Actualmente el Congreso de Estados Unidos está en un punto muerto tratando de decidir una nueva reforma migratoria para el país. Las ideas para reformar el sistema de inmigración actual de Estados Unidos proceden de varios sectores de la sociedad civil y del Gobierno, así como de los partidos políticos dominantes. La impresión general es que esos grupos consideran que hay algo esencialmente incorrecto respecto a la inmigración de hoy en día que necesita ser resuelto. Como siempre, los debates y desacuerdos entre los políticos estadounidenses se han hecho públicos y la sociedad civil ha tomado partido a favor y en contra de la inmigración, como sabemos.
Entre los que hoy se oponen a la inmigración están aquellos que ven como un problema el número de inmigrantes admitidos anualmente: lo consideran muy alto y fuera de control; otros se quejan de lo que consideran como una cantidad en aumento y su potencial conexión con actos terroristas. Igualmente, hay otros que están preocupados por la “calidad” de los inmigrantes que están llegando, sosteniendo que la mayoría de ellos carece de credenciales educacionales y que no están calificados para tener empleos en la economía de Estados Unidos. Y, por supuesto, están aquellos que consideran que ciertos grupos de inmigrantes no están dispuestos a dejar su cultura, que se resisten a insertarse en la cultura norteamericana y que esa posición socava la unidad cultural de dicha sociedad y su progreso.
Lo visible y lo invisible
Los inmigrantes, sin embargo, no se han quedado pasivos en el debate. Cientos de miles se han vuelto activos y se han resistido a cualquier propuesta que no tome en cuenta una amnistía para aquellos que están indocumentados. El sentimiento antiinmigratorio ha continuado y ha aumentado repentinamente en muchas partes del país. Los inmigrantes, por su parte, han respondido con un aumento de su nivel de resistencia, extendiéndose a todos los estados donde existe una gran población de inmigrantes, y con más organización y estrategia para manifestar sus preocupaciones. Los inmigrantes han llevado sus protestas a la calle y han llamado a otros a unirse a su causa. La resistencia ha llevado a la organización de varias marchas y huelgas desde 2006, que han involucrado a cientos de miles de personas.
El movimiento inmigratorio ha mantenido al país en alerta. La confrontación pública y abierta sobre la inmigración da la impresión de que todo es transparente: que los poderosos medios corporativos han contado toda la historia, que los políticos y partes interesadas no tienen nada que ocultar con relación a posibles maniobras poco éticas, y que han sido directos al explicar cómo se sienten con respecto a la inmigración actual. Sin embargo, vengo de una tradición histórica en la que uno aprende que en política lo que realmente le importa a las estructuras de poder casi nunca se discute a los ojos del público. Además, la sociedad capitalista es decepcionante por naturaleza cuando se trata de lidiar con los pobres y con aquellos que son afectados por su lógica de generación de riquezas. La opinión pública también ha sido manipulada silenciosamente en contra de los inmigrantes. Le han hecho creer al público que las políticas en contra de los inmigrantes son medidas necesarias para proteger a Estados Unidos de personas con sentimientos antinorteamericanos. La impresión que se ha dado es que el sentimiento antiinmigratorio es un fenómeno más o menos reciente, resultado particular de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y que aquellos que protegen las fronteras de la inmigración no deseada están cumpliendo con un deber patriótico a favor de los estadounidenses. Yo sostengo que la hostilidad hacia los inmigrantes es un sentimiento latente que ha sido convenientemente manipulado en los momentos en los que la inmigración se ha convertido en una preocupación y surge la necesidad de modificar las políticas migratorias.
