El punto de partida obligado de cualquier reflexión sobre el Caribe es precisamente definir qué es el Caribe. Un espacio geográfico complejo en el que coexisten islas, áreas continentales, zonas costeras de Centro, Norte y Sur América, donde hay territorios con diferentes estatutos: no independientes, coloniales, países soberanos bañados por el mar Caribe. Una realidad que se define desde lo histórico, lingüístico, cultural, marcada por la diversidad de procesos de colonización, lenguas y tradiciones jurídicas heredadas de las metrópolis colonizadoras, de las poblaciones originarias y de las migraciones diversas.
Las experiencias de la economía de plantación y de la hacienda, y la sociedad que articulan, son un punto de encuentro que da unidad a la diversidad del Caribe insular y permite explicar cómo las desigualdades son un fenómeno de carácter estructural de largo aliento donde se tejen procesos sociopolíticos y culturales específicos. En ese escenario los países del Caribe insular enfrentan desafíos cuya única respuesta está en la búsqueda de soluciones conjuntas.
El objetivo de la presente contribución es aportar elementos de reflexión sobre algunas problemáticas y desafíos sociales y políticos importantes, compartidos y enfrentados por el conjunto de países del Caribe insular, que ameritan con urgencia, de parte de los mismos, la búsqueda de soluciones, abordajes conjuntos o coordinados para afrontarlos y combatirlos en el contexto de las particularidades, la gran diversidad propia de la subregión y los desafíos globales actuales.
Desde esta perspectiva, y sin pretender ser exhaustivos, buscamos arrojar luces y abrir pistas de investigación sobre el «destino común» que nos une como caribeños, poniendo de relieve en el análisis aquí propuesto tres grandes retos, a saber: 1) el impacto social y político de la economía subterránea y su influencia en los Estados insulares del Caribe; 2) el papel de internet y las redes sociales en la emergencia de nuevos actores, nuevos tipos de delitos y de formas de acción sociopolíticas vinculadas a la revolución digital; y 3) los desafíos que enfrenta la democracia y la marcada fragilidad de nuestras instituciones en este contexto.
El impacto sociopolítico de la economía subterránea
La economía subterránea o ilícita se refiere a las actividades económicas vinculadas al crimen organizado que, por su magnitud y alcance, impactan profundamente la sociedad y la política, desestabilizando los equilibrios sociales, económicos y políticos, y amenazando la democracia en los países donde se establece. Esta economía ilegal incluye el tráfico de productos falsificados tradicionales (reproducciones de libros, objetos de moda, filmes y música), pero va mucho más allá, abarcando delitos como la trata de personas, la venta de órganos, el narcotráfico y las redes de migración. Estas actividades operan en paralelo a la economía formal y están ligadas a estrategias de lavado de dinero y activos para integrar fondos ilícitos en los circuitos económicos legales.
Facilitada por el desarrollo de las tecnologías de la información y del internet, la economía ilícita y las redes de lavado de dinero vinculadas a ella se han expandido notablemente. Sus efectos alcanzan todas las regiones del mundo, interfieren en todos los sectores de la sociedad y movilizan sumas de dinero inconmensurables, utilizadas tanto para el enriquecimiento personal como para la corrupción y el control político. Fernando Calderón y Manuel Castells caracterizan la economía criminal como una economía muy dinámica y rentable basada en la capacidad de obviar la acción reguladora y coercitiva del Estado y de «penetrar el Estado mediante la corrupción e intimidación a todos los niveles». Los autores citan que en 2011 el negocio representaba 650,000 millones de dólares, de los cuales la mitad circulaba y alimentaba los circuitos financieros latinoamericanos.
Las islas del Caribe presentan una amplia variedad de niveles de criminalidad y son centrales en el tránsito de las drogas hacia los Estados U idos y Europa. Estos procesos han sido profundamente impactados por los cambios ligados a las transacciones en el negocio de drogas, donde una parte se paga en especie, lo que ha favorecido el desarrollo de un microtráfico y el consumo de drogas por sectores sociales desfavorecidos.
