Esta importante evaluación trata de sintetizar un marco para la descolonización que se desarrolló en la búsqueda de caminos comunes y democráticos para superar el estancamiento al que el tradicional debate de estatus ha llevado el tema en Puerto Rico. Comienza identificando una forma en que se interpreta el colonialismo hoy y cuestiona la frontera entre el llamado colonialismo clásico y lo que vendría luego de cumplir con los trámites formales. En cambio, propone identificar el colonialismo como una matriz de dominación con múltiples dimensiones. Utiliza el concepto de reparaciones para superar esa matriz de dominación, con ejemplos que se discuten en los organismos internacionales. Finalmente, este análisis aterriza en la realidad de Puerto Rico.
Una de las principales maneras de entender el colonialismo es a través de un eje donde está el llamado colonialismo clásico por un lado y, por otro lado, están la llamada colonialidad, el colonialismo interno y el neocolonialismo. A través de este marco binario (o lineal), se entiende que el colonialismo comenzó cuando las potencias europeas lograron ejercer un control político y militar sobre territorios fuera de su región en 1492 y lo legitimaron a través de conceptos como terra nullius, o más descaradamente a través del destino manifiesto, el poder divino o el poder de la conquista. Luego de las independencias, las relaciones coloniales se transformarían en otra cosa diferente —la poscolonialidad, el neocolonialismo o la colonialidad del poder, el saber, etcétera—. El concepto de colonialidad, por ejemplo, comúnmente se utiliza para nombrar la relación donde las mismas formas de racialización, los mismos horizontes de vida y convivencia con el entorno y los demás, las mismas estructuras de explotación económica, los mismos conceptos de género, o los mismos juicios estéticos y valorativos, entre otros aspectos instaurados por el colonialismo clásico, se mantienen, tanto en la relación interna del país como en la relación del país con los centros de poder global. El neocolonialismo, por su parte, se utiliza para nombrar una relación con un enfoque dirigido más hacia lo material y estructural. Kwame Nkrumah la define como un estadio en el que las potencias y centros de poder ejercen un control por medio de gobiernos títeres, estructuras empresariales y económicas que extraen valor y materia prima, apoyos fiscales, deuda, acuerdos militares y otras formas de relación supuestamente libres.
Sin embargo, ese marco aloja una semilla de otra manera de analizar el colonialismo, que es viéndolo de una forma más integral, como una serie de relaciones de poder —una matriz de poder y dominación—. Esta matriz está marcada o transformada por eventos, como el logro de un Estado independiente, pero no necesariamente hay un antes y un después fijo. Esto es consistente con planteamientos, por ejemplo, de Silvia Rivera Cusicanqui en Ch’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores y Un mundo ch’ixi es posible. Memoria, mercado y colonialismo, entre otros, donde utiliza el concepto y la palabra «descolonización» para referirse a varias dimensiones políticas, económicas, culturales y sociales relevantes en países independientes, y donde critica sustantivos como «de-colonialidad» por considerarlos neologismos y modas que no logran comunicarse con la realidad vivida cotidianamente por los sujetos coloniales y sus luchas anticoloniales concretas, y, en cambio, «enredan el lenguaje, dejando paralogizados a sus objetos de estudio —los pueblos indígenas y afrodescendientes— con quienes creen dialogar». Por su parte, Catherine Walsh, defendiendo la supresión de la ese y el término «decolonial», explica, de forma realmente complementaria, que esa demarcación lingüística pretende «marcar una distinción con el significado en castellano del “des” y lo que puede ser entendido como un simple desarmar, des-hacer o revertir de lo colonial. Es decir, pasar de un momento colonial a un no colonial, como que fuera posible que sus patrones y huellas desistan en existir. Con este juego lingüístico, [intenta] poner en evidencia que no existe un estado nulo de la colonialidad, sino posturas, posicionamientos, horizontes y proyectos de resistir, transgredir, intervenir, in-surgir, crear e incidir. Lo decolonial denota, entonces, un camino de lucha continuo en el cual se puede identificar, visibilizar y alentar ‘lugares’ de exterioridad y construcciones alter-(n)ativas». Walter Mignolo, por su lado, resume que «Quijano propuso el concepto de la colonialidad para develar la lógica subyacente de todos los imperialismos modernos/coloniales occidentales (desde España hasta Inglaterra y los Estados Unidos)». Es decir, independientemente del debate semántico, el punto de encuentro parece ser que, cuando se habla de superar el colonialismo, ya no es solamente la lucha por la descolonización que se conocióen el siglo XX, sino la lucha subyacente para superar la colonialidad en todas sus dimensiones — la lucha por superar las relaciones de dominación colonial dondequiera que se cuelen—.