Mientras el debate y la indecisión acerca de la reforma migratoria continúa en el Congreso, y los inmigrantes y sus aliados siguen movilizándose a favor de la adopción de una política migratoria justa, se han tomado medidas legales concretas “casi tras bastidores”, que ya están en efecto, logrando algunos de los objetivos de las piezas más antiinmigratorias de las leyes que se están debatiendo públicamente en la actualidad. Lo que sigue es una breve discusión de algunas de las medidas en contra de los inmigrantes y su impacto en dicha población. Recientemente, la Liga Nacional de Legisladores Estatales (National Conference of State Legislatures) informó que solamente en 2007, más de 1,000 proyectos de leyes y resoluciones fueron introducidos en los 50 estados en relación con la inmigración de indocumentados, y que 18 estados ya han promulgado 57 leyes. Igualmente, un creciente número de ciudades y condados de todo el país han aprobado ordenanzas y resoluciones en contra de los inmigrantes indocumentados, incluyendo la imposición de multas a los propietarios que renten viviendas a inmigrantes y a los patrones que los empleen. Además, los agentes del orden público han sido autorizados a verificar la documentación de las personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados. Los inmigrantes encarcelados también están sujetos a esa inquisición en relación con su estatus legal. Los críticos alegan que otorgar autoridad sobre asuntos inmigratorios a los agentes del orden público puede aumentar el nivel de violencia física y la violación del proceso correspondiente perpetrado frecuentemente en contra de los inmigrantes. Los inmigrantes han expresado su preocupación y han protestado en contra de la entrada de agentes locales del orden en asuntos de inmigración.
Afortunadamente, esta situación ha encontrado simpatizantes entre legisladores e importantes líderes de la sociedad civil, quienes han apoyado a los inmigrantes, cuestionando el hecho de que los agentes del orden público trabajen en esta área. Este apoyo llevó a promulgar la Ley Santuario, una iniciativa legal que protege a los inmigrantes de ser interrogados sobre su estatus legal por la policía local en algunos lugares con alta población extranjera.1 Es interesante observar que la promulgación de la Ley Santuario por parte de algunos legisladores locales ha provocado la ira de los funcionarios federales de inmigración, una cobertura negativa general en los medios y la atención de la población civil.
Igualmente, los recursos asignados para bloquear la entrada no deseada de inmigración por las fronteras, puertos y aeropuertos han aumentado de forma alarmante. De 2005 a 2007 el presupuesto asignado al Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos aumentó en casi un 40% y el número de empleados a tiempo completo dedicados a este asunto saltó de 32,500 a aproximadamente 44,000 en el mismo periodo. Para el año fiscal 2007 se asignaron cantidades significativas de fondos para aumentar el equipo de agentes, la infraestructura de las fronteras y la tecnología. Se asignaron más de 450 millones para contratar, entrenar y equipar 500 agentes fronterizos más y 506 en el personal de apoyo. Para tecnología de la frontera se destinaron 100 millones para desarrollar un sistema de control seguro a lo largo de las fronteras de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection: 2007). El costo de la naturalización ha ido en aumento de forma continua en los últimos 20 años. De hecho, como se indica en el gráfico 1, la tarifa de naturalización se ha multiplicado por 17 de 1985 a 2006. Este incremento del costo de naturalización podría impedir que los inmigrantes con trabajos de baja remuneración puedan iniciar el proceso para convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. El ingreso anual de los inmigrantes, particularmente el de la población dominicana y latina, está a menudo en o por debajo del nivel de pobreza. El alto costo del proceso de solicitud de la ciudadanía es una efectiva barrera para impedir que los inmigrantes pobres puedan integrarse completamente a la sociedad. A los inmigrantes que no son ciudadanos de Estados Unidos se les prohíbe participar en los principales procesos electorales y políticos y se les niega acceso a puestos estatales y federales atractivos, así como a derechos sociales que están reservados para los ciudadanos de Estados Unidos.
Preocupación
La preocupación por la inmigración ha estado ligada a menudo a la cantidad y habilidades de la población inmigrante entrante. La reforma migratoria de 1965 trajo consecuencias inesperadas que, o fueron imprevistas, o eran simplemente inevitables. Entre esas consecuencias estuvo el hecho de que llegó un número cada vez mayor de inmigrantes que no necesariamente se esperaba ni deseaba. Los dominicanos estaban entre esos grupos de inmigrantes no deseados. La política de inmigración actual del Gobierno trata de deshacer y controlar las molestas consecuencias de la reforma migratoria introducida en 1965.
