Revista GLOBAL

Ecosistemas dominicanos: colapso inminente

por César A. Vargas Pimentel
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La República Dominicana está al borde de una gran crisis medioambiental. Nuestros ecosistemas se encuentran fragmentados y en puntos de quiebre o de no retorno. Estamos ante un choque de paradigmas legales: el que sigue a la propiedad privada del Estado con sus atribuciones absolutas y el de la función social de la propiedad que debe servir a la comunidad, en este caso el planeta. ¿Estamos conscientes de la gravedad de la situación? Este texto nos invita a conocer la realidad que nos aguarda y a pensar cuál debe ser el rol de la sociedad frente a este colapso. 

El uso no razonable de los ecosistemas para proveer agua, suelo, alimentos, fibras, minerales, y asegurar el crecimiento de la economía coloca a los mismos en una inminente desintegración. Nuestros ecosistemas presentan puntos sin retorno agravados por la pérdida de conectividad natural. Los más representativos están camino a la desintegración. Un ecosistema se desintegra cuando ha sido afectado en por lo menos un 70%. Eso hace que no pueda autorregenerarse y se transforme en uno distinto que usualmente pierde productividad y cambia sus objetivos de conservación. 

Además del daño hecho por el abuso en la extracción de agua, madera y minerales, además de la descarga de aguas residuales, pesticidas, aerosoles y gases de efecto invernadero, existe otro problema que opera silenciosamente: se trata de la interrupción de la conectividad de los seres vivos entre sí y entre estos y los elementos que los rodean. Esto que sabíamos desde hace mucho apenas estamos reconociéndolo jurídicamente.

El alcance de la conectividad se encuentra limitado por las fronteras de nuestros conocimientos científicos. Por eso en estos momentos desconocemos a ciencia cierta su dimensión y eso nos pone en una posición delicada que puede, con cada acción humana, degradar aún más el ambiente. Sin embargo, hemos hecho avances en la materia, como muestra el haber sido capaces de determinar cuánto cuesta cada ballena y cuánto contribuye a combatir el cambio climático. Igual sucede con el papel que juega el secuestro de carbono de los manglares o el metano almacenado en los fondos marinos congelados que se ven amenazados por el aumento de las temperaturas del océano ante el bombeo de dióxido de carbono. Al ser este conocimiento tan reciente, todavía no se toma en cuenta en las políticas públicas. 

La conectividad es más que una dependencia mutua palpable, pues constituye una fuerza tan indispensable e invisible como la gravedad. Actúa, sabemos que está, pero desconocemos su magnificencia, potencia y autonomía. Pero justo ahí se asoma el problema: el Derecho es una ciencia social y debe limitar su alcance, so pena de regular inapropiadamente lo que desconoce o desbordar su responsabilidad. No puede el Derecho mandar a criar animales para que solo engendren hembras, sobre la base de conocer la pérdida de ejemplares de ese sexo ante una catástrofe ambiental. ¿Cómo podría el Derecho determinar la escogencia aleatoria del sexo en la fecundación? Esto, evidentemente, escapa a sus obligaciones. En otra situación, por ejemplo, el derecho ambiental no puede prohibir la presencia de microorganismos en los viajes espaciales sobre la base de posibles cambios en las estructuras genéticas extraterrestres, pues no sabe siquiera si existen. 

Limitar la conectividad de los ecosistemas es también eficientizar la aplicación del Derecho. Cuando declaramos un área protegida nos vemos obligados a limitarla geográficamente. ¿Por qué? Se debe a que limitamos el área y no la consideramos mayor o menor. ¿Cuáles son esas razones que nos hacen limitar? Por un lado, nuestro conocimiento actual sobre lo que se conoce como la caracterización base del ecosistema, es decir, la descripción de los elementos vivos y no vivos del área. Por ejemplo, Los Haitises. Allí encontramos manglares, aves, reptiles, varios tipos de suelo, vientos predominantes, pluviometría, cavernas, humedad, flora, clima, etc. A eso se suma una lógica más basada en las normas del mercado y de carácter totalmente humano, que es la de garantizar bienes a la economía. Resulta evidente que no establecer un límite geográfico a esa conectividad que no se pierde ni se interrumpe nunca con las demás áreas del país, con el Caribe o con el planeta, provoca un corte en el suministro de alimentos.

