeron nuevos ingresos al Gobierno, en general terminaron desalentando la producción de alcoholes pues arruinaron a cientos de familias que vivían de la fabricación de aguardiente y ron para su exportación hacia Haití y para el mercado nacional.
Ese nuevo sistema de recaudación, que tenía antecedentes en la ley de alcoholes dictada en 1910, obligaba a los productores a concentrar sus alambiques y destilerías en las cabeceras de provincia para facilitar así el cobro de los impuestos. De los centenares de alambiqueros que había en el país y que constituían un importante sector de la vida económica nacional, solamente sobrevivieron unas cuantas docenas, iniciándose así un proceso de concentración de la producción de ron y aguardiente en pocas firmas que, en las décadas siguientes, quedarían reducidas a menos de una docena.
Pese al disgusto generado por la imposición de esos impuestos internos, el Gobierno militar continuó con su política fiscal y logró aumentar notablemente sus ingresos. Para centralizar el cobro de los impuestos, el Gobierno creó, en agosto de 1918, la Dirección General de Rentas Internas, al tiempo que también trabajaba en la reorganización de la administración de aduanas.
En abril de 1917 los Estados Unidos declararon la guerra a Alemania y se adentraron en la Primera Guerra Mundial. Con ese motivo el Gobierno lanzó una proclama advirtiendo a los ciudadanos o simpatizantes de Alemania que se guardaran de demostrar sus simpatías a los alemanes o a sus aliados.
Más importante que esta advertencia, que les costó la cárcel a muchos dominicanos y extranjeros, fue la suspensión del comercio de la República Dominicana con Alemania. Para impedir cualquier transacción con este país y sus aliados, el Gobierno militar creó una comisión encargada de controlar la importación y distribución de mercancías y alimentos, así como las exportaciones. Muchas casas comerciales tuvieron que cerrar sus puertas o reorientar sus compras y sus ventas hacia los Estados Unidos.
La terminación de la guerra en 1918 trajo un impresionante aumento de los precios de los productos y materias primas tropicales en todo el mundo, particularmente del azúcar, el tabaco, el cacao y el café. Desde 1910, por lo menos, la economía dominicana descansaba en la producción de azúcar y cacao. Las exportaciones de ambos constituían las cuatro quintas partes de todos los ingresos del país. Las de tabaco y café representaban el quinto restante.
Como la gran guerra se había librado en los campos productores de remolacha azucarera en Francia, Alemania y Rusia, la escasez de azúcar se hizo sentir inmediatamente en todo el mundo y el resultado fue un enorme crecimiento de la demanda de este producto, lo que hizo subir su precio extraordinariamente.
Algo similar ocurrió con los cultivadores y exportadores de tabaco, cacao y café, quienes al recibir más dinero por sus productos aumentaron su capacidad de compra, lo que provocó una gran expansión de la demanda de manufacturas y artículos producidos en el extranjero.
Respondiendo a esa demanda, los comerciantes empezaron a importar enormes cantidades de mercancías. Durante los años de 1918 a 1921 la economía dominicana creció hasta alcanzar niveles antes no imaginados. El quintal de azúcar, por ejemplo, subió de $5.50 en 1914 a $12.50 en 1918, y de ahí a $22.50 en 1920. En consecuencia, la prosperidad se hizo sentir en todo el país.
Esa súbita y gigantesca expansión económica recibió el nombre de «Danza de los Millones». Durante este corto periodo, algunos pueblos como Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y Puerto Plata adquirieron una categoría urbana que no habían conocido anteriormente.
El «boom» del azúcar hizo de San Pedro de Macorís una ciudad con grandes casas de concreto armado y tranvías en las calles para el transporte de pasajeros. Puerto Plata y Santiago con el tabaco, y La Vega y Sánchez con el cacao, favorecidas esas ciudades por los ferrocarriles, también se convirtieron en bulliciosos centros comerciales en donde día tras día se levantaban nuevos edificios y almacenes, y las familias que tenían intereses comerciales se enriquecían de la noche a la mañana. Algunas instalaron alumbrado eléctrico y, por primera vez, pavimentaron sus calles y construyeron sistemas de alcantarillado, mientras también proliferaban los clubes sociales, se fundaban sociedades literarias o se construían teatros y parques.
