Renovación urbana como catalizador del desarrollo

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La preocupación central de los especialistas en el manejo de la realidad urbana de la capital de Santo Domingo se centra en el caos que se observa en su estructura centenaria y en una gestión efectiva que permita canalizar nuevas vías de desarrollo para su entorno, incluyendo de modo fundamental los barrios y zonas esenciales que requieren de intervención urgente para modificar el esquema actual de la ciudad primada de América. El autor enfatiza estos pormenores, analizando con propiedad las causas del deterioro que se manifiesta, ofertando soluciones viables a esta situación.

El Distrito Nacional atraviesa por un proceso de deterioro continuo que amenaza de forma silente sus 91.58 km² y con ello reduce las oportunidades que se derivan de ser la primada de América y capital de la República Dominicana.

Este deterioro se produce como resultado de no realizar las transformaciones que amerita un territorio altamente urbanizado, con la totalidad del suelo clasificado urbano, con una superficie construida correspondiente al 82.72 % equivalente a 75.76 km² (2015) y una densidad de 11,237.28 hab/km², lo cual evidencia que la capital es el territorio ocupado con mayor demanda de suelo en todo el país. Demanda que se suma a la carencia de servicios públicos de calidad para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de un segmento importante de la población que vive en un «mundo paralelo» a pesar de residir en el mismo territorio.

Numerosos estudios han certificado este deterioro, el cual impacta directamente en la competitividad y en el potencial que debería acompañar a esta importante demarcación, sede del gobierno nacional, capital de la República Dominicana y, por consiguiente, poseedora del privilegio de albergar en sus calles los principales agentes sociales, económicos y políticos que trazan el rumbo de la dinámica nacional.

Este deterioro se evidencia en las dificultades que se presentan a lo interno del territorio para garantizar niveles mínimos de habitabilidad, como resultado de una serie de factores entre los que se destacan: el desorden en la ocupación del suelo; el caos en el tránsito; la degradación del sistema ambiental urbano, y la ausencia de espacio público de calidad que contribuya a elevar la calidad urbana de la capital y, a su vez, retribuya a la ciudadanía con un ambiente que permita vivir con niveles mínimos de habitabilidad básica.

El punto de partida radica en el caos de la estructura urbana por el desorden en la ocupación del suelo, que ha sido el resultado de la improvisación histórica y las intervenciones formales e informales en la construcción de la ciudad, las cuales no se encuentran sustentadas en una visión gubernamental plasmada en la regulación del uso y ocupación a través de las ordenanzas establecidas por el órgano normativo de los ayuntamientos, junto con la gestión efectiva de su órgano ejecutivo en la aplicación y fiscalización de lo aprobado legalmente.

En el estudio realizado para el diagnóstico del POT-Capital se establece que el Distrito Nacional es un territorio integrado por 70 unidades barriales, las cuales requieren un nivel de atención diferenciado en atención a las características de cada circunscripción, las cuales se distinguen por el tipo de edificaciones, el grado de ocupación, el estado de los servicios básicos y la densidad, entre otros factores que hacen de estos territorios unos emplazamientos de diversidad y contraste.

El análisis de los elementos que producen las diferencias entre las circunscripciones y las unidades barriales que la conforman son útiles para procurar propuestas ajustadas a las características de cada espacio, tomando en cuenta la vocación de su territorio, la capacidad de quienes gestionan la ciudad y el estado de las infraestructuras que poseen. El caos permanente del tránsito es otro de los factores que afecta la convivencia cotidiana de todo aquel que recorre las vías del Distrito Nacional y, por ende, impacta en el conjunto de actividades productivas que se realizan a lo interno del territorio e inciden fuera del mismo, lo cual repercute en el deterioro de la calidad de vida de sus residentes y a la vez se convierte en una debilidad para impulsar nuevos proyectos.

Esta patología impregnada en las calles y avenidas del Distrito Nacional se ha profundizado como resultado del incremento de la población que se desplaza a lo interno de la capital, sin la aplicación de los cambios necesarios para transformar la movilidad urbana del territorio en cuestión y así pasar de los medios individuales de transporte a un modelo integrado de transporte colectivo. En la actualidad, el Distrito Nacional tiene registrada una población residente de 1,029,110 habitantes (ONE, 2022) y cuando a esto se le suma la población flotante que ingresa todos los días al Distrito Nacional, estimada en 1,100,100 personas y 401,035 unidades vehiculares aproximadamente (Ayuntamiento del Distrito Nacional), el número de movimientos vehiculares y la demanda de servicios se duplica, para lo cual se requieren soluciones innovadoras que presenten respuestas a un ecosistema de altas complejidades.