La Convocatoria de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano (United Nations Conference on the Human Environment), llevada a cabo en Estocolmo (Suecia) en el año 1972, basada en los estudios de Donella y Dennis Meadows, fue el espejo que nos permitió salir del estado ilusorio, cual cuento de Lewis Carroll, pues desencadenó una preocupación global al afirmar que la economía mundial empezaría a sentir los efectos de los límites de los ecosistemas para abastecer la creciente demanda poblacional en el mundo. Esta conferencia constituye la primera declaración de emergencia climática. 

El mundo crece vertiginosamente, pues en el año 1800 éramos 1,000 millones, en 1900 llegamos a los 2,000 millones, pero en 1970 habíamos duplicado la población mundial, o sea, llegamos a 4,000 millones de habitantes. Lo que tardaba un siglo en duplicarse, bajó a 70 años y actualmente estamos sumando 1,000 millones cada 12 años. Hoy en día somos unos 8,000 millones. Caminamos hacia un mundo superpoblado que ha comprometido la biocapacidad de la tierra para absorber los residuos y proveer agua, suelo, fibras y minerales a cada ser humano vivo… Al ritmo actual estamos consumiendo la tierra 1.75 veces por encima de su biocapacidad.

Por otra parte, se programan ordenadores para alimentarlos con algoritmos e incluso creamos algo superior llamado inteligencia artificial para mejorar las instituciones, los sistemas y las máquinas, y siempre estamos dispuestos a rescatar las economías colapsadas o en problemas con miles de millones de dólares, pero no se puede acceder a esos fondos para mejorar la educación de nuestras comunidades en materia ambiental, o peor aún, tenemos dinero para construir presas en las sierras pero no para cuidar los bosques ni su ciclo hidrológico. Estos hechos, vistos detenidamente, son contradictorios. 

Los problemas que acosan a los ecosistemas a nivel global son graves y escapan a los gobiernos. 

Así, los acuerdos alcanzados en París en el 2015 siguen siendo tibios, imposibles de cumplir, sea por voluntad política, por falta de fondos, o por prioridades como erradicar la malaria, construir hospitales o mejorar la seguridad nacional. Por eso, el propio Acuerdo de París, aunque tiene un objetivo medible que hace considerarlo como un verdadero cuerpo positivo del derecho internacional ambiental, se sigue considerando un softlaw4 por carecer de consecuencias su incumplimiento. El principal obstáculo es cómo cumplir con la descarbonización sin desacelerar la economía, lo que contribuye al desorden social y a cambios bruscos en la democracia. 

La preocupación global por la situación del planeta la muestran personalidades de los más variados sectores, como el magnate tecnológico Bill Gates, los actores Leonardo DiCaprio y Jane Fonda, y el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore. 

El radicalismo de Greta Thunberg, que molesta a muchos, es una exigencia justa de cambios
necesarios y esperados que deben acelerarse. Si no hay presión social, los líderes no tomarán medidas que tengan costes políticos, por eso se hace necesario que el cambio se dé primero en los individuos. No basta con cambios tibios de actitudes y aumentos de conciencia, de lo que se trata es de pasar a la acción, asignando capital para investigación y desarrollo, masificar y abaratar el costo de la energía, el transporte y la educación, produciendo bienes y servicios que contaminen menos hasta que podamos llegar a impacto cero o impacto mínimo. 

El problema de descarbonizar la economía se debe iniciar en las aulas, las casas, el trabajo, los bares, el transporte, la industria, la agricultura, y en todas las esferas de la vida social. Son 36,000 millones de gigatoneladas de CO2 las que estamos emitiendo cada año. Aunque dejemos de emitir dióxido de carbono en 10 años, la temperatura seguirá aumentando como consecuencia del CO2 acumulado en la atmósfera y el océano. Descarbornizar la economía actual para que emita como lo hacía en 1990 será una tarea gigante que tendrá que abordarse sin desacelerar el crecimiento económico de los pueblos, en especial el de China, India, Brasil, México y otros países emergentes que están emitiendo muchísimo carbono, pero que a su vez están consiguiendo verdaderos avances en mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros somos testigos de estos cambios y coautores de la presente crisis ambiental. Aunque existen responsabilidades compartidas y diferenciadas, todos somos deudores de la hipoteca de la Tierra. ¿Cómo pagar nuestras cuotas? Debemos pagarlas primordialmente con la reducción de nuestra huella de carbono. 

Dicen que los sueños no son reales, sino que son imágenes adelantadas de lo que podemos lograr: Leonardo da Vinci pensó en un ave de hierro que volaba; Jacques Costeau, en que podíamos ver debajo del agua; James Watt, en el motor de combustión interna; Alexander Graham Bell, en la comunicación a distancia; y todo eso ha ocurrido y se expresa en programas computacionales, equipos, tecnología, conocimiento y desarrollo. 