La economía subterránea en el Caribe
El Caribe, y en particular el Caribe insular, ha sido identificado como una ruta estratégica para el tránsito de drogas, particularmente cocaína y actualmente fentanilo y sus derivados. En este contexto, la República Dominicana, Haití, Jamaica y los países del llamado Caribe insular anglófono se han convertido en un eslabón clave, con la expansión del narcotráfico y la diversificación de actividades del crimen organizado.
Autores como Anthony Maingot, Jorge Rodríguez Beruff y Eduardo Gamarra (1998), y otros como Williams Jorden, John Dinges, Kempe, Moreno, Paul States y Noriega, señalan que la economía del narcotráfico y el blanqueo de capitales en el Caribe emergieron durante la Guerra Fría. En ese período, la estrategia geopolítica de Estados Unidos en la región, centrada en combatir el comunismo, contribuyó a su expansión, bajo una vigilancia laxa o permisiva de parte del poder norteamericano. Maingot (1998), en su artículo «Los procesos de cambio social y político en el Caribe de la posguerra fría: una posición divergente» ―que explora cómo los cambios geopolíticos y sociales posteriores a la Guerra Fría han impactado los países caribeños―, desarrolla la hipótesis de los «efectos perversos» (o blowback) de la estrategia norteamericana en el Caribe. Muestra, de esa manera, la articulación y auge del negocio del narcotráfico en las economías del Caribe insular desde los años 70 (Bahamas, Aruba, Guyana, Granada, San Martín) y, de manera clara, cómo se instala una plataforma o centro de blanqueo de capitales y sistemas de evasión de impuestos (offshore) en Panamá.
Este efecto perverso trascendió y siguió fortaleciéndose, más allá del cambio de la estrategia geopolítica de Estados Unidos en la posguerra fría. No es casual que, muchos años después, una investigación de medios independientes saque a la luz pública el gran escándalo de los llamados Panamá Papers y los Pandora Papers. En efecto, durante la Guerra Fría, Estados Unidos enfocó sus esfuerzos en contrarrestar el comunismo y asegurar su influencia geopolítica en el Caribe. Sin embargo, algunas de estas estrategias generaron efectos secundarios no deseados que afectaron gravemente a la región. Un ejemplo claro es cómo el énfasis en la estabilidad política llevó a respaldar regímenes autoritarios o corruptos que, en lugar de consolidar la democracia, propiciaron contextos de desigualdad y represión.
Asimismo, el combate al narcotráfico, mediante estrategias de militarización, ha incrementado la violencia y ha facilitado la consolidación de redes del crimen organizado en el Caribe, que operan en paralelo a las estructuras estatales y afectan la seguridad y estabilidad regional. En el Caribe, durante el período de la Guerra Fría, la política de Estados Unidos y Europa era ignorar o minimizar los «pequeños pecados» de aquellos que servían a los grandes propósitos de la Guerra Fría. Como señala Paul B. States (1996), era un caso de prioridades estratégicas, donde la batalla contra el comunismo era más importante que la guerra contra las drogas. Estas prioridades se aplicaron también al resto del continente. En ese escenario donde ya el narcotráfico y el crimen organizado están bien instalados en la economía, la política y la sociedad de los países del Caribe, como un efecto de blowback de la política de Estados Unidos, se produce un giro estratégico en la geopolítica de seguridad de los Estados Unidos en el Caribe. Debido a ese giro, la lucha contra el narcotráfico se transforma en el eje central de la política de seguridad regional. Un claro ejemplo de blowback relacionado con el narcotráfico en el Caribe es la «guerra contra las drogas» impulsada por Estados Unidos durante las décadas de 1980 y 1990. La intervención en países como Colombia y el enfoque de militarización en naciones del Caribe, como la República Dominicana y Jamaica, no solo fallaron a la hora de frenar el narcotráfico, sino que agravaron la situación. Las políticas de represión generaron un aumento de la violencia, ya que los carteles de drogas reubicaron sus operaciones en estas islas, aprovechando la debilidad de las autoridades locales.
