Mujeres asesinadas, hijos huérfanos, familias desgarradas, víctimas potenciales aterrorizadas y una sociedad que mira tibiamente hacia otro lado. El feminicidio, el asesinato de mujeres a manos de hombres por el simple motivo de que estos creen tener algún derecho sobre ellas, constituye una verdadera lacra, aunque no es más que el último eslabón de una larga cadena de control, amenazas, maltratos y abusos. Se ha comparado este crimen con la punta de un iceberg. Como solo vemos esta, nos damos siempre de bruces con esa enorme masa gélida de violencia cotidiana (emocional, física, sexual…) que tiene como aglutinante el machismo y la cultura patriarcal. Una verdadera montaña oculta de desigualdad y prejuicios basados en el género que no retrocede y que parece congelar también a la sociedad y al Estado, que reaccionan con demasiada lentitud y a menudo indiferencia ante esta problemática.
Para muestra, un ejemplo. En el vecindario donde vivo, situado en un barrio residencial de Santo Domingo, se han registrado en dos ocasiones en los últimos meses escenas de gritos, golpes y llantos. Las protagonizaban personas distintas y no era difícil adivinar lo que ocurría. Algunas vecinas reaccionamos desde la seguridad de nuestras casas increpando a los agresores, y los episodios se saldaron con sendas llamadas al 911. Una empleada doméstica intentó quitar hierro al asunto aludiendo a «pleitos de marido y mujer», o sea, encasillándolo dentro del ámbito privado. En un caso desconozco lo que ocurrió, pero en el otro, después de más de media hora y varias llamadas apremiantes al 911, llegaron dos policías en un motor que se marcharon a los pocos minutos. El agresor debió encontrar de una u otra manera su comprensión… Y quienes intervinimos tuvimos que escuchar los insultos de este: nos voceó palabras irrepetibles y lanzó objetos en dirección a nuestros apartamentos. Hasta el espectador menos perspicaz tendría que deducir que los policías que acuden en estos casos deberían tener algún tipo de capacitación (al parecer se están realizando algunos esfuerzos en este sentido), e incluso que deberían ser mujeres para experimentar más empatía hacia las víctimas. Posteriormente, mientras investigaba este tema, supe que el Ministerio de la Mujer tiene desde noviembre de 2018 un código abreviado (*212) de su línea de emergencia que funciona las 24 horas, pero todavía ese código y otros números de dicho Ministerio no han calado en la población, por lo que se necesita un mayor esfuerzo para promoverlos.
La República Dominicana está en los primeros lugares en tasa de feminicidios en América Latina, que de por sí es la región del mundo donde estos asesinatos son más frecuentes. De acuerdo a la Procuraduría General de la República, en 10 años (de 2005 a abril de 2015) han ocurrido en el país 1033 feminicidios. Sin embargo, esta cifra contabiliza solo los íntimos (aquellos cometidos por la pareja o expareja) y excluye los no íntimos (mujeres asesinadas por otros familiares, violaciones por desconocidos con resultado de muerte, etc.), que se consideran como simples homicidios. Según el concepto de feminicidio manejado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la organización cívica Participación Ciudadana, que agrupa los íntimos y los no íntimos, en el período 2005-2018 se produjo un promedio de 188 feminicidios por año. Siguiendo este mismo criterio, en el período 2011-2016 el país ocupó un vergonzoso tercer lugar en materia de feminicidios en toda América Latina.1 La abogada María Jesús Pola Zapico, que lleva décadas ocupándose de esta problemática, sospecha que el promedio anual en la República Dominicana supera la cifra de 200, pues considera que ni la Policía Nacional ni el INACIF, que son las fuentes utilizadas por la Procuraduría General de la República, tienen las condiciones científicas que se requieren para el adecuado registro de estos crímenes. Y si nos detenemos en la violencia física sin resultado de muerte, un alto porcentaje de las mujeres dominicanas de entre 15 y 49 años afirma haberla sufrido. Nada menos que el 26%, según la Encuesta Demográfica y de Salud (Endesa) 2013.
