Modelos de Implementación del presupuesto participativo en la República Dominicana

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El presupuesto participativo constituye una de las modalidades de participación ciudadana directa más difundidas en Latinoamérica. Creado en Porto Alegre, el presupuesto participativo también ha sido implementado en la República Dominicana desde 1999. En el caso dominicano se evidencian, por lo menos, dos modelos bien diferenciados: 1) el modelo pionero “intensivo”, comenzado en Villa González y que pone énfasis en fomentar la participación de abajo hacia arriba a través de un proceso gradual de experimentación, y 2) el “extensivo”, empezado en Constanza, Jima Abajo, La Vega y Sabana Grande de Boyá a partir del 2003, más focalizado en el fortalecimiento de las autoridades locales y una rápida difusión geográfica. El artículo analiza ambos modelos al igual que los canales de difusión correspondientes a cada uno, como parte de los efectos (no siempre negativos) de la globalizacion.

El propósito de este artículo es analizar las conexiones entre el modelo de presupuesto participativo (pp) de Porto Alegre, Brasil, y el de la República Dominicana, como un ejemplo de las muchas maneras en que los canales de difusión facilitados por la globalización interactúan con las trayectorias locales de participación ciudadana. La naturaleza de dichos canales ha influenciado el surgimiento de dos modelos principales de pp. Por un lado, tenemos el que yo llamo el “modelo intensivo”, que enfatiza un enfoque de abajo hacia arriba y una expansión geográfica gradual. Por otro lado, tenemos el “modelo extensivo”, que tiende a ser más de arriba hacia abajo y que está siendo implementado de manera acelerada por un creciente número de municipios. 

La idea es estudiar estos dos modelos como una contribución a la literatura sobre globalización y participación. Casos como el pp dominicano revelan la necesidad de ir mas allá del énfasis en la participación a nivel local o internacional en contra de la globalización (Lubeck y Britts 2002), o de redes de activistas que se benefician de los flujos globales de información y recursos pero que operan principalmente en contextos internacionales más que en los locales (Castells 2004; Keck y Sikkink 1998). Este cambio de perspectiva analítica es necesario para mostrar que el aumento de los niveles de interdependencia e intercambio a nivel global también tiene el efecto de poner a disposición proyectos, innovaciones y fuentes de asistencia (Tarrow 1998) que luego son utilizados de manera selectiva por actores nacionales y locales. 

El pp dominicano es un caso interesante por varias razones. Primero, la expansión del pp en el país se ha acelerado espectacularmente en los últimos 3 a 5 años, aunque se inició hace ya una década. Segundo, diferentes actores se han apropiado del pp en sus luchas por la descentralización, particularmente en los esfuerzos para contrarrestar la debilidad histórica de los gobiernos locales. Tercero, el pp tiene un gran potencial para contribuir al aumento de las inversiones de capital, especialmente en comunidades pequeñas. Finalmente, debido a su relativo aislamiento geografico, la República Dominicana constituye un caso interesante para examinar la importancia relativa del tipo de interconexión obtenida a través de la globalización, particularmente a través de las tecnologías de la comunicación y de las redes de activistas (Castells 2004; Keck y Sikkink 1998).

El artículo analiza los datos recopilados en el verano de 2005 y finales de 2006. Se realizaron 20 entrevistas a 17 informantes claves que participaron directamente en el pp en la República Dominicana o que están muy familiarizados con el mismo. Tres de los informantes fueron entrevistados en ambas sesiones debido a su participación en los cambios que ocurrieron en el ínterin. Mi objetivo era concentrarme en los miembros (casi todos hombres) de una red informal de autodenominados “municipalistas”. Es decir, activistas involucrados en los esfuerzos por impulsar la descentralización y la participación ciudadana a nivel local. Estos informantes cuentan con información de primera mano sobre la implementación del pp en el país así como sobre el contexto histórico en el cual surgió esta transformación.¹ 

