La política comercial y el desarrollo

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Tanto por el nivel de apertura de su economía, como por su peso en la estrategia de desarrollo, la política comercial debe estar en el centro de la política económica de la República Dominicana. Sin embargo, en la historia reciente no ha sucedido aLa tradición nacional considera que la política económica está determinada por tres elementos estáticos: la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, esta última muy influida por las dos primeras. Lo que todavía muchos de nuestros hacedores de política económica no asimilan es que este esquema correspondió a un viejo paradigma, típico de los años ochenta y anteriores, pero que progresivamente ha sido sustituido de facto por otro paradigma determinado por la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales, es decir, la llamada globalización o mundialización.

A una economía cerrada, centrada en tres o cuatro productos primarios de exportación a través de la relación con su principal socio comercial, correspondió una política económica basada en los equilibrios fiscales, monetarios y cambiarios. No había lugar para una política comercial pro-activa. Lo más importante era esperar de cuánto sería la cuota preferencial y cómo hacer lobby para su incremento. En una economía internacionalizada, más diversificada, influida por todos los vaivenes de las relaciones comerciales internacionales, el centro de su política económica debe incluir los elementos señalados, pero, además, como centro de todo ello, la política comercial. De hecho, la República Dominicana es un laboratorio de todo lo anteriormente afirmado.

La prueba más clara y contundente la tenemos en el efecto que la adhesión de la República Dominicana al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (cafta por sus siglas en inglés) ha tenido para el conjunto de la política económica y, por tanto, de la política de desarrollo en los últimos tiempos. El cafta ha obligado a la República Dominicana a realizar una reforma fiscal o un ajuste fiscal de las fuentes de financiamiento del presupuesto público, a poco de haberse producido otra reforma al inicio de la nueva administración del presidente Fernández –octubre de 2004– con fines de lograr un ajuste fiscal que permitiera quebrar el círculo vicioso de estancamiento e inflación que caracterizó al gobierno de Hipólito Mejía, y así recuperar la confianza de los agentes económicos y retomar la senda de la estabilidad y el crecimiento, como de hecho ha sucedido.

El cafta o dr-cafta –como le llamamos un tanto pretenciosamente los dominicanos– también está acarreando un rediseño del esquema de crecimiento y del esquema de gestión económica dominicana. Será necesario hacer un cambio profundo en la administración fiscal y en el arreglo institucional de la política monetaria del Estado, traído de la mano por el programa de ajustes y estabilización del FMI acordado en enero de 2005. El tlc con Centroamérica y Estados Unidos nos obliga ya a cambiar leyes que son parte de la “idiosincrasia” institucional, comercial y económica de la Nación, como es el caso del sistema de compras gubernamentales, los marcos jurídicos de regulación de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual, así como la ley de representantes y concesionarios de marcas extranjeras –Ley 173–, que de paso es una copia de la existente en Puerto Rico, donde sigue vigente y no ha sido derogada a pesar de la dependencia jurídica y política de ese país con los Estados Unidos.

Todo lo anterior sea dicho para mostrar cómo la política comercial es fundamental para el desarrollo y la estrategia de crecimiento del país, pero que no ha pasado de ser una mera declaración de intenciones de los gobiernos que han tenido la responsabilidad de la administración pública desde principios de los años noventa a la fecha. El mejor ejemplo es la manera en que la política comercial del Gobierno ha estado huérfana de una institución central y ha sido zarandeada de un lado para otro, y en muchos casos “olvidada”, hasta que la Nación, el sector privado y los sectores productivos tienen el problema sobre sus cabezas y nos vemos obligados a improvisar soluciones de último momento.

Para ejemplo, tomemos los hitos más llamativos de la política comercial desde inicios de la década de los noventa. En ese año, el presidente Balaguer decidió dar un vuelco a su política económica luego de haberse impuesto en las elecciones de mayo de ese año sobre el profesor Juan Bosch. Con la llamada entonces “Nueva Política Económica” iniciada en agosto de 1990, el presidente Balaguer ajustó la economía a través de un fuerte incremento de los precios de los combustibles que representaron casi un 3% del pib –con la gran ayuda que le proporcionó para su justificación la invasión de Kuwait por parte del Iraq de Sadam Hussein el 2 de agosto de ese año, y el consiguiente disparo de los precios del petróleo en el mercado mundial.