La violencia ejercida contra las mujeres se ha querido relacionar a menudo con el alcoholismo, el consumo de drogas, incluso con la salud mental. Pero lo que permite explicar el fenómeno es la perspectiva de género, que se puede definir como el enfoque que hace visibles las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres. La palabra género, a diferencia de la palabra sexo, alude a una construcción cultural de lo que significa ser hombre y ser mujer en una determinada sociedad. La escritora y feminista italiana Dacia Maraini lo ha explicado con sencillez contundente en una entrevista al periódico español El País: «[…] una cierta cultura masculina no acepta la idea de que la mujer sea libre, y quiere humillarla. El feminicidio es siempre igual. Tienes una pareja, y por lo que sea ella dice que se va. Entonces sale a la luz el sentimiento de la posesión. […] Los hombres entran en una crisis tal que se convierten en asesinos […] Y aumentan los asesinatos porque aumenta la autonomía de las mujeres. […] Antes se callaban, no hacía falta matarlas».2 Hasta hace poco, en las sociedades occidentales la mujer vivía en un plano de total subordinación y dependencia respecto al hombre, situación que persiste en numerosos países del mundo (ya sabemos cómo se las gastan los fundamentalistas religiosos). Y esa misma sumisión era, paradójicamente, la que contenía la sangría de crímenes que se produce hoy cada vez que muchas mujeres intentan sacar la cabeza.
De hecho, según Endesa 2013 existe una relación entre violencia y empleos remunerados en la República Dominicana, pues el porcentaje de mujeres con empleos remunerados que manifestaron haber sufrido violencia supera en un 10% al de las mujeres sin empleo (el 38.6% frente al 28.3%). El Departamento de Investigaciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) interpreta así este dato: «Es posible que esto suceda como respuesta a una percepción de amenaza hacia el acostumbrado control y aislamiento ejercido por ellos y hacia los roles tradicionales de género, en tanto las mujeres empleadas y remuneradas tienen mayor oportunidad de hacerse independientes y salir de relaciones violentas».3 Otra relación significativa que pone de relieve Endesa 2013 es la que existe entre el nivel educativo del hombre y la violencia. A menor nivel educativo de este, mayor probabilidad de que ejerza violencia sobre su pareja. Y otro dato muy revelador: las mujeres más educadas que sus parejas tienen mayor probabilidad de sufrir violencia que aquellas cuyas parejas tienen un nivel similar o más elevado.4 De nuevo la masculinidad tradicional amenazada queriendo imponerse a toda costa. La politóloga Rosario Espinal contextualizaba así en 2012 los feminicidios: «En un contexto socioeconómico como el dominicano, de bajo nivel educativo, bajos salarios, consumo extendido de alcohol y drogas, y la propagación de armas de fuego, se ha producido un aumento general de la violencia social, y las mujeres son un blanco de ataque específico de los hombres machistas. […] El hombre machista, incapaz de manejar su inseguridad y su rabia con autocontrol, se convierte en sujeto de alto riesgo contra las mujeres».5 Y la desigualdad de género, que hace que las mujeres sean vulnerables a la violencia, se amplifica cuando se le suma la desigualdad económica, el bajo nivel educativo o el factor racial, lo que, en un país como la República Dominicana, supone una verdadera losa que impide avanzar a muchas mujeres de esos estratos sociales.
La violencia de género es el delito más denunciado en el país (a pesar del enorme subregistro existente, pues muchos de estos casos no se traducen en denuncias, como también documenta Endesa 2013). En 2017 se sometieron, según datos de la Procuraduría General de la República, 59,391 denuncias de violencia de género y 5,808 de delitos sexuales, y se emitieron 17,148 órdenes de protección. Pero solo el 4% de las denuncias llegó a los juzgados y apenas el 2% terminó con una sanción penal.6 Hasta el año 2012, cuando una mujer recibía una orden de protección, tenía que enfrentarse en muchos casos al amargo trago de entregarla personalmente al agresor debido a la falta de personal especializado. Esta anomalía se ha intentado corregir en los últimos años y se ha prohibido dicha práctica, así como la entrega de citaciones u órdenes de arresto por parte de las víctimas. Pero las órdenes de protección se quedan a menudo en letra muerta pues no existen mecanismos de seguimiento, y en no pocos casos contribuyen a aumentar la ira del agresor.
