Xiomara Castro, Gabriel Boric y Gustavo Petro integran una trilogía de dirigentes que vale la pena observar. Aún es muy prematuro determinar la ruta que han escogido para sacar adelante a sus países. Hasta el momento sabemos que sus planes de gobierno no pasan por reforzar la institucionalidad o saltar por encima de esta. Han tomado nota de los aciertos y los errores de sus antecesores de izquierda. Saben que la gobernabilidad es el hilo que permite tejer un mandato estable.
Lo único que puede parar a Petro es un balazo, comenté en una tertulia de activistas en Barcelona, España. Luego de los resultados de las elecciones del pasado 13 de marzo en Colombia, mi comentario fue amplificado por varios dirigentes del Pacto Histórico, la confluencia de partidos y organizaciones sociales que obtuvo el mayor número de sufragios en la reciente liza electoral. Colombia es dueña de un infame historial de violencia política. Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa forman parte de una extensa lista de líderes políticos que no pudieron llegar a la presidencia porque sus vidas fueron segadas por las balas. Gustavo Petro, exguerrillero del democrático-nacionalista y extinto Movimiento 19 de abril, está a las puertas de convertirse en el huésped del Palacio de Nariño, el neoclásico edificio bogotano sede de la Presidencia de Colombia. El Pacto Histórico, liderado por Petro, promete sacar al país de la violencia endémica y abrir un ciclo de paz y convivencia.
El sello de la violencia
La historia republicana de Colombia está tatuada por la violencia. Cien años de soledad, la obra cumbre de la literatura colombiana e hispanoamericana, abre con el instante en que el atribulado coronel Aureliano Buendía está frente a un pelotón de fusilamiento. Arturo Cova, el personaje central de La vorágine de José Eustasio Rivera, confiesa que su corazón no se lo ganó una mujer sino la maldita violencia. Los frescos del pintor Alejandro Obregón representan a las víctimas, mientras que los de su par Fernando Botero a los victimarios. Las actuaciones de la artista performática Doris Salcedo expresan el drama de millones de colombianos y colombianas expulsados de su territorio o del país por la violencia. Narcos, la serie de Netflix, describe de manera superlativa la violencia piloteada por los gánsteres colombianos y ejecutada por sicarios a su servicio. La literatura y el arte colombiano son la impronta de una realidad cubierta por una pátina de país democrático. Una democracia devaluada.
Colombia padece no solo la violencia estructural, sino también la ejercida por las fuerzas gubernamentales, las guerrillas, los paramilitares, los terratenientes, los narcotraficantes, los contrabandistas y un largo etcétera de grupos armados, diseminados en la extensa e intrincada geografía del país. El acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y los rebeldes de las FARC en el 2016 hacía pensar en un final del conflicto armado; empero la administración de Iván Duque dio vuelta atrás a la rueda de la historia, convirtiendo en papel mojado las reformas pactadas por las partes en La Habana y Bogotá. Petro, junto con las fuerzas políticas y sociales que lo acompañan, recibirá, en caso de confirmarse su favoritismo en la cita electoral del próximo 29 de mayo, un país asediado por la corrupción y la violencia.
De la revuelta a las urnas
En el 2010 finalizó el mandato de Álvaro Uribe. Ocho años en los que se acrecentó el conflicto armado y la represión contra los movimientos sociales. El cambio de gobierno Juan Manuel Santos coincidió con una seguidilla de protestas sociales cuyos protagonistas fueron en primer lugar los estudiantes, luego los campesinos y enseguida los indígenas y afrodescendientes. Millares de personas salieron a las calles reclamando reformas y derechos. Los estudiantes pedían una reforma educativa estructural; los campesinos demandaban tierra y comercio justo; los indígenas exigían el respeto a la autonomía consagrada en la Constitución y las comunidades afro invocaban la propiedad colectiva sobre los territorios ancestrales. El colofón de los reclamos no resueltos fue un estallido social o revuelta ciudadana que explotó en mayo del 2021 en la cara del gobierno presidido por Iván Duque, continuador de las políticas neoliberales y corruptas de su mentor Álvaro Uribe.
