México: ¿El retorno del Estado desarrollista?

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Lo más innovador de la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el contexto latinoamericano actual es su propuesta de rescate del Estado desarrollista. «El Estado recuperará su fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad y el Estado de derecho, como árbitro de los conflictos, como generador de políticas coherentes y como articulador de propósitos nacionales» (Gobierno de México, 2019: 10). En este ensayo se plantea que durante el primer año de gestión se ha empezado un proceso de transformación que va teniendo cierto éxito en el aspecto político y social, pero queda pendiente la economía, cuyo crecimiento se mantuvo en cero, la violencia del narcotráfico, que no se logró disminuir, y el partido gobernante sigue enfrascado en una lucha de facciones políticas. Valorar las luces y las sombras del primer año de la gestión de AMLO requiere que se le ponga en el contexto regional e internacional. A nivel latinoamericano, la victoria de AMLO, en julio de 2018, se da en un contexto de auge de la derecha y retroceso en los procesos de cambio en Venezuela y Ecuador.

A esta situación se añade la victoria del derechista Jair Bolsonaro en Brasil en octubre de 2018 y, posteriormente, en noviembre de 2019, la destitución de Evo Morales por un golpe de Estado cuyas consecuencias todavía no se logran medir en su justa dimensión. En octubre de 2019, la victoria de Alberto Fernández en Argentina contra el derechista Mauricio Macri es lo único que se aproxima a la tendencia antineoliberal que AMLO proclama desde México, pero todavía es temprano para determinar cuán radical será el antineoliberalismo de Fernández. Por ahora, luce que este será mucho más moderado que aquel de los denominados gobiernos progresistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia. A nivel internacional, la gestión de Donald Trump sirve de apoyo al auge de la derecha hegemónica en América Latina. Estados Unidos ha sostenido al autoproclamado «presidente de Venezuela», Juan Guaidó, y ha dado su apoyo incondicional a los golpistas de Bolivia encabezados por Jeanine Áñez. En ambos casos, se pretende echar atrás las conquistas políticas y sociales que han logrado gobiernos progresistas.

A esta situación política, se debe añadir que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaba que en 2019 el crecimiento de la economía mundial sería del 3.0%, mientras que la CEPAL estimaba que en América Latina este sería del 0.1%. En comparación al promedio de la región, el desempeño económico de México se quedó en cero. A esto hay que añadir que los niveles de desigualdad social son apabullantes (más de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza, y 69 millones de personas no tienen acceso a las prestaciones de salud), pues el tejido social se ha tensado casi hasta el extremo y la lucha contra la delincuencia organizada ha desangrado a una gran parte de la sociedad y minado los recursos del Estado. En este ensayo se procura demostrar que AMLO tiene retos gigantescos para enfrentar los grandes problemas nacionales. Se argumenta que su enfoque es antineoliberal, pero moderado; no se propone cuestionar las bases del sistema capitalista, sino más bien fortalecerlas para asegurar un modelo de «capitalismo con rostro humano» que atienda las necesidades básicas de la población. Dadas las circunstancias del mundo actual y de México, en particular, la gestión de AMLO muestra muchas más luces que sombras durante su primer año.

AMLO hizo una carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) antes de crear el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual ha sido un fenómeno nuevo en la vida política nacional. Su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2005) y sus dos campañas por la presidencia en 2006 y 2012 lo colocaron como alternativa a los políticos neoliberales. Estas dos elecciones le fueron arrebatadas mediante fraudes colosales, pero volvió con fuerza, registró a Morena como partido político en 2014, y para 2018 se aprovechó de que los partidos dominantes estaban de capa caída y de una extrema desigualdad socialmente irritante que ha empezado a obstaculizar el crecimiento económico. Esta situación ayudó a que AMLO lograra 30,100,00 votos, superando a todos sus contrincantes juntos en el torneo.