Economía subterránea y política
El análisis de la evolución del narcotráfico en el Caribe demuestra cómo la geopolítica de la Guerra Fría y sus consecuencias a largo plazo han permitido que el crimen organizado se infiltre en las estructuras políticas de la región. En países como la República Dominicana, Jamaica e Islas Vírgenes Británicas, el narcotráfico y el lavado de dinero se han convertido en problemas profundamente arraigados. Estos fenómenos, exacerbados por la corrupción y las estrategias de represión, han socavado la seguridad y la estabilidad de los pequeños Estados insulares caribeños. Un caso significativo es el del ex primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Andrew Fahie, quien se declaró culpable en 2023 de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Arrestado en 2022, Fahie fue acusado de conspirar para facilitar el tráfico de drogas y lavar dinero para un cartel. Este escándalo pone de manifiesto la preocupante conexión entre funcionarios gubernamentales y redes de narcotráfico en el Caribe, revelando la creciente vulnerabilidad de la región ante la infiltración del crimen organizado en sus instituciones públicas. El caso refleja cómo el narcotráfico y el lavado de dinero se han convertido en amenazas críticas que afectan la estabilidad política y económica de los pequeños Estados insulares del Caribe.
Desde los años 70, pandillas como Shower Posse, vinculadas al Partido Laborista Jamaicano ( JLP), han influido en la política mediante el intercambio de votos por protección y recursos. La policía de Jamaica ha sido acusada de colusión con estos grupos, facilitando el tráfico de cocaína.
En Haití, una gran parte de Puerto Príncipe está bajo el control de pandillas, algunas de las cuales tienen vínculos directos con políticos y empresarios. El Gobierno es acusado de ignorar estas actividades criminales y se rumora sobre la colusión entre las autoridades y los narcotraficantes. Pandillas como la G9 Fanmi e Alye a menudo reciben protección de élites políticas, quienes las usan como fuerzas paramilitares. La corrupción en las aduanas y la policía facilita el tránsito de drogas a través de Haití, beneficiando a los carteles sudamericanos. El magnicidio del presidente Jovenal Moise (2021) por un comando colombiano, sin reacción de su cuerpo de seguridad, estuvo ligado al narcotráfico según las investigaciones realizadas.
Como territorio de Estados Unidos, Puerto Rico está sujeto a las leyes federales, pero el narcotráfico sigue siendo un problema debido, en parte, a la corrupción en las instituciones locales. Miembros de las fuerzas de seguridad han sido acusados de colaborar con narcotraficantes para facilitar el tráfico de drogas. Pandillas como los Ñetas y los Latin Kings controlan áreas clave, influyendo en el tráfico local. A pesar de la intervención federal, la corrupción persiste, menoscabando la efectividad de las leyes. Los escándalos de corrupción también involucran a políticos locales.
Violencia y juventud asociadas al narcotráfico en el Caribe insular
La violencia juvenil asociada al narcotráfico en el Caribe insular ha sido un tema de creciente preocupación en la última década. Este fenómeno no solo ha repercutido en la seguridad y el bienestar de las comunidades, sino que también ha influido en las dinámicas políticas y sociales de la región.
En los últimos diez años, el Caribe insular ha experimentado un aumento significativo de la violencia juvenil relacionada con el narcotráfico. Estos procesos se han visto exacerbados por factores como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, así como por la debilidad institucional en el marco de una crisis de valores y generacional donde los puentes entre las viejas y nuevas generaciones son débiles. Las pandillas vinculadas al narcotráfico han reclutado a jóvenes ofreciéndoles incentivos económicos que muchas veces son irresistibles en contextos de escasez.
