Entrevista a Flavio Darío Espinal

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Flavio Darío Espinal es un estudioso de los procesos políticos, tanto de la República Dominicana como de los países que conforman la región caribeña y América Latina. Por su clarividente visión sobre la realidad sociopolítica de los países enmarcados en estas zonas geográficas, Global ha querido entrevistarle para conocer de su mano los aspectos más sobresalientes de la situación general que afecta hoy a la mayoría de las naciones latinoamericanas, específicamente en las difíciles encomiendas de su desarrollo democrático, los desplazamientos migratorios, la situación económica, el estado de inseguridad, los logros y los yerros que caracterizan las gestiones gubernativas, la deriva autocrática, entre otros aspectos. Las respuestas precisas, directas, matizadas con sentido del equilibrio y sin frases disonantes que distorsionen su apreciación particular sobre estos momentos de grises desatinos y muy discretas esperanzas, caracterizan esta entrevista con este brillante intelectual de la ciencia política y del análisis social que Global entrega a sus lectores en esta edición.

Flavio Darío Espinal es licenciado en Derecho (summa cum laude) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posee una maestría en Gobierno en la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado en Gobierno y Derecho Público en la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Fue recipiente de la beca Fulbright. Es profesor de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en la PUCMM, institución en la que ha sido director del Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS), del Centro de Prevención y Resolución de Conflictos (CEPREC) y de la Escuela de Derecho. Su libro Constitucionalismo y procesos políticos en la República Dominicana obtuvo el Premio Nacional de Ensayo (2001). Fue representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) (1996-2000), embajador en Estados Unidos (2004-2009) y consultor jurídico del Poder Ejecutivo (2016-2020). Fue miembro de la Comisión de Juristas designada por el Poder Ejecutivo para la elaboración del borrador que sirvió de base a la Constitución de 2010.

G: ¿Cuál es su visión sobre la América Latina actual, en sentido sociopolítico y económico?

FDE: América Latina experimentó desde finales de los años setenta y durante la década de los ochenta del siglo pasado una significativa transición a la democracia. Regímenes militares que dominaron una buena parte de la región, responsables de violaciones espeluznantes de los derechos humanos, quedaron atrás como resultado de movimientos políticos que lucharon por la democracia. No obstante, esa democratización de los regímenes políticos, con sus altas y bajas, no se hizo acompañar de un fortalecimiento del Estado en un contexto democrático. Los Estados latinoamericanos son débiles al punto que en muchos países de la región las instituciones estatales no alcanzan a tener presencia o, si la tienen, lo hacen de manera precaria en zonas importantes del territorio. Esa ausencia o precariedad estatal crea un terreno fértil para el crimen organizado que tanto afecta a los países de América Latina.

La debilidad estatal tiene un impacto significativo en las condiciones socioeconómicas y políticas en muchas comunidades urbanas y rurales. Esto genera una ausencia de legalidad y de autoridad efectiva, además de una falta de apoyo estatal a los sectores más vulnerables en cuanto a la provisión de servicios de educación, salud e infraestructura vital en general. Así, hay una dicotomía entre la legalidad jurídico-formal y la materialidad político-institucional, aunque también hay que reconocer que la realidad no es homogénea, sino más bien heterogénea y desigual en lo que respecta a la ausencia o precariedad de una legalidad y una institucionalidad efectiva.

G: ¿Cuáles entiende usted que son los problemas principales que afronta América Latina hoy?

FDE: Los problemas principales de América Latina, de carácter estructural, se expresan en diferentes dimensiones: uno es al que me referí en la pregunta anterior, esto es, una legalidad truncada, unas instituciones estatales débiles o inexistentes en muchos espacios de nuestros países. Esto implica que en diversos ámbitos de nuestras F 26 sociedades predomina la violencia, el desamparo y la conflictividad destructiva, lo que, a su vez, es caldo de cultivo para más violencia, marginalidad e ilegalidad.

