Revista GLOBAL

¿Una nación sin inmigrantes?

por Jorge Duany
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Cómo afectaría a la población dominicana residente en Estados Unidos y Puerto Rico las reformar migratorias destinadas a frenar la inmigración indocumentada? El Congreso de Estados Unidos consideró recientemente dos proyectos de ley para frenar la inmigración indocumentada. El primero fue aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre de 1995 para prevenir la entrada de “extranjeros ilegales” al territorio estadounidense. El segundo fue sancionado por el Senado en mayo de 2006 para crear un programa de trabajadores temporales y facilitar la legalización de la población indocumentada. Ambas propuestas tendrían efectos mayormente negativos sobre los dominicanos residentes en Estados Unidos y Puerto Rico. En particular, es probable que se acentúe la precariedad económica de los trabajadores inmigrantes, al forzarlos a ingresar en la economía subterránea y permanecer al margen de los beneficios de la ciudadanía estadounidense. 

La historia de Estados Unidos ha oscilado tradicionalmente entre la atracción y la repulsión hacia los inmigrantes. En algunas épocas, especialmente las de expansión económica, la opinión pública estadounidense ha recibido con brazos abiertos a numerosas personas provenientes de diferentes países. Esta tendencia hospitalaria se consagró en el célebre poema de Emma Lazarus, inscrito en la base de la Estatua de la Libertad: “Give me your tired, your poor, your huddled masses, yearning to be free” (“Denme a sus masas cansadas, pobres, apiñadas, ansiosas de ser libres”).

Otra expresión de esta postura incluyente fue la caracterización de Estados Unidos como “una nación de inmigrantes” por el ex presidente John F. Kennedy. Efectivamente, entre 1820 y 2003, Estados Unidos admitió a casi 69 millones de inmigrantes de todas partes del mundo, especialmente de Europa occidental.

En otros momentos, como a fines del siglo XIX, la llegada masiva de campesinos pobres y analfabetos, que generalmente no hablaban inglés y que frecuentemente no profesaban la fe protestante, perturbó a amplios sectores de la población estadounidense. En tales situaciones se activaron fuertes corrientes nativistas, incluso de corte racista y xenofóbico. Como resultado, las leyes migratorias se hicieron cada vez más selectivas, especialmente en cuanto al origen nacional. El episodio más infame de esta política restrictiva fue la larga prohibición de la inmigración china (1882-1943). Durante este período también se intentó excluir a japoneses, indios asiáticos y naturales del Medio Oriente. En la década de 1990, la inmigración legal de más de nueve millones de personas superó los niveles de principios de siglo XX, cuando se habían registrado las cifras más elevadas de extranjeros en Estados Unidos.2 Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las preocupaciones por la seguridad nacional y el control de las fronteras, así como la defensa del inglés como idioma extraoficial de Estados Unidos, han intensificado la presión para cerrarles las puertas a los inmigrantes, sobre todo indocumentados, particularmente latinoamericanos y caribeños.

Criminalizar al extranjero 

El 16 de diciembre de 2005, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto H.R. 4437, titulado Ley de Protección de la Frontera, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal, presentado por el republicano James Sensenbrenner y coauspiciado por otros 35 legisladores.4 Su propósito básico es reforzar el control de las fronteras para impedir la entrada de “extranjeros ilegales” y terroristas al territorio estadounidense. Este proyecto es primordialmente un intento del ala derecha del Partido Republicano por endurecer la política migratoria de Estados Unidos, particularmente hacia México y Centroamérica. Del total de 239 votos a favor, 203 fueron republicanos; de los 182 votos en contra, 164 fueron demócratas. La iniciativa obtuvo su mayor apoyo entre los representantes electos del medio oeste y sur de Estados Unidos, con una población hispana poco numerosa pero en aumento. El 27 de enero de 2006, el proyecto fue referido al Comité Judicial del Senado.

De aprobarse, el proyecto H.R. 4437 convertiría la residencia ilegal en Estados Unidos en un delito serio (aggravated felony). Entre otras medidas, se plantea aumentar las penas para los traficantes de indocumentados; establecer un sistema retroactivo de verificación de empleo por los patrones; autorizar a la policía estatal para solicitar documentos de inmigración; y sancionar a los indocumentados y a aquellos individuos y organizaciones que los ayuden a ingresar y permanecer en territorio estadounidense. También se propone crear una unidad de la Patrulla Fronteriza en las Islas Vírgenes y construir un muro de 700 millas a lo largo de la frontera con México, especialmente en California, Texas y Arizona. En síntesis, la iniciativa promueve acciones principalmente punitivas y represivas contra unos 12 millones de indocumentados, mayormente mexicanos, que viven en Estados Unidos.