El Gobierno militar, favorecido por la subida de sus ingresos, se dedicó a concluir las tres carreteras planeadas e iniciadas en tiempos de Cáceres. Para ello los gobernadores militares negociaron dos nuevos empréstitos autorizados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y amparados en la Convención de 1907. Con esos fondos agilizaron la construcción de las carreteras, de tal manera que en mayo de 1922 pudieron inaugurar la carretera Duarte, entre las ciudades de Santo Domingo y Santiago, que enlazó, además, las poblaciones de Bonao, La Vega y Moca. Las otras carreteras, hacia el Sur y hacia el Este, también fueron adelantadas, concluyéndose los tramos de Santo Domingo a San Pedro de Macorís, y de la capital a Baní, y luego a Azua. Las tres carreteras estuvieron completamente concluidas poco tiempo después de terminada la ocupación militar.
El impacto que tuvieron esas tres carreteras en la vida dominicana fue enorme, pues por primera vez quedaban unidas las regiones más importantes de la República con la ciudad de Santo Domingo, sede del Gobierno, iniciándose así la unificación política del país que había sido imposible conseguir en el pasado.
El transporte entre la costa norte y la costa sur, que antaño tomaba de dos a tres días en los pequeños barcos de cabotaje, quedó reducido a menos de doce horas de rodaje en las carreteras, por lo que el correo y el comercio se agilizaron enormemente, y el tráfico hacia la capital se acentuó en forma notable. Por primera vez los habitantes de Santo Domingo tenían la oportunidad de consumir frescos los productos del Cibao y del Sur y en grandes cantidades.
Tan pronto como las carreteras entraron en uso se notó una inmediata afluencia de campesinos al borde de estas nuevas vías, pues anteriormente vivían aislados en los campos por miedo a las revoluciones. En años posteriores, las carreteras facilitaron la migración interna y contribuyeron a poblar vertiginosamente la ciudad de Santo Domingo. Las carreteras iniciaron el fin de la fragmentación regional del país y estimularon el desarrollo urbano.
Los gobernadores militares contrataron dos empréstitos con bancos en Nueva York para financiar la construcción de las carreteras y otras obras públicas. En consecuencia, aumentaron la deuda externa del país. Cuando el Gobierno militar contrató el primer empréstito en 1918, por 1.5 millones de dólares, la deuda de 1908 estaba reducida a menos de 10 millones. Con el segundo empréstito para continuar los programas de obras públicas la deuda subió a casi 15 millones de dólares en 1922. Esas operaciones fueron objetadas por los líderes políticos y hombres de negocios dominicanos que argüían que un Gobierno extranjero no tenía derecho a endeudar más a la República Dominicana.
Desestimadas por el Gobierno esas objeciones, las obras públicas continuaron y con ellas la ejecución de los programas de fomento a la educación primaria del país, así como la organización de un sistema sanitario. Para desarrollar la enseñanza primaria, el Gobierno militar promulgó una Ley de Enseñanza en abril de 1918 y creó un Consejo Nacional de Educación encargado de la supervisión general de la instrucción pública en el país. Durante los años de 1917 a 1920, el Gobierno militar construyó varios cientos de escuelas, grandes y pequeñas, en las ciudades y en los campos, y el número de estudiantes matriculados subió de los 20,000 que había en 1916 a más de 100,000 en 1922. La inversión en educación que hizo el Gobierno militar fue bastante alta si se tiene en cuenta que anteriormente este era un sector bastante descuidado de la administración pública.