La complejidad del «colonialismo clásico». ¿Cuál es la frontera?
El colonialismo, tal como se interpretó a lo largo del siglo XX, aún no se ha superado. Desde la Resolución 66 (I) de 1946, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas lleva enumerando territorios que formalmente considera como no autónomos. En ese momento, fueron 74. Hoy, la lista formal incluye 17 colonias, 7 de estas ubicadas en el Caribe. Las del Caribe son Anguila, las Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes Estadounidenses, Islas Caimán, Montserrat e Islas Turcas y Caicos. Que las viejas formas de colonialismo no han acabado lo confirma la Resolución 75/123 de las Naciones Unidas, que declara el periodo 2021-2030 como el Cuarto Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo. Ante esa realidad, es necesario recordar que la Resolución 1514 (XV) aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1960 establece que «La falta de preparación en el orden político, económico, social y educativo no deberá servir de pretexto para retrasar la independencia», y exige que se tomen «inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus derechos libremente expresados». En otras palabras, la descolonización formal no puede depender de un proceso de reconstrucción y transformación que tomará décadas y que, como proceso dialéctico, va a seguir descubriéndose en la medida que se desarrolla. Las teorías decoloniales y los análisis geopolíticos sobre el neocolonialismo están incompletos sin la vuelta hacia atrás para culminar con esas viejas formas del colonialismo.
Sin embargo, sería un desacierto circunscribirnos única o prioritariamente a esa formalidad por varias razones. El caso de Puerto Rico es uno de los ejemplos que nos muestra las limitaciones de ese marco, puesto que un trámite procesal, en cumplimiento con la formalidad, permitió alegar y aceptar internacionalmente que nos habíamos descolonizado, para eliminarnos de la lista de territorios coloniales y relevar a Estados Unidos de sus responsabilidades como potencia colonial.
Al pasar de los años se demostró ante el mundo que todavía existe una intervención política y constitucional directa de Estados Unidos en Puerto Rico y que la relación fundamental no ha cambiado desde la invasión en 1898. Las tres ramas del Gobierno estadounidense han sido claras en ese sentido. El código de reglamentación federal de Estados Unidos contiene no menos de doscientas referencias de aplicación a Puerto Rico. Las leyes aprobadas por la legislatura de Puerto Rico están supeditadas a las aprobadas por el Congreso estadounidense. La Junta de Control Fiscal, nacida de la Ley PROMESA, que fue aprobada unilateralmente por el Congreso de EE. UU. en junio de 2016 tiene autoridad sobre toda legislación y presupuesto de Puerto Rico. En los años 2005, 2007 y 2011, grupos de trabajo presidenciales publicaron informes que reafirmaron la capacidad del Gobierno de Estados Unidos de ejercer control unilateral sobre el futuro de Puerto Rico. En decisiones como Puerto Rico v. Sánchez Valle, Puerto Rico v. Aurelius Investment, y Estados Unidos v. Vaello Madero, la Corte Suprema de ese país reiteró la soberanía del Gobierno estadounidense sobre Puerto Rico. Por otro lado, a la fecha, el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas ha aprobado 42 resoluciones en las que insiste en que Puerto Rico tiene un derecho inalienable a la libre determinación e independencia por ser un pueblo que aún no ha alcanzado la plenitud de gobierno propio. Eso, a pesar de no formar parte de la lista de colonias.
De forma similar, el Caribe francés —Guadalupe, Martinica, San Martín, San Bartolomé— está en una relación de integración con la metrópoli que se ha legitimado como no colonial, pero cuyo carácter permanente o afinidad con la descolonización debemos cuestionar. En diferentes momentos los territorios y la metrópoli han renegociado la relación, incluyendo cambios en las categorías contempladas por la Constitución francesa. Cada cierto tiempo se reviven protestas sobre diferentes temas coyunturales, como el precio del gas, y el llamado independentista y descolonizador hace presencia. Como respuesta, la metrópoli europea muestra una resistencia a perder sus colonias y su pie en las Américas, incluso recurriendo a la represión militar.
