Las elecciones europeas: entre la refundación y la inteligencia artificial

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Una de las citas más relevantes del año global electoral que celebramos en 2024 es la de las elecciones al Parlamento Europeo, que se realizarán, como cada cinco años, del 6 al 9 de junio próximo en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE). En estas fechas los europeos elegirán a 720 eurodiputados que representan a los 450 millones de personas que viven en la UE, forman parte del proceso legislativo que aprueba normas comunes para todos los países de la UE, deciden su presupuesto y eligen al presidente de la Comisión Europea, ejerciendo el control sobre la misma. Son, por tanto, no solo unas elecciones grandes, sino también unas elecciones importantes para el futuro del mundo.

Operativamente, no se trata de un solo proceso electoral, sino de 27 procesos electorales diferentes, donde cada país somete a votación candidaturas nacionales y organiza sus propias elecciones en un espacio temporal común. El tamaño de la elección y la autonomía organizativa de cada país, añadidos a la vinculación de todas ellas, contempladas como un proceso único, crea desafíos únicos para quienes tienen la tarea de garantizarlas y convierte esta elección en una prueba de fuego para la Unión Europea, cuya fortaleza o debilidad se juzgará en función de la capacidad de cada país para garantizar la integridad del proceso.

Esta preocupación se ha trasladado a los ciudadanos, que, según el Eurobarómetro de diciembre de 2023, manifiestan como principales preocupaciones en el contexto de las elecciones las siguientes: las personas que basan su decisión electoral en la desinformación (el 78%), la manipulación de las elecciones a través de ciberataques (el 72%), los países extranjeros que influyen en las elecciones de forma encubierta (el 70%) y las presiones a las personas para que voten de una manera u otra (el 65%).

Junto a las dificultades organizativas y las posibles amenazas, las elecciones se enfrentan a la abstención, habitual en una decisión electoral en que se vota muchas veces en clave nacional y como forma de castigo, despreciando la importancia del resultado. A esto hay que añadir el momento en el que se celebran, en pleno proceso de una nueva «refundación» de la Unión Europea, donde el equilibrio entre ampliación y profundización se hace más evidente, y en medio de una guerra en la que la Unión Europea, impulsada por Francia, se ha ido involucrando de manera cada vez más directa con ayudas económicas y militares a Ucrania.

Las elecciones amenazan con convertirse en una batalla más de esta guerra, en la que, además de ponerse a prueba la fortaleza o la debilidad del principal aliado de Ucrania durante los próximos años, se juega el futuro mismo de este apoyo, que no será el mismo si las fuerzas más hostiles a la involucración de la UE en la guerra logran hacerse con una representación significativa.

Las elecciones al Parlamento Europeo están sujetas tanto a la legislación europea como a leyes nacionales específicas. Las normas comunes de la UE establecen el principio de representación proporcional y los detalles del mandato de los miembros del Parlamento Europeo, pero tanto el sistema como el procedimiento electoral se rigen por las normativas nacionales, cuyas reglas, procesos y administraciones electorales se aplican.

En general, los ciudadanos de la UE pueden votar y ser candidatos en el país de la UE donde residen. Por lo tanto, los Estados miembros deben abordar cuestiones como el registro de votantes y candidatos no nacionales de la Unión y el intercambio de información para evitar votaciones múltiples o casos en los que la misma persona se presente como candidata más de una vez en las mismas elecciones. La Herramienta Crypto, puesta a disposición de los Estados miembros por parte de la Comisión Europea, apoya el intercambio de datos con el objetivo de garantizar que los ciudadanos móviles de la UE solo puedan votar y presentarse como candidatos una vez.

Para lograrlo, el tiempo también es una variable importante. Todos los Estados miembros de la UE organizan esta votación dentro de una semana designada, pero el momento exacto y el día de la votación pueden variar según el Estado miembro. Por lo general, la votación comienza un jueves por la mañana y termina el domingo siguiente, pero la fecha y las horas exactas son fijadas por cada Estado miembro. Esta naturaleza escalonada de las elecciones crea desafíos únicos para quienes tienen la tarea de organizarlas, ya que existe un potencial adicional para efectos colaterales.

