Los resultados de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, los países de América Central y la República Dominicana reportan experiencias que, por el impacto de los compromisos y las perspectivas del desarrollo nacional para el futuro inmediato, deben ser analizadas a la luz de la situación económica actual. A corto plazo, las principales dificultades surgen porque el acuerdo se rubricó -con mucha prisa y sin la preparación adecuada- en una situación de crisis económica aguda, en el marco de un proceso electoral, sin un programa de desarrollo y a merced de eventualidades e imprevisiones. Sin embargo, a largo plazo, tras alcanzar una mayor estabilidad macroeconómica, las condiciones para recibir los beneficios de un tratado con estas características podrán ser más favorables. Tratado de Libre Comercio USA-RD No debe existir duda de que un acuerdo comercial con Estados Unidos beneficia a la República Dominicana, por las oportunidades comerciales, financieras y de inversión que ofrece la magnitud de esa economía y por numerosas razones mencionadas en diferentes oportunidades.
Sin embargo, la metodología aplicada para negociar y alcanzar los resultados del Tratado, unida al contexto económico y social dentro del cual fue realizado, tanto en su fase preparatoria, como durante todo el proceso de las negociaciones, y el impacto inmediato de esos compromisos en la perspectiva de la estabilidad macroeconómica, tienden a crear preocupación en sectores económicos, lo cual no permite en el corto plazo generar expectativas positivas para la economía en general. De modo general, todo proceso de apertura comercial tiende a crear oportunidades para los negocios de las distintas áreas de la actividad económica, además de que ayuda a aumentar la oferta de bienes en el mercado, favoreciendo el bienestar de la población, al introducir en el mercado productos de mejor calidad, a menor precio y con mayor diversidad. No obstante, en áreas importantes del proceso de negociación conducido por la República Dominicana se observaron situaciones que incidieron en la confianza de los operadores económicos, los cuales se vieron impactados por la falta de transparencia, prisa exagerada en las consultas, ausencia de estudios técnicos para evaluar el alcance de las medidas a discutir y de un plan económico, además de la torpeza en la elaboración de los consensos con los sectores productivos nacionales.
Preparación muy deficiente
En esta perspectiva, la ausencia de una preparación adecuada afectó la legitimidad del proceso. Es así como el sector industrial participa desconociendo el alcance real de una adhesión en que las reglas de origen y todas las disciplinas habían sido negociadas en el CAFTA 1 , limitando el campo de acción de la República Dominicana a algunos anexos e imponiendo resultados que responden a otras realidades comerciales. Este proceso de negociación resultó finalmente en la simple adhesión a un acuerdo multilateral, en la que además fueron modificados los términos del Tratado de Libre Comercio suscrito por la República Dominicana y Centroamérica (TLC CA- RD)2 . En esta experiencia, un decreto presidencial 3 conformó un equipo negociador con la finalidad específica de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos. No obstante, en este proceso se modificó el alcance y las disciplinas del TLC CA – RD, lo cual resulta cuestionable en el entendido de que el decreto otorga un mandato específico para la negociación bilateral Estados Unidos-República Dominicana, por lo que cualquier obligación que excediera el contexto delimitado, debió contar con otro mandato que considerara esa nueva realidad. En ausencia de ese instrumento, la actividad negociadora le correspondía a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores (SEREX), la cual fue totalmente apartada del proceso de negociación. Ahora bien, el vacío legal que se ha identificado se trató de cubrir con una solicitud a la SEREX de que delegara su participación en funcionarios de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.