En el Caribe neerlandés —Aruba, Curazao, Saint Marteen, que son países constituyentes del Reino de los Países Bajos, y Bonaire, San Eustaquio, Saba, como municipios especiales de los Países Bajos—, vemos una experiencia similar. En al menos tres momentos desde 1954, cuando salieron de la lista de territorios no autónomos, han cambiado la relación con la metrópoli y la relación entre ellos. Papúa Occidental, cedido por el Reino de los Países Bajos a Indonesia, otra de sus excolonias, vive una realidad de ocupación, protestas y ley marcial, pero no se considera una colonia desde la formalidad internacional.
Hawái, cuyo gobierno fue depuesto en 1893 y que ha estado bajo ocupación desde entonces —ocupación por la cual las ramas legislativa y ejecutiva de EE. UU. pidieron perdón un siglo después sin un proceso de reparaciones y corrección de errores históricos—, tampoco está incluido en la lista de territorios coloniales. Esto, con la excusa de que se integró plenamente como estado de la Unión.
Tampoco se considera colonia a Palestina, a pesar de existir una situación clara de colonialismo a través de la ocupación de más de la mitad de su territorio por el Estado israelí , y el desplazamiento, el asentamiento colonial, el genocidio, el etnocidio, la apropiación cultural y el control económico y militar que la acompañan.
Los casos que personas como Jennifer Wolff llamaron «naciones subestatales» son otros que nos obligan a mirar el colonialismo no como un antes y después, sino como una matriz de poder con fronteras difusas. En el Reino Unido, tenemos a Irlanda del Norte, un país intervenido al que se la ha negado la unidad territorial en violación al derecho internacional, y a Escocia. Tenemos al País Vasco y Kurdistán, que existen entre varios Estados nacionales; tenemos a Quebec, con una unidad etnolingüística diferente y subordinada al país del cual forma parte; y tenemos a las naciones originarias alrededor de todo el mundo, a las cuales los procesos de asentamiento europeo y eurodescendiente, de desplazamiento material y simbólico, y de coerción directa e indirecta les han usurpado su control territorial, su posibilidad de integrarse plenamente a un mundo marcado por la existencia de Estados nacionales, y también su posibilidad de perdurar como pueblos a través de futuras generaciones. Además, ha habido pueblos que han salido de la lista solo para volver años más tarde, como Nueva Caledonia (1986, después de 40 años) y la Polinesia Francesa (2013, después de 66 años).
Como consecuencia de este desvanecimiento de la fuerza de la formalidad decolonial, las categorías mencionadas por la Organización de Naciones Unidas para adelantar la libre determinación —«El establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo» (según fueron resumidas en la Resolución 2625 [XXV]: «Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas», aprobada el 24 de octubre de 1970)— no pueden considerarse, por sus esencias propias, descolonizadoras. Pero tampoco ninguna de las tres categorías principales es estática o monolítica: se establecen según el contexto particular de cada uno de los procesos y la relación de poder en esa negociación. La historia y los casos particulares que se dieron a lo largo del siglo XX nos muestran esa diversidad.
Debemos, entonces, ampliar nuestras miradas y sospechar del trámite procesal. La descolonización es un proceso complejo. No solamente se puede ver a través del cumplimiento mecánico del derecho internacional o de una negociación entre la potencia y la colonia mediada por una relación de dominación. Mucho menos se puede resolver, como se intenta hacer en Puerto Rico, mediante eventos plebiscitarios de un día, que son eventos performáticos y partidistas, y no manifestaciones democráticas dirigidas a una expresión de libre determinación. ¿Qué cosa, entonces, es la descolonización?
El colonialismo como relación de poder
Propongo entonces, como adelanté, que el colonialismo es una relación de poder multidimensional. Su superación integra como parte de una sola lucha proactiva la descolonización como se conoció en el siglo XX, las aportaciones del giro de(s)colonial y la lucha contra el neocolonialismo. Sigue el discurso articulado por países como Cuba y Venezuela, que señalaron sus procesos revolucionarios como procesos hacia la verdadera independencia. Siguen las críticas a las conmemoraciones de los bicentenarios de las independencias latinoamericanas que articularon la pregunta de ¿independencias para quiénes? Siguen las críticas a la constante intervención en la primera república latinoamericana, Haití; y sigue el proceso imparable de varios países caribeños como Barbados, Antigua y Barbuda, Belice, Bahamas, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Dominica, y Trinidad y Tobago, que forman parte de la britanocéntrica Mancomunidad de Naciones, pero que llevaron, comenzaron o tienen pendientes procesos para convertirse en repúblicas y eliminar a la monarquía británica como jefatura de Estado.