Sobre el modelo 

El modelo del pp, especialmente la versión pionera de Porto Alegre, ha tenido un significativo nivel de influencia en Latinoamérica y en todo el mundo. La literatura sobre el pp aborda cómo la versión original aumentó el protagonismo de los movimientos sociales en Porto Alegre (Abers 1996; Baiocchi 2001), la forma en que ha radicalizado la democracia tradicional (Genro y De Souza 1997), sus implicaciones en cuanto a diseño institucional (Fung y Wright 2001), y las interconexiones que ha creado entre actores gubernamentales y no gubernamentales (Avritzer 2002a). Más recientemente, se han comenzado a examinar otros procesos de pp en Brasil, como los de Belo Horizonte (Avritzer 2002b) y São Paulo (Sánchez 2004). También se han estudiado experiencias en otros países de Latinoamérica (Goldfrank 2007), así como en otras regiones del mundo (Cabannes 2004). A pesar de la multiplicidad de experiencias y ángulos de análisis abordados en estos estudios, existen algunas características comunes en el modelo de pp: 

1. El pp pretende abrir el ámbito generalmente cerrado de las políticas de definición de prioridades presupuestarias a la participación de las y los ciudadanos comunes. Esto también representa una oportunidad crucial para la redistribución social, aunque la mayoría de las ciudades que utilizan el pp no deciden el 100% de sus presupuestos a través del mismo. 

2. El proceso del pp es un ciclo anual, con diferentes niveles de participación ciudadana en diferentes momentos del ciclo. Esto a su vez constituye un “currículo” de participación que convierte el pp en una sofisticada “escuela de democracia” tanto para el Gobierno como para las organizaciones de la sociedad civil participantes en el proceso. 

3. El pp tiene el potencial de aproximarse a la “comunidad ideal de comunicación” de Habermas al facilitar un diálogo más igualitario entre las y los funcionarios públicos y la ciudadanía. Además, el pp contiene una dimensión de toma de decisiones asociada a los llamados “públicos participativos”² (Avritzer 2002a). Sin embargo, este potencial está muy ligado a las características institucionales de cada pp. 

Estas características comunes ofrecen un marco general dentro del cual existen muchas variantes relacionadas, en parte, con el momento de implementación del pp (Cabannes 2004). El autor, uno de los más reconocidos expertos en pp de la región, identifica tres períodos: 1) un período experimental, desde 1989 a 1997, en Porto Alegre y Santo André (Brasil) y en Montevideo (Uruguay); 2) un período de difusión dentro de Brasil, de 1997 al 2000, en el cual más de 130 municipios adoptaron el pp, y 3) una fase de internacionalización del pp que comenzó en 2000. Cabannes estima que al momento de su escrito, 250 ciudades de Latinoamérica y Europa ya estaban implementando el pp. Goldfrank (2007) argumenta que cuando se utilizan definiciones más abiertas de pp este número podría llegar a 2,500 municipalidades, solamente en Latinoamérica. 

Repertorios de participación 

Ofrezco el concepto de “repertorios de participación” para examinar la forma en que las comunidades, las personas encargadas de formular políticas y las organizaciones de la sociedad civil interactúan entre sí a fin de crear, modificar, importar y exportar modelos de participación en sus países o localidades. La idea de “repertorios de participación”, inspirada en los “repertorios de acción colectiva” de Tilly (1986), pone énfasis en el hecho de que estas prácticas no solo facilitan la capacidad de los actores para debatir importantes temas de políticas sino que también permiten hacerlo de una manera participativa. Desde esta perspectiva sostengo que el presupuesto participativo fue “importado” de Brasil por actores específicos de la República Dominicana para expandir los “repertorios de participación” a nivel local.

Dos modelos de pp surgieron relacionados con dos canales globales de difusión y en base a diferentes niveles de experiencia y autonomía de las organizaciones locales. El intercambio de experiencias e ideas en “redes asociativas” regionales (Chalmers et al 1997) —incluyendo funcionarios progresistas que trabajen en la reforma del Estado, activistas, así como ong internacionales— constituye el primer canal de difusión en este caso. Este canal se relaciona con el enfoque de “democracia radical” desarrollado por la nueva izquierda latinoamericana que originalmente implementó el pp en Porto Alegre, Montevideo y Caracas (Goldfrank 2007). Las y los municipalistas de la región juegan un importante papel en la promoción del modelo de pp en Latinoamérica y España. Son ejemplos de estas “redes asociativas” la Unión Iberoamericana de Municipalistas (uim), la Unión Internacional de Autoridades Locales y la Red Interamericana para la Democracia. 