La Ley de Reforma Migratoria Hart-Cellar de 1965 hizo hincapié en el otorgamiento de residencia permanente a inmigrantes relacionados por sangre o por matrimonio con ciudadanos norteamericanos o con inmigrantes legítimos que vivían en Estados Unidos. Ninguna otra reforma migratoria importante se había aprobado en Estados Unidos antes de 1965. La ley de inmigración de 1965 provocó acalorados debates fuera y dentro del Congreso norteamericano antes de su aprobación, y tanto la sociedad civil como los funcionarios electos tomaron partido a favor y en contra. Había miedo en Estados Unidos de que una avalancha de inmigrantes llegara desde su propio patio trasero. Para controlar la inmigración proveniente del Hemisferio Occidental, la ley de 1965 impuso una cuota límite de 120,000 inmigrantes para toda le región. Esta fue la primera vez que se imponía un límite al número de inmigrantes de la región del Hemisferio Occidental; adicionalmente, esta asignación numérica dejaba muy poco espacio para un aumento de la inmigración. Hasta ese momento, aproximadamente 100,000 personas de Latinoamérica y el Caribe llegaban a Estados Unidos anualmente. Pero esto no era suficiente. Las preocupaciones por la inmigración continuaron luego de la aprobación de la Ley Hart-Cellar. Los comentarios hechos en el Congreso por aquellos que se oponían a la aprobación de la Ley de Inmigración de 1965 avalaban los sentimientos antiinmigratorios que se tenían en ese tiempo, especialmente en contra de los mejicanos. Algunos legisladores estaban preocupados por el tamaño de la población mejicana en Estados Unidos. Estos argumentaban que los mejicanos estaban utilizando ellos solos la cuota asignada al Hemisferio Occidental. En consecuencia, se impusieron aún más limitaciones en una enmienda aprobada en 1976 que establecía un techo anual de 20,000 inmigrantes de cualquier único país del Hemisferio Occidental.
Miedo no infundado
El miedo en Estados Unidos no era infundado. La aprobación de la Ley de 1965, no obstante las limitaciones numéricas impuestas a la inmigración proveniente de Latinoamérica y el Caribe, facilitó la entrada de familias enteras compuestas de docenas de personas. Vivian Garrison y Carol I. Weiss, por ejemplo, describen la historia de una familia dominicana, la familia Domínguez. El núcleo familiar de los Domínguez estaba compuesto por 10 personas. Una vez en Estados Unidos, la familia Domínguez apadrinó a otros para inmigrar a Estados Unidos, creando una cadena inmigratoria que incluyó hijos y nietos (Garrison y Weiss: 1987). Cuando la mayoría de los miembros de la cadena inmigratoria de los Domínguez había llegado, el mercado laboral norteamericano se había transformado, demandando trabajadores con más educación formal.
Desde hace algún tiempo, Estados Unidos ha estado tratando de minimizar los efectos no deseados de la Ley de Inmigración de 1965. La Ley de Reforma y Control de Inmigración (irca, por sus siglas en ingles) de 1986, que, entre otras cosas, penalizaba a los empleadores que contrataban trabajadores indocumentados, fue la culminación de acalorados debates y preocupaciones sobre la creciente inmigración no deseada. Mientras la irca es a veces recordada por los críticos de la inmigración contemporánea como un simple otorgamiento de “amnistía” a trabajadores indocumentados, su aprobación realmente marcó el inicio de una serie de leyes inmigratorias importantes que impactaron decididamente la inmigración en este país en múltiples formas: desde el número de los admitidos legalmente hasta el número de los que fueron forzados a irse.
Las gráficas 2, 3, y 4 muestran el número de inmigrantes admitidos en Estados Unidos y provenientes de la República Dominicana, el Caribe y Latinoamérica. Como se indica en los tres, desde mediados de los noventa ha disminuido fuertemente la cantidad de los favorecidos con el estatus de residente permanente o “green cards”. Sin embargo, mientras que la tendencia es una disminución de los admitidos como inmigrantes provenientes de esas regiones, lo mismo no puede decirse con relación a la cantidad de deportados. Por el contrario, el número de deportados desde Estados Unidos hacia esas tres regiones ha ido en aumento (ver gráficas 5, 6 y 7). La disminución de la inmigración y el aumento simultáneo de las deportaciones presentan un reto para las sociedades remitentes cuyo desarrollo socioeconómico está intrínsecamente vinculado tanto a la inmigración (y la posibilidad de canalizar el excedente de población hacia otro lugar) como a las remesas enviadas a casa por aquellos que se van.