Una oposición masiva 

Más de 500 organizaciones religiosas, cívicas, étnicas, obreras, empresariales y profesionales se han opuesto tenazmente al proyecto H.R. 4437. Entre éstas figuran el Comité Judío Americano, los Servicios Jesuitas para Refugiados y el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados; Amnistía Internacional y la Unión Americana de Libertades Civiles, la Alianza Guatemalteca, la Asociación Árabe Americana de Nueva York, el Consejo Nacional de la Raza y la Mesa Redonda Nacional Domínico-Americana, la Federación Americana del Trabajo y los Trabajadores Agrícolas Unidos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Americana de Abogados.5 También surgieron manifestaciones multitudinarias en numerosas ciudades, desde San Francisco y Phoenix hasta Washington y Chicago, donde marcharon más de 100,000 personas el 10 de marzo de 2006 para defender los derechos de los indocumentados. El cardenal de Los Ángeles, Roger Mahoney, instó a sacerdotes y feligreses católicos a desobedecer la ley, si ésta se aprueba. Pero la muestra más visible de la impopularidad del proyecto Sensenbrenner fueron las protestas masivas del primero de mayo de 2006.

Ese día, más de un millón de personas participó en un paro nacional para afirmar la importancia de los inmigrantes para Estados Unidos. Bajo la consigna de “Un día sin inmigrantes”, las manifestaciones públicas pusieron de relieve la aportación económica de los trabajadores extranjeros a ese país. A la vez, varios sindicatos y otras organizaciones en México y otros países latinoamericanos convocaron a no comprar “nada gringo” en solidaridad con sus compatriotas residentes en el norte. Muchos líderes comunitarios aludieron a la película Un día sin mexicanos, dirigida por Sergio Arau en 2004. Este docudrama ilustra jocosamente las múltiples repercusiones de la repentina desaparición de un tercio de los habitantes de California, mayormente de origen mexicano, cuando una misteriosa nube rosada aísla a ese estado del resto del mundo.

El malogrado proyecto Sensenbrenner se nutre de una creciente inquietud de la población estadounidense por la seguridad nacional. Desde un principio, la propuesta establece una peligrosa equivalencia entre indocumentados (llamados illegal aliens, como si fueran extraterrestres) y terroristas. Por eso muchos manifestantes llevaron pancartas que reclamaban que “ningún ser humano es ilegal”. Se trata de una lucha entre los sectores más conservadores de la población blanca estadounidense y una coalición de diversos grupos étnicos, en donde predominan los hispanos, que favorece una reforma migratoria más amplia. La implementación de la nueva ley podría retrasar la integración de millones de personas, principalmente mexicanas y centroamericanas, en la sociedad estadounidense. Pero definitivamente no resolverá el problema de la población indocumentada, que requiere medidas más constructivas, como la legalización de los residentes irregulares de Estados Unidos y la promoción del desarrollo económico de los países latinoamericanos y caribeños.

Una propuesta alterna 

El 25 de mayo de 2006, el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto S. 2611, titulado Ley de Reforma Integral de Inmigración, patrocinado por los republicanos Arlen Specter y John McCain, el demócrata Edward Kennedy y otros miembros de ese cuerpo legislativo.6 Aquí el voto estuvo más dividido que en la Cámara de Representantes: de los 62 votos a favor, 38 fueron demócratas; de los 36 en contra, 32 fueron republicanos. La propuesta tuvo su principal apoyo en los senadores provenientes de estados con una fuerte presencia de inmigrantes de origen latinoamericano, como California, Florida y Nueva York. También fue respaldada por algunas organizaciones comunitarias opuestas al proyecto Sensenbrenner.

Las dos versiones de la reforma migratoria presentan varias convergencias y divergencias. Ambas aumentarían el presupuesto para contratar agentes de la Patrulla Fronteriza e inspectores de inmigración, así como modernizar la infraestructura y la tecnología para proteger las fronteras internacionales de Estados Unidos. Ambas propuestas autorizarían la construcción de vallas y otras barreras físicas en puntos de cruces frecuentes de indocumentados en Arizona, aunque la versión de la Cámara extendería el muro a otros estados. Más importante aún es que las dos iniciativas legislativas parten de la premisa de que la inmigración indocumentada socava la integridad nacional de Estados Unidos.

