En este trabajo se propone que la participación de la iglesia católica en la mediación de las elecciones de 1986 y 1994 fortaleció su papel conciliador en la política nacional y la convirtió en un actor especial que promueve la democracia como el sistema político mas adecuado, y se sostiene que los conflictos electorales se debieron a la debilidad institucional de la Junta Central Electoral, lo cual fue aprovechado por Joaquin Balaguer para manejarla a su manera.
En este artículo se analizan los esfuerzos de mediación de la Iglesia relacionados con los procesos electorales de 1986 y 1994. Se propone que la participación de la Iglesia en estas intercesiones la transformó en la mediadora por excelencia en la política dominicana y fortaleció su reintegración a la vida nacional.
El compromiso de la Iglesia por ocupar un papel imparcial se trasladó a la práctica en 1985, cuando la Conferencia del Episcopado Dominicano (ced) emitió una carta pastoral que reflexionaba acerca de los disturbios ocurridos en 1984. La ced describía un verdadero estado de anomia, recordándoles a todos que los pobres tenían razón cuando expresaban su desesperación acerca de su situación económica y proponía el diálogo como la clave para resolver los problemas nacionales, al mismo tiempo que recomendaba una serie de normas para avenirse al diálogo (ced, 1990, 507-517). La Pastoral del Diálogo, como se conoció, fue elogiada por la comunidad empresarial, el Gobierno, los partidos políticos dominantes y la prensa.
La mediación de la Iglesia es bastante compleja y ocurre en varios niveles de la sociedad.
Aquí se analiza la mediación política auspiciada por la Conferencia del Episcopado Dominicano a través de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Después de la publicación de la Pastoral del Diálogo en 1985, la Conferencia Episcopal designó a los monseñores Agripino Núñez Collado y Francisco José Arnáiz como responsables de la mediación. La Universidad se transformó en un foro de discusión de políticas y un punto de reunión para las partes en conflicto. Se trataba de reunir en un mismo ámbito a los representantes de los negocios, el trabajo y el Gobierno, por lo cual el diálogo se llamó tripartito. Desde el comienzo, las partes mostraron interés por los siguientes temas: trabajo, productividad, reforma agraria, seguridad social, impuestos y estrategias para el diálogo. La primera reunión se llevó a cabo en 1985, en Jarabacoa, y muchas otras le siguieron en Santo Domingo y en la Universidad de Santiago. Estas reuniones también tenían como objetivo educar a los participantes en los valores de la cultura del diálogo y, por ello, era usual la presencia de ponentes internacionales, invitados a hablar acerca de los procesos de mediación realizados en otros lugares de América.
Imagen anterior: El arzobispo de Santo Domingo y presidente de la Comisión de Asesores Electorales, monseñor Nicolás de Jesús Rodríguez, recibe explicaciónes de un funcionario de la Junta Central Electoral, el 15 de mayo de 1986, sobre cómo serán dados a conocer los resultados de los comicios del día siguiente. Arriba: Los miembros de la Comisión de Asesores Electorales, junto al presidente de la Junta Central Electoral, doctor Caonabo Fernández Naranjo (segundo desde la izquierda), el día de la juramentación. Figuran monseñor Agripino Núñez Collado, Luis Taveras Andújar, Frank Moya Pons, José Miguel Bonetti, monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, Alejandro Grullón E., Nicolás Pichardo y Rafael G. Calventi.
Latina y España (Núñez Collado 1993, 43-101). Este artículo, sin embargo, se enfoca en la mediación electoral de la Iglesia y remitimos al lector a la obra La Iglesia Católica y la política del poder en América Latina: el caso dominicano en perspectiva comparada, que próximamente será publicada en el país por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), para que lea el análisis sobre el diálogo tripartito.
Mediación en conflictos electorales
Las elecciones presidenciales de 1986 y 1994 fueron los dos procesos más importantes en los que participó la Iglesia en cuestiones electorales.1 En 1986, el presidente Salvador Jorge Blanco designó a Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez para presidir la Comisión de Asesores Electorales (cae), cuya misión sería la de asistir a la Junta Central Electoral ( JCE ). En lo que respecta a la ley dominicana, la JCE es un tribunal electoral con atribuciones en este terreno por encima de las demás cortes de justicia. Los expertos electorales nacionales y el propio Balaguer recomendaron el nombramiento de López Rodríguez para dirigir este consejo electoral que debía garantizar la pureza y justicia de los comicios. Esta comisión tuvo una tarea realmente difícil, pues sus integrantes fueron nombrados apenas unos pocos días antes de la fecha de las elecciones. No obstante, le proporcionó a la JCE un listado de cuestiones técnicas que tendría que resolver. Este era un indicio de la falta de capacidad institucional de la JCE. Estas son algunas de las recomendaciones que hizo:
1.La Junta Central Electoral debía restringir la entrada al edificio que contiene sus oficinas principales.
2.La Junta Central Electoral debía prohibir el acceso al centro de cómputo y a las oficinas de su dependencia técnica a personas no autorizadas.
3.La Junta Central Electoral debía ordenar la creación de dos copias adicionales, en cintas magnéticas, que incluye programas, procedimientos y datos que tienen que ver con el conteo de los votos. Una de estas copias deberá ser guardada en la bóveda de alguna institución que no sea la Junta Central Electoral.
4.La Junta Central Electoral debía asignar a los encargados del centro de cómputo de la Junta Central Electoral una escolta adecuada de la Policía Militar Electoral.
5.La Junta Central Electoral debía asegurar la presencia de un número adecuado de técnicos de las casas proveedoras de los equipos de cómputo y de aire acondicionado, así como también de un equipo de emergencia para la generación de energía eléctrica (documento de la cae/013/86, en Núñez Collado, 1996, 168-176).
