La Constitución de la República del Ecuador, ratificada mediante referéndum el 28 de septiembre de 2008 y en vigencia desde el 20 de octubre de ese año, y el Plan Nacional para el Buen Vivir, aprobado el 5 de noviembre de 2009, plantean retos acerca de la materialización y radicalización del proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana a partir de la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, para finalmente alcanzar el “buen vivir” de los ecuatorianos. Ecuador busca superar el concepto tradicional de desarrollo.
Un apreciable sector del pensamiento mundial estima que el concepto dominante de “desarrollo” ha entrado en crisis. La perspectiva colonialista desde la cual fue construido ha generado resultados magros –por no decir nulos– en el planeta. La multidimensional crisis global ha demostrado la imposibilidad de mantener la ruta “extractivista” y devastadora para el Sur y con desiguales relaciones con el Norte, cuyo consumismo –prácticamente ilimitado– deberá llevar al mundo entero al colapso de no asegurarse su capacidad de regeneración. De allí que es impostergable impulsar nuevos modos de producción, consumo, organización y convivencia.
Las ideas hegemónicas de desarrollo han generado una cultura que no permite visibilizar experiencias de pueblos y culturas que, sin embargo, forman parte de la sociedad (¿ociedad?); estas operan una visión lineal del tiempo en la que la historia tiene un solo sentido: los países desarrollados constituyen el modelo a seguir y lo que queda fuera de esas ideas es considerado primitivo y retrasado.
Prima, entonces, una concepción de desarrollo como modernización y crecimiento económico, que se mide a través del producto interno bruto (PIB). El desarrollo industrial es el perseguido y es la medida de la modernización de la sociedad. Las causas del subdesarrollo son imputadas a los pueblos “retrasados” y se busca desconocer la existencia de factores exógenos. Además, aparecen los planteamientos del desarrollo humano que parten de la idea de que el desarrollo debe tener como centro al ser humano y no a los mercados o a la producción. Por ende, lo que se debe medir no es el pib sino el nivel de vida de las personas, a través de indicadores relativos a la atención de las necesidades humanas.
El concepto de desarrollo humano enfatiza en la calidad de vida como un proceso de ampliación de oportunidades y capacidades humanas, orientado a satisfacer necesidades tales como la subsistencia, el afecto, la participación, la libertad, la identidad y la creación. La calidad de vida se define por una vida larga y saludable, la capacidad para adquirir conocimientos y acceder a los recursos para tener un nivel de vida decente. El énfasis radica en lo que las personas pueden hacer y ser, más que en lo que pueden tener. No obstante, la satisfacción de necesidades y la expansión de capacidades humanas actuales no deben hipotecar el futuro, por eso se habla de desarrollo humano sustentable, que es inviable sin el respeto a la diversidad histórica y cultural como base para forjar la necesaria unidad de los pueblos. Conlleva, eso sí, elementos fundamentales, tales como la igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y los hombres, entre pueblos y nacionalidades, entre niñez, jóvenes y adultos. Implica, además, la irrestricta participación ciudadana en el ejercicio de la democracia.
Pero si bien el concepto dominante de desarrollo ha mutado, ha sido inmune a cuestionamientos. Ha resistido frente a posiciones feministas, ambientales, culturales, comunitarias, políticas, etcétera, y sus críticos implacables han sido incapaces de plantear conceptos alternativos. Por esto, en el Sur, es necesario encontrar propuestas que permitan repensar las relaciones sociales, culturales, económicas y ambientales desde otro prisma. Siguiendo el nuevo pacto de convivencia afirmado en la Constitución Política del Ecuador, en vigencia desde 2008, el plan nacional propone una moratoria de la palabra desarrollo para incorporar en el debate el concepto del buen vivir.
Es así como la estrategia de mediano plazo para propiciar la ruptura con el concepto tradicional de desarrollo propone la democratización de los medios de producción, redistribución de la riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de organización; la transformación del patrón de especialización de la economía a través de la sustitución selectiva de importaciones; el aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y destinos mundiales; la inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana; la transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación.
También, la conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la información; el cambio de la matriz energética; la inversión en el marco de una macroeconomía sostenible; la inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia; la sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento del turismo comunitario; el desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización, y el poder ciudadano y protagonismo social.