Un segundo canal de difusión incluye los esquemas metodológicos desarrollados por organizaciones internacionales, los cuales presentan al pp como una de las “mejores prácticas” para fomentar la transparencia y el desarrollo institucional. Este canal funciona a través del trabajo de organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y agencias alemanas de desarrollo como la gtz. Este canal se corresponde con el enfoque “liberal”: una perspectiva normativa en la cual el pp es sólo una entre muchas herramientas de desarrollo utilizadas en la “segunda ola” de reformas institucionales en América Latina. Desde esta perspectiva, el pp representa un instrumento utilizado por los gobiernos nacionales y locales para la gobernabilidad. Goldfrank (2007) encontró que la implementación de este esquema en Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Perú estaba asociada muy de cerca con la influencia de organizaciones multilaterales. 

Existe una afinidad electiva entre la difusión del pp alentada por las organizaciones internacionales y el modelo extensivo de pp en la República Dominicana. En este modelo hay un mayor énfasis en la estandarización y difusión de un formato dado de implementación. Por el contrario, el modelo intensivo de pp toma más en cuenta el contexto local y propicia el aprendizaje a través de ensayo y error. Este modelo está más asociado con las redes de municipalistas mencionadas anteriormente. No obstante, estos dos canales no son mutuamente exclusivos para ninguno de los modelos. 

En la República Dominicana 

El comienzo de los procesos de presupuesto participativo en el país es un fenómeno relativamente reciente. El pequeño municipio de Villa González fue el primero en implementar una versión del pp en 1999 (Castillo et al 2004). En 2003, cuatro municipios más estaban implementando el pp: Constanza, Jima Abajo, una sección de La Vega y Sabana Grande de Boyá. Para fines de 2004 el número había aumentado a 30 municipios que representaban el 29% de la población del país. Estos comprometieron más de 275 millones de pesos dominicanos al pp, lo cual representaba casi la mitad del 40% de los recursos especializados que los gobiernos locales están obligados a dedicar a inversiones de capital mediante la Ley 166-03. En el 2005 la cantidad de municipalidades que implementaban el pp había aumentado a 59 y los recursos comprometidos alcanzaban el 31% de los recursos que los gobiernos locales debían dedicar a las inversiones de capital. Durante el ciclo 20062007 ya había 128 municipios implementando el pp, 72 de los cuales lo estaban haciendo por primera vez (De León 2005; odh/pnud 2008). 

La expansión del pp se ha llevado a cabo en un contexto de cambios significativos en el rol y en la importancia de las autoridades locales. La Ley 166-03 es una de varias reformas institucionales realizadas en el país para contrarrestar la debilidad histórica del llamado poder local. Esos cambios son parte de una reforma estatal intermitente que comenzó en la década de los noventa. Esta ley aumenta sustancialmente la proporción del presupuesto nacional que se distribuye a los gobiernos locales desde menos de un cinco por ciento a un ocho por ciento por dos años y a un diez por ciento a partir de 2005. Más recientemente, el Congreso aprobó la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, la cual abre varios escenarios para la participación ciudadana a nivel local y hace obligatorio el pp. Todos estos cambios fueron el resultado de esfuerzos de muchos años de algunas ong y dedicados municipalistas. Como planteé anteriormente, tales cambios se aceleraron en un período de tiempo relativamente corto a principios de la década actual, debido en gran parte a la creciente popularidad del pp entre las y los políticos locales. 

Aunque la nueva ley podría cambiar sustancialmente el panorama, sí hubo un claro consenso entre mis informantes sobre la existencia de distintas modalidades de implementación del pp. Una respuesta común fue la de describir el modelo intensivo como más “flexible” y “abierto” y el modelo extensivo como más “regulado” y “reglamentado”. Por ejemplo, un entrevistado de Villa González argumentó que una razón potencial para esta diferencia es que el modelo intensivo se concentra en las dimensiones “políticas” del pp, mientras que la versión extensiva parece estar más focalizada en las dimensiones “técnicas”.³ Como dato interesante, cabe destacar que la coexistencia de estos dos modelos ha llevado a una distribución geográfica de facto del trabajo entre las ong, las y los activistas y las organizaciones internacionales que trabajan en el área. La tabla 1 resume las características y actores que participan en cada modelo. 

El modelo intensivo 

Los actores que trabajan con el enfoque intensivo resaltan la necesidad de utilizar diferentes tipos de consultas (Castillo et al 2004) a fin de responder a las características de cada municipio. Como mencioné anteriormente, el modelo intensivo fue la primera forma de pp comenzada en la República Dominicana en el 1999. El pp comenzó con una serie de consultas en Villa González facilitadas por la Fundación Solidaridad como resultado de un proceso de movilización social empezado en 1996. Estas consultas incluyeron talleres, seminarios, estudios y varios encuentros entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales (Hernández 1997). Dichas actividades fueron el inicio de un proceso focalizado en el empoderamiento de las organizaciones comunitarias existentes y en la creación de nuevas asociaciones. Solidaridad comenzó capacitando a docenas de “agentes de desarrollo” que ahora están a cargo de coordinar el pp junto con el gobierno de la ciudad y otros grupos. 