El territorio capitalino tiene un total de diecisiete accesos, cinco de ellos vinculados al sistema troncal, los cuales sirven como conexión interprovincial e interregional entre los distintos puntos cardinales del país. Esto permite altos niveles de conectividad entre el Distrito Nacional y su entorno, mientras que, al mismo tiempo, muestra una de las causas de la congestión que se produce a lo interno de la capital, donde el sistema troncal de la nación interrumpe la cotidianidad insertando unidades vehiculares en la dinámica local.

El tercer factor de importancia es la degradación del sistema ambiental urbano, que se encuentra agonizando ante el alto grado de urbanización registrado. La mayor proporción de suelo urbanizado se encuentra en las circunscripciones 1 y 3, mientras que la circunscripción 2 mantiene una proporción de suelo disponible para consolidar los remanentes del mencionado pero languideciente «cinturón verde de Santo Domingo», creado por el decreto N.o 183-93, que ordenó establecer un cinturón verde que rodee el entorno urbano de la ciudad de Santo Domingo. Aunque en el Distrito Nacional no existen áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), el cinturón verde ―que tenía una superficie original de 130 km², de los cuales 12.78 km² (13.78 % del DN) se encuentran dentro de esta demarcación― se ha reducido en 4.95 km². Esto representa un 38.73 % del cinturón verde y un 6.5 % de toda la superficie del Distrito Nacional. Esta reducción de la superficie natural ha sido el resultado de la aprobación de proyectos urbanísticos en la zona del cinturón verde y la ocupación ilegal de zonas con altos niveles de vulnerabilidad. Dentro de esta superficie construida se encuentran 14 barrios en los que habitan más de doscientas mil personas, lo que represent un 22.82 % de la población total.

De igual manera, el sistema hidrográfico del Distrito Nacional juega un papel estratégico en la conformación de la ciudad, ya que la demarcación se encuentra limitada al sur por los ríos Ozama (7.3 km.) e Isabela (13.7 km); y en estas fuentes hídricas desembocan un total de 50 cañadas que suman 22,613 metros lineales de escorrentías superficiales, las cuales han sido ocupadas de manera indiscriminada por la construcción de edificaciones informales, bajo la complicidad de las administraciones locales de turno que permitieron interrumpir el cauce natural de las aguas para localizar sobre ellas a un importante número de habitantes que se ven amenazados por los fenómenos atmosféricos y las lluvias que con alta intensidad se posan sobre el territorio.

Es así como estas 50 cañadas deben ser trabajadas para su liberación y transformación en parques lineales que contribuya a solucionar el cuarto factor identificado ante la ausencia de espacio público de calidad. Con esta intervención podremos tener una importante superficie del territorio a la disposición de la población, la cual se convertiría en pulmón de los distintos barrios de la capital y funcionaría como drenajes naturales para capturar las altas pluviometrías que caen en cortos períodos de tiempo, liberando nuestras ciudades de grandes inundaciones en las zonas urbanas.

De igual manera, permitiría incrementar la cantidad de espacio ambiental público que requiere el territorio, ya que el suelo para albergar el sistema ambiental se ha reducido considerablemente, solo preservando algunas porciones en la circunscripción 2, la cual contiene la mayor cantidad de suelo natural del Distrito Nacional ―representa un total de 25.91 m²/hab., mientras que en el resto del territorio la cantidad de espacio por habitante es mucho menor, en la circunscripción 1 es 1.48 m²/hab. y en la circunscripción 3 es 1.47 m²/hab.―. Se requiere un diagnóstico que identifique los factores claves que deben ser atendidos para revertir el deterioro en que se encuentra el centro político, económico, social e institucional del territorio nacional y así se pueda consolidar este emplazamiento en su máximo esplendor. Al considerar las limitaciones de suelo existentes en este territorio, se requiere aplicar un instrumento que procure la transformación anhelada e incorpore las mejoras para la consolidación de un nuevo Distrito Nacional.