Uno de los sectores más afectados por la presencia del narcotráfico es la juventud. Los datos del Observatorio Nacional de Drogas de la República Dominicana indican que alrededor del 30 % de los jóvenes de barrios marginados han tenido contacto con el narcotráfico de alguna manera, ya sea como pequeños vendedores o como consumidores. La violencia no solo afecta a los jóvenes involucrados, sino que también tiene repercusiones en sus familias y comunidades. La inseguridad genera un ambiente de miedo y desconfianza, lo que dificulta la cohesión social y el desarrollo comunitario. Además, las comunidades afectadas suelen ser estigmatizadas, lo que complica aún más su acceso a recursos y oportunidades (Vélez, 2019). Un caso emblemático es el de Capotillo, uno de los sectores más violentos de Santo Domingo. Allí, grupos de jóvenes son atraídos por redes de microtráfico que actúan como intermediarios de los grandes carteles que operan desde América del Sur. Este fenómeno no se limita solo a las drogas: el tráfico de armas y la explotación de menores también han crecido en estos entornos vulnerables.
Dinámicas culturales y las relaciones con el narcotráfico
El narcotráfico tiene, además, un impacto importante en el ámbito cultural que se expresa en la manera en que deja su impronta en la cultura popular y en los espacios geográficos de los barrios populares. Este fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana y lo vemos en otras partes del Caribe insular. En Jamaica, por ejemplo, la glorificación de los «dons» o líderes del narcotráfico en las comunidades es significativo. En Trinidad Tobago, los líderes del narcotráfico son respetados en los barrios y tienen un gran poder de convocatoria, por lo que son muy pocos los políticos que les hacen una crítica abierta. En otras islas del Caribe, la influencia del narcotráfico en la cultura popular genera un ciclo peligroso donde el crimen es visto como una salida éticamente viable frente a la falta de oportunidades.
Como vemos, la influencia del narcotráfico no se restringe a las actividades delictivas, sino que ha penetrado en el ámbito social, poniendo en tela de juicio el marco de valores, fortaleciendo las diferencias generacionales y creando otros contenidos en las actividades culturales. Un ejemplo es el impacto de la música urbana en géneros como el dembow y el reguetón, que han popularizado imágenes y narrativas ligadas al crimen organizado.
La revolución digital en la agenda común caribeña
La revolución digital y las mutaciones socioeconómicas y políticas ligadas a ella, tras la experiencia del covid-19, han estado marcadas por las transformaciones en el mundo del trabajo y la educación, el fortalecimiento de internet y las redes sociales en la vida cotidiana, así como por el enraizamiento y consolidación de la globalización. Estos procesos emergen acompañados de la aparición de nuevas formas de delito, de hacer política, de acción y de actores sociales que expresan, por un lado, una democratización importante de la sociedad que abre oportunidades, y, por el otro, efectos «perversos» no esperados: fake news (desinformación), cibercrimen, dark internet.
Este escenario global exige nuevas alianzas y formas de cooperación, reflexiones compartidas, marcos legales articulados y la creación de puentes entre los países del Caribe insular para luchar contra esos flagelos de manera coordinada, para hacer de los avances tecnológicos y de la inteligencia artificial motores de desarrollo y pasar del rol de espectadores-consumidores de esas evoluciones al de actores-productores. Construir la unidad en la diversidad ―fruto de los procesos de colonización diferenciados (colonización inglesa, francesa, holandesa y española)― a partir del background histórico y cultural que nos une: ese es el gran desafío que confronta hoy el Caribe insular.
Los desafíos compartidos
Entre los desafíos importantes compartidos para la construcción de una agenda común entre los países caribeños insulares están el impulso de una estrategia de ciencia, tecnología e innovación que les permita ser competitivos en el escenario global y abordar de manera concertada la reglamentación del mundo digital y de la inteligencia artificial en aras de incorporarlas a las estrategias de desarrollo y de protección de los ciudadanos.
