Colombia en su encrucijada

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Antes de posesionarse como presidente de Colombia, Gustavo Petro fue el político más perseguido y atacado del país. Había integrado una guerrilla urbana, el M-19, que migró su estrategia de acción del campo a las ciudades, a diferencia de las demás guerrillas, que apuntalaron el vasto mundo rural como teatro de confrontación. A manera de breve contexto: el M-19 intentaba dar golpes certeros de opinión a través de actos simbólicos como el robo de la espada de Simón Bolívar y la toma de la embajada de República Dominicana. La suerte no los acompañó siempre, pues algunos de esos golpes terminaron en desgracia nacional, como la toma del Palacio de Justicia.

De los compañeros de armas del presidente, la mayoría fueron asesinados y otros desaparecieron en extrañas circunstancias y pasaron a ser parte de las leyendas nacionales, como Jaime Bateman y su misteriosa desaparición en una avioneta que cruzaba el Darién y que lo llevaba a proponer acuerdos de paz con un emisario fantasma del entonces presidente Belisario Betancur. Alvaro Fayad, Carlos Toledo, Ospina y Pizarro fueron asesinados en la marcha de los días, este último cuando era candidato presidencial, en pleno vuelo de campaña, al poco tiempo de dejar las armas.

Este es el origen político de Gustavo Petro: la insurrección, en una época en la que pensar más allá de la ventana política tradicional era una condena. Sabemos que el presidente de Colombia fue torturado, como tantos otros integrantes de la extinta guerrilla, en una guarnición militar. Y que después, cuando resultó elegido congresista, fue quien levantó la voz para denunciar la alianza entre políticos (varios de ellos fueron sus compañeros de plenaria) y paramilitares, un grupo armado de extrema derecha que se encargó de masacrar y despojar de la tierra a millones de campesinos, adelantando, así, una curiosa contrarreforma agraria. Sobre esto hablaré más adelante.

Antes de llegar a la presidencia, Petro lo intentó dos veces. Esta era la tercera y la última oportunidad. Fue elegido con más de once millones de votos en segunda vuelta, dejando atrás al candidato del uribismo (fuerza política de derecha que enfrentó por casi veinte años) y a su rival directo, Rodolfo Hernández, un político con un estilo sui géneris en su discurso que prometía a los colombianos la consagración del derecho a conocer el mar.

El siete de agosto pasado tomó posesión el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, y desde el ocho de agosto empezaron los retos. El país que encontró venía de una fuerte recesión económica agravada por la pandemia, en la que quebraron más de 600,000 pequeñas y medianas empresas. La inflación alimentaria estaba desbordada y por encima de topes históricos. La implementación del acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC era mínima, y las noticias de que los reincorporados caían asesinados a cada rato en todas las zonas de retorno a la legalidad y a plena luz del día formaban parte del paisaje (más de 350 habían sido asesinados a julio del 2022). El exterminio de líderes sociales también preocupaba, centenares habían sido borrados como un soplo en circunstancias casi nunca resueltas (más de 500 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados en ese período).

En el campo, la paz no solo seguía siendo una apuesta soñadora y fragmentada, más bien distante de lo que proponía el acuerdo que Juan Manuel Santos firmó con las FARC, y que lo hizo merecedor del Nobel de la Paz. La implementación del acuerdo en el Gobierno de Iván Duque (rival político y antecesor de Petro) galopó a paso lento y la violencia se recrudeció en las regiones: el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y la disidencia de Gentil Duarte (estas últimas venían a ser residuos de las FARC) se replegaron como los nuevos actores de la guerra, con capacidad considerable de hacer daño y seguir moviendo el negocio del narcotráfico y el de la minería ilegal. A esto se suma que la salida de las FARC de mu[1]chas zonas del país facilitó que los nuevos grupos llegaran a deforestar esos espacios.