El conocimiento actual nos ayudará a aumentar la biodiversidad diezmada o incluso desaparecida. Podríamos traer al mamut de vuelta a las estepas siberianas. Es posible que con la tecnología actual podamos mejorar las tasas de reciclaje, pero también hacer nuevos empaques, descarbonizar la atmósfera rápidamente, equilibrar el pH del océano y hacer florecer desiertos y tierras deforestadas. Tal y como muestra la historia de la ciencia y la tecnología moderna, un simple cambio en una máquina o un nuevo invento pueden eliminar un problema. 

Vivir en sociedad asegura la dignidad de todos. Nos responsabilizamos de que nuestras acciones no dañen innecesariamente a los demás. Aunque a usted le guste estar solo o no crea en dioses, un adagio árabe dice que «cuando comemos es mejor agradecer a Dios que quedarse callado». Vivir en sociedades verticales trae más ventajas que inconvenientes. Es posible que ya no podamos seguir la costumbre de habitar viviendas unifamiliares con patio, al deducir que tendrá un coste en el crecimiento demográfico.

Pero, por otra parte, construir ciudades con alta densidad poblacional, administradas eficiente y efectivamente en cada uno de sus sistemas y estructuras (aguas residuales y agua potable, energía, transporte, manejo de residuos) reduce los costos de operaciones para la satisfacción de las necesidades humanas, lo que puede ser una buena respuesta a la carencia de bienes. 

Las degradaciones ambientales que hoy afectan a muchos países se deben a la conectividad. Hay daños que son locales, pero hay otros que evidentemente afectan a toda una región o al planeta. Ante esta situación real y actual, no podemos seguir callados e inmóviles y debemos pasar a promover un cambio de vida más respetuoso con el ecosistema. Por ejemplo, se podría comenzar rechazando productos que no se puedan reciclar y fortaleciendo las cadenas de reciclaje. Consumir productos que tengan menor impacto en el planeta, que demanden menos agua, no usen ecosistemas agotados ni animales en peligro de extinción (tigres, cocodrilos, elefantes, tiburones) debiera ser la norma. 

Una respuesta en los derechos de propiedad 

Hace años, cuando asistía a las cátedras de Derecho Civil, siempre se afirmaba que el derecho de propiedad era un derecho absoluto, cuyo titular podía hacer con su tierra, propiedad o fundo lo que quisiera. Por otra parte, la cátedra de Derecho Romano ya estudiaba los conflictos que se suscitaban por las famosas inmisiones de los fundos de queserías y curtiembres que existían en Roma, pues contaminaban con malos olores y humos a los vecinos. No obstante, esta situación, se seguía considerando que el daño ocasionado, siempre que no rebotaba en los dueños individuales, escapaba a los terceros, es decir, a la comunidad. Cuando afectaba a los individuos, se podía hacer cesar. 

El concepto de bien común se entendía como una extensión de lo privado, que, aunque ya no era absoluto —pues no podía nadie apropiarse individualmente de lo común—, todos podían usufructuar sin afectar el derecho del otro a hacer lo mismo (es decir, podías pescar en el mar, pero no prohibir a otro que lo hiciera, pues ese derecho no era excluyente). El titular seguía teniendo el derecho a uso, como sería el de cazar en la propiedad al tiempo que lo hacían otros, descargar residuos, alimentar animales, caminar, bañarse o navegar. El derecho-propiedad en su carácter individual impide que, una vez apropiado, otro pueda reclamar derechos sobre ese bien. Quiere decir que, en principio, se excluye de los potenciales derechos de propiedad. 

En tiempos de los romanos, no había conocimiento acerca del daño al bien común, pues, de todos modos, la función del bien común era servir a la necesidad social de la vida humana. ¿Qué ocurre cuando no actuamos en consideración con el ambiente —que es un bien común y un ecosistema indispensable para la vida—, y dejamos que los efectos multiplicadores y acumulativos de las acciones humanas que lo dañan se esparzan por todo el ecosistema global? Es necesario repensar la gestión de los bienes comunes, caminando hacia esquemas mixtos de gestión entre lo público y lo privado para mejorar su eficiencia. 

Los nuevos mecanismos de participación 

El hacer protagonistas a los individuos al formular su desarrollo y construir el tipo de comunidad que quieren se ha planteado en muchas leyes que exigen la necesidad de consulta pública, licencia social y consentimiento previo.6 Son todos mecanismos del juego democrático y del Derecho que persiguen asegurar que los individuos que impactan el medio ambiente se vean beneficiados e informados. 