En esta perspectiva, el debate actual enfrenta dos posiciones contrapuestas. Por un lado, las posiciones europeas, que buscan crear marcos jurídicos y reglamentaciones que respondan a las evoluciones tecnológicas actuales garantizando derechos y protección ciudadana; y, por el otro lado, la posición actual de los GAFA (Google, Amazon, Facebook [ahora Meta] y Apple), bajo el impulso de los grandes patrones de las redes: Elon Musk, de X, y Mark Zuckeberg, de Meta, a las que se agrega TikTok, los cuales defienden una «libertad de expresión total», sin control de un sistema de verificación de la veracidad de lo que se sube en las redes.
El fenómeno urbano
El auge de las redes sociales ha transformado el panorama cultural del Caribe insular. Plataformas como Instagram, TikTok y YouTube han dado visibilidad a una nueva generación de influencers y artistas que juegan un papel importante en la construcción de identidad y en la difusión de ideas entre los jóvenes.
De igual manera, asistimos a la emergencia de artistas urbanos como figuras centrales en la cultura popular, que alcanzan una gran notoriedad gracias a las plataformas antes señaladas. Artistas como Tokischa, El Alfa y Rochy RD han utilizado estas redes para construir sus carreras y llegar a millones de personas dentro y fuera del país. Sin embargo, más allá de su música, la imagen que proyectan y los mensajes que transmiten son una crítica a la sociedad que los excluye, donde la música es tan solo un pretexto para dar visibilidad a la parte invisible de la sociedad que ellos representan. Los contenidos de su música han generado controversia, y como artistas han sido al mismo tiempo celebrados por los sectores populares y criticados por las clases medias y altas de la sociedad dominicana.
Impacto en la vida social y emergencia de nuevas formas de hacer política
La obra de Manuel Castells sobre la sociedad digital es una excelente introducción a la evolución e impacto de las tecnologías de la comunicación y la información en nuestras sociedades en los ámbitos económico, político y cultural. La brecha generacional, la globalización cultural, la identidad nacional, la percepción diferenciada de la democracia, la corrupción, la violencia, el papel de los medios y las formas de hacer política son fenómenos que tienen nuevas formas de expresión a la luz del desarrollo digital de nuestras sociedades.
La información en formato digital ha conocido un crecimiento exponencial que ha permitido una explosión de la comunicación: el internet pasó de 2,600,000 usuarios en 1990 a 5,300 millones en 2022. Esta transformación digital en el Caribe insular, más allá de las oportunidades que crea y de la importancia de proyectos como el SIDS 2.0, orientado a transformar los pequeños Estados insulares en sociedades interconectadas y digitalmente empoderadas, es también una herramienta importante en las siguientes direcciones:
1) Abordar de manera conjunta y desde una perspectiva regional los desafíos del narcotráfico y la violencia juvenil en el Caribe. La violencia juvenil, asociada al narcotráfico en el Caribe insular, es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético. La integración de tecnologías digitales ofrece una oportunidad para mejorar la respuesta política y social ante esta problemática. Al empoderar a los jóvenes y fomentar su participación activa en sus comunidades, puede contribuir a reducir la violencia y construir un futuro más seguro y próspero para todos.
2) Poner en el centro del debate la urgencia de impulsar estrategias subregionales de integración digital. La integración digital y la digitalización desempeñan un papel de primer orden en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe, facilitando, por un lado, la cooperación regional, el aumento de los recursos financieros para combatir el crimen organizado, y por el otro, una información y cooperación más eficiente entre los países del Caribe afectados.
3) Fomentar la participación ciudadana en la vida social y política. Considerando la manera en que las tecnologías digitales están cambiando la forma en que los ciudadanos participan en la vida social y hacen política, creando espacios abiertos y autónomos de denuncia, es preciso estimular ese nuevo estilo de participación por su gran alcance global. Las redes sociales han transformado significativamente el rol de la política en el Caribe, creando nuevas formas de participación y comunicación entre ciudadanos, partidos políticos y políticos. Hoy en día, una gran parte de la población caribeña utiliza plataformas como Facebook y WhatsApp para recibir y compartir noticias políticas, lo cual ha permitido que voces antes marginadas tengan una plataforma para expresarse y movilizar apoyo. Estas nuevas redes se han convertido en herramientas clave para la movilización política. Los partidos políticos y los candidatos pueden llegar a un público más amplio y diverso con costos relativamente bajos. Además, las campañas electorales modernas dependen cada vez más de estrategias digitales para hacer política y acceder a los electores.