A diferencia del proyecto de la Cámara, el del Senado autorizaría la entrada de unos 200,000 trabajadores temporales (guest workers) al año y permitiría a una parte de la población indocumentada legalizarse y eventualmente hacerse ciudadanos estadounidenses. Además, la versión senatorial hace hincapié en impedir la construcción de túneles a lo largo de la frontera con México, túneles por los que pasan indocumentados, terroristas, armas ilegales y sustancias controladas. A la vez, urge la cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México para combatir el tráfico de indocumentados. Finalmente, requiere que los inmigrantes aprendan inglés para regularizar su estadía en Estados Unidos, una medida criticada fuertemente por los detractores del movimiento English Only.

Al momento de redactar este artículo, las propuestas de la Cámara de Representantes y el Senado aún no se habían reconciliado. Es difícil predecir cuál de las dos prevalecerá y se convertirá en ley. Ambos cuerpos legislativos actualmente buscan apoyo público para sus respectivas versiones de la reforma migratoria. El debate congresual continúa polarizado fundamentalmente entre aquellos que insisten en penalizar a los indocumentados y sus patrones, y los que reconocen su necesidad económica y derechos humanos. Curiosamente, el presidente George W. Bush ha sido una de las voces más moderadas en la controversia, tratando de mediar entre los que preferirían deportar a todos los “extranjeros ilegales” y los que abogan por una amnistía general. Una encuesta reciente mostró que la opinión pública estadounidense está igualmente dividida en torno a las medidas consideradas por el Congreso: el 53% de los entrevistados pensaba que los indocumentados debían regresar a sus países de origen, mientras el 40% estuvo de acuerdo en otorgarles residencia legal en Estados Unidos.

Una población marginada 

De ratificarse uno de estos proyectos de reforma migratoria, ¿cómo afectaría a la población dominicana residente en Estados Unidos y Puerto Rico? Revisemos primero algunos datos disponibles sobre dominicanos indocumentados. Según estimaciones del Gobierno estadounidense, la República Dominicana es el octavo país que más indocumentados envía a Estados Unidos, unos 91,000 en el año 2000 (véase el cuadro 1). Otra fuente independiente sugiere la cifra de 100,000 indocumentados, alrededor del 15 por ciento de todos los inmigrantes nacidos en el país.8 Comparados con otros grupos latinos, especialmente los mexicanos, la cantidad de indocumentados dominicanos es relativamente baja. La mayoría reside en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Florida, donde se concentra la población dominicana. Muchos ingresaron al territorio estadounidense a través de la vecina isla de Puerto Rico y desde allí se trasladaron al continente norteamericano. Algunos se legalizaron casándose con ciudadanos estadounidenses de origen puertorriqueño, mientras otros obtuvieron documentos falsos, tales como pasaportes y tarjetas de seguro social.

Por otro lado, una parte sustancial de la población dominicana del exterior está radicada en Puerto Rico, un territorio estadounidense donde se aplican las leyes y regulaciones federales de inmigración y naturalización. Además de los admitidos legalmente, un número desconocido de dominicanos ha viajado ilegalmente a la isla (mayormente en yolas y otras embarcaciones pequeñas) o se ha quedado después de que sus visas turísticas expiraran. Por su carácter clandestino, es muy difícil calcular el número de indocumentados en Puerto Rico. No obstante, varias fuentes estadísticas sugieren que se trata de un flujo constante y masivo de personas. Desde 1982 hasta 2006, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en alta mar a 32,506 dominicanos indocumentados (gráfico 2). A su vez, el Servicio de Inmigración y Naturalización de San Juan y la Patrulla Fronteriza de Ramey repatriaron a un promedio de 3,445 indocumentados al año entre 1988 y 2003 (gráfico 3). Más del 90% de los deportados provenía de la República Dominicana, aunque otros países latinoamericanos y caribeños están representados en las cifras, incluyendo a Haití, Venezuela, México, Colombia, Ecuador y más recientemente Cuba.

La estimación oficial más reciente sobre la población indocumentada en Puerto Rico data de 1996, cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos conjeturó que unos 34,000 indocumentados, mayormente dominicanos, vivían en la isla. En cambio, esa misma fuente calculó que unos 75,000 indocumentados dominicanos residían en los Estados Unidos continentales en ese año.9 Según estas cifras, la proporción de dominicanos indocumentados a documentados era casi seis veces mayor en la isla que en el continente. Debido a la cercanía geográfica de Puerto Rico con la República Dominicana, y a la dificultad de viajar a Estados Unidos sin autorización del Gobierno estadounidense, los indocumentados tienden a permanecer en Puerto Rico en vez de continuar hacia el continente norteamericano.