Lo que en la práctica ocurre, sobre todo en los proyectos mineros, es que, una vez se aprueban, son poco supervisados por las autoridades, convirtiendo su rol regulatorio en defensor de las licencias que otorga. Cuando el Estado dominicano decide ser socio de una de las mayores mineras del mundo para explotar oro en suelo nacional, está comprometiendo su imparcialidad y vigilancia. Cuando los medios políticos mayoritarios (los grupos de poder con influencia) deciden el tipo de industria a desarrollar, se basa entonces el crecimiento en actividades que pueden afectar la productividad de los ecosistemas, la calidad de vida de las personas y, sobre todo, desactivar la capacidad de resiliencia ecosistémica, es decir, que una vez dañados puedan volver a regenerarse. No sabemos qué capacidad tiene, por ejemplo, el ecosistema de la provincia Sánchez Ramírez para neutralizar los residuos y revertir la deforestación que se produce como consecuencia de la extracción de oro y otros minerales. 

Otro ejemplo que nos ayuda a entender los límites es el crecimiento vertiginoso de hoteles y centros recreacionales en toda la costa de la provincia de La Altagracia (Punta Cana Bávaro Uvero Alto). ¿Cómo saber cuántos hoteles pueden instalarse y qué tipo de actividades se soportan?, ¿cómo determinar cuándo empezamos a afectar los arrecifes de coral, las costas donde anidan tortugas, las praderas de Thalassia, los manglares, los humedales, la vegetación costera, las aves y la fauna marina? ¿Cuánto espacio dejaremos a las demás especies y al funcionamiento del ecosistema sin que este se desintegre?

El sistema de evaluación ambiental está concebido para condicionar la operación de proyectos individuales (hoteles, avenidas, restaurantes), pero no para pensar en el ecosistema general de la provincia. En un plan de ordenamiento territorial que trabaje junto a la evaluación ambiental estratégica, se debe determinar el límite de Higüey para albergar más hoteles, restaurantes y proyectos. Así, es necesario saber cuántos vehículos transitarán, su tamaño, cuáles serán sus emisiones, velocidades, capacidades, qué dimensión debe tener el relleno sanitario, qué tecnología usará, el sistema eléctrico de distribución que se utilizará, cómo será el sistema de distribución del agua potable, y adónde va el agua residual. 

También debe tomarse en cuenta cómo se verá afectada la biodiversidad por la sustitución del ecosistema natural por jardines, así como por las obras recreacionales tales como piscinas, miradores, bares, terrazas, salones, canchas, habitaciones, zonas industriales, y parqueos. ¿Qué va a pasar con los insectos y con las aves? ¿Cómo aumentarán algunas especies más urbanas —como gatos, perros, ratones y moscas— y disminuirán otras nativas —como tortugas, moluscos, cangrejos, halcones y cotorras—? ¿Cuáles entonces serán los mecanismos de monitoreo y compensación que se utilizarán? ¿Cuándo puede el sistema apelar a las restauraciones o compensaciones para seguir justificando este modus operandi que mientras ofrece servicios y trabajo, contribuye con impuestos y mejora la vida de la gente, a su vez disminuye el caudal ecológico natural y común? 

Hoy existe mucha preocupación por el deterioro del océano, con islas gigantes de plásticos, zonas sin vida, cementerios de corales, pérdida de poblaciones de tiburones y ballenas, acidificación, aumento de la temperatura y un largo etcétera. Las construcciones y actividades en la zona costera, es decir, a un kilómetro de la playa, y sobre todo en los 60 metros de protección,8 requieren ser vigiladas pues afectan la dinámica costera y su productividad. Igual ejercicio debe hacerse con todos los asentamientos humanos e industriales en todas partes del país. Nadie se opone al desarrollo, al mejoramiento de las condiciones de vida, pero debe hacerse en armonía con los derechos individuales y el ambiente. Legalmente, nadie debe sufrir daños por causa de terceros, y cuando emitimos contaminantes eso es lo que hacemos, causando un menoscabo en el caudal ecológico de los bienes comunes. La vigilancia de dichos bienes (ríos, áreas protegidas, montañas, bosques) está compartida por el Estado y los ciudadanos. 

No debemos agotar los límites de los ecosistemas, pero las sociedades, sobre todo las menos desarrolladas, luchan cada día por sacar a sus ciudadanos de la pobreza.9 Si no se cuenta con la tecnología y los medios necesarios, deberá apelarse razonablemente al principio de precaución. La información científica y la tecnología deben servir para progresar siempre que no se dañe a otro; y aunque se encuentre petróleo en territorio nacional, deben saber esos inversionistas que siempre tienen que pagar por los daños ajenos, aun cuando hayan obtenido las licencias de exploración y explotación. 