Los partidos políticos en el Caribe están adoptando estrategias digitales para integrar las redes sociales en sus campañas. Esto incluye la creación de contenido atractivo y relevante que resuene con los votantes, así como el uso de publicidad dirigida para alcanzar segmentos específicos de la población. La capacidad de segmentar audiencias permite a los partidos adaptar sus mensajes a diferentes grupos demográficos. Sin embargo, el uso de redes sociales también ha traído desafíos significativos, como la desinformación, la cooptación y la polarización política. Las plataformas digitales pueden amplificar noticias falsas y discursos de odio, lo que puede erosionar la confianza en las instituciones democráticas. Los partidos políticos deben ser conscientes de estos riesgos y su efecto perverso al utilizar las redes sociales como herramientas de comunicación.
El surgimiento de nuevas plataformas ha permitido la inclusión de nuevos actores sociales en el discurso político. Esto incluye a movimientos sociales que utilizan redes sociales para organizarse y abogar por cambios específicos, lo que puede desafiar las narrativas tradicionales impuestas por los partidos políticos. Esta dinámica crea un entorno político más pluralista, pero también más complejo.
Desafíos que enfrenta la democracia
Los sistemas democráticos del Caribe insular enfrentan desafíos importantes, marcados además por un contexto internacional de crisis de la democracia. Los marcos institucionales, de valores y el Estado de derecho son continuamente cuestionados por la corrupción, el clientelismo político y el impacto de la economía ilícita en la política y la sociedad. Hay serias dificultades para hacer valer la separación de poderes, el Estado de derecho y la representación política en los regímenes presidencialistas y en los regímenes de tradición parlamentaria del Caribe anglófono, que muestran también sus debilidades.
En la República Dominicana, la debilidad de las instituciones y la interferencia del poder ejecutivo en el judicial han sido motivo de preocupación constante. Ejemplos recientes incluyen la aprobación de una reforma constitucional sin consulta popular y la instrumentalización de ciertos sectores del Congreso Nacional para favorecer intereses partidarios, en un contexto donde el partido gobernante controla todos los poderes del Estado. La Junta Central Electoral (JCE) se ha convertido en un mecanismo para la organización logística de las elecciones, pero no garantiza derechos ciudadanos, ni controla el monto de los recursos financieros utilizados desde el poder en las elecciones, fortaleciendo con ello el clientelismo político.
El Caribe insular tiene como urgencia superar el desafío de la fracturación y la falta de conectividad, para enfrentar en un escenario global el flagelo del narcotráfico, de la violencia juvenil, y abordar de manera coordinada estrategias que le permitan ser actor y no simple consumidor de las tecnologías de la comunicación e información y sus impactos múltiples y diferenciados en las esferas socioeconómica, política y cultural.
Se trata de estudiar de manera crítica y abierta los procesos sociales y políticos que vivimos hoy en el Caribe, concertar alianzas subregionales para impulsar el desarrollo integral de nuestros países y la subregión, fortalecer la democracia, revalorizar la riqueza de la evolución de nuestra cultura y marcar la presencia del Caribe insular en el escenario latinoamericano y global.
Desde esa perspectiva, la integración digital en el Caribe no solo es una herramienta para mejorar la seguridad y combatir el narcotráfico, sino que también actúa como catalizador para la integración sociocultural y la creación de oportunidades. Al facilitar la cooperación regional, la implementación de tecnologías avanzadas y el empoderamiento de las comunidades, puede crear un entorno más resiliente frente a las amenazas que nos acechan.
