El Reglamento (UE) 2023/1115 establece un nuevo estándar internacional en la lucha contra la deforestación y degradación forestal, y sus efectos en el cambio climático. Esta normativa exige que las empresas europeas que comercializan ganado, cacao, café, aceite de palma, soja, madera y derivados, demuestren que la producción de dichos bienes no haya generado deforestación después del 31 de diciembre de 2020. Sin bien la responsabilidad recae en el operador europeo, una gran parte del cumplimiento tendrá que ser asumida por sus proveedores, como las organizaciones de pequeños productores de comercio justo de café y cacao.
Según datos de la FAO, entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque debido a procesos de deforestación.1 Esto corresponde a una superficie equivalente al tamaño de la Unión Europea. Hoy estamos perdiendo 10 millones de hectáreas de bosques al año, 27 campos de fútbol por minuto.2
La deforestación se entiende como la destrucción de bosques para destinar la tierra a otros usos, mientras que la degradación forestal está relacionada con la explotación insostenible que reduce la capacidad de los bosques para mantener la biodiversidad u ofrecer productos maderables. Estos procesos de destrucción y degradación están en marcha, sobre todo, en las tres principales cuencas forestales del planeta: la del río Amazonas (América del Sur), el Congo (África Central) y el Sudeste Asiático.
Por otro lado, según un estudio de impacto de la Comisión Europea publicado en 2021,3 los principales productos importados por la UE procedentes de tierras deforestadas son: aceite de palma (34%); soja (32.8%); madera (8.6%); cacao (7.5%); café (7%); caucho (3.4%); maíz (1.6%). Cacao y café son productos emblemáticos de los circuitos del comercio justo.
Los productos que se incluyeron en el Reglamento de la UE sobre Deforestación (EUDR), adoptado el mes de junio de 2023, fueron finalmente los siguientes: el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, y los productos elaborados a partir de estos.
El reglamento busca asegurar que los productos comercializados en la Unión Europea no provengan de tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020 y que se cumplan todas las leyes locales relativas al proceso productivo, incluyendo aspectos ambientales, sociales y de derechos humanos.
En un principio, esta nueva normativa debía entrar en vigor a partir del 30 de diciembre de 2024, pero ese mismo mes el Parlamento aprobó posponer su aplicación por un año, debiéndose aplicar en dos fases: para las grandes y medianas empresas de la Unión Europea a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que para las pequeñas y micro empresas desde el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la Comisión Europea ha propuesto postergar de un año su implementación. La comunicación del 23 de septiembre de 2025 de Jessika Roswall —comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva— al Parlamento Europeo se enfoca en el principal problema actual:
«La implementación del EUDR requiere la disponibilidad de un sistema de información que debe ser desarrollado, gestionado y mantenido por la Comisión. Este sistema informático debe ser capaz de gestionar todas las transacciones de los productos cubiertos por el EUDR e iniciadas por los operadores económicos dentro del ámbito de aplicación del EUDR, tanto en sentido ascendente como descendente, dentro y fuera de la Unión Europea.
»Durante el último año, la Comisión ha estado implementando el sistema informático en estrecho contacto con las partes interesadas. En este contexto, nuevas proyecciones sobre el número de operaciones previstas y las interacciones entre los operadores económicos y el sistema informático han llevado a una reevaluación sustancial al alza de la carga proyectada sobre el sistema.
»[…] Con base en la información disponible, […] los operadores no podrían registrarse como operadores económicos, introducir sus Declaraciones de Diligencia Debida, recuperar la información necesaria del sistema informático o proporcionar la información requerida para fines aduaneros cuando corresponda. Esto afectaría gravemente el cumplimiento de los objetivos del EUDR, pero también podría impactar potencialmente los flujos comerciales en los ámbitos cubiertos por la legislación.»4
Esta preocupación se relaciona bastante con la rapidez del procesamiento y análisis de datos de los proveedores y la pronta respuesta que estos mismos esperan para poder despachar sus productos, dos aspectos que se evidenciaron claramente en el primer caso que presento a continuación.
COMSA (Honduras)
El grupo COMSA (Café Orgánico Marcala, S. A. de C. V.) es una organización del municipio de Marcala (departamento de La Paz); para conocer su experiencia conversé con Olvyn Hernández, miembro del consejo de administración y responsable del programa de certificaciones.