Varios estudiosos han trazado un perfil de los dominicanos indocumentados de Puerto Rico. La gran mayoría de las yolas zarpa de los puertos orientales de Higüey, Miches, Nagua, Samaná, Boca de Yuma y La Romana, en la República Dominicana, y llega a a las costas occidentales de Puerto Rico, especialmente Rincón, Añasco, Aguadilla, Aguada, Mayagüez y Cabo Rojo (véase el gráfico 4). En agosto de 2005, el costo de un viaje en yola estaba entre 1,250 y 1,500 dólares.11 La mayoría de los pasajeros son hombres jóvenes con una educación elemental y un empleo no calificado en la República Dominicana. Algunas son mujeres pobres que trabajaban como domésticas, obreras de fábrica o vendedoras en su país. Una vez en Puerto Rico, tienden a moverse hacia el área metropolitana de San Juan, particularmente Santurce y Río Piedras, donde sus parientes y amigos les ayudan a conseguir trabajo y vivienda. La mayoría termina laborando en el sector informal urbano, especialmente en el comercio ambulante, la construcción y el servicio doméstico. Otros intentan continuar su viaje a la ciudad de Nueva York y otros lugares del continente norteamericano. Miles lo logran.

Una creciente precariedad Entonces, ¿cuál sería el impacto de una política migratoria más restrictiva de Estados Unidos hacia la inmigración indocumentada, especialmente de la República Dominicana? En primer lugar, probablemente dificultará (aunque no detendrá) el ingreso no autorizado de dominicanos, al redoblar la vigilancia de la Guardia Costera y la Patrulla Fronteriza en Puerto Rico. Tal vez cambiarían algunas de las rutas utilizadas por los capitanes de las yolas, por ejemplo, hacia la costa norte o este de Puerto Rico. Al mismo tiempo, se ampliaría la ingerencia de las agencias estatales y municipales, incluyendo a la policía y la Guardia Nacional de Puerto Rico, en la implantación de las leyes de inmigración y el control de las fronteras marítimas de Estados Unidos. Como advierte la Mesa Redonda Nacional Domínico-Americana,13 tal medida podría reducir la cooperación de los indocumentados con las autoridades policiales en la solución de crímenes debido al temor a ser deportados.

En segundo lugar, es posible que las nuevas restricciones legales ayuden a canalizar el flujo migratorio dominicano hacia otros países europeos, caribeños y latinoamericanos. Desde hace tiempo, los mayores obstáculos para emigrar legal o ilegalmente hacia Estados Unidos han desviado una parte considerable del éxodo dominicano fuera del continente norteamericano. Además, han separado artificialmente a muchos parientes en distintas condiciones de documentación legal. El endurecimiento de las leyes migratorias de Estados Unidos contribuiría a dispersar aún más a miles de hogares dominicanos, a pesar de que una de las prioridades establecidas por esas mismas leyes es irónicamente la reunificación familiar.

En tercer lugar, la ratificación de las propuestas congresuales (en una de sus dos vertientes actuales) pospondrá la legalización de miles de personas que no cumplan con los requisitos establecidos, como probar que han residido cinco años en territorio estadounidense y hablar inglés. Este último criterio es particularmente oneroso para trabajadores inmigrantes hispanohablantes de poca escolaridad, como la mayoría de los dominicanos y mexicanos. A la larga, también dificultará que muchos inmigrantes obtengan la ciudadanía estadounidense y los mantendrá al margen de la sociedad anfitriona.

En cuarto lugar, las medidas que penalizan aún más la contratación de trabajadores indocumentados seguramente empujarán a un número mayor de éstos hacia la economía subterránea, especialmente en sectores de alta demanda de mano de obra barata, como la construcción, el servicio doméstico, el servicio en restaurantes y la agricultura estacional. Esta tendencia redundaría en una creciente precariedad económica de la población dominicana de Estados Unidos y Puerto Rico, particularmente en aquellos puestos desprovistos de protección estatal y beneficios marginales como plan médico, seguro social y pensión de retiro. Por último, las reformas migratorias propuestas reforzarán un clima cada vez más hostil contra los extranjeros, especialmente indocumentados y latinos. En particular, contribuirán a legitimar la opinión pública generalizada de que los indocumentados son criminales indeseables, peligrosos y costosos para los gobiernos receptores. Las encuestas más recientes muestran la consolidación de un discurso antiinmigrante cada vez más poderoso en Estados Unidos.14 En ocasiones, el debate público insinúa que Estados Unidos debería transformarse de una nación de inmigrantes en una sin ellos.