América Latina ha estado también marcada por décadas por grandes desigualdades económicas como resultado de una concentración de la riqueza. Si bien en muchas sociedades latinoamericanas ha habido avances importantes en cuanto a la reducción de la pobreza, la desigualdad extrema sigue siendo un problema mayor. En este aspecto, la debilidad del Estado es también un factor clave, pues es a este al que le corresponde crear las condiciones, a través de servicios básicos en materia de seguridad, educación, salud, infraestructura, para que los sectores más pobres y vulnerables puedan encontrar las vías de su desarrollo personal y colectivo.

Otro problema importante es la desarticulación política que se manifiesta en muchas sociedades latinoamericanas como resultado de partidos políticos débiles y sin credibilidad que han dejado el campo libre para la emergencia de líderes mesiánicos y populistas, o de partidos improvisados sin articulación estable con amplios segmentos sociales. Esto, a su vez, se convierte en un factor de ingobernabilidad cuando, en el contexto de una fragmentación política extrema, no hay condiciones para la negociación y el acuerdo. La inestabilidad política que tiene lugar en muchos países es el resultado de esta realidad.

G: Aunque sin los dilemas guerreros de otras partes del mundo, los cambios hegemónicos, ciertos declives geopolíticos, América Latina parece un continente convulso: enrarecimiento de la economía y, en consecuencia, del crecimiento y desarrollo en algunos casos; políticas de dudosa conveniencia de algunos Gobiernos; «muerte cruzada» en Ecuador y la elección de un presidente de apenas 35 años de edad; nuevos bríos dictatoriales; una corrida económica en medio de un proceso electoral en Argentina; descuidos diplomáticos, ejercicios autocráticos… En fin, nos interesa su parecer sobre esta realidad latinoamericana.

FDE: Sin duda, América Latina está marcada por procesos políticos y socioeconómicos convulsos que generan inestabilidad e ingobernabilidad. No se trata del viejo dilema dictadura vs. democracia, sino de problemas agudos en el contexto de sociedades que, en un sentido muy general, tienen regímenes democráticos en cuanto celebran elecciones, tienen gobernantes civiles y se respetan en grados mayores o menores los derechos políticos. De lo que se trata más bien es de sociedades y sistemas políticos impactados por fenómenos frente a los cuales no ha habido respuestas efectivas. El crimen organizado está expandiéndose a sociedades que todavía en tiempos recientes estaban exentas de las manifestaciones más crudas de la criminalidad, como sucede en Ecuador o incluso en Chile, para poner dos ejemplos. Otro factor que ha impactado a muchas de nuestras sociedades en los últimos años es la migración desbordada como resultado de múltiples problemas, el más importante de los cuales es el desplazamiento masivo sin precedentes que se ha producido desde Venezuela hacia otros países de la región, lo cual ha planteado serios desafíos a los Estados de la región, que se han visto desbordados para lidiar con esa problemática.

En un contexto como este, la volatilidad política ha sido un signo notable en muchos países de América Latina, entre los que se destacan Perú, Ecuador, algunos países centroamericanos, entre otros. A esto hay que agregar que en algunos países se han adoptado diseños institucionales que no contribuyen con la gobernabilidad en una especie de «rococó constitucional» que combina, de mala manera, instituciones del presidencialismo y del parlamentarismo que terminan causando más mal que bien. Puede decirse que en muchos países se ha pasado de un presidencialismo autoritario a un presidencialismo débil, esto es, presidentes que no cuentan con apoyo congresual y que muchas veces ni siquiera pueden terminar su mandato, lo que genera inestabilidad e ingobernabilidad.

Otro aspecto a tomar en cuenta es cómo se mueve el péndulo político producto de la volatilidad. Chile, por ejemplo, pasó en cuestión de meses de un auge de los sectores progresistas, que quisieron incluso «refundar» el sistema político vía un proceso constituyente, a la emergencia de fuerzas de derecha extrema. Lo mismo ha sucedido en Colombia. En estos dos países hay Gobiernos de izquierda que están puestos a prueba en cuanto a su capacidad para gobernar y dar respuestas a las demandas sociales. El veredicto sobre estas experiencias está todavía pendiente.