La zona geográfica donde están presentes los socios productores de COMSA es predominantemente boscosa: «En nuestra área de influencia hay tres reservas boscosas: la denominada Zona Productora de Agua “Reserva El Jilguero”, con 40,000 hectáreas de bosque nublado. La Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde y la Reserva Biológica Montecillo. Además, en la zona también existen comunidades indígenas».
Desde hace casi veinte años, gracias a los procesos de certificación orgánica, COMSA ha identificado claramente los productores que se encuentran en estas zonas para poder gestionar con ellos los planes de manejo sostenible de la vegetación presente en sus parcelas, «sin embargo, las normas orgánicas europeas y de los Estados Unidos exigen que no se certifiquen orgánicos los productores que se encuentran en áreas de reservas naturales».
Según nos comenta Olvyn, a diferencia de otras zonas del país y de organizaciones cafeteras más pequeñas y con menos recursos, COMSA nunca tuvo problemas de deforestaciones con sus socios: «Incluso desde antes del Reglamento EUDR, el trabajo de formación y sensibilización en la temática ha dado sus frutos. Las únicas alertas que nos arroja el sistema satelital que estamos usando para la diligencia debida guardan relación con los procesos de cambios de vegetación que se implementan para garantizar el sombrío adecuado para los cafetales o para hacer frente a las plagas de los gorgojos o “picudos rojos” que atacan los pinos, abundantes en nuestra región. Sin embargo, cuando implementamos dichas acciones, respaldamos debidamente toda la información para cumplir con las exigencias regulatorias y de los compradores».
COMSA está trabajando desde hace tiempo con las herramientas tecnológicas del Instituto Hondureño del Café, el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, y de la ONG holandesa Solidaridad, cuya plataforma de monitoreo alerta en base a cuatro niveles de riesgo para la pérdida de cobertura forestal: «Para la geolocalización de los productores, nosotros empezamos transportando los datos levantados con Google Earth Pro a la plataforma del Global Forest Watch. De esta forma garantizamos más precisión geoespacial. Además, hemos complementado el trabajo con otros servicios externos de análisis como Satellingence, especialmente para cumplir con los requerimientos de FLO-Cert, la empresa certificadora del sistema Fairtrade International».
De esta forma, COMSA estaba analizando las informaciones de diferentes satélites incluso antes del Reglamento EUDR; sin embargo, la herramienta prioritaria y el formulario que se usarán para la entrega de los datos de geolocalización y análisis dependen de los requerimientos particulares de cada comprador. Y aquí encontramos un primer gran desafío para el cumplimiento del Reglamento EUDR: varias herramientas y varios análisis significan claramente más horas de trabajo y más costos de implementación.
A pesar de que en la actualidad la Comisión Europea ha propuesto postergar un año la implementación del Reglamento, COMSA está trabajando como si ya estuviera implementado para estar listos por lo menos seis meses antes de la cosecha del café y cerrar contratos para no perder mercados. Según Olvyn, lo que más preocupa a COMSA es la incertidumbre sobre el éxito de la declaración de debida diligencia (DDD) y la rapidez del proceso de lectura de los datos y de respuesta de parte del comprador y las autoridades. De esto depende que los contenedores se puedan exportar y cuándo, lo cual puede significar costos adicionales.
«Para COMSA —sigue Olvyn—, todo este trabajo que empezamos hace dos años, hoy significa un costo de dos dólares más el quintal de café y los compradores europeos, de momento, no tienen intención de apoyarnos financieramente para recuperar esta gran inversión que estamos haciendo con el fin de cumplir con el Reglamento; así como tampoco nos ofrecen pagar más por nuestro café, ya de por sí especial, orgánico y de comercio justo».
A pesar de no ser legalmente responsables por el cumplimiento del Reglamento, como sí lo son las empresas («operadores») que colocan el café importado en el mercado de la Unión Europea, «sobre nosotros, como proveedores, recae toda la responsabilidad de entregar las informaciones y los datos necesarios para que los compradores europeos puedan tramitar la DDD. Lo bueno es que, gracias a las certificaciones orgánicas y de comercio justo, quizá el 70% del trabajo ya lo veníamos haciendo: geolocalización, información general del productor, historial y expedientes del productor, etc. Sin embargo, nos falta el análisis de alertas y criticidades, o riesgos, una parte clave para la DDD».