El huachicol (robo de hidrocarburo) fue el primer gran desafío. Siguiendo la modalidad que se había impuesto durante las gestiones de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), en noviembre de 2018 los huachicoleros se robaron 81,000 barriles diarios de gasolina, y para diciembre 2019, ya estando en el poder, se llevaron 74,000. Se sabía que el huachicol no era noticia, como lo demuestran las obras de Ana Lilia Pérez (2011 y 2019), donde se describe el hurto de combustibles y la corrupción. Pérez muestra como una parte de la sustracción se efectuaba desde la Presidencia de la República en combinación con la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad de México. Desde allí se dirigía el ordeño de los tubos que transportan la gasolina y el gas por todo el país. AMLO comprendió que él solo no podría ser capaz de desmantelar la red nacional de corrupción y que tenía que formar alianzas para mantenerse en el poder. La primera de estas sería con las Fuerzas Armadas, a quienes necesitaba para combatir la delincuencia organizada. Se les acercó y les ofreció un papel adicional: la construcción y administración de un aeropuerto internacional en la base aérea de Santa Lucía, la formación de la Guardia Nacional (GN) y la protección de los camiones tanque que transportan combustibles y de los tubos que se usan para transportar gasolina y gas. La formación de la GN era un reto pues exigía que se modificara la Constitución, lo cual requería la votación de dos tercios de los miembros del Congreso y la mayoría de las legislaturas locales. Todo esto se logró por votación unánime en marzo de 2019.

Se tuvo que comenzar a proteger los tubos que transportan los combustibles antes de que se autorizara la modificación a la Constitución para permitir que legalmente los militares participaran en cuestiones de seguridad interna, pero, al romperlos, los huachicoleros provocaron incendios y explosiones causando la muerte de más de 140 personas; estas detonaciones siguieron ocurriendo en enero y febrero de 2019, obligando a las autoridades a cerrar el transporte de gasolina por tubos y a transportarla en camiones tanque con la protección del ejército. Esta situación causó una gran escasez de gasolina en el país, poniendo en peligro el apoyo que el Gobierno tenía en la población. En medio de la crisis, se decidió comprar 200 camiones tanque valorados en 100 millones de dólares para sustituir todos los tubos que picaban; estos se cerraron y una parte del combustible se hacía en camiones. Se logró controlar el robo de combustibles, y para febrero este había descendido a nueve mil barriles diarios y en los meses siguientes se mantuvo entre cuatro y cinco mil barriles (conferencia matutina de AMLO, 23 de abril y 4 de noviembre de 2019). La sustracción de combustibles se había transformado en un medio de vida; hay lugares del país con alta inseguridad en donde las gasolineras han cerrado y esta es la única forma de conseguir gasolina El aeropuerto de la base aérea de Santa Lucia es emblemático de los proyectos desarrollistas llevados a cabo por el Estado. Peña Nieto había iniciado la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (NAICM), en el lago de Texcoco, otorgando contratos a compañías nacionales y extranjeras que habían empezado a construir las obras negras en las que se habían invertido millones de dólares. Durante su campaña electoral, AMLO había prometido que suspendería la construcción del NAICM porque estaba sobre terrenos movedizos que se hundirían con el aterrizaje de grandes aviones. Esta situación requeriría de grandes inversiones para reparar continuamente las pistas de aterrizaje, lo cual sería un gran negocio para las empresas constructoras. Las empresas inmobiliarias esperaban hacer negocios con los terrenos liberados del aeropuerto Benito Juárez y del área circundante. Asimismo, se planteaba que se había cerrado el aeropuerto de Toluca, también cercano a la CDMX, para congestionar el viejo aeropuerto y así justificar la construcción de uno nuevo. El Gobierno decidió suspender la construcción del NAICM y negoció con las compañías que habían invertido en él, de modo que no perdieran su capital y pudieran invertir en Santa Lucía.

En busca de apoyo a su proyecto, AMLO se reunió con vecinos de Santa Lucía, donde, a mano alzada, le dieron su apoyo. Sin embargo, esto no fue bien recibido por la derecha, que empezó una cruzada de 103 amparos ante tribunales, que parecían hacerles el juego a empresas organizadas en un movimiento empresarial denominado #Nomasderroches. Se argumentaba que la construcción del aeropuerto en Santa Lucía causaría graves daños ambientales y que afectaría a las poblaciones cercanas, olvidando el daño ecológico que causaba la construcción del NAICM. Por su parte, AMLO argumentaba que la base aérea de Santa Lucía se había construido en los años 50 y que, contrariamente a Texcoco, allí había un suelo firme que resistiría los aterrizajes de aviones grandes y que los daños ambientales serían menores. Además, replicaba que el NAICM costaría 300,000 millones de pesos mientras que el de Santa Lucía costaría 100,000 millones. En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) argumentó ante un tribunal que, por razones de seguridad nacional, se debía construir el aeropuerto en Santa Lucía. Esto matizó el debate sobre los amparos y la Suprema Corte de la Nación acogió la propuesta de la SEDENA y autorizó, a fines de octubre de 2019, que empezara la construcción del aeropuerto. Este conflicto mostró a AMLO que debía tener cuidado con el uso de las consultas populares a mano alzada para decidir la construcción de obras. Recuérdese que hubo consultas de este tipo en otros lugares donde el presidente buscaba la aprobación de la población. El Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso sobre consultas populares, y, en noviembre de 2019, el Congreso modificó la Constitución para garantizar el uso de las consultas populares. 