Evidentemente, la descolonización como proceso incluye unas transformaciones más complejas y profundas. No existe descolonización que no nos vaya, como mínimo, acercando (o dirigiendo) a superar la realidad colonial y los mecanismos que la sostienen, y sin sanar los daños el colonialismo. Por lo tanto, es consustancial con otra exigencia y práctica: las reparaciones. ¿Cuáles son esos daños? ¿Cómo se reparan, concretamente?
Reparaciones, institucionalidad, democracia, cultura y desarrollo social
Se entiende que el concepto de reparaciones incluye indemnizaciones monetarias por daños, que en Puerto Rico se pueden desglosar en estos términos: 1) el valor no pagado por el uso de terrenos para fines militares, 2) indemnizaciones por daños ambientales, 3) experimentación humana, médica, científica y militar, 4) esterilización masiva bajo engaño, 5) oportunidades comerciales perdidas, 6) la repatriación masiva de ganancias por corporaciones estadounidenses, 7) los costos asociados a las leyes de cabotaje, 8) la devaluación de la moneda local en 40 % inmediatamente después de la ocupación, y 9) la resultante acumulación de tierras y desposesión sistemática a principios de la colonización. Pero las transferencias monetarias solas no atienden la complejidad de la matriz a la que hemos hecho referencia. Lo verdaderamente reparador es revertir los diferentes daños del colonialismo y, en coincidencia con Raquel Maldonado Nieves, J. D., crear una situación material donde se garantice no repetir los patrones de dominación y desigualdad. Lo verdaderamente reparador es «elaborar y ejecutar una propuesta descolonizadora que nos permita superar, material y mentalmente, la dependencia y espíritu de minusvalía para ejercer efectivamente nuestro derecho a la autodeterminación», y que permita satisfacer «la necesidad que tenemos de adquirir poderes que nos permitan salir del estado de zozobra en que vivimos», como han planteado concertaciones políticas como el Movimiento Victoria Ciudadana en Puerto Rico.
Esta forma proactiva de procesar la descolonización se justifica teóricamente con varios lanteamientos complementarios. Principalmente, tenemos la teoría de la libertad positiva y libertad negativa de Isaiah Berlin, la teoría del desarrollo de capacidades de Amartya Sen, y las teorías sobre poder sobre (potestas) y poder para (potentia) de Holloway, Dussel, el filósofo Spinoza y otros. Estas nos señalan que no es suficiente la no prohibición o la libertad en papel: es necesario tener las condiciones que permitan el ejercicio de esa libertad. Esas condiciones son la capacidad concreta —real— de «poder hacer» y controlar los frutos de ese poder. Asimismo, la Resolución 70/1, aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 —«Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»—, recoge el concepto iniciando con la declaración de que se enmarca «dentro de un concepto más amplio de la libertad». En síntesis, contiene varios objetivos que, para cumplirse, requieren profundizar la agenda anticolonial y deben guiar el desarrollo de los posibles resultados.
Además, el acercamiento basado en la acción reparadora permite un proceso verdaderamente democrático y unitario. Por un lado, descomponer el colonialismo en dimensiones más tangibles e inmediatas facilita que asuman el protagonismo de su propia descolonización los diferentes sectores que la matriz de poder y dominación colonial mantiene en posiciones subordinadas. Por ejemplo, las personas racializadas como negras, de tez más oscura o cuyas familias y comunidades viven las herencias estructurales y materiales del racismo colonial; las mujeres y personas intersex, trans o de preferencias e identidades invisibilizadas y estigmatizadas por los juicios de valor y el patriarcado eurodescendiente; la naturaleza, en la voz de quienes la defienden; las personas con precariedad de vivienda debido al desplazamiento o por vivir en zonas vulnerables al cambio climático; las personas dirigidas hacia la cárcel por la sociedad a través de la exclusión económica y las violencias ejercidas hacia ellas en instituciones tales como la escuela; la clase trabajadora e incluso el pequeño empresariado local, solidario, cooperativista y comunitario. Por otro lado, como mencionó la Dra. Iris Zavala Martínez en una conferencia dictada el 10 de octubre de 2021, las pequeñas «agendas cotidianas» permiten unificar a una sociedad dividida por el colonialismo. Caminar juntos y acompañarnos en el desarrollo de nuestra potentia colectiva, enfocándonos en esas agendas que nos unen y no en fórmulas preestablecidas, monolíticas y mutuamente excluyentes, es la clave del éxito de las comunidades. Parte de nuestra tesis sobre las reparaciones es que estas nos permiten trasladar este acercamiento constructivo y colaborativo a la política a nivel macro y nacional.
