Prevención integral de la violencia en las juventudes

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Los gobiernos, los investigadores y las organizaciones han dedicado serios esfuerzos a la comprensión, prevención y reducción de la violencia. Se necesita un enfoque contextual amplio y articulado, que no sólo incluya medidas para manejar la emergencia de las expresiones violentas y prevenir directamente la violencia, sino también modos de desarrollar y sostener patrones constructivos de comportamiento e interacción. Por ello, analizaré los siguientes ejes del problema: violencia, riesgo, protección y prevención. 

Previamente considero necesario esbozar algunos elementos que caracterizan la vida juvenil en los tiempos actuales. Se dice que la fase juvenil es un segundo nacimiento en el que los jóvenes (más que las mujeres jóvenes) transitan desde el seno familiar hacia la sociedad más amplia. El replanteamiento de las relaciones, la amistad, el amor, la expresión de talentos, la participación en el entorno se tornan centrales. Las relaciones entre los pares y las iniciativas grupales juveniles son fundamentales para el desarrollo de sus vidas, sus capacidades y aportes al avance de sus sociedades. La modernización y la globalización entregan elementos a los adolescentes y jóvenes para organizar su comportamiento y dar sentido a su relación presente con el mundo.

La incertidumbre actual, la rápida obsolescencia de los instrumentos de avance cognitivo y social, favorece una crisis de los adultos. Este cambio va a influir en las relaciones entre los jóvenes y los adultos. Las juventudes tienen mayor flexibilidad que los segmentos etáreos mayores para incorporar los acelerados cambios, las transformaciones tecnológicas y culturales. El no reconocimiento de las capacidades y aportes juveniles es la causa de numerosos conflictos y del agravamiento de los problemas (Krauskopf 2003.b). La afirmación intrageneracional contribuye a crear particulares tensiones intergeneracionales. El antagonismo entre los avances de las culturas actuales y los patrones familiares establecidos lleva a dificultades intergeneracionales (Durston 1995). 

La visión de los adolescentes y jóvenes como una amenaza lleva a enfrentarlos con la fuerza y la represión. Los estereotipos y la discriminación social contra ellos han llevado a situaciones difíciles y existe la resistencia de las personas adultas a aceptar su protagonismo y toma de decisiones. También hay una evidente violencia intradoméstica y el hogar no es siempre un ambiente protegido. Demasiadas veces es un lugar de riesgo, temor y desamparo.

La polarización socioeconómica contribuye a que los jóvenescon mayores recursos económicos se empiecen a parecer más a los jóvenes con las mismas condiciones económicas de otras partes del mundo que a los jóvenes pobres de su propio país. Los jóvenes excluidos van quedando alejados de los avances. Estas características hacen de la fase juvenil un período particularmente crítico y oportuno para los programas de prevención. Con mayor intensidad, son cruciales las interacciones de los recursos personales y grupales con las opciones y características del entorno (Krauskopf ,2007). 

Perspectivas sobre la violencia
Las perspectivas sobre la violencia se han dado desde diversas ópticas. La Organización Mundial de la Salud (oms) define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, que tiene muchas probabilidades de causar lesiones contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad. La definición abarca tanto la amenaza e intimidación como la acción efectiva, la violencia interpersonal, el comportamiento suicida y los conflictos armados (oms 2002: 3). 

La violencia adquiere muchas formas y se relaciona con las modalidades de ejercicio del poder. El macrocontexto se apoya en tres formas de poder estrechamente relacionadas: 1) el poder de destruir, 2) el poder de producir e intercambiar y 3) el poder de integrar, que crea relaciones basadas en la solidaridad y la legitimidad. Cuando la relación entre estas tres caras entra en conflicto, desplazando la centralidad del poder integrador, se instaura un estilo, una forma de resolución de conflictos que elimina al mediador social –el Estado, el lenguaje– y eleva la violencia a la calidad de recurso expedito y eficaz en la solución de los desacuerdos y la disuasión amenazadora como defensa de la estabilidad del sistema (Boulding 1993). 

Barasch y Webel (2002) clasifican la violencia en: 

1. Violencia abierta o manifiesta. Sus efectos son visiblemente dramáticos y generan la alarma en la sociedad. Este tipo de violencia es la que ha motivado la mayoría de las iniciativas de prevención de la violencia para la población adolescente y joven. La intensidad dramática de la violencia manifiesta no debe llevar a minimizar la importancia que en ella tiene la violencia estructural. 

2. Violencia estructural. Es aquella que subyace en las instituciones culturales, económicas y sociales. Se expresa en la discriminación por edad, género, nivel económico, etnias, etcétera, y facilita la existencia del autoritarismo, el terror, los abusos físicos y sexuales, la orfandad. 