El Gobierno también hizo un gran cambio del sistema arancelario nacional, primero por medio de un decreto “puente”, luego ratificado por ley del Congreso Nacional, que inició una apertura unilateral del país al comercio exterior, reduciendo la protección efectiva que entonces gozaba el sector industrial nacional y el sector agrícola. A pesar de que nunca fue analizada como tal, esa decisión del presidente Balaguer y sus asesores de entonces –fundamentalmente Constantino Vaitzos del pnud y Richard Ground del Banco Mundial– ha sido uno de los pasos más importantes de cambio en la política comercial del país.

Otro elemento

El otro elemento que afectó la política comercial fue el peso creciente de las zonas francas industriales de exportación en el total de las exportaciones, al amparo de la extensión de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y el abaratamiento de la mano de obra nacional por medio de la devaluación del peso, de una parte, y el continuo crecimiento del turismo, que se transformó en el principal sector del pib, de la generación de divisas y de la economía dominicana.

En el ínterin se discutía ya en el ámbito internacional la finalización de la Ronda Uruguay del gatt, que se había extendido excesivamente y, por tanto, se temía por un probable fracaso de la misma. La elección del presidente Bill Clinton en los Estados Unidos en 1992 facilitó desbloquear el impasse y llegar a un acuerdo en 1993- 1994, fundamentalmente entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que arrastró a todo el resto de los países de la ocde y a los países en desarrollo, que jugaron un papel más bien defensivo y de segundo rango. Sin embargo, la República Dominicana parecía que era parte de otro planeta, que no le concernían esas negociaciones, a pesar de haber sido firmante de la Carta de La Habana a mediados la década de 1940 una vez finalizada la II Guerra Mundial, cuando se creó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (gatt) y se intentó fundar la Organización Mundial del Comercio –junto a sus gemelos de la postguerra: las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional,y Banco Mundial– instituciones centrales de un orden mundial nuevo, fundado según el principio de la colaboración, la regulación de los mercados y la paz permanente, donde la guerra quedará enterrada para siempre, previo al inicio de la Guerra Fría.

En nuestro país, a principios de los noventa y cuando la Ronda Uruguay parecía tener resultados, seguimos ensimismados en nuestro auto-aislamiento y en la más absoluta ignorancia respecto al peso y la importancia de lo que acontecía en el mundo del comercio internacional. Ninguna entidad gubernamental se interesó –por largo tiempo– por el tema de la Ronda Uruguay, en particular las secretarías de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio, que por ley tenían la obligación compartida de fijar la política comercial exterior o recomendarla al jefe del Estado. Tan grande fue el desinterés de esas entidades, que fue el Secretariado Técnico de la Presidencia quien asumió la preparación y formulación de la postura dominicana a ser presentada en la Conferencia Ministerial de Marrakech en abril de 1994. La delegación dominicana en Ginebra ante el Gatt y los demás organismos internacionales no tenía ni capacidad ni interés en ocuparse de ello. Por tanto, la delegación dominicana a Marrakech estuvo encabezada por el secretario técnico de la Presidencia, entre cuyas amplias funciones no está la de formular, negociar o fijar la política comercial exterior de la República. Por ello, la falta de un órgano central que hiciera un estudio de impacto, una evaluación sectorial, el seguimiento permanente y que coordinara las posturas de los distintos sectores que serían afectados fue determinante para que el arancel consolidado del país que se presentó y se adoptó en Marrakech, se hiciera como una decisión fiscal y no como una decisión de política comercial. Efectivamente, en 1990 y 1992 se había adoptado un nuevo Código Arancelario y un nuevo Código Tributario, que representaron un gran avance en cuanto a modernizar el sistema arancelario y el sistema de tributación interno –con consecuencias en la política comercial, pero como fundamento único en la política fiscal–. Fue solamente después de Marrakech cuando el sector privado dominicano se dio cuenta de lo que estaba pasando. Percibió que un arancel consolidado de tan solo un 40%, sin reservas de cuotas o aranceles especiales para productos sensibles, arrasaría con una parte de los sectores productivos, en particular de los sectores agrícola, pecuario y azucarero.