En este sentido, la Cancillería fue muy clara al expresar que su representante era el consultor jurídico de esa entidad, el cual, a su vez, nunca fue incorporado al proceso. Todo esto conduce a cuestionar conceptos elementales en torno al proceso de conformación de los acuerdos internacionales, sobre todo lo relacionado con el momento adecuado para contraer compromisos, el alcance que tendría el contrato internacional y el programa de reestructuración productiva y transformación que sería necesario realizar para aprovechar los beneficios, readaptar el aparato productivo o minimizar los perjuicios que pudiera ocasionar. No había razones para establecer un plazo fatal que obligara a la República Dominicana a negociar un tratado comercial de tanta trascendencia específicamente en los primeros cinco meses de 2004. De no negociarse en esa oportunidad hubiera sido posible negociar posteriormente. Sólo razones políticas electorales y el argumento del costo de oportunidad para las zonas francas, han impulsado esa prisa ¿Qué perjuicios enfrentarán los países que están negociando en estos momentos? ¿Cuáles dificultades extraordinarias enfrentarán los que aún no han negociado? La crisis económica pudiera no constituir un obstáculo insalvable para negociar un acuerdo de comercio, siempre que la situación esté desarrollándose dentro de un plan definido para la actividad productiva, donde estén cuidadosamente localizados los sectores que soportarían el desenvolvimiento económico futuro, el equilibrio macroeconómico, la distribución de los beneficios sociales y además, y donde estén permitidos plazos razonables, los mecanismos de transparencia y las consultas con las empresas y la población, para facilitar una paulatina asimilación del significado real de las transformaciones que derivarían del proceso negociador. El momento adecuado simplemente pudiera ser aquel donde la base productiva y la sociedad civil cuentan con los estudios técnicos, la suficiente información y los planes para asumir los compromisos de un contrato internacional de esta naturaleza, que ofrece derechos y ventajas, pero que al mismo tiempo enfrenta al país a nuevas y rigurosas obligaciones. No parece estar completamente claro hasta dónde los 16 requisitos y preparativos fueron completados en la fase previa a las negociaciones del acuerdo CAFTA. En principio, el argumento principal se utilizó para justificar la bilateralidad con Estados Unidos para salvar las zonas francas dominicanas de un posible rezago frente a las ventajas que alcanzarían las zonas francas centroamericanas en las negociaciones del CAFTA.
No obstante, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en todo momento publicó en su página de Internet que las negociaciones con la República Dominicana serían una adhesión al CAFTA. Estos detalles vinculados a la transparencia y a las consultas de la fase preparatoria fueron mencionados en diversas ocasiones por economistas y académicos en el país; sin embargo, los resultados finalmente han correspondido a un acuerdo multilateral, DR-CAFTA4 , que ha significado una adhesión a los textos jurídicos negociados por Estados Unidos y Centroamérica, aunque incorporando los compromisos específicos en acceso a mercado, servicios financieros e inversiones que abarcan una amplia variedad de temas, como el fruto de las tres rondas de negociaciones sostenidas entre la República Dominicanas y Estados Unidos. Los compromisos específicos negociados por nuestro país han comprendido los temas relativos a la desgravación arancelaria, las medidas de salvaguardias, las disposiciones específicas sobre los textiles, los anexos sobre compras gubernamentales, inversión y servicios financieros, además de los compromisos sobre piratería, patentes, comunicaciones, coproducción con Haití y el código laboral.
Las negociaciones sobre inversión siguieron el mismo patrón que el resto de las áreas. De manera general, fue establecido un trato no discriminatorio para las inversiones y los inversionistas de ambas partes y se acordó el Trato de Nación Más Favorecida (NMF), el cual, en el caso de Estados Unidos, se corresponderá al mejor trato otorgado dentro de los Estados de la Federación. Fueron establecidas, además, salvaguardias relativas a las expropiaciones -con la finalidad de determinar cuáles casos pudieran ser consideradas como tales- y al mecanismo de solución de controversias. Posteriormente, en los anexos correspondientes, se acordaron una serie de excepciones de rigor que abarcan el Trato Nacional, en Trato de Nación más Favorecida, Altos Ejecutivos y Directorios, y Requisitos de Desempeño. En realidad la adhesión al CAFTA colocó a la República Dominicana en el compromiso de asumir los textos jurídicos negociados por otros, aunque revisando todos los anexos correspondientes a las normas generales. Los resultados de las negociaciones en el campo del acceso a mercado muestran dos situaciones diferentes. La primera, relacionada con el comportamiento de las exportaciones dominicanas; y la segunda, referida a todos los aspectos vinculados a las importaciones desde Estados Unidos.
Libres de arancel
Las exportaciones dominicanas, orientadas hacia el mercado norteamericano, podrán disfrutar de una situación libre de arancel en lo inmediato, al momento de la entrada en vigor del Tratado Libre de Comercio. Para la República Dominicana un 99.5%5 de las líneas arancelarias correspondientes a productos agrícolas e industriales entrarán al mercado norteamericano dentro del grupo de productos beneficiados con el libre acceso, libre de aranceles y sin cuotas. Esto será alcanzado siempre que puedan cumplir los requisitos de reglas de origen establecidos en los documentos jurídicos del Acuerdo y logren vencer las restricciones técnicas confrontadas para algunos productos, así como los inconvenientes planteados por las normas sanitarias y fitosanitarias. Pero el principal obstáculo a las exportaciones nacionales pudiera surgir con las reglas de origen, que no fueron negociadas por la República Dominicana y, sin embargo, se admitieron como válidas para este acuerdo, situación que pudiera convertirse para algunos casos en una barrera insalvable que afecta la estrategia ofensiva de incrementar las exportaciones nacionales. Además, los resultados de estas negociaciones no muestran cambios de importancia en las medidas sanitarias y fitosanitarias para ayudar significativamente el comercio de productos agrícolas y agroindustriales que componen las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos.