La campaña de CARICOM, relacionada con la declaración del siglo XXI como el de la justicia reparativa y anunciada en septiembre de 2013, y el Plan de Acción aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la eliminación del colonialismo, entre otras resoluciones del derecho internacional, aterrizan en líneas de acción concretas.
La campaña de CARICOM se inició con el establecimiento de la Comisión Caribeña sobre las Reparaciones. Esta presentó un Plan de 10 Puntos para la reparación por los crímenes de la esclavitud, el genocidio y el colonialismo. Sin detenernos mucho, el plan estipula:
Una disculpa formal
– Programas para el desarrollo de los pueblos indígenas. (En el Caribe es complejo por la desindigenización práctica, pero son puntas de lanza para retomar «lo indígena» los esfuerzos por asumir la identidad afroindígena, el ejemplo visible de los pueblos kalinago y garífuna con fuertes raíces caribeñas, la renovación de los esfuerzos del rescate del idioma, la espiritualidad y la identidad taíno-arahuaca, e incluso las identidades del cimarronaje y del malungaje.)
– Fondos para la repatriación y reasentamiento en el continente africano financiados por las potencias coloniales.
– Restauración de la historia cultural y del patrimonio histórico de las personas afroindígenas del continente.
– Asistencia en las crisis de salud.
– Desarrollo de la educación.
– Financiamiento de programas de intercambio cultural con grupos indígenas y con el continente africano.
– Rehabilitación por los traumas intergeneracionales a través de programas de salud mental financiados por las potencias.
– Transferencia de tecnología y conocimiento científico de las potencias a las colonias (o «excolonias ») para el desarrollo económico endógeno.
– Cancelación de la deuda y compensación monetaria (que cobran relevancia enorme con los problemas de las deudas de Haití y Puerto Rico).
Por su parte, con el Plan de Acción para la Eliminación del Colonialismo, la ONU insiste en que las potencias tienen la responsabilidad de promover en sus colonias un desarrollo que, en otras palabras, implica la reconstrucción política, económica, social, educativa, fiscal y ecológica y el rescate de las instituciones nacionales, sus capacidades y autosostenibilidad, todo para ponerlas en una posición que les permita tomar una decisión sobre su destino político libre de coerciones directas e indirectas. Estos esfuerzos son una parte importante de reparar los daños del colonialismo.
Tan temprano como en el Pacto de la Sociedad de Naciones se les delegó a las potencias esa responsabilidad. La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 21 de junio de 1971 aclaró:
«El Sistema de Mandatos establecido en el Artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones se basaba en dos principios de la máxima importancia: el principio de no anexión y el principio de que el bienestar y el desarrollo de los pueblos interesados constituía una misión sagrada de civilización. Teniendo en cuenta los acontecimientos del medio siglo pasado, no cabía dudar de que el objetivo final de esa misión sagrada era la libre determinación y la independencia. El Mandatario tenía que cumplir varias obligaciones, y el Consejo de la Sociedad tenía que procurar que se cumplieran. Los derechos del Mandatario como tal se basaban en esas obligaciones».
Luego de la Sociedad de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 73 de su Carta, declara que las potencias «se obligan a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas». Por esta razón las potencias administradoras tienen una responsabilidad de revertir —o reparar— los daños causados a la sociedad, la economía y la cultura de la colonia debido a la condición colonial y que sirven de obstáculos para la libre determinación. La libre determinación es un ejercicio democrático, de desarrollo de la soberanía del pueblo, de organización y transformación para ello. No es la construcción de mayorías artificiales en ejercicios electorales de un día.