Se creó a la carrera una Comisión Especial para negociar con la omc la enmienda del arancel consolidado sometido, firmado y ratificado por el país de un arancel único y máximo de 40% por cierto muy a tono con el arancel máximo adoptado en el Código Arancelario de 1991 de 35%– por nuevos aranceles para los productos más sensibles, que según la propuesta original llegaron casi a la veintena, bajo la figura de una “rectificación técnica” del consolidado en abril de 1994. En realidad, no era rectificación técnica, sino toda una nueva formulación para más de una decena de productos que se consideraron sensibles y estaban en peligro de desaparecer en caso de no obtenerse una protección efectiva mayor a la formulada, un tanto superficialmente y sin evaluaciones de peso, cuando se asistió a la Conferencia de Marrakech. Recuerden los lectores que el Secretariado Técnico de la Presidencia, y no la Secretaría de Finanzas, fue el coordinador junto al pnud de las reformas arancelarias de 1990-91 y tributaria de 1992. Los secretarios de Finanzas, de Industria y Comercio y de Agricultura nunca estuvieron involucrados y probablemente nunca fueron informados de estas gestiones. Por ello, lo “lógico” era seguir dentro del contexto de la reforma fiscal y presentar la decisión del país ante la omc como parte de ella. ¡Craso error!

La Comisión Especial fue formada por el presidente Balaguer bajo la coordinación del canciller de la República de aquel momento, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, y la participación de técnicos tanto del Gobierno como del sector privado. Luego de formulada la propuesta dominicana a la Dirección General de la omc y hacerla circular entre los miembros que podían invocar el “derecho de primer negociador”, el país logró consolidar tan solo ocho productos básicos con aranceles y cuotas que les protegerían de la competencia de productos importados y subsidiados. Esta negociación concluyó para siete de los ocho productos en diciembre de 1994 (maíz, azúcar, arroz, habichuelas, ajo, pollo y cerdo), para abarcar un plazo de 10 años hasta diciembre de 2004, incluso antes de la entrada en vigencia de la omc en enero de 1995, y la ratificación por el país del Convenio Constitutivo en marzo de ese año.

Sin embargo, la Comisión Europea, que es el ente que representa jurídicamente la Unión Europea en las negociaciones internacionales, dilató el cierre de la rectificación técnica al bloquear el acuerdo relativo a uno de los productos, los lácteos, donde exigió un tratamiento distinto al otorgado a los demás países que negociaron la Rectificación Técnica, una cuota casi monopólica y la administración directa de la misma. Por esto el acuerdo sobre este producto se extendió hasta 1998, cuando el país cedió a las exigencias de la ce y se firmó un Memorando de Entendimiento entre la Comisión Europea y la República Dominicana relativo a los productos lácteos, cubriendo el mismo plazo que los otros siete (1994-2004), concluyendo, por tanto, en diciembre de 2004, y en particular las partidas arancelarias que afectaban las importaciones y la cuota de la leche en polvo y otros derivados.

Choque 

Podría decirse que aquel choque, aquel encontronazo, aquel trauma, fue el despertar violento del país al peso y la importancia que las decisiones de política comercial tenían y siguen teniendo para todo el aparato productivo y la estrategia de desarrollo nacional. Hasta ese momento, la tradición trujillista de aislamiento del país de todas las corrientes de integración mundial o regional seguía reinante. La vigencia en el Estado de las concepciones y políticas del presidente Joaquín Balaguer (1966-1978/1986-1996) creó un cordón umbilical en las prácticas del Gobierno con esa tradición heredada del régimen anterior, de no considerar los asuntos internacionales de relevancia para el país, incluso prevaleciendo esa misma idea sobre las relaciones internacionales y las políticas de integración en el interregno que representaron los dos gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano que gobernaron entre 1978 y 1986. Por ello, en 1996, cuando definitivamente el presidente Balaguer abandonó el control directo del Gobierno, nuestro país no participaba en ningún esquema regional de integración, sea la Comunidad del Caribe (caricom), sea el Mercado Común Centroamericano o fuere el Grupo Andino.

