Los Recursos Naturales Su Conflicto

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Desde siempre el uso de los recursos naturales ha sido una fuente de conflictos. Con el paso del tiempo, el nivel de conflictividad se ha ido incrementando en la misma medida en que estos recursos se han ido agotando. En América Latina, las dificultades que genera el uso de los recursos naturales ocupan cada vez un espacio mayor en la sociedad; no sólo por la frecuencia con la que éstos se producen, sino también por los niveles de violencia con los que se expresan. Este escalamiento está relacionado con diferentes factores como el agotamiento de los recursos, los cambios en la economía de muchos países y en la cultura de las comunidades y la forma de manejar unos medios que hasta hace poco se consideraban dones inagotables. Las tensiones provocadas por el control de las áreas turísticas es de los ejemplos más evidentes; lo mismo se puede decir de zonas en donde se produce el cambio de ganadería de libre pastoreo a ganadería de alambrada. Tradicionalmente, los conflictos de carácter ambiental se han manejado como cuestiones de carácter técnico o legal; no obstante, generalmente obedecen a situaciones más complejas que se expresan en varias dimensiones: la biofísica, la humana, la económica, la social y la institucional.

Con frecuencia se tiende a considerar que los conflictos ambientales son el síntoma social de un problema en el entorno natural. Sin embargo, como los problemas naturales tienen también causas sociales y económicas, igualmente muchos de ellos pueden verse como síntomas naturales de un conflicto social y económico. Esto es así, debido a que los conflictos son el reflejo de problemas que se expresan en la conjunción del sistema natural y el sistema socio-económico. Existe la tendencia a asumir la palabra conflicto en su connotación negativa, en la medida en que ella expresa una patología de tipo social. 

El manejo 

Y, efectivamente, tal es la realidad cuando no se dispone de los mecanismos adecuados para manejar y resolver las diferencias que a corto, mediano y largo plazo se presentan en relación con los recursos naturales. Pero el conflicto es algo más: es la manifestación más visible de un problema de adaptación de los sistemas socio-ambientales que rigen el manejo de los ecosistemas por los grupos humanos. De ello se puede colegir, por tanto, que estas dificultades con frecuencia son necesarias, ya que sólo cuando ocurren es cuando la sociedad puede percatarse de la necesidad de regular nuestro comportamiento. Debido a la multiplicidad de intereses y componentes que confluyen en los conflictos ambientales, cada vez se va afianzando la necesidad de contar con herramientas adecuadas para su manejo. Conviene aclarar que no todos los conflictos necesitan de la intervención de agentes externos, ya que, la mayoría de las veces, éstos se resuelven mediante mecanismos de diálogo y concertación, sin que otros actores sociales se den por enterados. ¿En qué condiciones, por tanto, se hace más propicia la mediación de un agente externo?

• Cuando se está ante una situación nueva. 
• Cuando se carece de mecanismos de reglamentación para el manejo de un recurso o dicha reglamentación no se corresponde con lo que la situación demanda. • Cuando en el conflicto está implicada una multiplicidad de actores. 
• Cuando los niveles del conflicto pueden degenerar en violencia. 
• Cuando las consecuencias del conflicto pueden afectar a otros grupos o individuos ajenos a él. 

Un análisis preliminar 

Antes de adentrarnos en los elementos más complejos de cualquier conflicto, es necesario que hagamos un análisis preliminar del mismo (diagnóstico), lo cual permite conocer la relación entre los actores, los recursos naturales y su entorno. El doctor Frans Geilfus, en su libro Guía metodológica para el manejo de conflictos ambientales, resalta cinco aspectos que deben considerarse en este análisis:
• Los intereses. Aunque en su evolución, el conflicto pueda derivar hacia el ámbito de lo social, lo económico y hasta lo político, en su origen, siempre encontraremos una disputa de intereses por el acceso a un recurso o servicio. • Los usuarios involucrados. Cada recurso o servicio es utilizado por una serie de usuarios (actores), que ejercen una demanda sobre el recurso y pueden tener un determinado impacto sobre el ambiente.
• Los sistemas de gestión. Los usuarios se relacionan entre sí a través de sus relaciones sociales, económicas e institucionales, y también a través de su impacto sobre el recurso. El concepto de sistema de gestión sirve para delimitar el ámbito de las interacciones que se van a analizar.
• Los efectos de los problemas ambientales. Éstos crean entre los usuarios la percepción de ser afectados en sus intereses y derechos. Esta percepción es un punto de partida fundamental de los conflictos, por lo que un usuario de recursos o servicios puede verse afectado de muchas maneras. 21
• Los factores y agentes causantes. Son vistos como responsables de los efectos. (No se desarrolla un conflicto si los afectados no identifican a los que consideran como responsables). Debido a que no existe un proceso ideal para al manejo de los conflictos, es necesario considerar más de una estrategia al momento de abordarlos: la prevención, la negociación, la mediación, el arbitraje, la coerción y la confrontación constructiva. Esta última se aplica cuando los problemas no tienen una solución a corto o mediano plazo; se reconoce que el conflicto va a subsistir y se tratan de aplicar procesos permanentes que sirvan para mitigar su escalamiento. La selección de una estrategia de manejo está determinada, básicamente, por el grado de desarrollo del conflicto; la disposición de los actores a comunicarse; la existencia de procedimientos aplicables al caso, y las opciones identificables para solucionar el conflicto. 