Desde finales del siglo pasado, se han ido aprobando en el mundo leyes para proteger a las mujeres, denominadas «de primera generación». En una etapa posterior, han aparecido las leyes «de segunda generación», que imponen mayores sanciones, hacen hincapié en la prevención y en la atención y reparación a las víctimas, o eliminan la posibilidad de conciliación entre víctima y agresor. La República Dominicana solo cuenta con una ley de primera generación, que es del año 1997 y fue muy importante en su momento. En la actualidad tenemos dos proyectos legislativos que corresponden a dos enfoques muy diferentes de la violencia de género y de la mujer. Uno de ellos lo presentó el senador Félix Bautista y ya ha sido aprobado en el Senado. Según diferentes entidades como el Ministerio de la Mujer, Participación Ciudadana, el Centro de Estudios de Género del Intec y los distintos colectivos que defienden los derechos de las mujeres, aunque este proyecto tipifica el delito de feminicidio y endurece las penas, supone en ciertos aspectos un retroceso respecto al marco legal existente y adolece de graves deficiencias, entre ellas, que limita el feminicidio al ámbito íntimo y a las víctimas colaterales, y que carece de un abordaje integral de la problemática. Desiree del Rosario, del Centro de Estudios de Género del Intec, hace hincapié en que dicho proyecto se centra en lo punitivo y no en la prevención: «Si consideramos que en un porcentaje alto los agresores se suicidan, cuál es la mirada de la parte judicial, cómo se trabaja con huérfanos de feminicidios, cómo se desmontan esos imaginarios que son los que sostienen la violencia hacia las mujeres». En este mismo sentido, afirma que se transfiere la responsabilidad principal a la Procuraduría, en lugar de hacerlo al Ministerio de la Mujer, «que es la entidad pública encargada de la rectoría de las políticas destinadas a eliminar la discriminación fundada en el género». Otro proyecto más abarcador ha sido sometido en la Cámara de Diputados por la diputada Magda Rodríguez. Se trata del «Proyecto de ley que crea el sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres», el cual goza de un mayor consenso entre la sociedad civil y está más en sintonía con las convenciones internacionales. Además de las carencias legislativas, las diferentes entidades y organizaciones que se han ocupado del tema han identificado en el país una serie de debilidades. En primer lugar, un sistema de información precario que dificulta la visibilización del problema y, por tanto, no contribuye a la prevención. No existe un registro único y confiable que contabilice a todas las víctimas, por lo que, como ha expresado María Jesús Pola, «estamos contando muertas mal contadas», aludiendo a que muchas muertes no se investigan desde una perspectiva de género.7 Por otro lado, falta un presupuesto específico que permita, si no detener, al menos contener estos delitos. En el año 2017, el Gobierno dominicano empezó a reaccionar. Y lo hizo lanzando el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que pretende coordinar los esfuerzos de las diferentes entidades, contempla acciones de prevención y la capacitación de fiscales, policías y personal sanitario, y aumenta las unidades de atención a las víctimas, entre otras medidas. Dada su reciente aplicación, todavía es pronto para valorar su alcance, pero sin duda supone un paso de avance en el abordaje de la problemática (aunque las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres se muestran escépticas ante el porcentaje de reducción de los feminicidios que le atribuye la Procuraduría).
«Envían a prisión hombre acusado de matar concubina en Bonao». Este titular corresponde a una noticia publicada recientemente en un periódico dominicano con la que me tropecé mientras preparaba este texto. «¿Concubina?» Ese término un tanto anticuado y hasta peyorativo oculta dos palabras, mujer y madre. Hay que llegar al subtítulo para saber que la «concubina» es la madre de los dos hijos del presunto victimario. Se trata de un titular carente no ya de perspectiva de género, sino de perspectiva humana y hasta periodística. Porque lo relevante aquí es que se le acusa de matar a una mujer que es la madre de sus hijos, mientras que el estatus legal de la pareja es una mera anécdota irrelevante. Los medios de comunicación tienden a carecer de una perspectiva de género al tratar los feminicidios. A menudo recurren al sensacionalismo y se centran en detalles que nada aportan, en lugar de proporcionar información que ayude a la prevención. En un estudio sobre el tratamiento del tema en la prensa dominicana realizado en 2015 por Gabriela Read y Virginia Antares Rodríguez, se destaca «la falta de informaciones que puedan resultar útiles a personas en situación de riesgo […] o al público lector en general. En ninguna de las noticias se publica el número telefónico de la línea de emergencia para mujeres del Ministerio de la Mujer, ni contactos de otras instituciones que ofrecen apoyo a mujeres víctimas de violencia […] Tampoco se ofrecen lineamientos que ayuden a reconocer cuándo una persona se encuentra en una relación de violencia y qué es recomendable hacer en esa situación».8 Es necesario sensibilizar a los redactores de estas noticias pues la prensa puede jugar un rol importante en la prevención. «Cada pieza sobre una agresión machista es una oportunidad para hacer pedagogía», se afirma en una de las recomendaciones sobre comunicación de género de la organización Oxfam Intermón y el medio español La Marea.