Ostentamos todavía hoy la marca de ser el único país de América Latina y el Caribe que no pertenece a ningún grupo de integración, junto con Cuba, que se mantiene en esa situación por razones obvias. Lo único importante para los dominicanos, o más bien para sus hacedores de políticas públicas, era  y pareciera que todavía es qué pasaba en Washington. Como una excepción, más bien lograda por el sector privado y el apoyo del Gobierno socialista de España, el país se convirtió en el único miembro hispanoamericano del Convenio de Lomé IV en 1989, sobre todo debido a que la caída de la dictadura de los Duvalier en Haití activó el apoyo de Francia a que dicho país entrará a Lomé, como ex colonia francesa y una forma de apoyar la transición de la dictadura a una forma de gobierno más democrática. Para Balaguer y sus diplomáticos fue casi un milagro, un maná caído del cielo y en ningún caso el resultado de una política proactiva de la administración. Esa entrada en Lomé IV a inicios de los años noventa nos reveló que existía una Comunidad del Caribe básicamente anglohablante que era parte del vecindario en que vivíamos, producto de que entramos a formar parte del Grupo África, Pacifico y Caribe (acp) de unas 79 naciones signatarias de los convenios de Yaundé, de Lomé y de Cotonou. Aun así, todavía en 2006, a más de 16 años de haber entrado en Lomé IV y su continuador, el Acuerdo de Cotonou, nuestro país no tiene una sola embajada o representación en ningún país subsahariano de África, en ninguno del grupo Pacífico y tan sólo en dos (Jamaica y Trinidad) de los 13 originales del Grupo Caribe, sin contar Haití que todavía se debate entre su aislamiento del caricom y su pertenencia al mismo.

Parece que todavía es más importante conservar las tradiciones de la Guerra Fría de tener embajadas muy lejanas en Asia y no vernos como parte de ese gran mundo en desarrollo y parte de los países del Sur y, por tanto, estrechar nuestras relaciones con ese grupo, aún con los magros recursos con que contamos. El auto-aislamiento se hizo trágicamente patente con los potenciales resultados del arancel consolidado presentado por el país en la fundación de la omc y los resultados mínimos obtenidos a posteriori con la Rectificación Técnica.

En 1996 se inicia una nueva etapa. Llega al Gobierno un presidente con una visión distinta de las relaciones internacionales, el doctor Leonel Fernández, que además de abogado y activista político de larga data, era desde hacía tiempo un apasionado de las relaciones internacionales y un estudioso de la política internacional. En pocas palabras, el nuevo jefe del Estado dominicano, que se instaló en agosto de 1996, era un internacionalista consumado.

A pesar de la pesadez del aparato del Estado en las relaciones internacionales, de la ausencia total de un órgano para formular y ejecutar una política comercial pro-activa y la herencia de un servicio exterior propio de la Guerra Fría, el nuevo gobierno introdujo cambios importantes. Se designó en la Cancillería a un experto en temas comerciales y académico reconocido, el fenecido doctor Eduardo Latorre, y se formó un equipo joven de expertos en comercio internacional y relaciones internacionales que asumió la dirección de la política exterior. Se creó por decreto un órgano para la formulación y la puesta en marcha de los lineamientos de la política comercial y el inicio de la apertura organizada de nuestras relaciones comerciales. Ese órgano, la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (cnnc), jugó un papel fundamental en definir los objetivos y juntar a los ministros y directores más importantes que intervienen en la política comercial en un mismo espacio. Se puso al frente del mismo a un economista y diplomático de primer orden, el doctor Frederic Emman-Zade Geraldino, que ya había sido subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Balaguer (1986-1990).