El proceso de negociación 

La negociación es la etapa final de un proceso de resolución de conflictos; es el resultado de la disposición de los diferentes actores a buscar una salida a sus diferencias. Una adecuada negociación trata de considerar tanto el manejo de los conflictos existentes como su prevención. Por eso, en la etapa de planificación de los proyectos se incluyen las consultas públicas. Cuando existen mecanismos operativos de concertación, la negociación puede realizarse sin la intervención externa; pero cuando esos mecanismos no existen, lo recomendable es la participación de un facilitador externo, el cual supone un apoyo técnico y metodológico a los actores en la preparación de un ambiente adecuado para una negociación fructífera. El aporte principal de un mediador externo consiste en aspectos tales como una clara identificación de los actores, percepciones y malos entendidos y el establecimiento de una agenda aceptable para todos y de procedimientos adecuados (conviene aclarar que en un proceso de negociación las percepciones son tan reales como la realidad misma). Como hemos apuntado, cuando a los actores se les dificulta el ponerse de acuerdo en la búsqueda de una solución, lo correcto es recurrir a un agente externo que les ayude a preparar las condiciones para un adecuado proceso de negociación, teniendo muy claro que, de ninguna manera, se trata de una sustitución. En su tarea, el facilitador debe tener la capacidad para involucrar a todos los actores en el proceso, y un conocimiento amplio del problema que ha generado el conflicto. Aunque la neutralidad es una premisa, en condiciones de fuertes desequilibrios de poder, no parece una condición deseable y a veces ni siquiera es factible, pues las partes en desventaja difícilmente aceptarían una negociación en tales condiciones.

En la República Dominicana 

En la República Dominicana desde los años 70 se registran fuertes disputas por el acceso a los recursos. La lucha por la tierra ha sido causa de grandes confrontaciones sociales. La muerte de la líder campesina Florinda Soriano (Mamá Tingó) es la expresión de hasta dónde puede llegar el nivel de enfrentamiento por el derecho a manejar determinados recursos. En el seno de muchas comunidades eran frecuentes las pugnas por el acceso a las aguas de riego, pero han ido disminuyendo en la medida en que se han estado elaborando reglamentaciones cada vez más específicas. Otro problema que se registra con cierta frecuencia es el que se produce entre los pescadores dominicanos y los de otras islas –Cuba y Bahamas principalmente- por el espacio marítimo. Con la creación de las de áreas protegidas, la resistencia a los desalojos o las limitaciones a las actividades de las comunidades residentes, se han generado frecuentes y violentas confrontaciones. Dos casos emblemáticos son el del Parque Nacional de Los Haitises e Isla Saona; conflictos originados por la resistencia natural de los pobladores a ser desalojados de su hábitat, sin que el Estado haya creado unas condiciones semejantes en el lugar hacia donde son desplazados. Pero no siempre la confrontación se da entre el Estado y las comunidades, sino que se puede producir teniendo como actores enfrentados a los diversos usuarios del recurso, como el caso de las luchas que por más de 10 años mantienen los pescadores de Sánchez. La abrupta llegada de numerosas familias desalojadas de los Haitises, sin ninguna posibilidad de generar ingresos a no ser a través de la actividad de la pesca en la Bahía de Samaná, multiplicó la cantidad de pescadores, disminuyendo, lógicamente, el volumen de producción individual. Tal disminución ha llevado a muchos de ellos al uso de instrumentos inadecuados, afectando seriamente el recurso.

Ante este panorama, los pescadores más antiguos sintieron la amenaza de los recién llegados, y desde entonces la lucha entre ellos no ha cesado. A pesar de los intentos del organismo estatal correspondiente por crear una cierta reglamentación, esto no ha dado resultado, y la violencia ha ocasionado muertos y heridos. En meses pasados, en el municipio de Jarabacoa se escenificó una fuerte oposición a la construcción de una presa. La comunidad alegaba que esa construcción disminuía sensiblemente el caudal del Río Yaque del Norte, lo cual generaba un impacto negativo, no sólo desde el punto de vista meramente ambiental, sino también económico. Por supuesto que los empresarios turísticos del municipio estuvieron a la vanguardia de esa resistencia. La reacción de las autoridades fue considerar a los munícipes como opuestos al progreso y tildarlos de «malagradecidos». Era evidente que no entendían el problema. Así como los casos descritos, se pueden mencionar muchos otros: el del Parque Nacional del Este; la oposición de la comunidad de Blanco a la explotación de una mina de oro en la cuenca media del Río Yuna; el de los ganaderos de libre pastoreo en Oviedo, o el de los pescadores de la Laguna de Miches. Se trata de casos que se han dado, o que aún se mantienen a lo largo de toda nuestra geografía, y que casi siempre se manejaron de manera inadecuada, generando serias confrontaciones entre usuarios y autoridades. 