En materia sanitaria, el Gobierno militar también introdujo reformas importantes al promulgar una nueva ley de sanidad y al crear la Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia. Esta secretaría llevó a cabo varias campañas para combatir el paludismo, la sífilis, las enfermedades venéreas y los parásitos intestinales que afectaban a la mayoría de la población dominicana. En muchas ocasiones las autoridades militares cometieron excesos e injusticias en la aplicación de los reglamentos sanitarios, como fue el tratamiento que se les dio a las prostitutas al obligarlas a vivir en zonas de tolerancia, pero puede decirse que la política sanitaria del Gobierno militar puso las bases para mejorar las condiciones de salud de la población en los Gobiernos posteriores.
Antes de terminar la Primera Guerra Mundial, Knapp fue relevado de su cargo y ascendido a contralmirante en noviembre de 1918. Su sucesor fue el contralmirante Thomas Snowden, quien gobernó el país desde febrero de 1919 hasta junio de 1921. Durante los años del gobierno de Snowden, la actitud de inconformidad de los dominicanos hacia la ocupación fue haciéndose cada vez más evidente. Este oficial abandonó la anterior política de Knapp de trabajar en estrecho contacto con los dominicanos más ilustrados nombrándolos en comisiones consultivas o asesoras para la redacción de leyes y reglamentos administrativos y, lo que fue peor, Snowden hizo saber públicamente su convicción de que la ocupación debía continuar por veinte años o más hasta tanto, decía él, los dominicanos aprendieran a gobernarse y administrar correctamente su país. Estas declaraciones de Snowden eran un reflejo del control absoluto en que quedó la República Dominicana durante los años de la Primera Guerra Mundial como un territorio ocupado y administrado por el Departamento de Marina de los Estados Unidos, al cual el Departamento de Estado dejó manos libres para concentrarse en las tareas diplomáticas de la posguerra en Europa. La Marina de los Estados Unidos se creyó comprometida en una misión a largo plazo que terminaría cuando sus oficiales lo creyeran conveniente. El cambio de Knapp por Snowden significó también la sustitución de los primeros oficiales que trabajaron en la administración pública por otros de menor rango y de menor preparación y, por lo tanto, más ignorantes de la vida dominicana.
A pesar del bienestar económico, los dominicanos no deseaban ser gobernados por soldados norteamericanos, como no habían aceptado ser gobernados por soldados españoles en tiempos de la anexión a España, o por soldados haitianos en tiempos de Boyer, o por soldados franceses en tiempos de Ferrand. Una larga tradición de independencia hacía intolerable un Gobierno extranjero y en muchas ocasiones los políticos e intelectuales dominicanos hicieron saber que preferían un país libre y con revoluciones a un país ocupado viviendo bajo una paz impuesta. Algunos de esos intelectuales como Américo Lugo, Emiliano Tejera, Fabio Fiallo y Enrique Henríquez mantuvieron en continuo fermento los espíritus de Santo Domingo, al tiempo que el expresidente Francisco Henríquez y Carvajal viajaba por los países de América Latina denunciando la ocupación y la falta de libertades de los dominicanos.
La censura, el uso obligatorio de pasaportes para viajar internamente, las cortes militares de justicia y los arrestos de sospechosos, además de las torturas a los presos acusados de oponerse a la ocupación, crearon una atmósfera de resistencia patriótica en el país. Al difundirse, estos hechos crearon un ambiente de preocupación entre los Gobiernos latinoamericanos, temerosos de que el caso se repitiera en otras partes del continente.
En el curso del año 1919 varios Gobiernos de América Latina protestaron ante el Gobierno de los Estados Unidos y demandaron al presidente Woodrow Wilson que pusiera término a la ocupación de la República Dominicana. Los líderes obreros dominicanos obtuvieron que la Federación Americana del Trabajo exigiera al presidente Wilson una rectificación de su política en Santo Domingo.