Acercándose al buen vivir
El aporte de los pueblos indígenas andinos es el sumak kawsay: la vida plena. La noción de desarrollo no existe en su cosmovisión, pues el futuro se encuentra atrás, es todo aquello que no miramos, que no conocemos. En la orilla opuesta, al frente, el pasado lo vemos, lo conocemos, caminamos junto a él.
El pensamiento ancestral es ante todo y por sobre todo eminentemente colectivo. La concepción del buen vivir necesariamente conjuga el verbo con el pronombre “nosotros”. La comunidad es sustento, protección y base de la reproducción del sujeto colectivo que somos. “El universo es permanente, siempre ha existido y existirá y solo el tiempo lo cambia”, dice un pensamiento kichwa [quichua]. Por esto, al dañar la naturaleza, nos hacernos daño nosotros mismos.
La concepción del buen vivir converge en algunos sentidos con otras concepciones también presentes en el pensamiento occidental. Es así como Aristóteles ya se refirió al buen vivir. Para él, el fin último del ser humano es la felicidad de todos, que es la felicidad de cada uno, y solo se realiza en la comunidad política. En este marco, relaciona la felicidad con la amistad, el amor, el compromiso político, la posibilidad de contemplación en la naturaleza y de la naturaleza. Todos estos ámbitos son olvidados usualmente en el concepto dominante de desarrollo.
En el siglo xviii, el gran precursor de la independencia de Quito, Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo (1747-1795), fue el primero en Hispanoamérica que hizo del pensamiento y la palabra una misión de servicio social y significación política. El maestro universitario dominicano Rafael Morla, quien le ha atribuido la proeza, reproduce esta sentencia de Santa Cruz y Espejo plasmada en El nuevo Luciano de Quito: “ […] Arte del bien vivir, el arte de la vida, facultad intuida para dirigir y perfeccionar las costumbres, ciencia del bien y del mal, esto es, ciencia práctica que considera los actos de la voluntad en cuanto ellos, conformados según las leyes de la honestidad, se dirigen a la eterna felicidad del hombre”.
La Constitución Política del Ecuador de 2008 y el Plan Nacional para el Buen Vivir son su corolario.
Principios para vivir
La combinación de las orientaciones éticas y programáticas del buen vivir apunta a la articulación de las libertades democráticas con la posibilidad de construir un porvenir justo y compartido. Sin actuar sobre las fuentes de la desigualdad económica y política no cabe pensar en una sociedad plenamente libre. Por esto, el desenvolvimiento de tal sociedad depende también, y mucho, del manejo sostenible de los recursos naturales.
Se trata, desde luego, conforme coinciden varios autores, de promover la construcción de una sociedad que profundice la democracia y amplíe su incidencia en condiciones de igualdad radical social y material. Se necesita el fortalecimiento de la sociedad y no del mercado –tal cual en el neoliberalismo–, ni del Estado –tal cual en el denominado socialismo real–, como eje orientador del desenvolvimiento social. Este fortalecimiento consiste en promover la libertad y la capacidad de movilización autónoma de la ciudadanía para realizar voluntariamente acciones cooperativas, individuales y colectivas. Capacidad que exige que la ciudadanía tenga un control real del uso y de la asignación de la distribución de los recursos tangibles e intangibles del país.
De otro lado, el principio rector de la justicia relacionado con la igualdad tiene que materializarse en la eliminación de las desigualdades que producen dominación, opresión o subordinación, así como en la creación de escenarios que fomenten una paridad que viabilice la emancipación y la autorrealización de las personas, desde donde los principios de solidaridad y fraternidad puedan prosperar.
El buen vivir en la Constitución
En la Constitución se supera la visión reduccionista del desarrollo como crecimiento económico y se establece una nueva visión en la que el centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es alcanzar el sumak kawsay o buen vivir. Tal es la apostilla que el Gobierno nacional ha endilgado al Ecuador frente a la falsa dicotomía entre Estado y mercado, impulsada por el pensamiento neoliberal ya que la Carta Magna formula una relación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza.
En el Ecuador, el buen vivir es una opción de cambio propuesto que se viene construyendo democráticamente a partir de las reivindicaciones de los actores sociales, para reforzar una visión más amplia del desarrollo, que sobrepase los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo.