Para tales fines se requiere impulsar un proceso de renovación urbana concebido como una herramienta para la transformación y desarrollo de las ciudades, consistente en la remodelación de áreas urbanas consolidadas en el centro de la ciudad que se utilice como un mecanismo para revertir un proceso de decadencia económica, demográfica y social a través de una intervención que en muchos casos viene marcada por una fuerte acción pública. En el territorio capitalino, este proceso de renovación urbana debe incorporar de forma simultánea una serie de actuaciones orientadas a la regulación del uso de suelo, la definición de una carpeta de proyectos estructurantes y la mejora de la estructura pública urbana vinculada a las intervenciones proyectadas.

A partir de la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional el 10 de junio del 2019, mediante la Ordenanza N.o 9-19, y la aprobación de la Ley N.o 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos se ha impulsado un proceso desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional para contar con toda la regulación de detalle en todo el territorio. Esto contribuirá a que la capital de la nación cuente con reglas claras para todos los que intervienen en la construcción y elimina la discrecionalidad para la aprobación de propuestas de intervención en el territorio, reduciendo así el desorden que se ha implantado por años en esta importante demarcación.

Hasta la fecha se cuenta con ordenanzas ajustadas a la ley de ordenamiento territorial en un 78.8 % del territorio. Está completa toda la circunscripción 1, y en un 90 % la circunscripción 2. De manera que se requiere terminar la circunscripción 2, completar la circunscripción 3 y actualizar cualquier elemento que no guarde relación con la Ley N.o 368-22, con el fin de completar la regulación de uso de suelo correspondiente al Distrito Nacional. En este proceso de actualización y aprobación de las ordenanzas es clave contar con una visión del territorio que identifique las zonas claves para impulsar el proceso de renovación urbana a través de la definición de proyectos estructurantes para la transformación de ciertas zonas del territorio. Esta serie de proyectos estructurantes deben localizarse en tres tipos de zonas. En primer lugar, aquellas que se encuentran subutilizadas como las Villas (Villa Juana, Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Villa Francisca), que tienen una excelente estructura pública compuesta por vías y manzanas de trazado cuadriculado, y con servicios mínimos adecuados; sin embargo, estos barrios tienen el potencial de aumentar la densidad y la altura, ya que en la actualidad la mayoría de las edificaciones son de un nivel.

Un segundo tipo de zonas son las que requieren renovar y fortalecer proyectos existentes, como la zona del Centro de los Héroes, donde se encuentra el Teatro Agua y Luz; el ensanche La Fe, donde se ubica el Estadio Quisqueya; y el entorno del río Ozama, donde se radica el puerto de cruceros o la ribera del mismo. Se requiere la culminación de la vía del río para de esa manera habilitar nuevos espacios públicos y adecuar el conjunto de viviendas a fin de que sean renovadas en favor de edificaciones con una mejor habitabilidad.

Un tercer grupo son aquellas zonas que precisan un cambio de actividades para inducir transformaciones más ajustadas a la nueva dinámica de su entorno, como la parte del Malecón donde se encuentra Metaldom, al igual que los barrios donde en la actualidad se encuentran usos orientados a las actividades industriales, para que estas den paso a zonas residenciales acompañadas de importante superficie de espacio público.

Finalmente, este proceso requiere ir acompañado por la adecuación de toda la infraestructura y servicios públicos, para que los mismos estén ajustados a los proyectos estructurantes identificados y que provean lo necesario para el funcionamiento de estos proyectos, además de que puedan contribuir para colocar sobre la mesa la solución definitiva a los factores claves. La infraestructura y los servicios deben estar orientados a proporcionar un sistema de transporte colectivo que conecte los medios de transporte existentes con las zonas comerciales y residenciales, que permita garantizar la conectividad para toda la población y a la vez reducir la cantidad de vehículos individuales que se desplazan por las calles.

Los servicios públicos deben suplir la demanda de energía, agua, recogida de residuos sólidos, al igual que la oferta de educación y salud para un segmento importante de la población. De igual manera, la infraestructura debe garantizar que los espacios públicos, comenzando por las vías, aceras, plazas, parques y espacios de encuentro, puedan estar diseñados para una población residente y una visitante, en atención al creciente atractivo turístico que muestra la nación frente a otros competidores de la región.

Sin lugar a dudas, el Distrito Nacional requiere un proceso de renovación urbana para revitalizar este emplazamiento y hacer del mismo un espacio de oportunidades para competir tanto a lo interno del país como a nivel internacional entre las ciudades que buscan atraer capitales para la estructuración de su territorio.