En general, este tipo de medida no es sometido a negociaciones en los TLC´s y sus disciplinas son las contempladas en el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En realidad, los resultados de estas negociaciones sólo reflejan avances limitados que permitirían algunas exportaciones luego de cumplir con el proceso de inspección y certificación, tal como había estado establecido en el pasado reciente. El establecimiento de un programa de preinspección de frutas y vegetales, junto con la aprobación de una agenda de cooperación técnica, constituyen elementos importantes para derribar los obstáculos que tradicionalmente han sido levantados a las exportaciones de algunos de estos productos. Por otra parte, las exportaciones de Estados Unidos hacia el mercado de la República Dominicana serán beneficiadas en un 80% del total de líneas arancelarias a través de una situación de desgravación inmediata. Las sensibilidades aparecen en algunos productos agrícolas, particularmente en los productos de la Rectificación Técnica, en mercancías que tienen una fuerte contribución a las recaudaciones fiscales, y en los bienes que tienen producción local.
En cuanto a desgravación arancelaria, no todo el universo de productos estuvo sujeto a negociación. Los resultados indican que hubo alguna exclusión de productos en las negociaciones. Por ejemplo, el azúcar y algunas líneas de los calzados quedaron excluidos por tratarse de productos de especial interés para Estados Unidos. De este modo, fue establecido que ninguna de las partes, salvo disposición en contrario en el Tratado, incrementaría el nivel del arancel aduanero existente o adoptaría uno nuevo. El programa de desgravación arancelaria fue elaborado atendiendo a la sensibilidad económica y social de los productos. En el caso de la República Dominicana, el mayor nivel de protección corresponde a los bienes comprendidos en la Rectificación Técnica, así como también a otros considerados sensibles, como carnes y quesos. Para este grupo (de la Rectificación Técnica) el plan de desgravación tendría que aplicarse a partir de los aranceles fuera de cuota notificados en la OMC. Los plazos para finalizar el programa de desgravación de la totalidad de los bienes fueron agrupados en 11 “canastas” o fases. Esos plazos corresponden a los bienes que, importados desde Estados Unidos, disfrutarán de acceso inmediato (arancel cero) y diversos plazos, mientras que la categoría de 20 años fue reservada para otros productos, considerados altamente delicados por los negociadores dominicanos, como es el caso del arroz, los pollos, la leche en polvo y algunos tipos de quesos.
La metodología general aprobada consiste en realizar desmonte de aranceles de forma lineal dentro de las “canastas de desgravación”. No obstante, fueron establecidos mecanismos de desgravación diferentes. En algunos casos fue establecido un ritmo de desgravación lento al inicio y acelerado al final. Por el contrario, para otros productos menos sensibles, el ritmo de desmonte del arancel corresponde al esquema mediante el cual existe una desgravación más acelerada al inicio, mientras que la velocidad de reducción de los aranceles se desacelera al final del período. Para la República Dominicana no fueron contempladas excepciones para productos excluidos del proceso de desgravación arancelaria. La categoría H que figura en el Anexo 3.3 del Tratado no contiene producto alguno que pueda continuar recibiendo el tratamiento NMF. Sin embargo, Estados Unidos mantiene algunos productos excluidos y por lo menos uno de ellos es de especial sensibilidad para la República Dominicana. Los documentos resultantes indican que las cuotas específicas fueron utilizadas en los casos estimados de alta sensibilidad productiva, que precisan de una protección frente a importaciones desde Estados Unidos. Este grupo de productos, entre los que se incluyen diferentes tipos de bienes agrícolas, disfrutarán del acceso libre de arancel para volúmenes dentro de la cuota establecida y un arancel de protección para las cantidades importadas fuera de los contingentes establecidos en el acuerdo.