¿Puede la tecnología actual minimizar o evitar los daños al ambiente?10 Para responder esta pregunta hay que tomar en cuenta dos variables. Primero, ¿conocemos bien cómo funciona la conectividad entre los ecosistemas y sus límites? No, no lo sabemos aún en 2022. Y segundo, ¿qué tan limitado es el conocimiento humano para inventar tecnología?, ¿qué sabemos y qué desconocemos? 

Comencemos recordando las predicciones del economista Thomas Malthus acerca de las poblaciones humanas y su capacidad para alimentarse. Su teoría no tomó en cuenta variables importantes como la tecnología, las innovaciones, los descubrimientos, la medicina y los fertilizantes. Hoy sabemos que sus predicciones no se cumplieron. 

Básicamente, los avances en la agricultura —que permiten aumentar la productividad de la tierra por hectárea, así como la aplicación de semillas modificadas para soportar sequías y plagas, además de los fertilizantes—, y en la medicina —la penicilina, los cuidados prenatales, entre otros— fueron hitos que permitieron mejorar los niveles de productividad, garantizando que muchas más personas pudieran alimentarse con los mismos recursos que hace 200 años. 

Si la teoría basada en el crecimiento exponencial de las poblaciones humanas versus el crecimiento geométrico de la productividad vislumbraba problemas de abastecimiento global, la tecnología fruto del ingenio humano cambió todo este escenario. Adivinar el futuro hoy día resulta complicado, pues los saltos en las tecnologías son inmensos; por ejemplo, hace unos años un experto en computadoras y electrónica predijo (Gordon Moore, 1965) que los transistores aumentarían al doble su capacidad cada dos años con mínimo costo. Esta afirmación se cumple hoy y se conoce como la Ley de Moore. Este salto en la capacidad de los transistores ha hecho posible que los teléfonos inteligentes se conviertan en un instrumento inseparable de nuestras agendas cotidianas. 

La tecnología actual se ha convertido en una aliada de la calidad de vida pues democratiza el acceso a la información, a bienes y servicios, e incluso disminuye los costes de transporte, tiempo, procedimientos, además de proveer infinitas soluciones. Determinar los impactos positivos y negativos de un proyecto humano requiere sopesar las necesidades actuales básicas de la sociedad. Es decir, no podemos parar de golpe la extracción de petróleo pues mucha gente moriría de frío y de calor, por más gases de efecto invernadero que estemos bombeando. Por otra parte, no podemos seguir explotando los bancos de bacalao hasta agotarlos, basándonos en la demanda del mercado. 

Las innovaciones deben ponerse al servicio de los ecosistemas y no solo de los humanos. En los últimos años se ha registrado un avance de las tecnologías verdes —como eólica, solar, mareomotriz, y también la nuclear—, que ayudan a cumplir algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (2015). Es importante impulsar las tecnologías en ese sentido, pues se necesita reducir los niveles actuales de dióxido de carbono, que ya rebasan los 420 ppm. 

Ya sabemos que, aunque lográsemos reducir las emisiones a cero, o ser neutrales, el mundo continuaría calentándose en las próximas décadas. El Panel de Expertos Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha disminuido en sus seis informes los niveles de incertidumbre científica, afirmando que «el ser humano ha alterado el clima indudablemente».11 

Ya no se habla sobre si hay cambios en los patrones del clima, se habla de cuáles serán nuestras acciones adaptativas a esos cambios que experimentan los ecosistemas, y cuáles serán nuestras contribuciones inmediatas a la comunidad, empresa, club, Estado y familia. Todos debemos preocuparnos por el cambio climático. De acuerdo con algunos informes, este podría exacerbar los conflictos sociales por el acceso a recursos ya agotados, tierras desertificadas, cursos de agua, y olas de calor y frío. Incluso se habla de mayores posibilidades de guerras y conflictos armados. Cuándo y cómo ocurrirá esto no lo sabemos con certeza. Pero los países que comparten recursos naturales y fronteras se verán cada día más tentados a explotar los recursos disponibles, lo que en un caso podría poner a otro país en franca desventaja. Véase el caso del uso de las aguas del río Masacre entre República Dominicana y Haití. 