El Paro Nacional, nombre dado a la revuelta, involucró a la inmensa mayoría de la sociedad colombiana, la cual se organizó para resistir y negociar. Fue una protesta extensiva en términos espaciales porque implicó a los pobladores de las grandes urbes, las ciudades intermedias y los pueblos más remotos del país. Fue una protesta indefinida en términos temporales porque, si bien se ha replegado, aún no ha caducado. El gobierno de Duque, enaltecido por los sectores más ultraderechistas de la nación, cometió el gravísimo error de resolver por la fuerza el reclamo popular. Las imágenes de cientos de manifestantes capturados, apaleados, baleados o desaparecidos hicieron que el odio, agravado por la crisis pandémica, hacia el presidente Duque, sus ministros y sus políticas, se multiplicara.
La administración de Iván Duque dio vuelta atrás a la rueda de la historia, convirtiendo en papel mojado las reformas pactadas por las partes en La Habana y Bogotá. El 15-M en España o los bloqueos de los cocaleros en Bolivia fueron capitalizados por la izquierda política. Podemos en España y el MAS en Bolivia son el resultado. En Colombia, en cambio, la esplendorosa huelga estudiantil del 2010 o el potente Paro Agrario del 2013 no se vieron reflejados en las urnas. Mucha lucha pero pocos votos. Los partidos del establishment seguían arrasando en las elecciones y llevando el timón del país. Esta tendencia tiene su punto de quiebre el pasado 13 marzo: la lista del Pacto Histórico fue la más votada tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes; y en la consulta presidencial especie de primarias la candidatura de Gustavo Petro superó por amplísimo margen a las de sus adversarios del centro y la derecha. Un resultado sin antecedentes en la historia política de Colombia, un país acusado de actuar como agente quintacolumnista de la Casa Blanca en la región latinoamericana.
Por fin, las fuerzas progresistas colombianas encontraron las claves que le permitieron fertilizar a la potentísima revuelta popular y obtener réditos electorales. Cinco, opino, fueron las claves que favorecieron los resultados electorales del 13 de marzo: amplia unidad extendida a sectores centristas, el carisma y la perseverancia del candidato presidencial Gustavo Petro, la incorporación de los movimientos sociales y étnicos, la conformación de una lista cerrada para el Senado y la vinculación de la lideresa afrodescendiente Francia Márquez Premio Medioambiental Goldman 2018, símbolo de la lucha contra el extractivismo.
El cambio de táctica de las fuerzas progresistas se benefició del nuevo ambiente político derivado de los acuerdos de paz con las FARC, la agrupación guerrillera que el establishment colombiano convirtió en enemigo público número uno y asociaba, sin fundamento, a la izquierda legal. Con el desarme y reintegración de más de diez mil combatientes de las FARC, la extrema derecha y sus aparatos de propaganda perdieron al chivo expiatorio que alimentaba su retórica de miedo. Sin el lastre de la guerrilla, la izquierda colombiana logró romper la dicotomía de guerra o paz que absorbía la mayor parte del debate político nacional, amén de poner en el orden del día los problemas reales de la gente, tales como la injusta tributación, la privatización de la salud, la conservación de los recursos naturales, el extractivismo, la recuperación de la tierra o la producción de alimentos. El neoliberalismo que se había inoculado en el imaginario nacional como bueno empezó a verse como malo, como principal causante de la vergonzosa brecha entre ricos y pobres. Las propuestas progresistas dejaron de ser meras formulaciones teóricas que circulaban en el pequeño mundo de los intelectuales y diletantes de izquierda, para convertirse en palabras plebeyas que continúan inspirando y llevando a la acción a los de abajo. La ira, la rabia pública, se tradujo en millones de votos y una potente fracción parlamentaria que debilita a la bancada de la derecha. Entre los nuevos rostros del Pacto Histórico está Karmen Boscán, una indígena de la etnia wayú, defenestrada del país, que se alzó con la curul de los colombianos en el exterior, que, desde su creación, fue coto de caza de la derecha empotrada en el estado de la Florida. El próximo 20 de julio se instalará el nuevo Congreso de Colombia con una correlación de fuerzas que favorece los aires de cambio que reclama la mayoría social del país.
¿Qué izquierda se perfila en Colombia y Latinoamérica?