En un nuevo escenario donde el poder de producción es sustituido por el poder de definición, las disfunciones informativas –entendidas como todo movimiento que, afectando a la información y a su tratamiento, pueda suponer una alteración del funcionamiento ordinario del proceso electoral– se convierten en auténticas armas de desestabilización del terreno de juego. Es importante señalar que estas disfunciones, que se pueden dar de manera puntual u ocasional, amenazan a la democracia cuando tienen carácter estructural, y pueden tener su origen en grupos organizados dentro de los países o de terceros países. Muchos de ellos emplean recursos de manera estable, y no solo en período electoral, para este tipo de actividades estructurales de desestabilización informativa. Son países que tienen auténticos ejércitos comunicativos dedicados en exclusiva a este tipo de labores como un instrumento más dentro de su política de estrategia internacional.

Este escenario se ve amenazado por los ataques a la integridad electoral. En los últimos tiempos se han multiplicado por todo el mundo las amenazas de ataques tecnológicos que buscan alterar o colapsar el sistema electoral, de manera general o selectiva en los distintos momentos del proceso, muy especialmente durante las campañas electorales donde la tecnología se ha convertido en un elemento diferenciador. Las elecciones en todo el mundo se han convertido en un objetivo frecuente de amenazas híbridas que combinan a menudo operaciones de información y otras amenazas contra las infraestructuras tecnológicas. Incluso cuando el voto se lleva a cabo con papel y bolígrafo, los procesos electorales dependen cada vez más de los sistemas de red e información, por lo que es importante tomar medidas de ciberseguridad para proteger la integridad de las elecciones. Los ciberataques contra las funciones principales de nuestros procesos democráticos podrían socavar las salvaguardas establecidas para protegerlos, los participantes en este momento del proceso democrático y la propia legitimidad de las instituciones.

En lo que respecta a las candidaturas, actualmente en el Parlamento Europeo conviven siete grupos que representan fuerzas políticas con características ideológicas similares. Estos grupos deben reunir al menos 23 miembros y contar con representantes de, al menos, la cuarta parte de los Estados miembros (7). Actualmente, el mayoritario, con 177 miembros, es el Grupo del Partido Popular Europeo, de orientación democristiana, al que sigue el grupo socialista, con 145, y el grupo liberal, Renew Europa, con 102. A continuación, los Verdes, con 71 eurodiputados; los Conservadores y Reformistas europeos, con 64; el grupo Identidad y Democracia, con 65; el grupo de la Izquierda Europea, con 39; y 42 eurodiputados sin adscripción.

Esto genera una exigua mayoría del centro-derecha y la derecha de alrededor de 300 eurodiputados frente a los 245 progresistas, y otorga al bloque liberal una gran capacidad de negociación. La naturaleza del Parlamento Europeo, donde los debates ideológicos se abordan muchas veces en clave soberanía vs. integración, y este reparto ideológicamente plural obligan a la cámara a la negociación permanente y favorecen la creación de otros bloques, agrupados, por ejemplo, en torno a su posición a favor de una mayor integración europea o una mayor defensa de la soberanía de los Estados nacionales. De ahí los últimos intentos de rebajar las mayorías necesarias para adoptar determinadas decisiones para dotar a la Unión Europea de una mayor agilidad y capacidad de actuación, que también están en juego en estas elecciones.

Aunque no es sencillo hacer predicciones, las encuestas apuntan hacia un reforzamiento del bloque conservador, que mantendría la mayoría popular (180), con fuertes subidas de Identidad y Democracia (90) y los Conservadores y Reformistas (80). Mientras, los socialistas parecen mantenerse (140) y las otras dos opciones de izquierda rondarían los 50 escaños cada una, lo que otorgaría una mayoría considerable a las fuerzas conservadoras, que ni siquiera podría desequilibrar el partido de los liberales (82), el cual, además de votar más frecuentemente con los conservadores, sufre una fuerte caída provocada por la situación que atraviesan sus partidos mayoritarios en España y Francia.