Navegar a contracorriente: las batallas de Gustavo Petro

El presidente sabía que iba a necesitar una fuerza de base y por eso buscó un andamio plural de movimientos, una atalaya partidista que llamó Pacto Histórico, conformado por miembros del Polo Democrático, la Unión Patriótica, Colombia Humana y el Movimiento Maíz, entre otros. Esta fuerza se constituye en su principal aliado en el Congreso de la República (Senado y Cámara) para sacar adelante sus propuestas de cambio. Y no la ha tenido fácil.

Una parte del empresariado y del mercado lo miraba con recelo y esperaba la caída estrepitosa de la moneda nacional (el peso) y la fuga del capital extranjero. Petro se encargó entonces de bajar la presión de esos sectores y de insistir en que el aumento del dólar tenía que ver con efectos colaterales como la guerra en Ucrania y el incremento en el precio del combustible. Entonces decidió erradicar los subsidios generosos del presupuesto nacional al fondo de combustibles y a las pensiones más altas para reducir el déficit fiscal. Efectivamente, empezó a ocurrir.

La economía rural y citadina de millones de colombianos se vio beneficiada con la creación de créditos y apoyos financieros que buscaban frenar la escalada de precios por la inflación alimentaria. El presidente, acorralado por las demandas populares, llegó a idear un plan en el que los mataderos estuvieran más cerca de las poblaciones para abaratar el precio de la carne. A pesar de las buenas iniciativas, la inflación en el país siguió manejando niveles anuales altos, pero la devaluación de la moneda se frenó y hoy el peso es una de las monedas más revaluadas de la región. En el año que corre se registró la mayor tasa de inversión extranjera en nueve años y el desempleo bajó a un dígito. En la primera legislatura, el Pacto Histórico y la coalición de gobierno lograron sacar adelante una reforma tributaria que será la piedra angular del gasto social del presidente en lo que le queda de gobierno.

La Paz Total, que anunció en campaña para implementar los acuerdos de La Habana, ha sufrido más de un traspié. La guerra en el campo no ha parado y, de los grupos con los que se intenta llegar a un acuerdo, el ELN ha sido el más estable en esa voluntad. El exterminio de líderes ha continuado y el presidente ha dejado entrever que el problema va más allá de lo que imaginaba y que algunas instituciones que deberían estar jugando un papel importante en esta coyuntura, como la Unidad Nacional de Protección (UNP), están permeadas por mafias cartelizadas que no dejan avanzar y atienden a intereses oscuros.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que es esta entidad la encargada de administrar esquemas de protección a personas en situación de riesgo, como los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Al presidente se le critica que la Paz Total no tiene líneas claras de negociación, que los entes involucrados en el proceso están dispersos, a la deriva, y que el marco que regulará las negociaciones no pasa de ser un borrador. Los más críticos dicen que los tiempos muertos en las negociaciones son aprovechados por las bandas criminales y las disidencias de las guerrillas para fortalecerse y atacar a soldados y policías. Lo cierto, sin embargo, es que en su primer año de gobierno se redujo el asesinato de militares y policías, justamente, en un 55% y 60%, al tiempo que los homicidios disminuyeron seis puntos. En contravía, los secuestros se desbordaron y la extorsión creció tanto que el colombiano promedio siente que en algún momento será parte de la estadística de víctimas del flagelo.

La deforestación, potenciada por el vacío que dejaron las FARC en los territorios, se redujo en un 29%, lo que configura el porcentaje de eliminación de bosques más bajo en una década y reafirma, dicho sea de paso, el compromiso del presidente con la agenda ambiental. Con el apoyo de su fuerza de base (Pacto Histórico) y su coalición, se logró también que Colombia ingresara, por fin y de manera oficial, al Acuerdo de Escazú, lo que trazará una hoja de ruta crucial para la protección del medio ambiente en el país en las próximas décadas.