Un buen ejemplo
La República Dominicana ofrece un buen ejemplo del fenómeno inmigración-deportación. En las últimas tres décadas, el número de dominicanos en Estados Unidos ha ido aumentando a un ritmo constante. Como se indica en el gráfico 8, en 1980 había 170,000 dominicanos residentes en Estados Unidos, en el año 2000 esta cantidad había aumentado a más de un millón, y en el 2005 a 1.3 millones (Hernández y Rivera-Batiz: 2003; 2007). El rápido crecimiento de la población dominicana fue principalmente el resultado del aumento de la inmigración a un ritmo constante de 1960 a 1994, periodo en el cual más de 500,000 dominicanos fueron admitidos en Estados Unidos. La gran mayoría fueron admitidos en Estados Unidos bajo la categoría de Patrocinados por Familiares, que da preferencia a los familiares inmediatos de ciudadanos de Estados Unidos y de residentes permanentes legales.
Como se refleja en el gráfico 2, el año 1994 marcó el punto más alto entre 1960 y 2006 con relación al movimiento inmigratorio proveniente de la República Dominicana. El mismo gráfico indica que después de 1994 la cantidad de dominicanos admitidos en Estados Unidos comenzó a decrecer, y esa reducción se ha mantenido. De hecho, en la década 1980-1990 se admitió el doble que en la década siguiente, 1990-2000. Una breve mirada al número de dominicanos admitidos entre 2001 y 2006 indica que al final de la actual década los dominicanos admitidos serán todavía menos.
La disminución de la inmigración ha sido grandemente contrarrestada por los nacimientos naturales entre los dominicanos, lo cual ha favorecido el crecimiento demográfico. Las mujeres dominicanas están entre el grupo de inmigrantes con la tasa de fertilidad más alta en Estados Unidos. Como se indica en el gráfico 9, en la ciudad de Nueva York, hogar de la mayoría de los dominicanos que viven en Estados Unidos, las madres de ascendencia dominicana registraron en 2001 y 2005 el mayor número de nacimientos vivos entre los cinco grupos más grandes de inmigrantes, según los últimos datos disponibles en el momento de escribir este artículo. Las altas tasas de fertilidad y la disminución de la inmigración han cambiado la composición de la población dominicana en Estados Unidos, la cual exhibe ahora una población de inmigrantes que está creciendo anémicamente, en comparación con la población nativa por nacimiento, que está creciendo fuertemente. En 1980, dos de cada 10 dominicanos habían nacido y crecido en Estados Unidos. Hoy, un poco más de 4 de cada 10 dominicanos reclaman a este país como su lugar de nacimiento.
Admitidos y deportados
La cantidad de dominicanos que son admitidos anualmente y la cantidad de los que son deportados está en agudo contraste: como hemos mostrado, el número de los admitidos está en baja, en comparación con 1994, y la deportación está en alza. Aunque el proceso legal para deportar personas en Estados Unidos se ha hecho menos complicado y mucho más rápido y eficiente en los últimos años (después del 11 de septiembre), las deportaciones se han llevado a cabo discretamente desde 1965, el año que marca la aprobación de la histórica Ley Hart-Cellar, que dio la falsa impresión a la mayoría de la gente de que todos los inmigrantes eran bienvenidos a Estados Unidos. El gráfico 5 muestra que el número de dominicanos deportados de Estados Unidos ha ido aumentando sistemáticamente.3 Mientras la mayoría de los deportados tienden a ser hombres, jóvenes y con antecedentes penales, cada vez más el perfil de los deportados incluye mujeres jóvenes y personas que han cometido delitos no violentos o criminales. En el año 2006, el periódico The San Juan Star informó que Estados Unidos ha deportado más personas de la República Dominicana “que de cualquier otra nación, bajo el estatus adoptado que permite la deportación de extranjeros que han cometido crímenes en suelo de EU” (30 de diciembre de 2006). La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 –otra legislación aprobada para cortar la entrada de inmigrantes– estableció un nuevo requerimiento del nivel de ingresos del hogar de los patrocinadores de inmigrantes legales. Mediante esta ley, el ingreso anual del hogar de una familia de inmigrantes que deseaba traer un cónyuge y/o hijos necesitaba estar por encima del 125% de la línea de pobreza establecida por el Gobierno federal para una familia de cuatro personas. Esa medida descalificaba automáticamente a la mayoría de las familias trabajadoras dominicanas y latinas cuyo ingreso anual estaba por debajo del ingreso estipulado por el Departamento de Seguridad Nacional.