Al mismo tiempo, el expresidente Henríquez también se movía en los círculos diplomáticos de Washington hasta que finalmente logró que el Departamento de Estado escuchara su demanda de que se iniciara un cambio de política suprimiendo la censura y las cortes militares de justicia, y que algunos tribunales de justicia dominicanos que habían sido suprimidos fueran restituidos. También pidió Henríquez al Gobierno estadounidense que nombrara una Junta Consultiva que preparara las leyes que harían falta para asegurar la transición del Gobierno militar a un nuevo Gobierno civil manejado exclusivamente por los dominicanos. Esa Junta Consultiva fue nombrada el día 3 de noviembre de 1919 y estuvo compuesta por prominentes dominicanos que habían colaborado con el Gobierno militar, pero la agitación popular que ya existía en la ciudad de Santo Domingo por las acciones represivas del gobernador militar Snowden, que no quería permitir ninguna manifestación contra la ocupación, hizo que sus miembros renunciaran a principios de enero de 1920.
Los directores de la agitación nacionalista se reorganizaron y crearon, en marzo de 1920, una agrupación patriótica llamada Unión Nacional Dominicana, presidida por el respetado intelectual Emiliano Tejera, con el propósito de realizar una campaña de resistencia civil frente al Gobierno militar que obligara a los Estados Unidos a retirarse de la República Dominicana. Esa campaña nacionalista pronto cobró fuerzas fuera del país y llegó a convertirse en tema de discusión en la campaña electoral de los Estados Unidos que se llevaba a cabo en 1920. Uno de los candidatos a la presidencia de aquel país, Warren G. Harding, en un discurso pronunciado en agosto de ese año atacó la política intervencionista de su país en el Caribe y dio a conocer su intención de retirar las tropas norteamericanas de donde hubieran sido enviadas en violación de los derechos de sus vecinos latinoamericanos. De manera que cuando Harding ganó las elecciones, en noviembre de 1920, ya existía una atmósfera favorable para poner fin a la intervención. Esa atmósfera fue reforzada por las nuevas presiones de los demás países latinoamericanos que exigían una rápida desocupación de la República Dominicana, las cuales llevaron al presidente Woodrow Wilson, el día 24 de diciembre de 1920, a ordenar la integración de una nueva comisión que realizara las reformas constitucionales y legales que debió haber ejecutado la Junta Consultiva nombrada el año anterior. Además de estas instrucciones, el presidente norteamericano ordenó al gobernador militar liberalizar las medidas que restringían la libertad de prensa y reunión y permitir a los dominicanos reunirse libremente y hacer campaña en favor de la desocupación.
La Unión Nacional Dominicana arreció entonces su campaña en favor de una desocupación «pura y simple», pero el Gobierno de los Estados Unidos se negó a salir del país incondicionalmente, pues en los últimos cuatro años se habían promulgado muchas leyes y se habían realizado numerosas transacciones que creaban o involucraban derechos de terceros. Los Estados Unidos querían salvaguardar esos derechos asegurándose de que los dominicanos aceptaran una fórmula de desocupación que reconociera como buenos y válidos los actos del Gobierno militar.
Pocos meses después de que Harding tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos, nombró un nuevo gobernador militar en Santo Domingo, llamado Samuel S. Robinson, y le encargó facilitar los trabajos de la desocupación. Este oficial llegó en junio de 1921 e inmediatamente publicó una proclama preparada en Washington en la cual daba a conocer un plan de evacuación escalonado que haría posible la celebración de unas elecciones generales supervisadas por el Gobierno militar para la elección de un presidente de la República que encabezaría un gobierno constitucional dominicano. De acuerdo con ese plan, ese planeado Gobierno dominicano reconocería todos los actos del Gobierno militar y aceptaría que la Policía Nacional Dominicana quedara bajo la dirección de oficiales norteamericanos. El plan fue rechazado unánimemente y en forma multitudinaria en julio de 1921 en los mítines y asambleas públicas que organizó la Unión Nacional Dominicana, pues los dominicanos decían que su aceptación llevaría al establecimiento de un gobierno títere de los Estados Unidos.