La propuesta permitirá la aplicación de un nuevo modelo, cuyo fin no sean los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que incorpore a los actores tradicionalmente excluidos de la lógica del mercado capitalista, junto con aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios distintos a esa lógica de mercado.
Por tanto, el buen vivir se construye también desde posiciones que buscan la revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo,4 en tanto la actividad humana debe realizar un uso de los recursos naturales adaptado a la generación y regeneración natural de los mismos.
En la Constitución Política del Ecuador, el artículo 275 hace hincapié en el goce de los derechos como condición del buen vivir y en el ejercicio de la responsabilidad en el marco de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza. No conozco otro caso, a nivel constitucional, en el cual la norma suprema reconozca los derechos de la naturaleza, pasando así de una visión de ella como recurso a otra, totalmente diferente, en la que “es el espacio donde se reproduce y realiza la vida”.
La Carta Magna recupera el rol de la planificación, regulación y redistribución del Estado. No es una visión estatizante, en la cual el antiguo papel del mercado es sustituido de manera acrítica por el Estado. Por el contrario, al fortalecer y ampliar los derechos y al reconocer la participación como elemento fundamental en la construcción de la nueva sociedad, la Constitución busca su fortalecimiento. Para la Constitución en vigencia desde 2008, el sumak kawsay implica, además, mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo, garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana y promover y proteger la diversidad cultural.
La importancia que se da a la diversidad en la Carta Magna no se restringe al plano cultural, sino que se expresa también en el sistema económico. La constitución reconoce al sistema económico como social y solidario, incorporando la perspectiva de la diversidad en su concepción y superando la visión que definía al sistema económico como social de mercado. Esto su pone revertir la lógica perversa de la acumulación capitalista, apoyando las iniciativas económicas de la población desde la perspectiva del trabajo para que la riqueza quede directamente en manos de los trabajadores.
Objetivos del plan del buen vivir
El Plan Nacional para el Buen Vivir plantea doce objetivos:
1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.
2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
3. Mejorar la calidad de vida de la población.
4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sostenible.
5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.
7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.
8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.
11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
12. Construir un Estado democrático para el buen vivir. Con ellos se percibe que el Plan Nacional para el Buen Vivir del Ecuador ostenta una mirada integradora, basada en un enfoque de derechos que no se limita a lo sectorial tradicional y exhibe como ejes: la sostenibilidad ambiental y equidades de carácter generacional, intercultural, territorial y de género.
En los objetivos nacionales planteados se definen políticas y lineamientos necesarios para el logro de metas que permitan hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por el Gobierno, estas, a su vez, rompen con las inercias burocráticas e institucionales y muestran el compromiso gubernamental de cumplir con la transformación prometida.
En todo caso, el buen vivir profundizará la democracia mediante la participación. Por eso es fundamental la reestructuración del Estado para la construcción de una sociedad plural, plurinacional e intercultural y para alcanzar el pluralismo jurídico y político, pues desde su perspectiva se parte del reconocimiento del Estado como “constitucional de derechos y justicia” (artículo 1 de la Constitución) frente a la noción de Estado social de derechos, lo cual implica el establecimiento de garantías constitucionales que permiten aplicar directa e inmediatamente los derechos, sin necesidad de que exista legislación secundaria. La Constitución amplía además las garantías sin restringirlas a lo judicial: normativas, políticas públicas y jurisdiccionales. De este modo, la política pública pasa a garantizar los derechos.
El lector interesado en profundizar acerca del avance de esta innovadora propuesta al mundo encontrará abundante y permanentemente actualizada información en las páginas electrónicas institucionales de las diversas dependencias gubernamentales ecuatorianas y verá cómo una utopía se convierte en realidad. Para el Ecuador pues, conforme lo expresó el general Eloy Alfaro, “hizo falta que llegara la hora más oscura para encontrar un nuevo amanecer”; ese nuevo amanecer es el Ecuador inclusivo de hoy.
Notas
1- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1997. Informe sobre Desarrollo Humano.
2- Modernidad e Ilustración en Hispanoamérica, Rafael Morla, primera edición, 2010, Editorial Búho, Santo Domingo.
3- Presidente Rafael Correa: vivimos un cambio de época, no una época de cambios. Discursos presidenciales. 4 Alberto Acosta, 2008, El buen vivir, una oportunidad por construir.