El mecanismo de cuotas también podrá ser aplicado en el destino a los productos exportados por la República Dominicana hacia el mercado de Estados Unidos, en los casos de carnes de res, leche evaporada, helado y el azúcar, que por sensibilidad de los productores, fue defendido por los negociadores norteamericanos. Otro mecanismo de protección contemplado en los documentos del Acuerdo fueron las salvaguardias especiales. El Artículo No. 3.15 del Tratado establece que para los productos agrícolas considerados sensibles y de importancia estratégica, estaría permitido el aumento de los aranceles después de que las cantidades de importación aumenten por encima de ciertos niveles acordados en las negociaciones. A partir de esos niveles de importación la activación de las salvaguardias ocurrirá de modo automático y, por tanto, el incremento de los aranceles establecidos para cada producto tendrá aplicación inmediata. De este modo, puede derivarse que para la defensa del aparato productivo nacional, el Acuerdo definió tres modalidades de protección para los productos agrícolas. Los plazos de desgravación más extensos (12, 15 y 20 años), los contingentes arancelarios -que permiten imponer un arancel dentro de la cuota y otro fuera de la cuota- y finalmente, los mecanismos de salvaguardias especiales. ¿Hasta qué punto resultarán suficientes los mecanismos de protección contemplados en el Acuerdo? ¿El objetivo estratégico es apertura de mercado o defensa de la producción nacional? ¿Brindan protección efectiva los niveles establecidos en las cuotas de importación en algunos renglones agrícolas (en arroz y pollos)? Al parecer, el objetivo fundamental del acuerdo estuvo orientado a finalidades defensivas. Defender a los textiles de las zonas francas frente a la posibilidad de perder competitividad y ventajas en el mercado de Estados Unidos, y al mismo tiempo, brindar alguna protección a determinados renglones agrícolas constituyeron las líneas maestras para llevar hacia delante las negociaciones.
Los objetivos estratégicos de crecimiento rápido con integración social estuvieron totalmente ajenos a la guía de trabajo de los negociadores o de las autoridades. El ideal de una economía abierta, competitiva y comprometida con el libre comercio estuvo ausente en la retórica de las negociaciones. Parecía que sólo se realizaban esfuerzos para defender la producción de los textiles de las zonas francas y la defensa transitoria del mercado interno para productores agrícolas nacionales. Lo importante sería que el Tratado conduzca indefectiblemente a disciplinar a las autoridades para el cumplimiento de compromisos internacionales. Sin embargo, en el momento de las negociaciones y en los meses posteriores, lo característico de la situación general fue el rompimiento de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el incumplimiento del pago de las deudas, el descenso de las calificaciones de riesgo-país, el aumento de los obstáculos administrativos al comercio internacional y otras señales de carácter político, totalmente ajenas a la estrategia que debía manifestarse frente a un evento de trascendencia histórica para el porvenir de la República Dominicana. Aprovechar oportunidades de un acuerdo tan importante a pesar de sus amenazas y aspectos negativos significa definir principalmente la política comercial correspondiente, vinculada a una disciplina macroeconómica estricta; lo que se correspondería con la puesta en vigencia de un modelo basado en las exportaciones, la competitividad y el consenso social. Por el momento, no es posible evaluar resultados concretos, sólo se pueden estimar situaciones.
Por eso, se entiende que lo importante y positivo radica en que constituye un enlace definitivo con la alternativa de la apertura comercial. En la prisa de los preparativos y de las negociaciones, las autoridades nunca explicaron claramente el alcance de ese esfuerzo. Después de concertar con la economía más grande 20 Programa de desgravación de aranceles/ Composición final de las canastas negociadas en el TLC RD-USA Año Canastas 1/ Líneas arancelarias Participación % Promedio ponderado de las tasas arancelarias 0 A-G “ 5,206 “ 76.4 32.1 4 W 2 0.0 24.2 5 B-X 407 6.0 25.0 10 C-M-Y “ 1,024 “ 15.0 21.4 12 N 30 0.4 20.6 15 D-0 136 2.0 32.5 20 F-V 13 0.2 – del mundo, con los productores más competitivos, con el mercado más exigente, todo lo demás, será un simple acomodo a nuevas situaciones, “un simple suspiro”. En adelante, pocos sectores productivos de la República Dominicana, salvo los casos del azúcar y algunos agricultores, podrán guardar temores por la apertura comercial. Los resultados habrán de medirse cuando transcurran los años posteriores a la puesta en vigencia. En el plano conceptual, generalmente se admite que toda apertura comercial permite que los países alcancen tasas de crecimiento del producto mucho más elevadas, contribuyendo a la creación de empleos permanentes y sustentables y aumentando el salario real, ya que facilita el acceso a mayor cantidad y mejores productos y servicios con el mismo sueldo. Las empresas exportadoras, en general, tienen un salario medio superior a las que no exportan, porque mantienen conexión directa con los cambios tecnológicos, permitiéndoles modernizar el aparato productivo (incluyendo el agro) y estimulando la innovación, la capacitación y la productividad.