El Plan de Acción declara que «Las Potencias administradoras deberían tomar todas las medidas necesarias para promover el progreso político, económico, social, cultural y educacional de las poblaciones de los territorios no autónomos, facilitando así su ejercicio del derecho a la libre determinación ». También llama a las potencias a «[promover] el pleno respeto de los derechos humanos de los pueblos que viven bajo dominio extranjero y [facilitar] su recurso a procedimientos judiciales para obtener indemnizaciones económicas y sociales ». Se hace eco, a su vez, de varias resoluciones de las Naciones Unidas a lo largo del siglo XX.
Retomando lo señalado en la Resolución 743 (VIII) de 1952, que establece que uno de los objetivos de la enseñanza en los territorios coloniales es poner a nuestros pueblos «en condiciones para que tengan una participación cada vez mayor en la dirección de sus propios asuntos», menciona la educación dirigida hacia la libre determinación en varias instancias. No es solamente un desarrollo en los niveles académicos o de alfabetización.
Reitera lo planteado por la resolución sobre «Actividades militares y disposiciones de carácter militar adoptadas por las potencias coloniales en los territorios bajo su administración que pueden servir de obstáculos al ejercicio de la libre determinación », y complementa la Resolución 1514 (XV), que establece que «A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ello, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional».
Disuade «de toda medida y actividad, comercial o de otra índole, que pudiera ser perjudicial al ejercicio del derecho de libre determinación e independencia de los pueblos de los territorios no autónomos restantes». Este planteamiento se repite de otras resoluciones anuales sobre «Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, que constituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en los territorios bajo dominación colonial». También reitera una política establecida tan temprana como la Resolución 742 (VIII), del 10 de diciembre 1952, que declara que la libre determinación solo es posible en «ausencia de presión económica ejercida, por ejemplo, por una minoría extranjera que, en virtud de la ayuda recibida de una potencia extranjera, haya logrado una posición económica privilegiada, perjudicial para los intereses económicos generales del pueblo del territorio». De forma similar, la Resolución 2621 (XXV) de 1970 establece:
«Los Estados Miembros emprenderán una campaña enérgica y sostenida contra las actividades y prácticas de los intereses extranjeros —económicos, financieros y de otro tipo— que actúan en los territorios coloniales para beneficio y a nombre de potencias coloniales y de sus aliados, ya que aquéllas constituyen uno de los principales obstáculos para el logro de los objetivos enunciados en la resolución 1514 (XV). Los Estados Miembros considerarán la adopción de las medidas necesarias para lograr que sus nacionales y las compañías que están bajo su jurisdicción pongan fin a tales actividades y prácticas».
El Plan exige proactividad relacionada con el desplazamiento cuando recalca que las «potencias administradoras deberían asegurar que en ningún caso el ejercicio del derecho a la libre determinación se viera afectado por cambios en la composición demográfica de los territorios bajo su administración, como resultado de la inmigración o los desplazamientos de la población de los territorios». Así repite lo planteado en la Resolución 2621, que declara que «dichas medidas tendrán también por objeto evitar la afluencia sistemática de inmigrantes extranjeros a los territorios coloniales, que quebranta la integridad y la unidad social, política y cultural de las poblaciones bajo dominación colonial». Este trabajo de reparar la dimensión demográfica de los daños coloniales podría incluir el desarrollo de programas para facilitar el retorno e integración de aquella parte de nuestra población que se encuentra en exilio y que desea regresar. Por otro lado, el Plan de Acción también exige en varias ocasiones el apoyo de las potencias insertando a sus colonias en los programas de colaboración internacional.
Una aplicación al caso de Puerto Rico
Mucha de la discusión pública en Puerto Rico gira alrededor del tema de los «fondos federales», que alcanzan entre $19,000 millones (USD) de beneficios ganados (como en el caso del seguro social, fondos para la salud o beneficios a veteranos) y $25,000 millones (USD) de subvenciones (como en el caso de las becas universitarias, la asistencia nutricional y de vivienda, o transferencias al gobierno para la educación, entre otros). Además de hacer una matemática incompleta de la relación extractiva, donde la economía de EE. UU. se lleva alrededor de $41,000 millones (USD) anuales de la economía de Puerto Rico en repatriación de ganancias, pagando, como regla general, el 21 % en contribuciones al Gobierno federal estadounidense sobre esas ganancias, y los $5,500 millones (USD) de pagos que individuos y el Gobierno local le hacen al Gobierno federal, el discurso de lograr «paridad» con los estados también omite la necesidad descolonizadora, de desarrollo sostenible y de reparación de daños.