El Gobierno quiere evitar amparos en la construcción del Tren Maya, en el sureste, y anunció el 10 de noviembre que, si el pueblo no quiere el tren, este no se construirá. Se inició una campaña para promover un tren que recorrerá 1,460 kilómetros y requerirá una inversión de 120,000 millones de pesos. Se argumentaba que esta obra traerá muchos empleos a la región, que se negociará con los ejidatarios cuyas tierras sean afectadas y que se procurará el mínimo daño ambiental (conferencia matutina de AMLO, 15 de noviembre de 2019). La consulta realizada el 14 y 15 de diciembre fue un éxito según el Gobierno: en 15 asambleas regionales se consultó a 100,940 personas de las cuales el 92.3% votó a favor y el 7.4% en contra (conferencia matutina de AMLO, 16 de diciembre de 2019). La obra se licitará a partir de enero de 2020 y la construcción empezará en marzo. Sin embargo, la consulta fue cuestionada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la cual envió observadores a cuatro de las quince asambleas regionales y señaló que «la información presentada solo hacía referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar» (Langner, 19 de diciembre de 2019). Asimismo, puso énfasis en la ausencia de estudios de impacto ambiental y en la falta de difusión para que las personas pudieran definir su posición. El Gobierno respondió «calificando de aventurado y sin fundamento» el comunicado e indicando que la ONU-DH-México pierde objetividad y asume la posición de una militancia social opositora (La Jornada, 24 de diciembre de 2019). Por su parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) consideró la consulta como una «simulación» para entregar los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico. No cabe duda de que este tema podría abrir flancos difíciles en el próximo año y podría aparecer una oposición social a los proyectos del Gobierno, y esto, claro, podría minar el apoyo que tiene en la población.

Por otro lado, no se puede obviar que el Tren Maya es parte de dos megaproyectos de infraestructura en el istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán: la construcción de la refinería en Dos Bocas (Tabasco) y una vía de comunicación entre Salina Cruz (Oaxaca) y el Coatzacoalcos (Veracruz), la cual incluirá una zona franca. Es cierto que estas obras crearán empleos, pero eso no quiere decir que se impulsará un desarrollo balanceado para la región pues en los países donde las zonas francas operan no han promovido el desarrollo, sino empleos con baja calificación y salarios míseros. Sin duda, aquí aparece un aspecto oscuro en los planes del Gobierno, pues, frente al discurso oficial, se da prioridad al desarrollo de proyectos capitalistas de envergadura, ignorando como estos pueden afectar la vida social en las comunidades y regiones Según Ana Esther Ceceña, se trata de una obra de «envergadura geopolítica y los efectos estratégicos de transformación de la región del sureste colocan al proyecto como punto nodal del tránsito del mercado mundial y, por tanto, de la guerra por el control global» (citada por Fazio, 2019). El istmo de Tehuantepec ha sido codiciado por los estadounidenses desde mediados del siglo XIX y cabe preguntarse en qué medida estarán implicados en estos proyectos. Lo mismo podrá decirse de China, Japón y Singapur; el primer ministro de este último país ya visitó México, interesado en participar en la ampliación del puerto de Salina Cruz. Ahora bien, los megaproyectos desarrollistas impulsados por el Estado no se limitan al aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, sino que se extienden a otros de gran amplitud.