Notas 

1 U.S. Department of Homeland Security, 2004 Yearbook of Immigration Statistics, , consultado el 12 de julio de 2006. 2 U.S. Department of Homeland Security, 2004 Yearbook of Immigration Statistics. 3 El crítico cultural de origen iraní Ali Behdad argumenta convincentemente que el tratamiento de los extranjeros en Estados Unidos ha fluctuado entre la hospitalidad y la hostilidad, y que esta ambivalencia es parte constituyente de la identidad nacional estadounidense. Véase Behdad, A Forgetful Nation: On Immigration and Cultural Identity in the United States (Durham, N.C.: Duke University Press, 2005). 4 Véase el texto completo del proyecto en Library of Congress, “H.R. 4437: Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act of 2005 (Referred to Senate Committee after Being Received from House)”, , consultado el 11 de julio de 2006. 5 Véase una lista parcial de las organizaciones opuestas al proyecto Sensenbrenner en National Immigration Forum, “Opposition to H.R. 4437 Includes a Wide Spectrum of Groups”, , 14 de diciembre de 2005, consultado el 11 de julio de 2006. 6 El texto completo del proyecto aparece en Library of Congress, “S. 2611: Comprehensive Immigration Reform Act of 2006 (Engrossed as Agreed to or Passed by Senate)”, , consultado el 11 de julio de 2006. 7 Pew Hispanic Center, America’s Immigration Quandary: No Consensus on Immigration Problems or Proposed Fixes, , 30 de mayo de 2006, consultado el 11 de julio de 2006. 8 Jeffrey Passel, “New Estimates of the Undocumented Population in the United States”, , 22 de mayo de 2002, consultado el 11 de julio de 2006. 9 Migration News, “INS: Methodology and State-by-State Estimates”, vol. 4, núm. 3, , marzo de 1997, consultado el 11 de julio de 2006; U.S. Department of Justice, Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, 1997 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1999). 10 Véase María Enchautegui, Los determinantes de la inmigración dominicana a Puerto Rico, Unidad de Investigaciones Económicas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Ensayos y Monografías núm. 104, , 2000, consultado el 11 de julio de 2006. 11 Javier Colón Dávila, “Lucro boricua con el dolor ajeno”, El Nuevo Día, Suplemento especial sobre “Tráfico humano”, 8 de marzo de 2005, p. 4. 12 Este párrafo se basa en una reseña de varios estudios sobre la población dominicana indocumentada en Puerto Rico. Véase Jorge Duany, “Dominican Migration to Puerto Rico: A Transnational Perspective”, Centro: Journal of the Center for Puerto Rican Studies, vol. 17, núm. 1 (2005), pp. 242-269. Entre los principales trabajos citados se encuentran Ana F. Selman Fernández, Glenés Tavarez María y Rafael Puello Nina, “La emigración ilegal de los dominicanos hacia Puerto Rico”, El Caribe Contemporáneo, núm. 20 (1990), pp. 91- 102; Jorge Duany, Luisa Hernández Angueira y César A. Rey, El Barrio Gandul: Economía subterránea y migración indocumentada en Puerto Rico (Caracas: Nueva Sociedad, 1995); Ramona Hernández y Nancy López, “Yola and Gender: Dominican Women’s Unregulated Migration”, en Dominican Studies: Resources and Research Questions, editado por Luis Álvarez-López, Sherri Baver, Jean Weisman, Ramona Hernández y Nancy López (Nueva York: The cuny Dominican Studies Institute, 1997), pp. 59-78; y Vanessa Pascual Román y Delia Ivette Figueroa, Islas sin fronteras: Los dominicanos indocumentados y la agricultura en Puerto Rico (San Germán, P.R.: ciscla/Revista Interamericana, Universidad Interamericana, 2000). 13 Dominican American National Roundtable, “danr Issues Statement on Passage of Senate Immigration Bill”, , 31 de mayo de 2006, consultado el 11 de julio de 2006. 14 El citado estudio del Pew Hispanic Center (nota 6) encontró que un 48% de los entrevistados creía que los inmigrantes amenazaban los valores y costumbres tradicionales de Estados Unidos. Para consultar una variación académica de esta tesis, véase Samuel Huntington, ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense (Barcelona: Paidós, 2004)


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