Para atajar el problema de raíz es preciso empezar a educar en la igualdad y contrarrestar el imaginario machista en todos los ámbitos. Este es un proceso de largo aliento. La violencia de género es estructural y solo se puede combatir desde la base. A la hora de desmontar estereotipos y conductas basados en la inferioridad, en la subordinación o en la cosificación de las mujeres, juegan un papel fundamental las familias, las escuelas y las iglesias, estas últimas a menudo renuentes al enfoque de género, que es el único que permite combatir la desigualdad que se traduce en violencia y asesinatos. Urge una campaña coherente a través de los medios de comunicación y las redes sociales que promueva una nueva masculinidad. En un país donde las distintas instituciones estatales gastan tantos millones en promocionarse, podrían usarse esos recursos para educar y concienciar a la población a fin de erradicar esta lacra. Urge también incluir en el currículum educativo contenidos que prevengan la violencia de género, así como en el de determinadas carreras como Medicina o Derecho, pues los profesionales de esas áreas deben tener sensibilidad y empatía para contribuir al abordaje del problema.
Escenas de violencia de género como las que describí al principio de estas páginas son demasiado comunes. Todos conocemos a mujeres que las han sufrido en algún momento, y eso, aunque parezca paradójico, en vez de movilizarnos, nos insensibiliza de alguna manera y nos paraliza. Estos casos ilustran la complejidad del problema y los diferentes actores y actitudes que intervienen en un caso de violencia de género. El terror de la víctima y el temor más difuso de quienes intentan intervenir, anticipando posibles represalias. La indiferencia o la tolerancia. La impunidad tras la intervención de la autoridad. De todo eso se alimentan los feminicidios y la violencia machista. Y todavía hay otro miedo, muy generalizado y a la vez soterrado: es el que experimentamos todas las mujeres al pensar que, en algún momento, podríamos pasar a engrosar la lista, pues, por el simple hecho diferencial, ya somos candidatas a sufrir agresiones de familiares, de conocidos o de desconocidos. Todo conspirando para mantener el orden existente, caracterizado por las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.
Notas 1 Participación Ciudadana (2019), La violencia de género en la República Dominicana. Un enfoque desde las estadísticas provistas por el Estado dominicano entre 2005-2018, Santo Domingo. 2 «Antes las mujeres se callaban, no hacía falta matarlas» (Dacia Maraini, entrevistada por Iñigo Domínguez), El País, España, 7 de mayo de 2019. 3 ONE (julio de 2014), «Mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas en República Dominicana, datos de la ENDESA 2013», Boletín mensual, Santo Domingo, año 6, n.o 70. 4 ONE (septiembre de 2014), «Algunos factores asociados a la violencia conyugal en República Dominicana, ENDESA 2013», Boletín mensual, Santo Domingo, año 6, n.o 72. 5 Rosario Espinal (2012), «Crisis de la masculinidad machista», Hoy, Santo Domingo, 10 de julio. 6 Centro de Estudios de Género del Intec (marzo de 2019), «Históricas barreras socioculturales y político económicas coartan desarrollo integral de las mujeres en la República Dominicana»,. 7 María Jesús Pola, entrevistada en el programa radial Solo para mujeres, Santo Domingo, junio de 2018. 8 Gabriela Read y Virginia Antares Rodríguez (agosto de 2015), «La cobertura periodística de los feminicidios en República Dominicana: sensacionalista y limitada»,.