Ahora, también hay que decir que no todo son cantos de cisne. El Gobierno no ha logrado que ninguna de sus grandes reformas en áreas delicadas, como salud, trabajo y pensiones, sea aprobada. De la aprobación de estas reformas dependerá la buena salud del Gobierno (y del país) en los próximos años, porque se intenta ponerle por fin, de una buena vez, el cascabel al gato. La reforma de la salud, por ejemplo, pone el dedo en la llaga del manejo de recursos del Estado por parte de los operadores privados (EPS) como últimos eslabones de un sistema de salud en quiebra que no asegura la cobertura para todos los colombianos y que desangra las finanzas de los hospitales regionales. Y el panorama en el Congreso no es el mejor en estos días porque la coalición inicial del presidente se ha ido agrietando.

En tabla rasa: se ha ido quedando solo, apoyado por el Pacto Histórico, pero cada vez más distante de fuerzas que le aseguren la mayoría necesaria para empujar las reformas. Es especialmente notorio el distanciamiento de varios congresistas del Partido Verde, que formaba parte de la coalición desde la segunda vuelta presidencial y que, se supone, guardaba cercanía con el proyecto de Petro: basta recordar que uno de los históricos sobrevivientes del M-19, Antonio Navarro, pertenece a la dirigencia de este partido.

Quizá también haya que añadir que algunos medios de comunicación no se la están poniendo fácil al Gobierno, porque representan un ideario de oposición de derecha (de extrema, en algunos casos) que busca generar noticias, titulares y ganar audiencia (además de hacer el control político básico). Y que el presidente, a ratos, ha caído en la provocación, pero (y esto es algo que saben los periodistas serios del país) todo grupo político tiene derecho a manejar sus comunicaciones como bien le parezca. Toda esta mezcla de intereses ha llevado al país a una situación de polarización extrema que se siente en las redes y las calles. Una polarización tenaz y atrabiliaria que se aleja de la razón y que no ayuda al debate público, a la conversación sobre este momento histórico que atravesamos.

Seguramente, como diría Pepe Mujica, el mayor reto del presidente será crear consensos en medio de tantos intereses y cultura burocrática. Le tocará dar con el clima propicio que asegure la buena hora de sus reformas y que también permita tocar un tema escabroso del que nadie ha querido hacerse cargo: la distribución desigual de la tierra en Colombia, uno de los países con mayor concentración agraria, fenómeno que se agravó en los peores años del paramilitarismo, pues se estipula que fueron estos actores del conflicto los encargados del despojo del 83% de tierras, arrebatadas a campesinos y que, en muchos casos, fueron a parar a manos de empresas cuestionadas, entre ellas figuran bananeras, de corte extractivo como la Anglo Gold Ashanti y la Continental Gold, o poderosas de corte agropecuario como Argos. Hace poco, el presidente estuvo en un pueblo que se dio a conocer por una cruel masacre paramilitar llamado El Salado. Desde ahí, rodeado de víctimas y con un sombrero vueltiao en la cabeza, aseguró estar haciendo lo posible para que la contrarreforma agraria infame que se adelantó en los peores años de la guerra interna empiece a retroceder y las tierras vuelvan a sus dueños legítimos, campesinos pobres la mayoría de ellos. Después de eso, el presidente ha asegurado en algunas intervenciones, tanto en prensa como desde el palco presidencial, que los enemigos de los cambios están enquistados en todos lados, incluido el Estado y sus principales instituciones. Ha dicho también que, de a poquito, han querido asestarle un golpe blando que empieza en medios, se va regando por la ciudadanía y termina, probablemente, en cuadrillas de agentes armados dispuestos a todo. Por eso, desde que llegó al poder, inició una barrida de altos mandos en todas las fuerzas armadas, estudió hojas de vida, el pasado de cada agente y llamó a calificar servicios. En las calles, la gente se debate entre la esperanza y la desilusión, la expectativa por lo que pueda hacer el primer Gobierno de izquierda en la historia reciente del país. Un Gobierno presidido por un político que ha transitado todos los senderos de la lucha, que ha sobrevivido y que a ratos pareciera ser el mandatario más solitario del mundo.