La exclusión social es parte de la violencia estructural. Va más allá de los aspectos económicos y sociales que definen la pobreza e incluye los derechos y la ciudadanía que vinculan las relaciones entre los individuos y los Estados. Allí se encuentran la acumulación de desventajas, la creciente desprotección, la debilitación de canales de inclusión, las condiciones sociales de fuerte privación, las barreras educativas, laborales y culturales y las dificultades para acceder a los servicios básicos. 

La exclusión produce lo que Concha-Eastman (2004) denomina violencia múltiple, ejercida por el Estado, la sociedad y las familias. La identifica principalmente en las áreas urbanas, donde se acumulan niños y adolescentes a quienes se les niegan sus derechos humanos fundamentales de educación, techo, alimento, vestido, amor y recreación; estos grupos, además de haber sufrido violencia en su hogar, viven en un ambiente propicio para acceder y aprender distintas formas de criminalidad. 

Cabe señalar que los comportamientos violentos en la juventud pueden surgir como forma de compensar daños experimentados en importantes experiencias de vida. Entre ellos, los daños a la autoestima, las amenazas a la masculinidad y la desesperanza aprendida pueden dar paso a la violencia para proveer sentimientos de omnipotencia, y de reparación de la imagen de sí mismo, de restitución del poder, así como también para justificar la acción violenta con los sentimientos de victimización. 

En el plano grupal, el riesgo y la violencia puede formar parte de las luchas de los jóvenes y adolescentes por alcanzar una reputación notoria; así mismo, el consumo de drogas y la participación en acciones violentas pueden ser vividos como afirmación de la pertenencia grupal (Encinas 1994). La necesidad juvenil de ser reconocido como alguien lleva a preferir ser temido, detestado, antes que ser nadie. La desesperanza está en la base de la autoafirmación en el riesgo y la trasgresión, la búsqueda de una visibilidad aterrante como forma de empoderamiento. Se genera así la orientación al riesgo y una nueva relación entre la vida y la muerte (Krauskopf 1996, 2003a). 

Bourgois (1995) vincula como “efecto de incivilidad” la existencia en las escuelas del interior de la ciudad de Nueva York de pandillas de drogas (drug gangs) al hecho de que se produce entre aquellos jóvenes para quienes la presencia regular de violencia es necesaria y esencial dentro de “una cultura de violencia” (Santacruz, 2003) que tiene sus raíces originales en una sociedad dominante. Los ejemplos dados por los adultos sobre cómo solucionar conflictos pueden propiciar que los jóvenes utilicen con facilidad la violencia como una herramienta en sus problemas con otros. La llamada “ juventud callejera” de Anderson (1999) demuestra una frenética incivilidad en las comunidades que poseen normas que la apoyan. Estas conductas agresivas poseen una lógica interna ubicada dentro del código en las calles (op. cit.) y dentro del contexto de la “cultura del terror”. En otras palabras, la ecología de las incivilidades también debe ser tomada en cuenta: escuela, familia, grupo de pares y comunidades. 

Las identidades de género influyen. La presión que viven los hombres para confirmar su masculinidad tiene importancia en las expresiones violentas en la adolescencia. Muchos jóvenes quieren mostrar que son valientes, corajudos, bravos, fuertes, decididos, convenciendo en el proceso a los pares y a sí mismos de que lo son (flacso, 2005). 

Flacso (op.cit.) señala que los adolescentes que enfrentan escasas oportunidades para su incorporación social en la vida adulta pueden tener la sensación de que la vida de alumno de la educación media es la última estación de su vida antes de la adultez, y quieren disfrutarla al máximo. Las rivalidades y las confrontaciones violentas pueden ser entendidas como maneras de experimentar y disfrutar –por medio de aventuras, hazañas y peligros– una vida excitada, hasta que llegue el momento en que las responsabilidades adultas la conviertan en frustrante y difícil. 

Al abordar la violencia e inseguridad generada por grupos juveniles (violencia estudiantil interinstitucional, pandillas y barras de fútbol), se debe considerar el rol de estos grupos como generadores de identidad, por lo cual cualquier estrategia dirigida a reducir sus niveles de violencia debe ofrecer opciones alternativas al “protagonismo negativo” con el que obtienen gratificaciones y compensaciones (Krauskopf y Muñoz, 2004) 

Desde otro ángulo, Borrego y Moreno (2003) señalan que la violencia es también una mercancía que se compra y se vende en el mercado como fuente de poder y como espectáculo público, multiplicada por los medios de comunicación. 

La conceptualización del riesgo

Beck (1998: 27) acuñó el nombre de sociedad de riesgo como consecuencia de los procesos de modernización, en los que “los peligros decididos y producidos socialmente sobrepasan la seguridad…”. Genera la necesidad de los individuos de apoyarse más en sus capacidades personales y depender menos de las instituciones así como el impacto diferencial que produce la brecha social “[…] la riqueza se acumula en los estratos más altos, mientras que los riesgos se acumulan en los más bajos […]”. 