Pemex y la CFE son dos empresas estratégicas que la nueva gestión quiere utilizar para impulsar el desarrollo nacional. Sin embargo, para efectuar estos proyectos no quiere alterar la reforma energética que se realizó durante el sexenio de Peña Nieto, con la cual se redujo la capacidad productiva de Pemex, se aumentó su deuda y México pasó de productor a importador de petróleo. En la actualidad, el Gobierno importa 800,000 barriles diarios de gasolina y produce alrededor de 200,000. Se quiere revertir esta situación a través de la reparación de seis refinerías y la construcción de una nueva, en la cual se invertirán 8,500 millones de dólares. El rescate de Pemex es uno de los grandes desafíos de AMLO, pues tiene una deuda que supera los 100,000 millones de dólares. El secretario de Hacienda y Crédito Público informó que se han asignado para ello 86,000 millones de pesos en el presupuesto nacional de 2020 (conferencia matutina de AMLO, 9 de septiembre de 2019). Por otro lado, el 6 de diciembre se anunció que Pemex encontró un pozo en Tabasco que tiene una reserva posible de 500,000 barriles de petróleo. Se espera que esta noticia tenga algún efecto sobre las evaluaciones de las calificadoras internacionales, las cuales consideran que la inversión del Gobierno es insuficiente para resolver los problemas de la petrolera. El Gobierno argumenta que ya tiene 20 campos petroleros en producción en aguas someras y tierra firme y que Pemex será un motor de crecimiento económico.

En cuanto a la CFE, la primera tarea que se le encomendó fue renegociar los contratos con las empresas que construyeron los tubos para el transporte de gasolina y gas. Estas negociaciones concluyeron el 27 de agosto y el 11 de septiembre de 2019. Desde la campaña electoral, AMLO decía que estos eran contratos leoninos, que el Gobierno había invertido junto a las transportadoras y que las tarifas eran altas y las empresas se llevaban grandes utilidades. Una vez llegó al poder, insistió en la necesidad de renegociar los contratos. Sin embargo, como bien intuyó, este era un hueso duro de roer. Llevar las empresas a tribunales internacionales donde, en teoría, se podría demostrar que estos contratos eran leoninos resultaba costoso y desgastador en términos políticos. En el curso de las negociaciones, se olvidó de la acusación de contratos leoninos y asumió una postura realista. Se trata de gaseoductos que llevan gas desde Texas a diferentes puntos del país y comprenden cientos de kilómetros. Las negociaciones se hicieron con una diversidad de empresas y los detalles varían de empresa a empresa y en función del tamaño de los gaseoductos. Para que se tenga una idea, el gaseoducto que va desde el sur de Texas a Tuxpan (Veracruz) transporta 2,600 millones de pies cúbicos diarios. La empresa que maneja el gaseoducto de La Laguna (Aguascalientes) controla un gaseoducto de 452 kilómetros y otro que va a Villa Reyes (Guadalajara) tiene 374 kilómetros. Estos gaseoductos atraviesan el centro del país. El Gobierno consiguió ahorrar 4,500 millones de dólares de un monto de 12,000. Igualmente, logró que la tarifa de transportar el gas se mantenga a un mismo precio. Pero, a cambio de estos logros, tuvo que reconocer la propiedad de los gaseoductos por parte de las compañías y dejar que se ampliaran los contratos de 25 a 30 años, dependiendo de la empresa (conferencias matutinas de AMLO, 27 de agosto y 11 de septiembre de 2019).

Esta concesión no fue poca cosa. El tema de cuánto invirtió el Estado en la construcción de gaseoductos y los problemas creados por los derechos de vía se quedaron a un lado. Tampoco se tocó la seguridad de los gaseoductos, cuya protección correrá a cargo del ejército. Sin embargo, los proyectos de Pemex y la CFE constituyen los primeros pasos para que se conviertan en los motores de desarrollo de la economía.

La formación de la Guardia Nacional es otro pilar sobre el que descansa el Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la seguridad. Debido a la carencia de una policía profesional, el Gobierno se ha visto en la necesidad de crear una entidad con capacidad para poner fin a la inseguridad (Gobierno de México, 2019: 23-24). La GN es parte de la estrategia de la «lucha contra el narcotráfico», el cual entre 2006 y 2018 causó la muerte a más de 200,000 personas. Durante sus primeros cinco años, la GN estará formada por elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, y contará con el apoyo de las instituciones castrenses para efectuar sus operaciones. Estará supeditada a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por un civil. En noviembre de 2019, la GN ya tenía 150 coordinaciones y 71,000 elementos. La idea es que arrope 140,000 efectivos distribuidos en 266 coordinaciones (AMLO, 2019: 166). La GN cuenta con el apoyo del 70.9% de la población y no ha habido ninguna acusación contra sus miembros por violación a los derechos humanos. Sin embargo, el problema es que han mostrado poca eficacia, lo cual no es bueno para su imagen y, peor aún, en la realidad política empiezan a registrarse bajas en acciones dirigidas directamente contra ellos.