G: Si usted pudiese escoger tres ejemplos apenas entre los países latinoamericanos, por la gravedad de su situación actual, ¿cuál sería su selección y por qué?

FDE: Todos los países de América Latina tienen enormes desafíos. En una época, la referencia más positiva fue Chile, que combinó, luego del fin de la dictadura, estabilidad y gobernabilidad, crecimiento económico, políticas sociales y un Estado fuerte con muy baja corrupción. Como sabemos, ese modelo fue inesperadamente contestado de una manera hasta violenta. Por eso es difícil escoger tres países de manera particular, pero me llega de inmediato a la mente Argentina. Un país con grandes recursos naturales, con una población que hasta hace poco era de las más educadas de la región, pero que, sin embargo, vive en una especie de puerta revolvente, incapaz de poner su «casa económica» en orden, marcada por la polarización y un exceso de personalismo en el liderazgo político, lo que ha generado un descreimiento de la gente en sus líderes y sus instituciones.

Otro ejemplo es Perú, un país que se ha expandido enormemente desde el punto de vista económico, pero que en lo político es un verdadero desastre, producto precisamente de la pulverización de los partidos, un pésimo diseño constitucional y una permanente lucha personalista por el poder. El resultado es la inestabilidad y la ingobernabilidad. En Centroamérica hay ejemplos extremos. El caso de Nicaragua es espantoso, con un Gobierno que usa la legalidad de manera retorcida para despojar de la nacionalidad a los opositores del régimen, muchos de ellos antiguos compañeros de lucha en la gloriosa revolución sandinista, expropiarles sus bienes y mandarlos al exilio impunemente. Igual ha hecho con la Iglesia católica, despojándola de universidades e institutos y sometiéndola a una presión enorme. En esa región, Guatemala es expresión de desigualdad extrema, exclusión de importantes sectores sociales, fragmentación política y una falsa lucha contra la corrupción que se ha convertido en una excusa para perseguir opositores. Y en El Salvador, país que llegó a lo extremo de la inseguridad, su Gobierno ha optado por métodos no ortodoxos y fuera de la legalidad de combate a la criminalidad que le han generado gran popularidad dentro y fuera, pero que solo el tiempo podrá decir cuán exitosos serán.

No puedo dejar de mencionar a Haití. Como sabemos, es un país que vive una «situación hobbessiana», esto es, vive en una situación en la que no hay un «poder común», para usar la terminología de Hobbes, sino que la ausencia estatal es llenada por gangas que controlan los territorios en un contexto de ausencia de legalidad. Se trata de una crisis que no es coyuntural, sino estructural: económica, social, medioambiental, políticoinstitucional y de seguridad. El gran problema es que los haitianos no pueden solos con su crisis, y los esfuerzos que se han llevado a cabo desde la ONU y otros actores internacionales en las últimas décadas han sido fallidos puesto que no han partido de la premisa fundamental: reconstruir el Estado. No está claro lo que habrá de venir con la nueva iniciativa aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

G: Frente a situaciones difíciles que se plantean en diversas naciones latinoamericanas, hay otras que dan la impresión de llevar bien sus procesos democráticos y de desarrollo. ¿Podría usted enumerar estas naciones y las razones de su estabilidad?

FDE: Empecemos por nosotros mismos: República Dominicana. El nuestro es un país de éxito en cuanto a gobernabilidad democrática. Desde la transición política de 1978, en República Dominicana no ha habido golpes de Estado ni ruptura de la institucionalidad democrática. Cuando ha habido crisis fuertes, como en 1994, la solución se ha encontrado a través de la negociación. Todos los partidos políticos importantes han ganado elecciones y han podido llegar al poder, elemento clave para definir un régimen democrático. Hemos tenido partidos políticos relativamente fuertes y líderes que ha estado a la altura en cuanto a sostener la vida democrática. Por supuesto, tenemos riesgos y amenazas, pero si somos capaces de entender bien nuestra historia política y calibrar bien nuestros problemas, estoy convencido de que podemos tener nuevos y largos ciclos de gobernabilidad democrática. El fortalecimiento de la legalidad y de la institucionalidad estatal es fundamental en esta tarea.