Por otro lado, el principal problema del proceso de cumplimiento legal del Reglamento guarda relación con las informaciones más sensibles y confidenciales de los productores: los títulos de tierra. Los pequeños productores son claramente reacios a compartir estos documentos; además, si COMSA contara con ellos y los compartiera en algún proceso de auditoría o debida diligencia, estaría incumpliendo la legalidad nacional y podría ser demandada judicialmente.
Finalmente, como nos menciona Olvyn, el uso de las plataformas tecnológicas puede ser un escollo para muchas organizaciones pequeñas que no cuentan con los mismos recursos humanos y financieros de organizaciones como COMSA: «Si no cuentan con capacidades internas, deben contratar a prestadores de servicios externos y los costos de tramitación aumentan. Los compradores europeos no están considerando seriamente este aspecto; aún no se ha logrado establecer una manera equilibrada de compartir el incremento de los gastos que significa comercializar un producto libre de deforestación según EUDR. Los costos, de momento, los estamos asumiendo los pequeños productores al comienzo de la cadena, pero esperamos contar con la retribución por parte del operador a la inversión que cada organización está incurriendo a raíz del Reglamento».
CONACADO (República Dominicana)
La Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos (desde 2011, Grupo CONACADO) se ha convertido en un muy importante holding empresarial que lidera a nivel nacional la producción, el procesamiento y la comercialización de cacao. Aproximadamente el 25% de las exportaciones de cacao del país provienen de CONACADO.
Sus 37 años de historia le han permitido garantizar productos de alta calidad para los mercados más exigentes del mundo, manteniendo alto el estándar del cacao dominicano a nivel internacional. Desde 1995 está certificada Fairtrade.
Además, en octubre de 2021 CONACADO inauguró su planta de procesamiento, la cual permite la obtención de productos intermedios como nibs, masa (o licor de cacao), manteca y polvo de cacao, con una capacidad de 26,000 tone-ladas al año.
Actualmente, el grupo comercializa cacao de más de seis mil pequeños productores socios de siete sucursales, genera unos seiscientos empleos fijos y tiene un efecto muy relevante en las economías locales de varias provincias del país: se estima que CONACADO beneficia a más de setenta mil empleos indirectos a lo largo de su cadena de valor.
Sobre esta experiencia dominicana conversé con Jaime Gómez, miembro de la Cooperativa del Grupo CONACADO, organización que hoy cumple con ocho esquemas de certificación internacionales, tanto con enfoque ambiental y de producción orgánica como socioeconómico.
Según nos comenta Jaime, «los productores cacaoteros del país nunca han tenido problemas de deforestación, principalmente porque implementan un manejo agroforestal; en la República Dominicana, a diferencia de otros países, no existen monocultivos de cacao». Los procesos de deforestación se pueden verificar en otros rubros, como el rubro ganadero, pero no afecta el cultivo del cacao. La República Dominicana está considerada de bajo riesgo de deforestación según la categorización de la Comisión Europea.5
Desde que se publicó la normativa, CONACADO ha ido trabajando en los requisitos de su cumplimiento: «Lo más complicado y dispendioso ha sido la geolocalización de las fincas y la posterior medición de la data recopilada. Nosotros, a diferencia de otros, decidimos implementar la georreferenciación con GPS, recorriendo las fincas y no usando herramienta de geolocalización desde la oficina. Hicimos esto porque es muchísimo más preciso sobre los límites de las fincas; sin embargo, está significando mayor necesidad de horas de trabajo y de recursos económicos, que solo CONACADO está invirtiendo».
Lamentablemente, ningún comprador europeo está apoyando a la organización en el proceso de geolocalización a pesar de que el cumplimiento legal del Reglamento recae justamente sobre los operadores de la Unión Europea, y no sobre los proveedores. «Solo para una pequeña zona, logramos implementar un proyecto también con apoyo de la FAO», subraya Jaime.
A pesar de que tal vez la implementación del Reglamento se postergue nuevamente, la organización ha ido recibiendo mucha presión por parte de los compradores para que se lleve a cabo todo el levantamiento de informaciones.
«Incluso el sistema Fairtrade —nos comenta Jaime— ha ido introduciendo de forma anticipada cambios a las normas de producción para alinearse con el Reglamento EUDR, a pesar de la posible postergación de la implementación. Esto nos obligó a invertir tiempo y recursos para estar listos en el mes de diciembre de este año. Sin embargo, aún no contamos con el cien por ciento de las fincas georreferenciadas, justamente porque decidimos recorrer todas las fincas con un sistema GPS». No contar con los datos de todas las fincas podría significar un incumplimiento de la norma Fairtrade relativa a deforestación, aunque el Reglamento EUDR aún no haya entrado en vigor.