Las relaciones problemáticas entre México y Estados Unidos han desvirtuado el plan original de la GN. Cuando AMLO llegó al poder permitió que caravanas de migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador entraran al país camino hacia Estados Unidos. Sin embargo, durante el verano de 2019, Donald Trump amenazó a México con tarifas escalonadas que subirían primero un 5% y luego hasta un 25% en los meses que van de julio a octubre. Un 5% de aumento en las tarifas significaría que México pagaría 17,000 millones de dólares en tarifas en los primeros meses y estas llegarían al 25% en 2019. El secretario de Relaciones Exteriores se movilizó rápidamente y prometió que México procuraría detener la migración a través de su territorio a cambio de que no se les pusieran aranceles a las exportaciones. Trump le dio un plazo de 45 días para que resolviera el asunto. Mediante el uso de la GN, México logró reducir la migración a Estados Unidos de 144,166 personas en mayo a 52,546 en septiembre (conferencia matutina de AMLO, 26 de diciembre de 2019). México desplegó 6,000 efectivos de la GN en la frontera sur, pero a medida que las caravanas aumentaban tuvo que aumentar el número de elementos para detenerlos. El 6 de septiembre se anunció que esta cifra aumentó a 10,500 en la frontera sur y 14,951 en la frontera norte. En total, son 25,451 guardias (conferencia matutina de AMLO, 6 de septiembre de 2019). Estados Unidos no pone un centavo para cubrir estos gastos. En México y Estados Unidos diversos observadores dicen que la GN se ha convertido en un gendarme gratuito que le resuelve problemas a Trump. Sin embargo, estos observadores parecen ignorar la asimetría entre los dos países: México tiene una frontera de 3,180 kilómetros con Estados Unidos y no tiene la capacidad económica ni militar para enfrentarlos. Necesariamente tiene que buscar la forma de negociar y colaborar en lugar de entrar en conflicto.

Esto explica por qué el secretario de Relaciones Exteriores se limita a decir que México aplica la Ley Nacional de Migración mientras negocia con Estados Unidos. Ahora bien, no se puede negar que esta relación desvirtúa el plan original de la GN, que era proteger a la población de la delincuencia organizada. AMLO ha planteado que debe buscarse la solución a los problemas migratorios en sus causas (AMLO, 2019: 99-100). México dispone de un fondo de 60 millones de dólares para atenuar el problema migratorio. Se informa que Estados Unidos promete 2,000 millones de dólares, pero hasta ahora solo ha aportado 800 millones para Centroamérica y 126 millones para ayudar a microempresas en el sur de México (conferencia matutina de AMLO, 6 de septiembre de 2019). En cuanto a Centroamérica, los proyectos de México se limitan a promover el programa Sembrando Vida, cuyo fin es reforestar y crear empleos en el campo, pero con recursos limitados. Aunque México no quiera, ha tenido que manejar el tema migratorio en relación con las negociaciones del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y ha tenido que hilar fino para que este tratado se apruebe. La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos ya lo aprobaron y solo falta la aprobación del Parlamento de Canadá, algo que se da por hecho. Esta aprobación es, sin duda, importante para México porque atraerá inversión extranjera y estabilizará la economía, pero no deja de ser un trago amargo para un régimen que proclama su antineoliberalismo a cuatro voces mientras que firma un tratado de libre comercio esencialmente neoliberal. Estas son las ironías de la historia.