Al poco tiempo de comenzar las consultas, el liderazgo de Solidaridad se dio cuenta de que el proceso que recién habían ayudado a comenzar era similar al presupuesto participativo en curso en Porto Alegre desde 1988. Este descubrimiento se dio a través de su propia investigación en el Internet así como a sus deliberados intentos de buscar socios potenciales en la República Dominicana y en el extranjero. Solidaridad contactó y obtuvo ayuda de cidade, una ong de Porto Alegre que ha participado en el proceso del pp en esa ciudad. Otro actor internacional, Progressio (anteriormente ciir/cid), ha desarrollado una sociedad a largo plazo con Solidaridad. La primera de varias y varios cooperantes asignados por Progressio desarrolló una metodología de pp basada en diagnósticos de Villa González, los resultados de consultas previas y la experiencia de Porto Alegre. Este trabajo fue la base de un acuerdo de asistencia técnica con el ayuntamiento de Villa González, incluyendo un equipo designado por el síndico del ayuntamiento para trabajar con Solidaridad. Es importante resaltar que esta decisión fue un paso notable dada la historia de autoridades locales debilitadas o corruptas del país. La metodología resultante constituye un proceso relativamente informal donde la mayoría de la acción tiene lugar en foros abiertos entre la comunidad y las autoridades locales. 

Progressio y Solidaridad también han trabajado de manera conjunta en la expansión del modelo intensivo hacia otros municipios, entre ellos Navarrete, Altamira, Villa Altagracia, Monción, Mao, Santiago y una parte de San José de Ocoa. De acuerdo a una entrevistada de Progressio, esta expansión gradual ha enriquecido el modelo de 

muchas maneras. Por ejemplo, ha ayudado a especificar aún más el criterio utilizado para priorizar las comunidades participantes. Otro ejemplo del énfasis del modelo en la experimentación está representado por los esfuerzos de grupos de mujeres para establecer políticas públicas desde una perspectiva de género. Esta línea de trabajo, que comenzó a fines de 2002, está basada en el interés de “agentes de desarrollo”, mujeres que trabajan en la implementación del pp. Estos grupos coordinaron esfuerzos con otra voluntaria asignada por Progressio y con la organización feminista Colectiva Mujer y Salud. Esta voluntaria condujo un análisis del presupuesto de 2005 de la ciudad ,observando el impacto del gasto local en actividades relacionadas con hombres y mujeres. El resultado mostró un alto nivel de desigualdad de género.⁴ Es importante señalar que esta línea de trabajo ha reforzado el círculo virtuoso comenzado a través del pp, ya que esta mujeres líderes también han participado en la formulación e implementación del nuevo “Plan Estratégico” para la ciudad (Auradou 2006). 

El modelo extensivo 

El enfoque extensivo del pp comenzó con un proyecto piloto implementado en 2003 en cuatro municipios: Constanza, Jima Abajo, una sección de La Vega y Sabana Grande de Boyá (De León 2005). De acuerdo a un entrevistado de gtz que ha participado en el proceso, esta modalidad comenzó como resultado de un “debate teórico” entre gtz, Procomunidad, el Banco Alemán de Desarrollo (ktz) y otro organismo alemán de desarrollo, la ded. El debate se llevó a cabo en el contexto de un programa de descentralización financiado por esos tres organismos en coordinación con el fondo social dominicano Procomunidad. La idea era solicitar a las autoridades locales el uso de la metodología de “micro-planificación participativa” promovida por ktz para administrar los fondos facilitados por el banco. El equipo de la gtz quería extender este requerimiento a todos los ingresos de los gobiernos locales, no tan solo a los que procedían de financiamiento externo. Pero los otros organismos no estuvieron de acuerdo. gtz decidió probar el nuevo enfoque directamente con los municipios interesados en el experimento. Eso fue el comienzo de una alianza entre gtz, el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (conare) y la Federación Dominicana de Municipios (fedomu). 