Se fijaron como metas de corto plazo, la negociación y puesta en vigencia de dos tratados de libre comercio, uno con el caricom y otro con Centroamérica. Ambos fueron negociados con una participación democrática de la sociedad civil y del empresariado. Se abrieron por primera vez en la historia embajadas dominicanas en Jamaica y en Trinidad y Tobago, dos países claves del caricom, sin mencionar el restablecimiento de las relaciones plenas en el ámbito consular y diplomático con Cuba. 

A pesar de todos estos puntos brillantes del período 1996-2000, comenzaron a manifestarse las debilidades institucionales que todavía hoy minan la eficiencia de la política comercial. El papel de la Cancillería y de la cnnc fue disminuido en el caso del acuerdo con Centroamérica, al trasladarse el centro neurálgico de las negociaciones a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Esta debilidad se hizo aún más manifiesta en el gobierno que siguió al del presidente Fernández, en el período 2000- 2004. Por una parte, la Cancillería, en los dos primeros años y bajo la gestión del doctor Hugo Tolentino Dipp, se convirtió en una entidad que más que profundizar la política comercial y la puesta en vigencia de los dos tlc con el caricom y con Centroamérica, representó una retranca, un freno, un cuestionador de los acuerdos suscritos, sobre todo en el caso del último, aflorando conflictos que retrotraían la política comercial y el acuerdo ratificado a períodos incluso previos a la negociación del mismo.

El liderazgo y el respeto ganado por el país en el período 1996-2000 se fue erosionando progresivamente hasta convertirse en alejamiento, hostilidad y desconfianza hacia la República Dominicana en el proceso de integración con Centroamérica; y lo mismo sucedió con el Caribe. A tal punto fue el alejamiento señalado, que el presidente dominicano fue excluido del lanzamiento en el ámbito presidencial del proceso de negociaciones que se inició en Monterrey en 2002 entre los Estados Unidos y el Grupo Centroamericano, en la búsqueda de un tratado de libre comercio entre el bloque del istmo y la Unión Norteamericana.

Igualmente sucedió con caricom. Un ejemplo a mencionar es que, ese caso, el papel que juega el ordenador nacional de los Fondos Europeos de Desarrollo (onfed) en las relaciones con el Caribe ha sido tradicionalmente de mucha importancia. Durante el período 2000-2004 el ordenador nacional jamás asistió a una reunión con sus homólogos del caricom. Nunca visitó un país del caricom. El país nunca pagó una cuota por nuestra pertenencia a la agencia de promoción de las exportaciones de caricom y la República Dominicana, Caribbean Export, y tampoco lo hizo con la Maquinaria Regional de Negociaciones del Caribe (crnm), de la cual somos miembros de pleno derecho.

Las listas de desgravación y liberalización acordadas con el caricom y en particular con los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental (oecs) no fueron aplicadas en 2003 cuando debieron ser puestas en vigencia, en parte por negligencia dominicana y en parte por negligencia de la Secretaría de caricom. Al igual que en el caso de Centroamérica, el prestigio ganado en el período anterior no solo se erosionó, sino que prácticamente desapareció y se hizo añicos. Pareciera que los mismos dislates cometidos en la política económica interna y el derrumbe económico y social que se sufrió fueron reproducidos en el plano internacional. Otro ejemplo de cómo la política comercial se hizo añicos fue la forma y el contenido de la expulsión sin precedentes del embajador representante permanente de la República Dominicana ante la omc y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, el doctor Federico Cuello Camilo. El país alcanzó con el doctor Cuello un sitial nunca imaginado en el seno de la omc. Fue uno de los patrocinadores del llamado Grupo de Mentalidad Afín (Like Minded Group) que planteó un cuestionamiento a fondo de los métodos y las formas de organizar las negociaciones comerciales multilaterales en el seno de la omc, junto con países como Egipto, Pakistán, Indonesia, India, Kenia, Tanzania, Jamaica y Honduras. Debido a que el mayor socio comercial del país lo solicitó, el presidente de entonces, Hipólito Mejía, dijo sin tapujos antes las cámaras de cnn que era “un lacayo del imperialismo yanqui” y que “no se perdía en eso”. En cuestión de horas, el trabajo de años en la omc fue destruido por un plumazo de un decreto presidencial destituyendo al digno representante dominicano.