La creación de instrumentos internacionales se multiplicará como mecanismo para evitar los conflictos entre Estados y provincias por el uso de agua, pesca, generación hidroeléctrica, manejo inadecuado de químicos, vertidos de aguas residuales y pruebas de armas químicas, entre otros. Cada día hay más presión sobre el Gobierno de Brasil por su gestión inadecuada de la Amazonia, la cual alberga el 20% del agua dulce del planeta, el 10% de las aves, miles de insectos, tribus no contactadas y la mayor selva del planeta. Constituye un ecosistema estratégico para el planeta que se está fragmentando y desforestando. Abarca casi 7 millones de km2, es interés de todos, y ya no puede ser fáctica ni jurídicamente de los brasileños, quienes a su vez comparten el ecosistema con otros siete países, aunque Brasil tiene la mayor parte del territorio de la Amazonia. 

La visión propia del siglo XIX, donde primaba la idea de que los Estados son soberanos y tienen derecho absoluto a sus recursos naturales, está en franca colisión con el carácter estratégico de la Amazonia y su función en la provisión de capital natural mundial. Existe franca conectividad entre el desierto del Sahara y la selva amazónica, entre la selva y las lluvias, entre la selva y el secuestro de dióxido de carbono, entre esta y el clima regional y mundial. ¿Cómo serán los cambios en la doctrina de no intervención de los Estados mientras se ve que los países que rodean la Amazonia no hacen lo suficiente para impedir que se siga deteriorando y que alcancemos un punto de no retorno en el ecosistema? Este punto de quiebra ya está́ en marcha; y de ser un sumidero de carbono de la atmósfera, debido a la deforestación y el uso de tierras agrícolas se está convirtiendo en un emisor positivo de dióxido de carbono que complica la situación mundial de crisis climática. 

Estamos ante un choque de paradigmas legales, el que sigue a la propiedad privada del Estado con sus atribuciones absolutas y el de la función social de la propiedad que debe servir a la comunidad, en este caso el planeta. Aunque defiendo los derechos de propiedad, también reconozco la necesidad de armonizar ambos derechos en pos de un bienestar común, como puede ser salvar un río, una especie, un manglar o una selva. Debemos trabajar para armonizar las leyes absolutistas que nos han guiado históricamente, desde los romanos, con leyes que reconozcan la importancia o beneficio de estos ecosistemas como la Amazonia, los polos árticos y antárticos, los desiertos, los humedales, las marismas y los manglares de la India. 

Hay cambios que advierten que vamos en una dirección correcta, como son la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América de 1940 y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana del 2004 —con énfasis en su capítulo ambiental (17)— o el mismo Acuerdo de París del 2015, que ha establecido la necesidad de hacer las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). Las cláusulas que establecen condicionantes o limitaciones a sectores económicos que afectan los intereses ambientales quedan debidamente establecidas. Esto se puede ver ante la prohibición expresa de no disminuir los niveles de protección ambiental para favorecer sectores o industrias. 

El caso de la Amazonia es un caso tangible y más fácil de limitar, pues, como dijimos, su superficie se comparte entre ocho Estados, aunque Brasil es el que más superficie tiene. En ese sentido, se necesita limitar, siempre sobre la base de información científica disponible, cuáles cosas pueden o no pueden hacer los países. Es evidente que debe existir un derecho a las minorías. A las tribus se les reconoce un derecho a pescar, cortar y usar la naturaleza basado en premisas como autodeterminación, propiedad de la tierra, respeto a su cultura, creencias, pero también está el impacto ambiental conocido. 

¿Qué ocurriría si por las condiciones actuales de la Amazonia, como son la expansión de la agricultura, la deforestación y el cambio climático, pudiéramos identificar que los usos culturales de los yanomamis atentan contra una especie en particular? Imaginemos que corten anualmente como parte de sus ritos la ceiba petandra, árbol considerado sagrado, y que sus poblaciones se declaren al borde de la extinción. ¿Cómo manejarían esta situación los Estados? ¿Cuál debe primar, el derecho de propiedad absoluto y de autodeterminación o la función social y el bien de la especie en peligro? Hay que tomar en cuenta que estos bienes y derechos culturales pueden no conocer el funcionamiento de los ecosistemas, un atributo de reciente dominio en las sociedades modernas. Ya hemos dicho que desconocemos la conectividad y los límites reales de los ecosistemas. Otra vez habría que apelar a la prevención, la cual opera cuando hay certeza del daño o riesgo de producirse con alguna actividad. 