El modelo extensivo se focaliza en expandir lo más posible el alcance del presupuesto participativo. La mayor parte del crecimiento de la cantidad de municipios que están implementando el pp corresponde a los lineamientos y la asistencia de las organizaciones que promueven este enfoque. conare, fedomu y gtz siguen trabajando con los municipios interesados en empezar un proceso de pp, así como con las ong que ofrecen asistencia técnica en cada región. Estas organizaciones impulsaron el establecimiento de una unidad técnica en el 2004 alojada en conare. La unidad funciona como el centro de gestión a cargo del seguimiento de la implementación del pp en general. No obstante, su rol de asistencia práctica está dedicado a los municipios interesados en implementar la versión extensiva del pp. La unidad está a cargo de capacitar a las autoridades locales y al liderazgo comunitario en las actividades del pp, dar el seguimiento a los proyectos decididos por cada comunidad y ayudar a implementar nuevos sistemas de rendición de cuentas (conare 2005). 

El ciclo de pp promovido por la unidad técnica consiste en tres etapas: preparación (marzo-junio), consultas ( julio-noviembre) y el monitoreo que se extiende todo el año (noviembre-noviembre). Estas etapas son implementadas a través de una secuencia estructurada de 10 pasos. Estos pasos fueron desarrollados en base a la experiencia de 13 municipios que implementaron el pp en 2004. De acuerdo con las personas entrevistadas en la unidad técnica, la metodología tiene varias ventajas. Una de ellas es que promueve niveles de solidaridad más altos entre las diferentes comunidades. Al tener que defender las prioridades de cada comunidad y presentar la ubicación de los proyectos presentes y futuros en un mapa, se aumenta la calidad del debate entre las y los participantes. Hay una probabilidad más alta de superar los intereses exclusivos de cada localidad a favor de una visión de desarrollo más amplia; particularmente a través de la coordinación interprovincial en “mancomunidades”. Estas ventajas, a su vez, llevan a una “descentralización presupuestaria equitativa” de los recursos a favor de las comunidades más pobres (De León 2005). 

El modelo extensivo también estableció un precedente importante al intentar integrar una perspectiva de género en el pp. Este programa fue implementado en cinco municipios con pp: Jánico, Pimentel, Sabana Grande de Boyá, Villa Bisonó y Mao. Con la excepción de esta última comunidad, todas tenían mujeres como síndicas provenientes de diferentes partidos políticos. De acuerdo a dos consultoras feministas que trabajaron para el programa, la iniciativa logró un alto nivel de éxito a pesar de su corta duración (menos de un año). En su opinión, las síndicas estaban muy comprometidas y el programa tenía un gran potencial de servir como plataforma de lanzamiento para influir otros procesos de pp. El objetivo era entrenar grupos de líderes comunitarias para fortalecer su participación y la inclusión de las prioridades de las mujeres en las asambleas de pp. A pesar de las excelentes críticas de los evaluadores externos y un alto nivel de interés de las autoridades locales y grupos participantes, el programa se cerró luego de que desapareció el financiamiento externo. 

Conclusión 

Los modelos de presupuesto participativo aquí analizados cuentan con ventajas y desventajas. Por un lado, en el intensivo se presta más atención al contexto de cada localidad. Se busca crear y fortalecer alianzas y aprendizajes de largo plazo entre las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales) y las organizaciones comunitarias, a la vez que se promueve el protagonismo creciente de estas últimas. Por ello, la difusión del modelo intensivo hacia otras comunidades ha sido bastante gradual. Por el contrario, la principal ventaja del modelo extensivo es su mayor nivel de homogeneidad metodológica. Esta fortaleza ha facilitado sobremanera su expansión geográfica. Sin embargo, gran parte de las personas entrevistadas consideran que la dependencia de actores externos y su crecimiento acelerado ponen en juego la credibilidad del PP. 