Salto 

El desenlace de todo este retroceso y falta de coherencia en la política comercial fue el “salto” que hizo la República Dominicana al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (cafta), con la invención del concepto del docking o asimilación a lo negociado por Centroamérica que tiene características e intereses distintos a los de la República Dominicana– tan sólo “aceptándose” que el país negociara algunos anexos del cafta en un periodo de tres meses. Fue la manifestación más dolorosa de ceguera y falta de criterio en la política exterior y la política comercial. Tan sólo para tenerlo como referencia, para que Centroamérica concluyera su acuerdo con Estados  Unidos, se tomó 10 rondas de negociación y aproximadamente dos años de tiempo. En el caso de Chile, se tardó once años y un número mayor de rondas de negociación para concluir con el acuerdo para el TLC bilateral Chile-eua.

La realidad es que en el caso dominicano no hubo negociación digna de ese nombre. Lo que se verificó fue el pago de un agradecimiento político por parte de la administración del presidente Bush a la administración del presidente Mejía, por haber cedido a todo lo que los norteamericanos le solicitaban en política exterior, fuera un voto en el Comité de Derechos Humanos de la onu en Ginebra, que rompió nuestra tradicional neutralidad; fuera el envío de tropas dominicanas –más de 300 soldados– para integrar la llamada Brigada Plus Ultra comandada por España (que terminó tras los trágicos acontecimientos de los horrendos atentados terroristas en los trenes de Madrid del 11 de marzo de 2004); o su declaración pública de ser “un lacayo del imperialismo yanqui”, según sus propias palabras.

Por ello, la adhesión de la República Dominicana al cafta fue una decisión tomada de forma errada, que implicó ceder en los tres meses de “negociación” que se nos concedió aspectos que nunca debieron ser cedidos. El sector azucarero dominicano queda en una situación de extremo peligro, incluso de desaparición. El sector farmacéutico puede quedar muy dañado o casi destruido. El comercio afronta grandes peligros. Los plazos de desgravación para productos importantes como los automóviles, las cervezas o el propio sector agrícola, son extremadamente peligrosos. Pero lo más llamativo es que es un tratado en que sólo una parte tiene la capacidad de decidir si se “cumple o no” con las condiciones para entrar en el mismo.

La igualdad jurídica de los Estados queda seriamente dañada con este tratado y se pueden augurar muchos enfrentamientos y conflictos que, dada la forma de pensar de los hacedores de política dominicanos, lo único que se puede vislumbrar son más concesiones y declinaciones ante los Estados Unidos.

Sin embargo, el cafta es una realidad insoslayable. De un tratado mal negociado y mal concebido, debemos tratar de sacar lo más positivo y las mayores oportunidades que se puedan obtener para el país. En realidad, la relación entre la República Dominicana y los Estados Unidos está determinada por una larga historia de dependencia, por una presencia masiva, incluso cultural, de esta gran nación, y por una maraña de lazos que aconsejan un acercamiento entre ambos Estados, en el respeto de la soberanía del más pequeño y en la toma en consideración de las enormes asimetrías que existen entre ambos países y ambas economías. 

Sin embargo, hemos repetido en varias ocasiones que la agenda comercial de la República Dominicana no termina en el cafta. Muy por el contrario, ahora es que se hace más necesario diversificar más nuestro comercio exterior y aprovechar y potenciar las oportunidades que nos ofrecen las negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la omc, o las negociaciones comerciales regionales o bilaterales que podemos identificar como prioritarias para el país.