En este sentido, Jaime entiende que debería darse la flexibilidad necesaria, especialmente para organizaciones con muchos miembros como los 6,141 de CONACADO, ya que el Reglamento EUDR resulta ser más flexible que el estándar Fairtrade.
Por otro lado, como en el caso de COMSA, Jaime nos comentó que diferentes compradores solicitan el uso de diferentes herramientas; sin embargo, en este punto CONACADO ha comunicado a todos sus compradores que entregará los datos levantados en terreno bajo una única forma de sistematización, y que cada operador de la UE estará a cargo de la conversión a sus respectivos sistemas de análisis.
Finalmente, toda la presión que se está viviendo para implementar el Reglamento EUDR no ha generado lamentablemente una oportunidad para que la organización negocie un mejor precio por los productos que exporta, buscando entonces externalizar el aumento de los costos de producción debido a la nueva normativa. Nuevamente son las organizaciones productoras —en primer anillo de la cadena de valor global— las que se ven obligadas a internalizar el aumento de costo sin que se vea reflejado en un mejor precio de venta de sus productos.
Red Ecolsierra (Colombia)
La Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra ubicada en una de las geografías más espectaculares de Colombia, en el departamento del Magdalena. La Sierra Nevada es una de las montañas costeras más elevadas del mundo, con una altitud de 5,700 metros sobre el nivel del mar.
En la segunda mitad de los años setenta, como nos comenta Víctor Cordero, gerente general de la Red Ecolsierra, hubo varios procesos de deforestación en la sierra a raíz del auge del cultivo de marihuana, y quedó solo el 15% de su potencial boscoso primario.
En 1979, la Unesco declaró a esta sierra como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por su densa red de ecosistemas que albergan innumerables formas de vida silvestres y animales, además de ser el hogar de varias comunidades indígenas. «Poco a poco, muchas instituciones han ido apoyando procesos de reforestación; incluso el fomento de la caficultura orgánica y sostenible, con organizaciones campesinas e indígenas ha permitido mejorar lo perdido anteriormente, profundizando en la conservación».
Hoy estos ecosistemas son reconocidos por su valor para la biodiversidad y también por su excelente producción de cafés especiales, exportados a todo el mundo: los productores de la organización están ubicados entre los 800 y 2000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que oscilan entre los 13 y 30 grados centígrados. Estos elementos, sumados a la variedad de microclimas y tipos de suelos, permiten la producción de un café orgánico con perfiles de taza muy apreciados en los mercados internacionales, especialmente europeos, donde se vende el 80% del café de la Red Ecolsierra.
Fundada en 2001, después de los primeros pasos asociativos ya desde el año 1997, Red Ecolsierra cuenta hoy con 303 familias de productores ecológicos distribuidas en 23 asociaciones base. Además de café, la organización comercializa miel y también ofrece servicios ecoturísticos.
Ya desde el año 2022, a raíz de un proyecto europeo en la zona y de las informaciones que recibieron en diferentes escenarios internacionales, Red Ecolsierra se ha venido preparando para la aplicación regulatoria del Reglamento EUDR. Particularmente desde el año 2024, como se indica en su informe de gestión, la organización ha profundizado sus labores dirigidas al cumplimiento, especialmente gracias al proyecto del Fondo de Apoyo de Fairtrade International «Implementación conjunta de HREDD en cadenas de suministro de comercio justo» con los socios alemanes Fairtrade Deutschland y Forum Fairer Handel. El proyecto se enfocó en la trazabilidad digitalizada para el cumplimiento del reglamento y el acceso a los mercados de la UE. Por otro lado, también recibió apoyo de parte de los clientes Café Libertad (Alemania) y Fairtrade Original (Países Bajos) para la implementación de la estrategia de conservación ambiental, no deforestación y agregación de valor del modelo de negocio del café especial de la Red Ecolsierra, proyecto que permitió mejorar las informaciones sobre las familias productoras a través de la geolocalización de sus fincas, elemento esencial para el proceso de debida diligencia requerido por el EUDR.