La aprobación de la Ley 176-07 cambia las reglas de juego al hacer obligatorio el presupuesto municipal participativo (pmp) en todo el país. Aunque es muy pronto para evaluar su impacto, es importante destacar que la misma puede haber contribuido a una mayor inclusión de actores nacionales en el modelo extensivo como ha sido el caso en Cotuí, Fantino y Maimón. El peligro principal con ambos modelos, sin embargo, es el de caer en lo que el sociólogo estadounidense Peter Evans (2004) denomina “monocultivo institucional”. Es decir, la utilización intensiva de un sólo tipo de reformas institucionales sin tomar en cuenta la especificidad de cada contexto y las metas originales de dichas reformas. Tal y como se plantea en el Informe de Desarrollo Humano República Dominicana 2008, “[…] la fascinación por el instrumento es un riesgo. Se podría actuar como si el pmp fuera un fin en sí mismo y no un medio para crear ciudadanía, mejorar la transparencia y crear empoderamiento” (odh/pnud 2008: 105). Tejada Holguín (2008) también destaca otros riesgos relativos a la aplicación de los pmp en el país y la manera en que su utilización puede reforzar, en vez de debilitar, el arraigado clientelismo político a nivel local. 

El creciente nivel de legitimidad y popularidad actualmente asociado con el presupuesto participativo constituye una espada de doble filo. Por un lado, es el resultado de la tesonera labor de un grupo relativamente pequeño de organizaciones e individuos municipalistas. Dicho grupo, comprometido con la necesidad de descentralizar el poder político, fortalecer las autoridades locales y fomentar la participación de la ciudadanía, ha visto su trabajo finalmente reconocido y convertido en políticas concretas. Al mismo tiempo, como es lógico dados los incentivos de la política electoral, las y los síndicos dominicanos quieren hacerse partícipes de esa legitimidad y popularidad. De ahí que, de acuerdo con varios entrevistados, lo que se presenta bajo el nombre genérico de “presupuesto participativo” no necesariamente se corresponde con los objetivos progresistas que los mismos asocian con dicho instrumento. Resulta crucial abordar el lado negativo de este crecimiento con el fin de garantizar la sostenibilidad del presupuesto participativo como verdadero instrumento de fomento de la participación ciudadana y transformación de fondo de la política dominicana. 

Este artículo es una versión resumida y actualizada de una parte del texto “Globalizing Participation: ‘Exporting’ the PB model from Brazil to the Dominican Republic”, Berkeley Journal of Sociology 51: 69-118. El trabajo de campo de este proyecto contó con financiamiento de la Universidad de Brown. La autora agradece profundamente a todas las personas entrevistadas por compartir su tiempo y sus perspectivas sobre el tema, especialmente a Pedro Hernández por sus generosas recomendaciones. Los cambios hechos después de la publicación del artículo original del 2007 fueron analizados a partir de documentos recientes y comunicaciones personales con Pedro Hernández, Domingo Matías, Juan Castillo, Ramón Tejada Holguín y Enrique de León. 

Notas 

Las entrevistas estuvieron distribuidas en diferentes sectores, incluyendo cinco representantes del Gobierno, cuatro directivos de organizaciones no gubernamentales, cuatro consultores independientes y cuatro representantes de organizaciones internacionales. Un problema a destacar es que la autora no pudo tener acceso a tiempo a autoridades locales participantes en el presupuesto participativo. Por ello se recurrió a documentos públicos de la Federación Dominicana de Municipios (fedomu), diversas ong y organizaciones internacionales relacionadas. 

Los “públicos participativos” son canales regulares de comunicación y trabajo conjunto entre la sociedad civil y la sociedad política. Avritzer (2002a) analizó el presupuesto participativo de Porto Alegre y la observación de las elecciones del 2000 en México como casos que cuentan con las cuatro condiciones siguientes: 1) la formación de mecanismos públicos de deliberación presencial; 2) la capacidad de los movimientos sociales de introducir temas problemáticos en la agenda pública o de proponer prácticas alternativas; 3) la prerrogativa de monitorear la implementación de sus decisiones y 4) el desarrollo de formatos institucionales para abordar los temas propuestos. 

Estas diferencias resultan aún más interesantes dado que las personas entrevistadas de ambos modelos comparten los mismos valores y metas. Estos se corresponden con el modelo normativo de “democracia radical” presente en Porto Alegre (Goldfrank 2007). Al igual que muchos de mis entrevistados, quienes siguen este enfoque han tenido una trayectoria política de izquierda y consideran el presupuesto participativo como una forma de redistribución económica y política para hacer las democracias latinoamericanas más participativas. 

Dicho análisis mostró que sólo el 9% de los gastos del gobierno local en servicios y el 3.5% de la inversión en capital tuvieron como objetivo promover la equidad de género. Estos incluían fondos destinados a actividades de educación ciudadana, el presupuesto participativo y otros procesos de planificación con componentes tales como subsidios para la educación de mujeres y apoyo a grupos de mujeres (Auradou 2006). 

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