Conclusiones finales
Está claro entonces que el sentimiento anti inmigratorio que vemos hoy no es nuevo en la política estadounidense, y que lo realmente nuevo es la forma en la cual los inmigrantes han respondido a los actuales ataques en su contra. Los inmigrantes han mostrado un nivel de activismo y enojo que ha sorprendido a muchos. Ellos están aquí para quedarse y quieren ser tomados en cuenta en el momento de implementar políticas que afectan sus vidas y las vidas de sus hijos. Los inmigrantes han organizado una ofensiva que se ha manifestado en un movimiento social que atormenta a muchos y que abre todo tipo de posibilidades, incluyendo la de forzar potencialmente a la Casa Blanca y al Congreso a hacer lo correcto y promulgar una amplia reforma inmigratoria que ofrezca un camino hacia la ciudadanía a aquellas personas que viven en Estados Unidos. El movimiento de inmigrantes está liderado por hombres y mujeres comunes que se han convertido en agentes activos, y se defienden ellos mismos de la agresión y la violencia que está emanando de un sistema político y de quienes se quieren aprovechar de los inmigrantes cuando los necesitan y luego deshacerse de ellos cuando ya no los necesitan. Sin embargo, el reto para los y las inmigrantes es combatir eficazmente una estructura de poder que trabaja discretamente desde el anonimato para lograr su objetivo.
Notas
1 Ya en 1985 la Ley Santuario había sido promulgada en varias ciudades, incluyendo Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Detroit, Houston, Austin, Portland y Nueva York. 2 Desde 1994, la cifra de los admitidos provenientes de la República Dominicana incluye una gran cantidad de “ajustes”, o personas que ajustaron sus estatus legal y que ya estaban viviendo en Estados Unidos. La inmigración patrocinada por familiares se basa en un sistema preferencial que favorece a los familiares inmediatos de ciudadanos de Estados Unidos sobre cualquier otro grupo de familiares. Los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses no están sujetos a ninguna limitación numérica. Más de la mitad de los dominicanos admitidos en los últimos años han recibido su green card patrocinados como familiares inmediatos de un ciudadano de Estados Unidos. Dado el hecho de que la política inmigratoria de Estados Unidos favorece a sus ciudadanos sobre los inmigrantes con residencia permanente, es imperativo que la naturalización sea accesible para los inmigrantes. Un gran número de ajustes entre los admitidos puede oscurecer el hecho de que muy pocos inmigrantes nuevos (o nuevas llegadas) están realmente entrando al país. 3 Este número incluye 3,712 dominicanos identificados como “extranjeros deportables” en el 2006 Yearbook of Immigration Statistics publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, edición del año 2007. En el momento de escribir este artículo, el Departamento de Seguridad Nacional no había publicado el número exacto de dominicanos que fueron deportados en 2006. 4 En 1999 el promedio de ingreso anual por hogar de los dominicanos en la ciudad de Nueva York era de 10,032 dólares, y de 12,500 para los latinos en general. El ingreso subió ligeramente para ambos grupos en 2005, a 11,581 y 15,097 dólares, respectivamente (Hernández y Rivera Batiz, 2007).
Bibliografía
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