Otro ejemplo es Uruguay, país que luego del fin de la dictadura militar en la segunda mitad de los setenta, ha tenido Gobiernos de izquierda y de centro derecha, pero todos comprometidos con la democracia, la moderación política y el respeto a la institucionalidad.

Brasil y México, los dos gigantes de América Latina, han preservado sus regímenes democráticos, pero tienen grandes retos. En el primero hubo un gran riesgo de quiebre democrático con un Gobierno populista de derecha, de mentalidad militarista y con ganas de brincarse la institucionalidad democrática. El actual Gobierno tiene el desafío de fortalecer la legalidad y contribuir a reducir la polarización extrema para que no se repitan las amenazas golpistas.

G: Frente a perspectivas grises, algunas muy oscuras en los países donde la democracia no existe, ¿América Latina tiene futuro?

FDE: Sí, por supuesto, tiene futuro. América Latina es una región con grandes riquezas, con una cultura riquísima, con una localización geográfica, al menos en algunos países, que les permite desarrollar relaciones económicas desde el Pacífico y desde el Atlántico, con Asia y con Estados Unidos y Europa. Algunos países, como México, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, estamos más entrelazados con Estados Unidos, pero esto es una gran oportunidad por el tamaño y la sofisticación de su economía.

No obstante, los desafíos que tenemos son enormes. Uno de ellos lo mencioné al principio: fortalecer al Estado, desarrollar la capacidad de responder a los desafíos de seguridad que tienen muchos países al tiempo que se fortalecen las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Esta parece una combinación imposible o difícil, pero no tiene que ser así; el autoritarismo no tiene el monopolio de las respuestas eficaces a esos problemas. Más bien la historia ha demostrado que las respuestas autoritarias no son sostenibles en el tiempo, pero tampoco podemos ser complacientes o indiferentes a los dramas de la gente que vive expuesta a la violencia y a la inseguridad. El Estado tiene que tener la capacidad de responder a esas y a otras necesidades de servicios públicos de modo que los amplios sectores que hoy están excluidos se sientan parte de la comunidad política donde viven.

Hay que fortalecer también la democracia. El drama venezolano dice mucho; el más grande desplazamiento humano en la historia de la región. Pero las élites económicas, sociales y políticas también tienen que asumir el desafío de dar respuestas a las necesidades de los sectores marginados, excluidos y discriminados.

También hay que pensar en el desarrollo económico no sólo a partir de los recursos naturales, sino también a través del desarrollo de la educación, la tecnología, la investigación, atrayendo capitales que se sientan seguros en entornos en los que se respeta la legalidad. Sin inversión, sin capital, no será posible el crecimiento ni el desarrollo.

América Latina tiene que buscar un balance entre el deseo de una mayor integración regional, al menos ese es el discurso de algunos sectores y líderes, y una relación madura con Estados Unidos y el resto del mundo. Como país más rico y fuerte de las Américas, Estados Unidos es un socio esencial, inescapable; pero a la vez este país tiene que comprender que la realidad ha cambiado mucho y que tiene que ajustarse a los nuevos tiempos.

En todo caso, los latinoamericanos debemos aprender a ser más sobrios, menos grandilocuentes y más pragmáticos en el sentido positivo de este término. Debemos superar el mito, asentado tanto en la izquierda como en la derecha, de que podemos cambiar las cosas a pura voluntad de la noche a la mañana. Los cambios más bien toman tiempo, son incrementales, se avanza y se retrocede, pues nunca hay una solución mágica a los problemas. De esto se desprende que el liderazgo político tiene que apostar a la moderación, la concertación, el respeto a los procesos institucionales. Como apreciación final, el talento de América Latina, en múltiples ámbitos, es enorme. Tenemos tanto de lo que sentirnos orgullosos, pero también tenemos mucho que reformar y mejorar en lo económico, lo político y lo social.