A esto se une la posibilidad, según las encuestas, de que fuerzas soberanistas lideren los resultados en Francia, Italia, Países Bajos, Austria y Hungría, obteniendo excelentes resultados en Alemania o Polonia, lo que, además de enviar un mensaje de malestar en el continente, les concede una posición de fortaleza en la negociación que amenaza con bloquear el camino de la refundación europea, comenzado en 2017, y que buscaba aumentar la capacidad geopolítica, la autonomía estratégica o la soberanía de la Unión (que la guerra y la crisis del COVID han puesto en evidencia). Esto se puede reflejar en ciertas dificultades para los procesos de adhesión ya en marcha, que desde 2023 incluyen, aunque en distintas fases, a Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y, por primera vez, también Ucrania, la República de Moldavia y Georgia. En este contexto también pueden peligrar los procedimientos de sanciones a países miembros, como los realizados con Hungría y Polonia.

Además, estos juegos de poder se verán reflejados en la elección del presidente, cuya iniciativa corresponde al Consejo Europeo, pero tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo en unas votaciones, tanto del Consejo como del Parlamento, que se prevén más ajustadas que nunca y donde incluso los que han sido designados como candidatos por sus respectivos espacios políticos corren el peligro de ser vetados por otros grupos, forzando acuerdos en torno a candidatos diferentes a los designados. Si a esto le unimos la falta de apoyo mayoritario con el que ha sido elegida la actual presidenta como candidata por parte del grupo popular, podemos decir que, aunque esta sea oficialmente la representante del grupo mayoritario, no tiene ni mucho menos garantizada su reelección.

Sea cual sea el resultado final, no parece aventurado pronosticar que el Parlamento saliente, además de más plural, será más inestable y con serias dificultades para adoptar decisiones estructurales sobre el futuro de la Unión.

Las amenazas

Un proceso tan grande e importante no estará libre de amenazas. Estas pueden venir de la mano de los propios partidos (con capacidad operativa y financiera para llevarlos a cabo) o de otros sujetos que, por motivos diferentes como los económicos, los geopolíticos o la desestabilización, pueden interferir en la elección; pero, en el contexto de la guerra, la principal atención está puesta en las posibles acciones de otros países, y especialmente de Rusia, actor habitual en este tipo de procesos denominados «guerras de nueva generación» (Gerasimov, 2019).

De ahí que cada vez sean más frecuentes las alertas sobre injerencias externas en las elecciones europeas. En general, hay un consenso creciente de que el objetivo estratégico general de la interferencia en las elecciones es socavar la confianza en las instituciones y procesos democráticos en general. Para lograr este objetivo se utiliza la tecnología y la información en las diferentes dimensiones de un proceso electoral, piedra angular de la democracia. Estas tácticas buscan manipular la percepción ciudadana para favorecer los intereses propios, erosionar relaciones diplomáticas, polarizar la sociedad, minar la confianza en las instituciones políticas y lograr el «control reflexivo» sobre sus líderes políticos, manipulando sus procesos de toma de decisiones en beneficio de los actores externos.

Entre todas las amenazas de injerencia externa, destaca especialmente la de Rusia. Según el Departamento de Estado de EE. UU., desde el año 2014, Rusia habría gastado cerca de 300 millones de dólares para influir en elecciones de otros países de manera encubierta, utilizando «tácticas de manipulación y desinformación en línea» contra procesos electorales en 18 países, entre los que se encuentran Estados Unidos y los Países Bajos en 2016 (AIVD Annual Report), el referéndum sobre el Brexit, las elecciones presidenciales en Francia, el Reino Unido y Alemania en 2017, Suecia en 2018… No se trata tanto de convencer sobre las bondades del sistema político ruso o apoyar a candidatos más favorables a sus posiciones, sino sobre todo de explotar la desafección política, el relativismo, las actitudes posmodernas y las contradicciones occidentales para desacreditar sus políticas, polarizar a sus poblaciones y manipular sus procesos de toma de decisiones. El Kremlin no intenta «venderse» a sí mismo o a su modelo, lo que ofrece es apoyo a ideas antieuropeas o antidemocráticas en cualquier forma que existan, explotando el atractivo de las actitudes antiliberales y populistas. Todos ellos coinciden en la división social entre «el pueblo puro» y «las élites corruptas», unidas por un marco político basado en alguna idea de la promoción de la voluntad general o la soberanía popular (Mudde 2016: 25-26). En lugar de agitar, busca mantener a las audiencias distraídas y cínicas. En lugar de ofrecer una visión positiva, Rusia propaga el nihilismo (Applebaum 2018: 29).