La discusión no puede estar basada en la continuidad de todo tal como existe, limitarse a la búsqueda interminable, cotidiana y de sentido común de transparencia y uso efectivo de los fondos, o abonar a la profundización del estancamiento o dependencia económica, administrativa y fiscal. Tiene que integrar la perspectiva descolonizadora del desarrollo de capacidades. Los fondos federales que hoy se utilizan para mantenernos en un ciclo de estancamiento y dependencia institucional se tienen que dirigir hacia la reconstrucción económica, social, fiscal y ambiental, el rescate de nuestras instituciones públicas, sus capacidades propias y su sostenibilidad, de modo que, como establece la Resolución 742 (VIII), el territorio logre «El suficiente adelanto político de la población para que ésta pueda pronunciarse conscientemente sobre el destino fut ro del territorio», demostrado por «jurisdicción en lo económico, lo social y lo cultural» y el «grado de autonomía para los asuntos económicos, sociales y culturales».
De forma similar, no existe descolonización sin superar el modelo económico de enclave, basado en la extracción económica por medio de la repatriación de valor producido acá y la importación de bienes de consumo. La colonia es la persistencia de las leyes de cabotaje; la inhabilitación legal para defender nuestra producción de prácticas de competencia desleal como la «venta a pérdida», debido a la cláusula de comercio interestatal de la Constitución estadounidense. La colonia es un sistema agroalimentario dirigido a importar el 85 % de los bienes que consumimos; a incapacidad de participar del desarrollo de una industria de pesca regional por el Acta Nicholson, que prohíbe la entrada de barcos de pesca no estadounidenses; la prohibición de traer semillas y expertos en la producción de arroz, por ejemplo,desde la República Dominicana, o la dejadez en el rescate de la semilla y el conocimiento local debido al enfoque en la importación. La colonia es la dependencia en combustibles fósiles en beneficio de las compañías petroleras estadounidenses y la insistencia de algunos políticos en hacer la transición al gas natural estadounidense. No existe descolonización con dependencia fiscal y administrativa, donde el Gobierno federal capta más contribuciones de las grandes empresas que operan en Puerto Rico que el Gobierno local; donde el presupuesto se convierte en un elemento coercitivo, de parálisis y espera, junto con la imposición de políticas públicas por medio de los programas federales y la deuda. Perdurará el colonialismo mientras las cortes, agencias y la legislatura federal tengan la última palabra en legislación que nos afecta directamente. Perdurará el colonialismo mientras la mitad de nuestra población esté descalificada para asumir, por ejemplo, una posición como delegada en el Congreso Federal por normas lingüísticas, como las vigentes desde la Ley Foraker de 1900, o por la práctica monolingüística del Gobierno de la Unión. La colonia es la desigualdad y el asentamiento desregulado e incentivado de ciudadanos de la metrópoli que da pie al desplazamiento en las diferentes dimensiones que se discuten públicamente.
Esa ruta de reparación de las manifestaciones del colonialismo, basada en el «desarrollo de capacidades» tiene precedentes claros. A finales del siglo XIX, el sociólogo, escritor, filósofo y educador Eugenio María de Hostos y compañeros suyos de la Sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano en Nueva York, incluyendo a los anexionistas Roberto H. Todo y José Julio Henna, propusieron un proyecto amplio de reconstrucción social, la Liga de Patriotas. Este proyecto «quería que a la expresión de su voluntad [al ejercicio de su libre determinación] se preparara el país entero; tanto el que trabaja como el que es capaz de gobernar.
»De ahí los esfuerzos hechos en los Estatutos de la Liga, en la propaganda de su fundador y en las gestiones de éste como Comisionado de Puerto Rico, por restablecer la salud pública y por enaltecer el carácter nacional.
»Estas, que no eran frases retóricas, ni conceptos oratorios, sino exactamente los propósitos concretos, se traían a la realidad, se hacían vida de nuestra sociedad, dando pan, sangre y músculos al cuerpo; verdad, virtudes, conciencia, al alma de nuestro pueblo.
»A esos fines caminaba por estos medios la Liga de Patriotas: al pan, por medio del trabajo; a la sangre, por medio del saneamiento; a los músculos, por medio de la educación del cuerpo; a la verdad, por la enseñanza; a las virtudes, convirtiendo derechos y deberes en costumbres; a la conciencia colectiva, poniendo al alcance de todos un ideal de bien, no un ideal metafísico ni abstruso ni intangible, sino visible, tangible, sensible: el bien de la patria en el goce de una civilización completa».