En vista de este rechazo, el Gobierno norteamericano hizo saber a los dominicanos que las elecciones anunciadas quedaban en suspenso hasta tanto el pueblo dominicano se manifestara dispuesto a colaborar en la ejecución del plan del presidente Harding, por lo que la ocupación no terminaría antes del 1 de julio de 1924.
Con todo, en febrero de 1922, el Gobierno norteamericano volvió a resucitar la idea de la evacuación anunciando a los líderes políticos dominicanos que desistía del plan anterior de elecciones supervisadas por el Gobierno militar.
Cómo el presidente Harding quería sacar sus tropas de Santo Domingo y el Departamento de Estado así lo había expresado a los líderes políticos, el importante abogado Francisco J. Peynado se trasladó por iniciativa propia a Washington, en mayo de 1922, en busca de un entendido con el secretario de Estado de los Estados Unidos que armonizara las posiciones y resultara aceptable para ambas partes. Después de varias reuniones con el secretario de Estado Charles Evans Hughes, «don Pancho» Peynado, como le llamaban, llegó a un acuerdo de evacuación para ser sometido a los líderes políticos dominicanos. Este acuerdo fue llamado «Plan Hughes-Peynado» y consistió en lo siguiente: se instalaría un Gobierno provisional cuyo presidente sería electo por los principales líderes de los partidos políticos y el arzobispo de Santo Domingo. Este Gobierno prepararía la legislación apropiada para regular la celebración de elecciones y reorganizar el régimen municipal y provincial, y modificaría la Constitución de la República para dar cabida a las reformas que fuesen necesarias.
Más adelante, ese Gobierno provisional organizaría las susodichas elecciones y nombraría plenipotenciarios para negociar con el Gobierno militar reconociendo aquellos actos legales que hubiesen creado derechos en favor de terceros y, asimismo, las emisiones de bonos de los empréstitos contratados y la validez de los aranceles aduaneros impuestos por el Gobierno militar en 1919. La Convención de 1907 quedaría en vigor hasta tanto la República Dominicana terminara de pagar su deuda externa, aumentada ahora a consecuencia de los empréstitos.
Los líderes de los más importantes partidos políticos aceptaron el plan, a pesar de la oposición al Plan Hughes-Peynado por parte del expresidente Henríquez y la Unión Nacional Dominicana, que mantenían una actitud radical en favor de una desocupación «pura y simple» y el regreso de Henríquez a la presidencia.
El día 23 de septiembre de 1922 Horacio Vásquez, Federico Velázquez y Elías Brache hijo, en representación de los partidos horacista, velazquista y jimenista, respectivamente, firmaron en Washington el plan ante Francisco J. Peynado y monseñor Adolfo Nouel, por la parte dominicana. Por el Gobierno de los Estados Unidos firmaron el secretario de Estado Charles Evans Hughes y el diplomático Sumner Welles, quien fue nombrado comisionado en la República Dominicana para trabajar junto con los demás firmantes en la ejecución del plan.
Después de varios días de discusiones evaluando los candidatos a la presidencia, esta comisión nombró al destacado hombre de negocios Juan Bautista Vicini Burgos como presidente provisional el 1 de octubre de 1922. Este fue juramentado y tomó posesión de su cargo el día 21 de ese mismo mes. Como ya había un Gobierno legítimo, las tropas de ocupación quedaron encargadas solamente de cumplir con funciones puramente militares, en particular, completar el entrenamiento de la Policía Nacional Dominicana, que quedaría como único cuerpo de orden luego de que las tropas norteamericanas salieran del país.
Mientras esas y otras reformas se llevaban a cabo, los partidos hacían sus combinaciones con miras a las elecciones. De estas actividades salieron dos fuerzas electorales. Una llamada Alianza Nacional Progresista, encabezada por Horacio Vásquez, y la otra llamada Coalición Patriótica de Ciudadanos, organizada en torno a una fórmula electoral que llevaría como candidato a la presidencia a Francisco J. Peynado, quien aceptó participar en la lucha política.