Las respuestas

Este ambiente de guerra que ha hecho de la opinión pública un campo de batalla fundamental crea desafíos únicos para quienes tienen la tarea de garantizar las elecciones y convierte el proceso en una prueba de fuego para la Unión Europea, cuya fortaleza o debilidad se juzgará en función de la capacidad de cada país para garantizar la integridad del proceso.

Las acciones gubernamentales para protegerse de estas operaciones de información y ciberoperaciones deben incluir nuevas medidas legales, campañas de concienciación, cambios técnicos y operativos en la infraestructura electoral. Sin olvidar que las soluciones para combatir la propaganda y la desinformación, que generalmente implican la manipulación o control de la información, probablemente no sean las mismas que resolverán el problema de fondo de las críticas populistas y la atracción ideológica de determinadas propuestas en este momento de indefinición. Cualquier atracción ideológica preexistente significa que la propaganda o desinformación que se levanta sobre esta visión del mundo tendrá mayor aceptación en audiencias predeterminadas, más propensas a aceptar la información, o la desinformación, que se ajusta a su visión del mundo preexistente.

De ahí que se esté trabajando desde 2020 en el Plan de Acción para la Democracia Europea, que busca «capacitar a los ciudadanos y aumentar la resiliencia democrática en toda la Unión, promoviendo unas elecciones libres y justas, reforzando la libertad de los medios de comunicación y luchando contra la desinformación». El Plan se ha ido desarrollando por fases, con hitos en noviembre de 2021 y diciembre de 2023, y ha contado con la colaboración del Parlamento Europeo, especialmente en la lucha contra la interferencia extranjera y la desinformación, a través del trabajo de las sucesivas Comisiones Especiales sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea.

Medidas legales

Para dar respuesta a estas amenazas es necesario contar con un marco jurídico adecuado que permita ofrecer respuestas sin poner en juego el Estado de derecho, evitando respuestas de emergencia como la prohibición de difusión de los canales de información rusos RT y Sputnik, que, sin soporte jurídico, pueden poner en cuestión el imperio de la ley.

Entre las medidas legales destacarían:

El Código de Buenas Prácticas frente a la Desinformación, aprobado en 2022, que sustituye y refuerza el de 2018 y ha ampliado su campo de actuación hasta 34 organizaciones, incluyendo plataformas en línea, agencias de publicidad, verificadores de datos, academia y organizaciones de la sociedad civil. Entre sus 44 compromisos y 128 medidas, destacan la desmonetización de la difusión de desinformación; la garantía de la transparencia de la publicidad política; la reducción del comportamiento inauténtico utilizado para difundir desinformación; la cooperación con los verificadores de datos; y el acceso de los investigadores a los datos, creando un grupo de trabajo, y un marco de supervisión que permita valorar la eficacia del mismo, incluyendo un Centro de Transparencia que recoge los informes de las plataformas que forman parte del mismo.

El Reglamento sobre la Transparencia y la Segmentación de la Publicidad Política aumenta las obligaciones de transparencia de la publicidad política, que debe identificarse como tal, ofreciendo información básica sobre el patrocinador, la elección a la que está vinculada, el importe y las técnicas de segmentación utilizadas. Además, restringe la microsegmentación en este tipo de publicidad política, que solo podrá realizarse con datos recopilados directamente del sujeto, con su consentimiento, explícito y distinto, para este uso. Además, prohíbe la utilización de categorías especiales de datos personales, como los que revelen el origen racial u opiniones políticas, para el perfilado, y la contratación de publicidad por parte de patrocinadores de terceros países durante los tres meses previos a la votación.