Mockus y colaboradores (1999: 25) enfatizan los riesgos asociados a la desprotección y sus consecuencias y señalan que aprender a convivir en situaciones de permanente riesgo vital, por razones de privación (pobreza extrema) o por condiciones de violencia evidentes, no es lo mismo que aprender a convivir en un entorno seguro y rico en estímulos afectivos. 

A partir del análisis de los factores protectores, Rutter (1992) observa que un mismo factor puede ser de riesgo o protector –por el desarrollo de nuevas actitudes y destrezas–, según las posibilidades de enfrentamiento como para responder efectivamente, contar con el respaldo necesario, aprender a desarrollar alternativas de respuesta que no sean destructivas y recibir de adultos significativos los modelajes apropiados para el desarrollo de respuestas en la solución de problemas que son parte del devenir humano. 

Jessor (1991) sugiere diferenciar entre conductas de riesgo y conductas que involucran riesgos (riesgosas). Plantea que las conductas de riesgo son las que comprometen aspectos del desarrollo psicosocial o la supervivencia de las personas jóvenes, que pueden incluso buscar el peligro en sí mismas. En cambio, las conductas riesgosas son propias de los y las jóvenes que asumen cuotas de riesgo –no muy diferentes de los adultos, pero más ampliamente que ellos, dada la etapa de la vida en que se encuentran y en las condiciones que ofrece la sociedad moderna–. 

La reformulación psicosocial del concepto de riesgo condujo a un análisis de costo-beneficio de la conducta. Jessor plantea que la posibilidad de que los adolescentes abandonen un comportamiento riesgoso está relacionada fuertemente con la posibilidad de que se les ofrezcan alternativas de satisfacción valiosas para ellos. 

Weinstein (1992: 8) señala que “existen ciertos circuitos de riesgo y el joven que ha ingresado a uno de ellos va adicionando vulnerabilidades de distinto origen”. Se hallan presentes factores de inseguridad, deficiencias en su relación familiar y asimilación de valores como la consecución de dinero fácil, y los comportamientos violentos entre las personas. Rubio (1996) observa que en los factores asociados a la delincuencia juvenil se encuentra una relación inversa entre ingresos familiares, frecuencia de arrestos de jóvenes y abandono del sistema escolar. Estos y otros aspectos me han llevado a identificar el riesgo estructural para la comprensión del comportamiento de riesgo y violencia desde la dinámica psicosocial de la exclusión. 

En el riesgo estructural se incluye 1) la emigración y transculturización juvenil como modalidad de expulsión por falta de oportunidades; 2) los entornos riesgosos, desprotegidos, bélicos, criminalizantes; 3) los territorios donde la identidad positiva del colectivo es denegada socialmente; 4) las carencias de espacios para la incorporación de habilidades y destrezas para la progresión de la calidad de vida y la incorporación social; 5) la carencia de espacios de expresión y participación juvenil legitimada; 6) la calle como espacio fundamental de socialización y aprendizaje; 7) la percepción social estigmatizada de lo juvenil; 8) la estigmatización de pobreza y violencia juvenil como delincuencia; 9) la resocialización en la cárcel; 10) la ausencia de instituciones de protección y desarrollo (Krauskopf 2003.a.) 

En estas condiciones, la juventud obtiene gratificaciones a través de conductas indiscriminadas –de corto alcance, inmediatas y accesibles– para afirmar su autoestima (muchas veces en logros efímeros), buscar sensaciones de éxito en el riesgo mismo, encontrar acompañamiento emocional en actividades peligrosas que no prevén consecuencias, o anestesiarse –mediante drogas, actividades masivas, juegos que los aíslan de la realidad– para no sentir la frustración aplastante, todo lo cual conduce al daño (Krauskopf 1996). 

La exclusión social o el sentimiento de exclusión, la ausencia de límites, la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación, la integración en bandas identificadas con la violencia, la facilidad para disponer de armas, y la justificación de la violencia en la sociedad en la que dichas circunstancias se producen, se dan acompañadas de la falta de condiciones que hubieran podido proteger de tales riesgos, como modelos sociales positivos y solidarios, colaboración entre la familia y la escuela, contextos de ocio y de grupos de pertenencia constructivos, o adultos disponibles y dispuestos a ayudar (Díaz-Aguado 2005). 

Protección y prevención 

Concha-Eastman (2004) señala tres niveles en el abordaje de la violencia que se dan simultáneamente: a mayor relación entre ellos, mejores posibilidades de éxito. Agrego un cuarto nivel: la protección. 

1. Represión y control. Intervención de la policía y el sistema judicial. Las teorías basan esta acción en el efecto intimidatorio que sobre los potenciales agresores tiene la exclusión carcelaria y la pérdida de derechos con que el Estado castiga a quienes transgreden la ley. 