La capacidad institucional 

Existe la tendencia a considerar la solución de los conflictos a partir de su componente técnico o, en otros casos, apelando a la conciencia ciudadana frente a los recursos naturales. Esta visión desconoce la necesidad de un ejercicio descentralizado y participativo de la gestión ambiental, de manera que las decisiones puedan ser legitimadas por las organizaciones y reglamentaciones de nivel local. Este camino, si bien nos puede dar la impresión de ser más largo, es más seguro en las soluciones y, lo que es más importante, propicia las acciones preventivas. Por supuesto que semejante manera de proceder supone una adecuada calidad de las instituciones responsables del manejo de los recursos naturales, lo cual implica contar con personal suficientemente capacitado en estas metodologías, pero más que todo, dispuesto a abandonar las viejas concepciones de la gestión centralizadora y vertical.

El doctor Geilfus parte de cinco premisas para el éxito de procesos de descentralización:
1) el compromiso real por parte de todos los actores, empezando por las instituciones reguladoras;
2) una definición clara de responsabilidades y funciones de todos los actores en su escala respectiva de manejo;
3) una autonomía real de los niveles básicos para desarrollar los instrumentos y procedimientos más adecuados para sus necesidades, dentro de marcos reguladores claros y reconocidos;
4) capacidad de monitoreo y control por parte de las agencias reguladoras para poder asumir su papel normativo de forma adecuada;
5) un sistema eficaz y abierto para el manejo de la información. Lo que se propone no es un desentendimiento del Estado.

Por el contrario, lo que se necesita es que las instituciones gubernamentales puedan concentrarse en su papel regulado y de monitoreo con el fin de que sean más eficientes y buscar nuevas formas de participación. En la República Dominicana existen experiencias de manejo de recursos naturales por parte de organizaciones no gubernamentales que puede decirse que han sido exitosas: La Reserva Científica de Ébano Verde, en La Vega, a cargo de la Fundación Progressio, y la de Loma Quita Espuela, en la provincia Duarte, bajo la responsabilidad de la fundación Loma Quita Espuela. Igualmente se tiene el caso de la Empresa Agroforestal de Zambrana, en Sánchez Ramírez, que opera bajo la responsabilidad de líderes campesinos. Estos casos se han dado con niveles muy bajos de conflicto (si es que ha habido alguno), por lo que sería interesante ver si constituyen un modelo reproducible en otras áreas. También se pueden ensayar otras experiencias; lo importante es no cerrarse a una gama de posibilidades que podrían resultar altamente beneficiosas. Por otra parte, es necesario resaltar que los cambios que se vienen operando en el ámbito internacional afectan a las relaciones que se dan entre los usuarios y los recursos naturales y obligan, por tanto, a incluir este aspecto en las nuevas estrategias. 

Compromisos 

En la medida en que el fenómeno de la globalización se va afianzando, los países se ven en la necesidad de asumir compromisos, y se hacen signatarios de acuerdos y regulaciones internacionales que les obligan a readecuar sus legislaciones. Junto a esto, están las políticas de apertura y captación de inversiones que con frecuencia chocan con normas o aspiraciones de manejos de los recursos. Ejemplo de ello son los enfrentamientos que se producen por las inversiones en el área turística y en la minería. A manera de conclusión, entendemos como una necesidad que las instituciones responsables del manejo de los recursos naturales asuman una visión más amplia del concepto de gestión, impulsando políticas de descentralización y participación que hagan más eficaces las acciones dirigidas a normar las relaciones entre recursos y usuarios. Los frecuentes conflictos por el acceso a los recursos, la complejidad de esos conflictos y las presiones que se producen ante la nueva realidad internacional, demandan de recursos humanos capaces de manejar esas nuevas realidades y de instituciones dispuestas a construir otros modelos, diferentes a los que hemos tenido hasta ahora, que posibiliten un correcto manejo de los conflictos e incluso su prevención. Los conflictos ambientales son problemas sociales que bien manejados nos dan la oportunidad de producir las readecuaciones en la relación usuarios-recursos que beneficien a ambas partes, y, por tanto, nos lleven a un manejo sustentable de los últimos.

Tradicionalmente, los conflictos ambientales se han manejado como cuestiones de carácter técnico o legal; no obstante, generalmente obedecen a situaciones más complejas que se expresan en varias dimensiones: la biofísica, la humana, la económica,la social y la institucional.