Como explicó a Fairtrade International la directora de negocios internacionales de Red Ecolsierra, Jennifer Valbuena Casalini, el proceso de localización no ha sido fácil: para las fincas más aisladas y ubicadas en terreno muy inclinados, ha sido necesario utilizar drones, lo cual significó un esfuerzo mayor en recursos financieros y humanos especializados.
«Si me hubieras preguntado hace tres años —añade Víctor—, te hubiera comentado que los costes de la geolocalización, las dificultades para identificar cafetales bajo sombra con imágenes satelitales o confundir renovación de cafetales con deforestación eran mis preocupaciones. Sin embargo, hoy lo más desafiante es la interpretación de toda la información documental y procesos que alimentan la declaración de debida diligencia; además, cada comprador tiene su proceso, que se diferencia de los demás». El gerente general nos comenta, por ejemplo, que hay productores con títulos de tierra legales, pero con partes de sus parcelas dentro de parques naturales o áreas protegidas por el Estado: «¿cómo le explicamos a un comprador europeo que esto sí existe en Colombia y no está infringiendo ninguna ley?».
Esto es algo que podría estar pasando en muchas partes cafeteras del país. Al respecto, Víctor nos comenta que, según datos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el 90% de la producción cafetera nacional ya está geolocalizada, y la Federación ya cuenta con una plataforma (SICA, Sistema de Información Cafetero) disponible para los exportadores: «De este 90%, según evaluación inicial de la Federación, solo en un 5% de los cafetales existe un riesgo de deforestación».
Para cumplir con el Reglamento EUDR, contar con la certificación Fairtrade ha constituido, sin duda alguna, una base muy importante: en el año 2024, Fairtrade International actualizó su Estándar de Café con el fin de reforzar la prevención, el monitoreo y la mitigación de la deforestación, en línea con los requisitos de informaciones y datos del Reglamento, incluyendo que todas las fincas tengan puntos de geolocalización registrados y que aquellas de más de cuatro hectáreas cuenten con mapas poligonales; de esta forma, el nuevo estándar representó una guía para una adecuada preparación de las organizaciones de pequeños productores y sus miembros.
Como mencionamos en el caso de COMSA, la alianza entre Fairtrade International y Satelligence ha sido clave para ayudar a las organizaciones a analizar los datos de las fincas de sus miembros y sus potenciales riesgos de deforestación. Gracias a esta alianza, las organizaciones de productores proporcionan los datos de geolocalización de cada parcela y Satelligence verifica los datos para detectar cualquier actividad de deforestación, entregando informes detallados que se convierten en insumos esenciales para las declaraciones de debida diligencia. El respaldo de Fairtrade International y Satelligence, además, garantiza a los productores que todos los datos están siendo utilizados de la forma adecuada y requerida por la nueva normativa europea, independientemente del momento de su efectiva entrada en vigor.
En octubre de 2025, mientras finalizo las entrevistas para este reportaje, Víctor Cordero nos comenta que Fairtrade International tiene casi lista una plataforma única para que todos los compradores europeos y proveedores certificados puedan garantizar trazabilidad de la información y generar sus declaraciones de debida diligencia. «Estar certificados Fairtrade y en agricultura orgánica nos permitió transmitir mucha más confianza a nuestros clientes. Ambas certificaciones son muy rigurosas en estos aspectos ambientales».
A pesar de ello, Víctor está convencido de que, en este momento, los sobrecostos generados por los procesos de cumplimiento del Reglamento pueden constituir otra barrera comercial y, al mismo tiempo, una manera de seguir debilitando a aquellos proveedores que ya cuentan con pocos recursos para responder adecuadamente a los requerimientos que los operadores europeos les hacen llegar para cumplir con el EUDR: «Si el reglamento se va a traducir en una barrera, está claro que los proveedores de café buscarán otros mercados, por ejemplo de Asia, como Japón, China o Corea del Sur, cuyos consumos de café se están incrementando».
Desde la Red Ecolsierra también nos subrayan que el gran esfuerzo que los pequeños productores están haciendo para garantizar que los operadores europeos cumplan con el Reglamento EUDR aún no se ha traducido en mejores precios de venta para sus cafés: «Nosotros esperamos tener la capacidad de sumarle a nuestro precio de venta los costos en los cuales ya incurrimos. Sin embargo, todavía el mercado no lo está considerando como un valor agregado, aunque prevemos que, en algún momento, así será. Como debe ser y que es una reglamentación obligatoria».