Los programas sociales constituyen otra columna del proyecto de transformación. Estos legitiman un régimen que mantiene una relación estrecha con el empresariado, cuyo apoyo necesita para impulsar el crecimiento económico. Dada esta cercanía con los empresarios, es fundamental que el pueblo vea al Gobierno como suyo y atento a sus necesidades. Esto explica los recorridos por todo el país visitando comunidades indígenas, hospitales, zonas afectadas por los sismos de 2017 y 2018, grandes obras, etc. Parte de esta estrategia es la presentación continua de funcionarios del Gobierno federal en las conferencias que informan sobre temas de interés. Estas conferencias y las continuas giras permiten que AMLO esté en contacto directo con la población y sobre el escenario para tomarle el pulso a la atmósfera política nacional. Igualmente, las conferencias dan la pauta a la noticia diaria y lo convierten en un personaje que está en los medios y que, como tal, es tema de conversación. Los programas sociales y las giras continuas por todo el país muestran el «rostro humano» del modelo de capitalismo que AMLO pretende construir. En el Plan Nacional de Desarrollo se plantea que «Hoy, en 2019, el país y el mundo han cambiado y en muchos sentidos, y sería imposible y hasta disparatado intentar un retorno a las estrategias del desarrollo estabilizador» (Gobierno de México, 2019: 35), como se conoce en México a la estrategia de desarrollo ejecutada por los regímenes salidos de la Revolución mexicana. En el Plan se argumenta que el Gobierno reconoce que «los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio […] Al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales» (AMLO, 2019: 141). Este es uno de los grandes retos, pero luce que, por ahora, solo se podrán aminorar los sufrimientos causados por la pobreza esparcida en forma desigual por toda la nación. La política económica del Gobierno se basa en la idea de que es posible financiar los programas sociales con los ahorros que se obtienen combatiendo a la corrupción y no a través de una reforma fiscal que AMLO plantea se haga en la segunda mitad del sexenio. En su lugar, se propone limpiar las instituciones públicas de corrupción, «barrer las escaleras de arriba abajo», es decir, reducir los salarios de los altos funcionarios, eliminar instituciones redundantes, consolidar las compras del Gobierno federal, abolir el Estado Mayor Presidencial, crear el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, vender el lujoso avión presidencial, autos de lujo, residencias suntuosas, joyas y abandonar la política de condonar impuestos a las grandes empresas, haciendo por escrito el compromiso de que el presidente de la República no condonará impuestos.

Este compromiso se hizo en el contexto de la denuncia de que Calderón y Peña Nieto habían condonado 400,902 millones de pesos a grandes empresas nacionales y extranjeras (conferencia matutina de AMLO el 22 de mayo de 2019). El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para enmendar el artículo 28 de la Constitución de modo que no se puedan devolver impuestos cobrados a las empresas y que no haya condonación. Esta enmienda fue aprobada por el Congreso. En un primer momento, se creyó que esto afectaría la relación con el empresariado, pero parece que estas diferencias se han suavizado, aunque sí sigue existiendo un sector del empresariado que no está satisfecho después de lo sucedido con el NAICM. Aunque es cierto que la lucha contra la corrupción ha sido fundamental para financiar los programas sociales, no se puede subestimar el hecho de que la recaudación fiscal es muy baja. México recauda alrededor del 16% anual del PIB mientras que en la región de América Latina y el Caribe se recauda un promedio del 21% (OECD, 2019: 13, gráfica C). En 2017 se aplicaba un 7% del PIB en inversión social, pero «el presupuesto de 2019 aumentó el gasto de 0.6% del PIB en 2018 a 1% del PIB, aunque la composición cambió notablemente, con una reducción de casi 14% en PROSPERA —este programa de la era neoliberal ya fue eliminado—, un aumento de 17% en los programas para jóvenes y una duplicación de la pensión para adultos mayores» (ibíd., 55-56). En 2019, el Gobierno invirtió alrededor de 300,000 millones de pesos en sus programas sociales (AMLO, 2019: 143-159). No cabe duda de que esto ayuda a reactivar el consumo, pero, sobre todo, contribuye a ampliar la legitimidad del Gobierno y mostrar que el presidente responde a las necesidades básicas de una población empobrecida por el modelo económico neoliberal que se impuso al país por 36 años. Los programas sociales son primordiales en la restauración del Estado desarrollista mientras se rescatan empresas públicas esenciales y se propone un programa de construcción de obras públicas en colaboración con el sector privado. Por ejemplo, el 26 de noviembre pasado se anunció que la iniciativa privada invertiría 859,022 millones de pesos (42,951 millones de dólares) —es necesario anotar que el 1 de diciembre de 2019, durante su discurso de primer año de gobierno, AMLO dijo que se invertirían 709,000 millones de pesos (37,486,957.000 dólares)— en 147 proyectos de infraestructura en los próximos cinco años en telecomunicaciones, carreteras, ferrocarriles, trenes urbanos, puertos, aeropuertos, agua, saneamiento, hospitales, turismo, energía, etc. (conferencia matutina de AMLO, 26 de noviembre de 2019).