Sabemos que la Amazonia es un sumidero de carbono, controla el clima de la región, provee alimentos, vestido y protección a millones de personas, conserva la mayor muestra de biodiversidad del mundo, el 20% del agua del planeta, bombea oxígeno fresco, pero es muchísimo lo que desconocemos. Recientemente se ha encontrado una relación directa entre arrecifes de coral muy apartados de su cuenca. Esto se está estudiando. También se sabe que el polvo del Sahara fertiliza el bosque, haciéndolo más productivo. 

Si sabemos que la Amazonia es clave para el mantenimiento de las condiciones de equilibrio del ecosistema, o póngase al revés —si no sabemos cómo lo alterará—, me pregunto cómo podría un ciudadano chino o de Nueva Zelanda considerarse legitimado12 en términos procesales para solicitar a un Estado en particular que disminuya los daños. 

Esta idea no parece descabellada pues el daño a este ecosistema que bombea agua y secuestra carbono se convierte en un daño erga omnes o de lesa humanidad. Podríamos en términos jurídicos hacer valer esta capacidad en los próximos años. Yo pienso que sí. Ya ocurre en términos fácticos. Lo que faltaría es que el derecho los haga positivos. El proceso está en marcha, pues ya se reconocen los derechos de la naturaleza, y a los animales se les considera personas no humanas. 

Creo que bastaría con argumentar cuatro cuestiones cruciales que son: el derecho común de todos a no sufrir daños de terceros, la relación de causalidad (determinar que tal acción causa tal efecto), evidencia científica para demostrarlo más allá de toda duda razonable, y la posibilidad de cuantificar y demandar el daño. 

El derecho, junto a la globalización, nos invita a repensar la ONU, el PNUMA, el IPCC, la OMM, la OMC, la OIT, y a limitar las acciones que sabemos que afectan el derecho de terceros a no ser perturbados o a disfrutar de los recursos naturales. Esto hacen los distintos acuerdos aprobados como son el Convenio de Biodiversidad, Basilea, Rotterdam, Kioto y Minamata. Estos tratados y otras cumbres de diálogo abren la brecha para establecer fácticamente una jurisdicción, un interés común mínimo, un nivel de información verificable por todos y un mecanismo global paraque las limitaciones a las actividades humanas se hagan operativas, pero siempre razonables. La razonabilidad implica evaluar costes sociales y ecológicos. El acuerdo comercial DR-CAFTA ha creado la Secretaría, órgano mediante el cual se puede documentar un caso y denunciar el no cumplimiento de la aplicación de la legislación ambiental nacional por una de las partes al promover una competencia desleal ambiental (dumping ambiental). 

Nuestro país comparte territorio con otro igual de poblado, aunque con menor superficie y en condiciones de vida caracterizadas por la miseria. El ecosistema de la isla ya se ha fragmentado por las divisiones políticas y geográficas. Las actividades de cada Estado a cada lado de la frontera ponen en peligro el funcionamiento de los ecosistemas.13 Según los estudiosos, el colapso del ecosistema completo de la parte occidental de la isla ya ocurrió y lo que está pasando en la República Dominicana es la desintegración de los ecosistemas más representativos, por la falta de conectividad y por no respetar sus límites de productividad. La desagradable realidad que afecta a los ecosistemas dominicanos y que los ha fragmentado y llevado a puntos de quiebre o no retorno son: 

– Los niveles de deforestación de las cuencas altas.
– La pérdida de los bosques nublados (3% restante). 

– La tasa de deforestación nacional (4,000 hectáreas por año).
– Pérdida de especies y poblaciones animales.
– Introducción de más de 247 especies exóticas y 1,200 plagas en la agricultura. 

– La muerte de los arrecifes de coral evidenciados en estudios en toda la costa.
– La descarga de aguas residuales de apenas menos de un 10% de cobertura. 

– Más de 350 vertederos contaminando el suelo. – 14,000 toneladas diarias de desechos sólidos sin tratar.
– Intrusión salina como consecuencia de la pérdida de los mantos acuíferos. 

– Desertización progresiva del suelo de la zona fronteriza con pérdida de alimentos. –Desintegración de las áreas protegidas nacionales. 

– Aumento de la erosión costera por construcciones en los 60 metros y descargas en manglares.
– Cambio climático. 

Estos elementos no se pueden estudiar o abordar sin tomar en cuenta la política pública, el coste social de su prohibición o uso, la no consecuencia de sanciones legales o la falta de incentivos que promuevan las acciones positivas, y, por supuesto, la educación, el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. 