Aunque algunos de los propósitos del grupo, como el desarrollo de un sistema de escuelas en todos los niveles, cajas de ahorro, cooperativas de producción y consumo, gimnasios, sociedades para la construcción de vivienda digna y una sociedad de coros nacionales, entre otras iniciativas, se han cumplido en cierto grado como parte de una sociedad colonial, el acercamiento sigue siendo igual de relevante hoy. Como si estuviera anticipando los planteamientos que mencionamos antes de «suficiente adelanto político», «grado de autonomía» y «jurisdicción» que hace la ONU medio siglo después con la Resolución 742 (VIII), o la aclaración acerca del objetivo final de la «misión sagrada de civilización» que hace la Corte Internacional de Justicia, Hostos mismo explica que la amplitud de su programa era tal porque la determinación de la condición política no iba a ser posible, ni como parte de la federación estadounidense, «mientras [el pueblo] no haya adquirido la costumbre de contar exclusivamente consigo mismo, y el hábito de ejercitar sus iniciativas». La agenda específica podría cambiar, pero el objetivo político —de reparar las condiciones que obstaculizan que tomemos decisiones políticas libres, sin coerción directa o indirecta— perdura.
Conclusiones
El colonialismo no es solamente una relación político-constitucional. Tiene otras dimensiones —que no son tangenciales, sino consustanciales— que no necesariamente cambian con el debate tradicional entre tres formas de relación. Para al menos ocho colonias del Caribe, incluyendo a Puerto Rico, esta mirada a la colonialidad subyacente es esencial para que la negociación de nuevas relaciones político-constitucionales no lleve a la perpetuación del colonialismo bajo otros nombres, sino que nos dirija a descolonizarnos de verdad. La descolonización no es «pasar la página» y ya.
El colonialismo vive en la estructura económica, la relación migratoria, la dependencia administrativa y fiscal, en la subordinación e inferiorización simbólica, estética, epistemológica, axiológica y cultural. Perdura en la separación del medio natural, la región, etcétera.
La imposición del insularismo por encima de la colaboración e intercambio regional en el Caribe ha sido enfrentada por varias iniciativas, como la iniciativa privada de transportación marítima Connect Caribe facilitada por CARICOM, pero también podemos soñar que el mar nos una a través de la pesca, la investigación científica y la ampliación del comercio, en vez de ser zonas exclusivas y fronteras marítimas delimitadas por las potencias. El quiebre de la historia común, a pesar de una larga historia de migración cruzada entre nuestros países, puede revertirse a través de la rearticulación de nuestra historia afrodiaspórica, indígena, criolla o creol compartida (con una mirada importante a lo kalinago y garífuna como ejemplo).
En cuanto al lenguaje, tenemos el reto de la gran diversidad lingüística, con el español, el francés, el inglés, el neerlandés, el creol haitiano, el papiamento y otras lenguas criollas conviviendo y compitiendo. ¿Cómo vamos a hablar entre nosotros? ¿Cuál es nuestro lenguaje común?
En el Caribe aún vivimos con las intervenciones directas, las anexiones, el control político y la subordinación constitucional. Pero frente a eso tenemos un ejemplo de construcción de poder político con el rol protagónico y los discursos desafiantes que están asumiendo CARICOM y jefes de estado como Mía Mottley, de Barbados, y Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas.
Para superar la herencia del colonialismo en el Caribe, debemos integrar una visión reparadora que incluya esas pequeñas «agendas cotidianas» unitarias. Esta visión, más que añadir condiciones y debates abstractos que podrían frenar nuestros procesos, persigue superar la parálisis, bajando la descolonización a la tierra y a la realidad, concertando reclamos y aspiraciones concretas. Permitiría sanar, fortalecernos como pueblos y como región que vive diferentes manifestaciones de relación de poder, y quebrar las formas directas e indirectas de coerción que sirven de obstáculo para el ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación. Sin olvidar que «la falta de preparación en el orden político, económico, social y educativo no deberá servir de pretexto para retrasar la independencia», la reparación de las múltiples dimensiones de la matriz colonial es lo único que permitiría determinar nuestro futuro libremente, de forma democrática y constructiva, tanto en nuestros procesos de descolonización formal, como en la negociación continua y diaria de nuestro rol en el mundo.