El anuncio de las inversiones de empresarios es buena noticia para un Gobierno que prácticamente está atado de pies y manos por la deuda heredada de las gestiones anteriores. El Plan Nacional de Desarrollo propone una inversión pública del 2% del producto interno bruto (PIB), pero alcanzar esa suma es todo un reto para un Gobierno que tiene una deuda de casi once billones de pesos (la deuda interna es de casi 7 billones de pesos y la externa es de 197,000 millones de dólares). El Gobierno debe pagar 700,000 millones de pesos anuales por los intereses que esta genera (Galván Ochoa, 2019). Esto explica por qué el Gobierno no quiere aumentar la deuda ni puede aceptar la recomendación de Carlos Slim, empresario aliado de AMLO, de invertir el 5% del PIB cada año (70 millones de dólares). Desde la perspectiva de Slim se pierde la oportunidad de tomar dinero prestado en el extranjero, donde las tasas están sumamente bajas. La deuda es el talón de Aquiles del Gobierno y esta no le permite aplicar una política keynesiana de inversiones públicas que puedan incentivar el crecimiento económico. Esto requiere de una reforma fiscal profunda que aumente los impuestos a los más ricos, pero el Gobierno no quiere entorpecer sus relaciones con los empresarios y la propone para la segunda parte del sexenio. Por esto, precisamente, el Gobierno no cuestiona la legitimidad de una deuda contraída por gestiones corruptas que hicieron negociaciones no muy santas. Se podría decir que este es uno de los puntos débiles de la gestión de AMLO.

El rescate del Estado desarrollista va acompañado de una serie de reformas constitucionales que potencialmente aseguran su consolidación.

Entre estas se encuentran la ley laboral que garantiza el voto libre y secreto en los sindicatos, la ley educativa que cancela la reforma neoliberal, la ley de salud para proporcionar atención médica y medicamentos y la ley de extinción de dominio para luchar contra el narcotráfico. El fraude electoral y la corrupción son hoy delitos graves. El Congreso ha aprobado la revocación del mandato presidencial y el presidente podrá ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Más aún, se ha enviado al Congreso una reforma para garantizar el derecho permanente a una pensión para envejecientes y personas con discapacidad, así como becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. En conjunto, estas reformas sientan las bases para un Estado desarrollista y crean, en teoría, un Estado social que había sido debilitado.

Pese a estos logros, no se puede concluir sin mencionar que los retos son enormes. Todavía no se ha podido dar un informe satisfactorio sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ni se ha podido detener el aumento de los asesinatos dolosos causados por la delincuencia organizada, que, según la SSPC, al final de diciembre, llegaron a 28,649. Tampoco se ha podido dar cuenta de los daños causados por la construcción de la termoeléctrica de Huesca (Morelos) durante la gestión de Peña Nieto. Este tema es espinoso pues se invirtieron alrededor de 8,000 millones de dólares en dicha planta. Allí se hizo una consulta popular y el resultado fue positivo según el Gobierno, pero parece que aún no se resuelven las demandas de los afectados en torno al uso del agua para la planta, por no hablar del peligro que representa su construcción en una zona sísmica. Además, el fallido operativo de Culiacán, Sinaloa, el 17 octubre de 2019, para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, puso en tela de juicio la capacidad de las fuerzas castrenses para luchar contra los narcotraficantes. Sin embargo, parece que detener el operativo fue la mejor opción pues se salvaron vidas. Por otro lado, Morena enfrenta desafíos significativos, pero ha dado la batalla en el Congreso para avanzar una apretada agenda legislativa que ha ayudado al Poder Ejecutivo a hacer reformas fundamentales. Sin embargo, este partido parece estar sumido en una lucha de facciones políticas que ha impedido la realización de un congreso extraordinario para elegir a sus dirigentes. Entre estas corrientes sobresalen una encabezada por Yeidckol Polevnsky, exsenadora de la República y excandidata a gobernadora del estado de México, quien preside el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, y Bertha Luján, quien fue secretaria general de Morena (2012-2015) y actualmente encabeza el Consejo Nacional. Estas dos dirigentes habían acordado celebrar un congreso extraordinario el 30 de noviembre de 2019, pero este no se pudo realizar porque el padrón de miembros no estaba actualizado: solo incluía a aquellos que se afiliaron antes de noviembre de 2017 y excluía a todos aquellos que llegaron al partido en fechas posteriores. En todo caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la convocatoria al congreso porque el padrón de militantes no era confiable. El Tribunal ordenó que Morena integrara un nuevo listado para incluir a todos aquellos que solicitaron su afiliación 30 días antes del inicio del proceso. Esta intervención añadió más problemas al partido pues en medio de la campaña electoral de julio de 2018 se «afilió» a Morena una enorme cantidad de personas cuyos intereses políticos e ideológicos cambiaron su perfil. Uno de estos problemas es que Bertha Luján se autoproclama «defensora» de los miembros «puros» que se afiliaron antes de 2017 y se quiere dar la impresión de que Polevsky «representa» a los «impuros» que se afiliaron en fecha posterior. Como consecuencia, no se puede establecer con precisión que en la actualidad Morena sea un partido «humanista, progresista y nacionalista», como lo definieron sus dirigentes fundadores, sino una formación plural que incorpora todas las tendencias políticas.