Notas 

1 Es la capacidad que tiene un ser vivo de relacionarse en un estado de dependencia con otros animales o elementos, promoviendo el intercambio de energía en la cadena de vida. Los peces necesitan agua, pero el agua debe tener determinada temperatura, turbiedad, salinidad, etc. Las plantas necesitan los microorganismos del suelo, pero también cierta humedad, fósforo y nitrógeno. 

2 Las corrientes del Atlántico Norte hacen que todo el océano se conecte. El Atlántico Norte entra entre Haití y Cuba y la corriente mueve energía hacia el Polo Norte. Esa agua caliente mueve nutrientes del norte al sur y así se forma un mapa de corrientes y flujo de nutrientes en todo el planeta. 

3 La huella ecológica es una herramienta que nos permite calcular cuánto espacio terrestre y marino necesitamos para proveernos de bienes y servicios, y asimilar nuestros residuos. Actualmente, se ha calculado en 207 hectáreas la huella global promedio por persona. El planeta tiene una biocapacidad limitada de 1.8 hectáreas. El dominicano tiene una huella ecológica de 1.4 hectáreas. 

4 El softlaw o leyes blandas hace referencia a la normativa ambiental internacional que se queda en meros deseos, declaraciones o principios, sin que exista un régimen de consecuencias ante el incumplimiento de los acuerdos ambientales que se firman. Ejemplo de esos son los múltiples acuerdos ambientales como el de Diversidad Biológica, Cambio Climático, entre otros. 

5 Las ciudades ocupan menos del 5% de la superficie terrestre del planeta, y en ellas vive el 59% de la población mundial. En República Dominicana este número alcanza al 83% de los habitantes. Puede consultarse en https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=DO. 

6 La Ley General de Medio Ambiente establece en su artículo 43 que el proceso de permisos y licencias ambientales deberá garantizar la participación ciudadana y la difusión correspondiente. Es por ello que se hace necesario realizar consulta pública para la aprobación de proyectos. Más adelante, el artículo 117 obliga a que los proyectos paguen el 5% de los beneficios netos a los municipios en donde se realiza la explotación de los recursos no renovables como los agregados y minerales. 

7 En los últimos años se ha agravado la situación ambiental de la zona, pues millones de toneladas de sargazo llegan a las costas, afectando el ecosistema cuando se desintegran, produciendo olores desagradables, afectación de las playas, muerte de animales atrapados y pérdida progresiva de áreas como consecuencia de la limpieza. A eso se debe sumar que cada vez que se instala un hotel o centro recreacional aumenta la carga en el ecosistema costero de los 60 metros de protección con la consecuente perturbación de la biodiversidad costera y marina. Existen estándares de capacidad de carga para las playas: 5 m2/usuario (intensiva), 10 m2 (media) y 25 m2 (baja). (Datos comparados tomados de los estudios acerca de la capacidad de carga física de Playa Grande —María Trinidad Sánchez— y Cayo Levantado —Samaná— realizados por los doctores Liliana Betancourt Fernández y Alejandro Herrera Moreno, 2005). 

8 El artículo 147 de la Ley General de Medio Ambiente establece una zona de protección contando desde la pleamar. Y el artículo 129 establece una protección de 30 metros para los cuerpos de agua interiores. 

9 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en el 2015 por las Naciones Unidas son 17. En orden de prioridad son: primero, fin de la pobreza; y segundo, hambre cero. 

10 El principio de precaución ha sido utilizado en actividades riesgosas para la salud y el ambiente. Apela a que, ante la falta de evidencia científica absoluta que asegure que no se producirán daños más allá de los conocidos, debe procederse con prudencia o autorizar la prohibición. Este principio cede ante la presentación de información científica que revele mayor certeza. 

11 El sexto informe sobre cambio climático, impactos, adaptación y vulnerabilidad, de febrero del 2022, establece que es indudable que hemos transformado el clima y ahora conoceremos cuánto cambiará y comenzarán los procesos de adaptación. Ver https://www.ipcc.ch/ report/sixth-assessment-report-working-group-ii. 

12 Los acuerdos regionales, internacionales, comerciales y bilaterales permiten actuar a ciudadanos miembros de las partes.
13 Los puntos de inflexión en los ecosistemas es una teoría acuñada por el ecólogo holandés Marten Scheffer, quien la desarrolló estudiando cuerpos de agua, los cuales a consecuencia de contaminantes perdían la capacidad de regeneración y resiliencia, convirtiéndose en otro tipo de ecosistema totalmente distinto y menos productivo. Esta teoría se aplica al clima y a las personas. 


8 comentarios

Derrick marzo 15, 2024 - 12:05 am

Good day

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Ecosistemas dominicanos: colapso inminente – Revista GLOBAL

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