Esas elecciones para elegir al presidente de la República y al Congreso fueron celebradas el día 15 de marzo de 1924 y las ganó abrumadoramente Horacio Vásquez, quien todavía poseía una agrupación política fiel a su persona y estaba rodeado de una aureola de heroísmo proveniente de sus antiguas luchas revolucionarias. Estas elecciones fueron ordenadas, libres y limpias. Tan pronto como Peynado supo el resultado, se adelantó a felicitar al triunfador y a ofrecerle su colaboración al nuevo gobierno constitucional que habría de iniciarse el día 12 de julio de 1924.
Al tiempo que se hacían los preparativos para la inauguración de ese nuevo Gobierno, las tropas norteamericanas levantaban sus campamentos y se preparaban para partir. De manera que en aquellos mismos días también dejaban gradualmente el suelo dominicano los infantes de la Marina norteamericana. Para fines de agosto de 1924 todas las tropas extranjeras habían salido del país.
Durante los ocho años de la ocupación el país había cambiado. El territorio estaba atravesado por tres carreteras que comunicaban la capital de la República con las tres regiones principales. La población estaba desarmada y no se preveía en un futuro próximo la posibilidad de nuevas revoluciones, pues la Policía Nacional parecía entrenada y fuerte para hacer frente a cualquier intento de sedición. Pero, ahora, el país quedaba expuesto a que cualquiera que obtuviese el control de la Policía Nacional pudiera imponer una dictadura sobre la población.
Durante esos ocho años los dominicanos estuvieron excluidos de la vida democrática bajo un gobierno autoritario que enseñó a los ciudadanos la fuerza de los métodos represivos que heredaría la Policía Nacional que quedó encargada de mantener el orden. De manera que, a su salida, los norteamericanos dejaron el sistema político dominicano en una posición de potencial fragilidad. También quedó el país en una posición jurídica muy cercana al protectorado, tal como lo establecía la Convención Domínico-Americana de 1907, pues los Estados Unidos continuaron reservándose el derecho de administrar las aduanas y autorizar o rechazar cualquier aumento de la deuda pública que la República Dominicana quisiese realizar. Por ello, el ejercicio de la soberanía, de ahora en adelante, sería entendido por los líderes dominicanos como algo mediatizado y condicionado por los intereses políticos o económicos de los Estados Unidos.
Por el lado cultural, la ocupación norteamericana dejó un gusto muy marcado por el consumo de artículos y manufacturas norteamericanas y aunque, en los años que siguieron, los dominicanos volvieron a consumir mercancías europeas, desde entonces más de la mitad de las importaciones dominicanas habrían de venir siempre de los Estados Unidos.
Una marcada americanización del lenguaje también tuvo lugar durante aquellos años con la diseminación de marcas de fábricas en inglés de casi todos los productos que se consumían en el país. También se difundieron entre los dominicanos algunos entretenimientos norteamericanos como fue el juego de béisbol, que andando el tiempo sustituiría a los gallos como deporte y entretenimiento nacionales.
En las élites urbanas la música americana se convirtió en signo de buen gusto, aunque también tuvo lugar el fenómeno inverso en el grueso de la población, que se dedicó a bailar sus merengues con mayor vehemencia que antes como un signo de rechazo a la dominación extranjera.
En materia de transportación, la ocupación militar también produjo grandes transformaciones pues, al abrirse las carreteras, los autos y camiones ganaron popularidad rápidamente, y el burro y el caballo fueron dejados a un lado para la realización de viajes largos.
El ferrocarril también fue afectado en los años siguientes debido a que los fletes carreteros se abarataron gracias a la versatilidad de los camiones y al bajo precio de la gasolina. Veinte años después de la ocupación, los ferrocarriles resultaban demasiado costosos de mantener y sus operaciones demasiado rígidas para las necesidades del país.
Los programas de obras públicas del Gobierno militar se convirtieron en un modelo para los Gobiernos siguientes, y gobernar casi vino a significar un sinónimo de construir. De ahora en adelante, la propaganda presentaría como un buen gobierno a aquel que construyera muchas obras públicas.