Los resultados y el futuro
Obviamente, los resultados sólo podrán alcanzarse luego de la vigencia del Tratado, a través de la aplicación de una política económica fundamentada en la apertura comercial, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico. La estabilidad macroeconómica significa en estos momentos detener y disminuir bruscamente la inflación, alcanzar el equilibrio fiscal, reducir el déficit cuasi-fiscal, controlar el gasto e incrementar los ingresos públicos, manteniendo niveles adecuados de reservas internacionales y aplicando una política cambiaria de libre mercado, al tiempo que habrá de aplicarse un riguroso control a las cuentas externas. En el mismo sentido, tendremos que realizar esfuerzos para forzar un bajo nivel de la deuda pública, lo que, en consecuencia, podría generar expectativas de modificación de las calificaciones internacionales del nivel de riesgo-país. El momento es de grandes dificultades económicas para abandonar oportunidades de incrementar los ingresos fiscales. Aproximadamente un 35% de los ingresos aduanales por concepto, exclusivamente, de aranceles quedarían eliminados como consecuencia de la entrada en vigencia de la canasta A, que otorga desgravación inmediata a un 80% de las líneas arancelarias, lo que significa conceder arancel cero a un 70.8%6 de la totalidad de productos efectivamente importados desde Estados Unidos.
Sin embargo, no sería correcto dudar de que un ambiente caracterizado por el crecimiento económico pudiera contribuir mejor a la captación de mayores beneficios de la apertura comercial, no sólo mediante elevadas tasas del producto, sino también a través de un rápido incremento del gasto social para reducir los niveles de pobreza (particularmente los niveles de indigencia), aplicar políticas sociales para modificar el escenario que relaciona a ricos y pobres en la República Dominicana, unido a todo lo dicho en cuanto a la reforma de la salud, reforma educacional, disminución del desempleo, y modernización del las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Una situación de esta naturaleza eventualmente puede significar en el corto plazo que los salarios reales deberán comenzar a crecer en línea con el mejoramiento de la productividad. En ese mismo sentido, es de suponer que el salario mínimo debiera manifestar una tendencia a aumentar, además tratando de mantener con ese comportamiento un ritmo más rápido que el salario medio, lo que pudiera registrar, de cumplirse las premisas anteriores, una reducción notable de la desocupación por consecuencia de la ampliación de la demanda y la producción. Todo esto carece de sentido si no está incorporado a un mayor esfuerzo para incrementar las exportaciones (apoyo productivo, tecnológico y de capacitación para los exportadores) que debe conducir, a mediano o largo plazo, al aprovechamiento efectivo de los beneficios que eventualmente pueden derivar en el futuro, con la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los aspectos perjudiciales del Tratado pueden manifestarse más implacablemente a corto plazo, porque significa un giro importante en la evolución de la economía. Las principales dificultades a enfrentar surgen por estar concluido en una situación de crisis aguda de la economía y del sistema financiero, sin la preparación mínima de los sectores productivos, en el marco de un proceso electoral, sin un programa de desarrollo y a merced de eventualidades e imprevisiones.
Sin embargo, en el mediano o largo plazo, luego de alcanzar una mayor estabilidad macroeconómica y emprender el camino del crecimiento, las condiciones para recibir los beneficios de un tratado con estas características pueden ser más favorables. Un elemento importante para vencer la resistencia inicial ante los cambios, avanzando por el camino de la estabilidad y el crecimiento, es aplicar una política comercial que acentúe los elementos positivos contemplados en el TLC con Estados Unidos e incida en la ampliación de la apertura comercial mediante nuevos acuerdos comerciales. Para esto, resulta importante en las presentes condiciones, insistir en promover y consolidar la inserción de la República Dominicana en la economía internacional. Los instrumentos de acción para alcanzar esa estrategia residen en continuar la apertura económica; esto significa impulsar la negociación de nuevos acuerdos comerciales y de inversión y estudiar las oportunidades de la integración
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