Tanto Yeidckol Polevnsky como Bertha Luján reivindican una trayectoria de lucha en Morena y ser fieles seguidoras de AMLO, pero parece que el crecimiento cuantitativo de Morena y los intereses de las grandes figuras políticas que llegaron al partido procedentes del PRI y del PRD pueden reducir cualquier intento de radicalizar Morena. Entre estas personalidades se encuentran: Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno del Distrito Federal (2006-2012) y actual secretario de Relaciones Exteriores; Claudia Sheinbaun, exjefa de la Alcaldía de Tlalpan (2015-2017) y, en este momento, jefa de Gobierno de la CDMX; y el influyente exgobernador de Zacatecas (1998-2004) Ricardo Monreal, ahora coordinador de los senadores de Morena en el Congreso. Estas tres figuras parece que tienen aspiraciones presidenciales en las elecciones de 2024 y, como tal, procuran que Morena adquiera cierta autonomía en relación con el presidente de la República, pero esto aún no se logra. Sin embargo, dada sus trayectorias y sus posiciones políticas actuales, estas figuras son menos radicales que AMLO y se parecen más al actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuyo proyecto político es igualmente moderado. De modo que, dadas estas perspectivas, parece que el proceso de cambio mexicano no se moverá hacia una izquierda radical y que pueda convertirse en una especie de faro progresista en la región. Sin embargo, por ahora, el gran reto de Morena es celebrar su congreso y prepararse para las elecciones de medio término de 2021. Si estos problemas no se resuelven con brevedad, se afectaría a los proyectos del Gobierno pues, sin control del Congreso, no se podrá seguir legislando para profundizar las reformas constitucionales del nuevo régimen.

Dada la adversidad del contexto regional e internacional actual, la gestión de AMLO ha logrado avances significativos en la realización de las promesas que hizo durante su campaña electoral. El inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el rescate de Pemex y la CFA, el inicio de la construcción del Tren Maya y los programas sociales, empiezan la restauración del Estado desarrollista como entidad rectora en la sociedad. Asimismo, el Gobierno empezó una lucha frontal contra la corrupción que le ha permitido hacer grandes ahorros que se utilizan para financiar los nuevos programas sociales que le dan legitimidad ante la mirada de la ciudadanía. Las enmiendas a la Constitución en su conjunto constituyen una reforma constitucional que ayuda a sentar las bases para un Estado de derecho. Sin embargo, los retos son extraordinarios: la lucha contra el narcotráfico y la violencia que este genera, la migración centroamericana, la conformación de la GN, los problemas internos de Morena y las relaciones problemáticas con Estados Unidos y la aprobación del T-MEC son desafíos formidables. Por ahora, luce que el éxito relativo de la gestión de AMLO no ha sido bien aprovechado por las facciones políticas que se disputan la dirección de Morena. Estas corrientes no se distinguen de la posición de AMLO, la cual es mucho menos radical que la que observamos en los Gobiernos progresistas de Hugo Chávez (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia). En oposición a estos Gobiernos, que nacionalizaron empresas extranjeras y renegociaron contratos poco ventajosos, AMLO se ha limitado a renegociar los gaseoductos y ha prometido no cuestionar los contratos contraídos por las gestiones anteriores, aun cuando sean lesivos a los intereses nacionales. En resumen, su gestión consiste en una crítica moderada al neoliberalismo y propone un modelo de «capitalismo con rostro humano» que atienda las necesidades básicas de la población en materia de seguridad, salud, educación y empleo, pero sin cuestionar las bases del capitalismo.