La Ley de Servicios Digitales (DSA) también tiene un efecto directo en las elecciones al regular la moderación del contenido en línea, armonizando las regulaciones nacionales relativas al contenido ilegal, la publicidad y la desinformación. En concreto, se establecen mecanismos que permiten a los usuarios reportar estos contenidos, se garantiza la impugnación de las decisiones tomadas por los moderadores de las plataformas y se refuerza la transparencia de estas, incluyendo, por ejemplo, la de los algoritmos utilizados para recomendaciones. Para las plataformas de muy gran tamaño, que alcanzan a más del 10% de la población de la UE, se establece explícitamente la obligación de mitigar los riesgos sistémicos relacionados con los procesos electorales, lo que ha dado lugar a una serie de recomendaciones específicas para las próximas elecciones al Parlamento Europeo que incluyen reforzar sus procesos internos en función del riesgo potencial, mejorando su capacidad de mitigación ante estos comportamientos; aplicar medidas de reducción del riesgo; promover la información oficial sobre los procesos electorales, iniciativas de alfabetización mediática y adaptar sus sistemas de recomendación para capacitar a los usuarios, y reducir la monetización y la viralidad de los contenidos que amenazan la integridad de los procesos electorales. Además, la publicidad política debe etiquetarse claramente como tal, en línea con el nuevo Reglamento sobre la Transparencia y la Segmentación de la Publicidad Política, señalando expresamente, cuando se produzca, el uso de IA generativa. Se insta, además, a la cooperación con las autoridades nacionales y de la UE, expertos independientes y organizaciones de la sociedad civil, especialmente con el Grupo de Trabajo del Observatorio Europeo de los Medios Digitales (EDMO). Por último, se recomienda adoptar un mecanismo de respuesta a incidentes que puedan tener un efecto significativo en el resultado o la participación electoral y la evaluación de la eficacia de las medidas mediante revisiones poselectorales, fomentando el control por terceros para garantizar que las medidas aplicadas sean eficaces y respeten los derechos fundamentales.

En lo que se refiere a medios de comunicación, que también afecta a las elecciones, se ha aprobado recientemente la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación. Todos los medios informativos —independientemente de su tamaño— tendrán que publicar en una base de datos nacional la identidad de sus propietarios, y también si son parcial o totalmente de titularidad pública. De la misma forma, los medios de comunicación tendrán que informar sobre los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad o en forma de subvenciones, incluidos los procedentes de terceros países. Estos fondos deberán asignarse mediante criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios. Además, se establecen una serie de medidas para procurar la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, fijando criterios para su financiación, que deberá ser transparente y basada en procedimientos objetivos, además de sostenible y previsible. Por último, como forma de protección de los medios se introduce un mecanismo para evitar que las grandes plataformas restrinjan o eliminen arbitrariamente contenidos de los medios por incumplimiento de sus condiciones. Este mecanismo obliga a las mismas a distinguir los medios independientes de las fuentes no independientes, notificando su intención de eliminar o restringir su contenido, abriendo un plazo de veinticuatro horas para que el medio pueda responder y llevar a cabo su actuación, solo después de haber recibido una respuesta (o en ausencia de ella).

Por último, debemos mencionar la Recomendación sobre Procesos Electorales Inclusivos y Resilientes en la UE, con vistas a reforzar el carácter europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones al Parlamento Europeo, que de alguna manera viene a integrar en recomendaciones concretas las distintas normas aprobadas, algunas de las cuales no habrán entrado en vigor en el momento de las elecciones. La Recomendación aborda la protección y la ciberseguridad de las infraestructuras relacionadas con las elecciones, que se deben clasificar como críticas, así como de bases de datos y procesos de las mismas, en línea con la propuesta de Ley de Ciberresiliencia. Propone medidas para minimizar los riesgos de injerencia de terceros países a través del control de la financiación de partidos políticos y sus campañas y refuerza la transparencia de los partidos y candidaturas, recogiendo las obligaciones de transparencia de la ley de publicidad política. Entre las medidas recogidas estarían: la adopción de códigos de conducta que faciliten la integridad electoral y las campañas justas, fomentando un discurso político inclusivo y desterrando comportamientos manipuladores como la generación o difusión de falsedades (incluidos los deepfakes), o aquellos que incitan al odio, así como el rechazo a la utilización de tácticas, técnicas y procedimientos inauténticos para difundir o amplificar mensajes políticos, promoviendo fórmulas de control independiente para el cumplimiento de los compromisos asumidos. Por último, se anima a los Estados a proteger el entorno informativo y garantizar que los votantes reciban información correcta, promoviendo proyectos de sensibilización y alfabetización mediática para hacer frente a la manipulación de la información, la injerencia y la desinformación relacionadas con las elecciones, así como el fortalecimiento de respuestas rápidas, tanto de prevención (prebunking) como de refutación (debunking).