2. Prevención. Es la respuesta intersectorial a la multicausalidad de la violencia. La necesidad de abordar la violencia desde una perspectiva amplia ha sido reconocida recientemente. Hoy este concepto es ampliamente aceptado. Los diversos sectores relacionados con la atención, rehabilitación, cuidado y control de las víctimas y victimarios de actos violentos hacen esfuerzos en tal dirección. 

3. Promoción del desarrollo humano y recuperación del capital social. En este tercer nivel se procura no sólo evitar el daño sino generar condiciones para no favorecer el surgimiento de tales manifestaciones. Se requiere intervenir contando con un compromiso amplio de los ciudadanos, líderes, jerarcas, comunicadores, educadores y la sociedad toda en la lucha por la recuperación de la ética y la paz social. 

4. Protección. Debe fortalecer capacidades fundamentales: establecer vínculos de calidad en diversos contextos; ser eficaz en situaciones de estudio-trabajo; obtener el reconocimiento social; integración en grupos de iguales constructivos, resistiendo presiones inadecuadas, y desarrollar condiciones subjetivas y objetivas para que los jóvenes encuentren su lugar en el mundo y puedan avizorar positivamente su futuro. 

La vertiente del campo de los derechos enfatiza la protección integral, la cual está vinculada a los derechos de la adolescencia y juventud con los siguientes componentes (Krauskopf y Muñoz, 2004). 

1. Un sistema de protección legal que se expresa en la defensa y garantía de los derechos de las personas menores de edad en el sistema de justicia. La doctrina de la protección integral supera los marcos normativos relativos a la condición de minoridad orientados a tutelar a las personas menores en pobreza, abandono, mendicidad, deambulación o delincuencia, hacia la construcción de instrumentos jurídicos universales que protegen los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes (desaparece la categoría de menor, que invisibiliza al sujeto). 

2. Un sistema de protección social que conduce al cumplimiento de los derechos sociales y se extiende desde las políticas universales hasta las políticas focalizadas dirigidas a adolescentes y jóvenes que han sufrido alguna violación de sus derechos o que están excluidos de las políticas universales. En este último caso, se trata de la protección especial que resalta el imperativo de dar una atención positiva y preferencial a las personas en la fase juvenil que se encuentran en situaciones especiales de desprotección o riesgo. El retiro de respuestas inadecuadas no puede ir acompañado de la estigmatización y visibilización negativa, sino que debe estar enmarcado en un replanteamiento de la percepción de los problemas y de la oferta de opciones, junto con respuestas más satisfactorias a las necesidades y capacidades. 

3. El ejercicio de la ciudadanía plantea que ser titular de derechos debe ser sinónimo de poder ejercerlos. Desde esta perspectiva se impulsa el capital social de las comunidades, facilitando la participación ciudadana y especialmente de los adolescentes y jóvenes en el abordaje comunitario de la protección social. 

Se trata de derechos consustanciales del ser humano que se expresan en los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que enfatizan el deber de asegurar a hombres y mujeres el goce por igual de todos los derechos. Son ratificados ampliamente en la Convención Internacional de los Derechos del Niños y en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, firmada por la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe y ratificada por siete países, entre ellos la República Dominicana. 

Consideraciones finales 

El contexto de polarización económica y la exclusión en América Latina requiere dar gran importancia al trabajo con jóvenes, particularmente a quienes viven en condiciones de inequidad y marginalidad. Es central la promoción del desarrollo vinculada a factores protectores, desarrollo de competencias, cultura de paz y los aportes de doctrina de protección integral. 

El enfoque de derechos es una gran contribución para obtener una visión más integral de los procesos de desarrollo durante la niñez y la fase juvenil, y da nuevas perspectivas a la autoridad y protección adulta. Reconoce a los y las adolescentes y jóvenes con capacidades y derechos para intervenir protagónicamente en su presente, contribuir en el mejoramiento de su calidad de vida y aportar participativamente al desarrollo de su sociedad. 

Aun cuando en América Latina es prioritario desarrollar propuestas colectivas, que lleguen y afecten a mayores grupos de población, los grupos vulnerables que muestran evidencias de daño deben ser atendidos en forma especial. En este sentido, son prioridad las intervenciones para detener los comportamientos violentos, cuidar que las consecuencias de las medidas reductoras no supriman las oportunidades y sustituir positivamente los comportamientos suprimidos. 

Son necesarias tanto acciones preventivas para fortalecer el desarrollo colectivo como líneas de actuación directa sobre la violencia, pero estos lineamientos no pueden estar disociados en sus enfoques. Por ello es importante consolidar el establecimiento de políticas que articulen coherentemente el marco de los diferentes proyectos y medidas de modo coordinado en las políticas nacionales, las políticas locales y las políticas institucionales referidas a las violencias y las juventudes. 

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