Desde el derribo del Muro de Berlín la izquierda mundial mira a ambos lados del Atlántico en busca de un paradigma o espejo en el que se pueda reflejar o amortiguar la nostalgia. Unas veces la mirada se vuelca sobre los procesos políticos y sociales que ocurren en Latinoamérica como el zapatismo en Chiapas, el Frente Amplio de Uruguay, la revolución ciudadana de Correa en Ecuador, el plurinacionalismo de Evo en Bolivia o el desgastado bolivarismo de Venezuela. Otras veces la atención se fija en el auge y fraccionamiento de Podemos en España, el experimento de Syriza en Grecia o la coalición de socialistas, comunistas y ambientalistas de Portugal. Luego de las recientes victorias de Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile, el probable retorno de Lula en Brasil y el eventual triunfo de Petro en Colombia, pareciera que estamos ante el resurgimiento de una izquierda, de un progresismo, que se aleja de los modelos anteriores en los que si bien se recuperó la soberanía y se pudo redistribuir la riqueza, no se afectó o transformó el modelo económico dependiente, subordinado a la extracción y venta de materias primas, especialmente de petróleo, gas y metales.
Los estallidos sociales que sacudieron las calles de Ecuador, Honduras, Chile, Perú y Colombia entre los años 2019 y 2021 fueron demostraciones contra los operadores políticos que hicieron del oficio público una suerte de profesión. La izquierda, aunque en menor medida, no fue ajena a la institucionalización per se de la política, y desatendió los gritos provenientes de la calle. La izquierda deja de serlo si su fin último es el de atornillarse en el poder como el clan Ortega en Nicaragua, o de amañar la Constitución y las leyes para concentrar los poderes del Estado hasta la eternidad. Lo mismo ocurre cuando la corrupción salpica a miembros de la izquierda sin que se tomen correctivos a tiempo, como sucedió con el Partido de los Trabajadores de Brasil, lo cual alimenta a charlatanes como Jair Bolsonaro en Brasil o Luis Fernando Camacho en Bolivia.
Los nuevos liderazgos de la izquierda latinoamericana están obligados a conservar un pie en las instituciones y otro en la calle, a riesgo de volverse burócratas de turno o simples activistas. El feminismo es una fuerza callejera creciente y determinante en el panorama político y cultural latinoamericano que no puede ser soslayada por los líderes de izquierda. Los avances de la izquierda en Chile, Argentina y Colombia están intrínsecamente ligados a las plataformas feministas de las grandes capitales. Gobernar con mano izquierda no solo consiste en redistribuir la riqueza del país. Es menester que los gobiernos progresistas de izquierda lleven a cabo una especie de batalla cultural que, para el caso de América Latina, tome en cuenta la descolonización del pensamiento que ha condicionado a lo largo de dos siglos el listón de valores del individuo latinoamericano. Una batalla cultural que lleve al sujeto latinoamericano a mirar hacia adentro sin caer en el chovinismo y sin perder la visión cosmopolita.
Xiomara Castro, Gabriel Boric y Gustavo Petro integran una trilogía de dirigentes que vale la pena observar. Aún es muy prematuro determinar la ruta que han escogido para sacar adelante a sus países. Hasta el momento sabemos que sus planes de gobierno no pasan por reforzar la institucionalidad o pasar por encima de esta. Han tomado nota de los aciertos y los errores de sus antecesores. Saben que la gobernabilidad es el hilo que permite tejer un mandato estable, para lo cual deben establecer alianzas con sectores que, por razones ideológicas, están en las antípodas. Habría que esperar la llegada de Petro y Lula a la presidencia de sus respectivos países para conocer qué ideas tienen para Latinoamérica, una región que se cubrió de instituciones supranacionales que poco o nada ayudan a la solución colectiva de los problemas comunes, como sucedió con la pandemia, donde cada país buscó fórmulas individuales y desesperadas.
En el 2021 se cumplió medio siglo de la publicación de Las venas abiertas de América Latina, el opúsculo de Eduardo Galeano. Lo descrito por el autor uruguayo hizo que cientos de hombres y mujeres empuñaran las armas para cambiar la obscena realidad latinoamericana. Hubo agrupaciones maximalistas que hicieron del libro una bitácora de lucha, pero sucumbieron porque el mero voluntarismo no es una patente de corso hacia la revolución. Para bien o para mal las cosas han cambiado en Latinoamérica. Los militares golpistas son un mal recuerdo. Un exguerrillero tupamaro, un obrero metalúrgico y un indígena aimara fueron elegidos a la presidencia de Uruguay, Brasil y Bolivia, tres países que fueron dominados por dictaduras sanguinarias. En México, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela y Brasil las organizaciones criminales ejercen control territorial, social y político en campos y ciudades. Latinoamérica ha cambiado. Las formas de acceder al poder también.