En resumen, las próximas elecciones europeas se celebrarán en un marco normativo que busca evitar la desinformación y las injerencias extranjeras. Este marco jurídico, formado por un conjunto ambicioso de medidas de diverso valor normativo, a las que hay que añadir otras como las relativas a la protección de datos en los procesos electorales, ha llegado un poco tarde y no podrá aplicarse en su totalidad en estas elecciones, pero ya en 2025 pasará a formar parte del marco jurídico electoral de los Estados miembros.

Comunicación estratégica y ciberseguridad

Junto a un marco jurídico adecuado, en este contexto donde hay tanto en juego, la respuesta pasa por una mezcla de comunicación estratégica que refuerce el papel del Parlamento europeo y la importancia de estas elecciones, junto con la protección de las infraestructuras electorales ante cualquier ataque a la integridad de un proceso.

Por lo que hemos visto, una exitosa campaña de ciberataques contra un Estado miembro de la UE podría comprometer la elección en todos los Estados miembros. Por ejemplo, la interrupción de los sistemas de red e información que sustentan las elecciones en un Estado miembro, o incluso la percepción de ello, podría afectar los procesos de conteo y tabulación de votos a nivel nacional cuando se vota en momentos distintos. Es necesario mantener la confidencialidad de ese resultado de la votación en los Estados miembros que votan antes para evitar que los últimos votantes se vean influidos por los primeros. Asimismo, causar un retraso en la notificación de los nombres de los miembros elegidos al Parlamento por parte de los Estados miembros afectaría el funcionamiento adecuado del Parlamento Europeo e incluso sembraría dudas sobre su legitimidad democrática.

Como hemos visto, cada país está a cargo de organizar sus propias elecciones, tanto en la forma en que se ejerce el voto (en papel, con voto electrónico o en línea) como para garantizar que las elecciones europeas sean justas y estén libres de injerencias y manipulaciones. Su labor incluye la defensa de las elecciones contra posibles intentos de manipulación de la información, ciberataques, violaciones de la seguridad de los datos y amenazas híbridas. Los Estados miembros que celebran las votaciones con antelación no pueden hacer públicos los resultados de su recuento hasta después del cierre de las urnas en el Estado miembro cuyos electores votaron en último lugar, con la dificultad añadida de mantener la confidencialidad de esa votación.

Para salvaguardar los sistemas electorales de la interferencia y garantizar la integridad de los procesos democráticos, se pueden tomar varias medidas estratégicas. Estas medidas no solo tienen como objetivo proteger la infraestructura electoral, sino también mejorar la resiliencia del sistema electoral contra campañas de desinformación y ciberataques. Aunque se trata de una materia en continua evolución, para mejorar la seguridad se recomienda considerar los sistemas electorales como infraestructura crítica, lo que permite institucionalizar medidas de seguridad electoral (que afectan a todos los actores implicados), realizar evaluaciones regulares de vulnerabilidad y establecer planes de contingencia para los sistemas electorales, con especial atención a los sistemas de votación electrónica y a los mecanismos de transmisión de votos y de recuento automatizado.

En el campo de la desinformación y las interferencias electorales, se recomienda la cooperación entre entidades gubernamentales, nacionales e internacionales, para protegerse contra amenazas cibernéticas y desinformación, creando un sistema de alertas compartido que permita advertir de cualquier forma de interferencia electoral, denunciando públicamente cualquier intento para disuadir a posibles actores. También se hace necesaria la colaboración entre organismos gubernamentales, medios de comunicación y plataformas de redes sociales, y los esfuerzos de verificación independiente para contrarrestar la desinformación. Igualmente, se recomienda educar a los votantes sobre la naturaleza y el grave riesgo de las campañas de desinformación; sensibilizar al público sobre los peligros de la interferencia extranjera en el proceso democrático; y mejorar la alfabetización mediática para ayudar al público a evaluar críticamente la información y las fuentes.

La implementación de estas medidas puede mejorar significativamente la seguridad y la integridad de los procesos electorales, haciendo que las instituciones democráticas sean más resistentes a amenazas e interferencias y abriendo un camino a seguir ante una amenaza global que, de la mano de distintos actores, amenaza ya a la democracia en todo el mundo.