Entre ellas se encuentra, en primer lugar, el éxito de la Ronda Doha para el Desarrollo (rdd) de la omc. En gran parte, las salvaguardias y el trato especial y diferenciado que no logramos en el CAFTA lo podemos balancear con una RDD positiva para las economías pequeñas y vulnerables como la dominicana en el contexto de la agenda de los Países en Desarrollo (ped) en la omc. Una negociación favorable en el tema agrícola y en el tema de acceso a mercados no agrícolas (nama) podría ser el mejor contrabalance a los elementos desbalanceados que tenemos en el cafta. Otro elemento que forma parte central de la agenda negociadora post-cafta es la terminación de sendos tlc con México y con Canadá, tanto para aprovechar en toda su capacidad las provisiones de acumulación cruzada de reglas de origen para los exportadores dominicanos hacia el mercado de los Estados Unidos con materia prima de México y Canadá que contiene el cafta, como para aprovechar un mercado de alto ingreso de más de 30 millones de consumidores (Canadá) como de un mercado como el mexicano (más de 100 millones de habitantes) con complementariedades determinadas para la República Dominicana.

También tenemos que poner la mayor atención en las negociaciones que desarrollamos con la Unión Europea y los otros 14 países del caricom para sustituir las preferencias comerciales existentes en la actualidad en el Acuerdo de Cotonou y que expiran el último día del año 2008. Esas negociaciones para constituir un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre los países del Caribe (cariforo) y la Comunidad Europea (CE) pueden ser un acuerdo distinto, que asimile la dimensión de desarrollo, el trato especial y diferenciado para las economías pequeñas y vulnerables que todos los miembros de cariforo propugnamos.

El AAE también puede ofrecer grandes oportunidades a nuestro país en el plano agrícola, al poder finalmente acceder a los acuerdos sobre azúcar, banano y ron que se determinen en el AAE, a los que tuvimos que renunciar en 1989 como condición de acceso a Lomé IV. También el cambio de reglas de origen para las exportaciones industriales como las de zona franca puede estimular una mayor participación de las exportaciones hacia Europa en el total de las exportaciones nacionales, contribuyendo así a la diversificación de las exportaciones totales.

Unido al proceso del aae con Europa tenemos que profundizar el tlc con caricom, ampliar su alcance, incluir otros sectores, como el caso de los servicios, y diseñar un esquema viable para profundizar la integración con caricom, con los territorios dependientes de Francia, Reino Unido y Holanda, en un proyecto de Gran Caribe que está todavía pendiente de construir. Quedan también en la agenda las relaciones de la República Dominicana con el Mercosur, sobre todo ahora con la plena integración de la República Bolivariana de Venezuela a dicho esquema, país con el cual nos unen variados aspectos de comunidad de intereses comerciales. Igualmente debemos definir una agenda de mediano y largo plazo para las relaciones con el Grupo Andino y en particular con Colombia, que puede ser un mercado importante y un socio comercial de primer orden para el país. 

Sin embargo, dentro de todo este universo cambiante y complejo, lo más importante ahora es que los dominicanos definamos un nuevo arreglo institucional para la formulación, puesta en marcha, negociación e implementación de la política comercial exterior. Un único puesto ministerial que dé coherencia y profundidad a la política comercial, como se está haciendo en las instituciones fiscales, de planificación y en el Banco Central. Hoy en día no se ha definido ese nuevo paradigma, que se requiere con urgencia ante el panorama dinámico y cambiante que nos rodea. En la actualidad hay varios actores que definen y hacen “su” propia política comercial, en ocasiones distinta y contradictoria. Pareciera por momentos como si la Presidencia tuviera una agenda; la Cancillería otra, con varios niveles de intervención contradictorios entre sí; Industria y Comercio otra; el cei-rd otra; la dga otra, y así sucesivamente.

El servicio exterior nacional debe estar en estrecha sintonía con esta nueva agenda y esta política comercial externa. No tenemos ni los recursos ni los medios para que nuestros diplomáticos sean “cobra cheques” y parte del pastel del clientelismo político creciente de los partidos dominicanos. Con el gasto actual efectuado en pago al servicio exterior, el país podría ahorrar una parte substancial de ese gasto, duplicar al menos la presencia y la calidad de nuestros diplomáticos e impulsar la agenda común nacional al servicio del crecimiento económico y la prosperidad del país. Para ello sabemos que existe la voluntad política. Sólo necesitamos ponerla en ejecución y sacar los provechos que de ello se derivarán.