La debilidad institucional de la JCE se remonta a los 12 años de permanencia de Balaguer en el poder. Balaguer utilizó esta corte electoral para reelegirse y, para asegurarse de ello y de la subordinación de la misma, nombró jueces electorales que compartían sus orientaciones políticas. El Gobierno de Silvestre Antonio Guzmán Fernández (1978-1982) pudo efectuar algunas reformas –por ejemplo, autorizar el regreso al país de todos los exiliados políticos, restaurar la libertad democrática y proceder a otorgarle el pase a retiro a los jefes militares más influyentes– pero no pudo diseñar políticas económicas y sociales que fortalecieran el tejido social o consolidaran a las instituciones políticas tales como la JCE. De igual manera, el Gobierno de Salvador Jorge Blanco (1982-1986) no hizo intentos significativos para fortalecer a la JCE como institución política. La movilización popular para oponerse a la ejecución de las recomendaciones del FMI y las divisiones dentro de su propio partido no le permitieron a Jorge Blanco llevar a cabo el fortalecimiento de las instituciones que podrían realzar la transición a la democracia. Esta es la razón por la cual la cae debió hacer observaciones elementales a la JCE.
Las divisiones políticas dentro del partido oficial condujeron a Jorge Blanco a retirarle su apoyo a Jacobo Majluta, candidato presidencial del Prd. Majluta, como presidente del Senado, se aseguró que Jorge Blanco no obtuviera la aprobación de líneas de crédito internacionales otorgadas por el fMi. Por lo tanto, cuando Jorge Blanco designó, con la recomendación de Balaguer, a los miembros de la cae, Majluta puso en duda su imparcialidad y confiabilidad.
A medida que se acercaba la fecha de la elección, las encuestas de opinión indicaban que no había grandes diferencias en la intención del voto para los principales candidatos. Una de las encuestas sostenía que Majluta, del PRD, recibiría el 32 por ciento de los votos; Balaguer, del PRSC, el 31 por ciento, y Bosch, del PLD, el 19 por ciento. El 10 por ciento restante estaba indeciso (carta de Bernardo Vega a Núñez Collado, en Núñez Collado, 1996, 186-187). Comparando las estimaciones de esta encuesta con los resultados finales de la elección, hallaremos que el Prd recibió el 33.5 por ciento de los votos, el Prsc el 40.5 por ciento y el PLD el 18.4 por ciento. El 7.6 por ciento restante se distribuyó entre fuerzas políticas de menor tamaño (Espinal, 1990, 113). El escaso margen de diferencia en los resultados finales de esta elección aumentó las tensiones políticas, haciendo, por lo tanto, aún más complejas las tareas de la CAE.
La cae tuvo un papel crucial respaldando a la JCE, logrando así que el conteo de los votos fuera imparcial. Recibió denuncias y quejas de todos los partidos políticos y respondió a tiempo y oportunamente a todas las recomendaciones que surgieron de éstos. La cuestión más difícil resultó ser el recuento de los votos impugnados y observados. El equipo electoral de la JCE impugnó 84,695 votos y puso 28,707 votos en la lista de observados. El conteo de estos votos se realizó en un contexto en el que dos jueces fueron cuestionados y debieron ser reemplazados por sus suplentes. A pesar de estas dificultades, la cae emergió del proceso sin máculas y Jacobo Majluta reconoció la victoria electoral de Balaguer (Hartlyn, 1998, 160-188; Núñez Collado, 1996, 99).
Reforma de la ley electoral y elecciones de 1994
Balaguer no resolvió los problemas de credibilidad de la JCE durante su nuevo período de gobierno (1986-1990). Debió enfrentar en 1990 una nueva crisis electoral con la oposición política para decidirse a enfrentar el problema. Como resultado de las negociaciones llevadas a cabo por la Iglesia Católica, el Congreso Nacional aprobó una nueva ley electoral que aumentaba el número de jueces de tres a cinco. La ley estipulaba que los jueces serían designados por los tres principales partidos políticos representados en el Congreso y ordenaba la confección de una nueva tarjeta de identidad –tarjeta de identificación y de registro electoral– que reemplazaba el viejo sistema de doble cédula de identidad. Se esperaba que con la nueva tarjeta, que incluía la fotografía del titular, se reduciría la posibilidad de fraude electoral, una de las quejas principales en los anteriores procesos electorales.
Pese a que todos los principales partidos políticos respaldaron la reforma electoral de 1992, la cuestión de la credibilidad no fue resuelta. Los partidos de la oposición presentaron serios cuestionamientos acerca de la capacidad de la JCE para organizar por su cuenta el proceso electoral. En febrero de 1993 se confeccionó un nuevo padrón electoral nacional que reemplazaría el viejo sistema de registro electoral por tarjetas. El número de mesas electorales se elevó de 6,663 a 9,528. La JCE aceptó la asistencia técnica de la OEA y de la International Foundation for Electoral Systems (ifes, Fundación Internacional de Sistemas Electorales, una organización no gubernamental domiciliada en Washington que provee apoyo técnico en los procesos electorales en todo el mundo). A pesar de ello, el Prd, el Pld, y el Partido Revolucionario Institucional criticaron a la jce por su lentitud, burocracia e ineficiencia. Todavía ponían en duda la capacidad de esta institución para organizar elecciones libres e imparciales.
Las dudas de la oposición alcanzaron un punto crítico cuando se supo que la JCE no iba a llamar a licitación pública para contratar la provisión de la tecnología necesaria para el centro de cómputo y de los equipos fotográficos necesarios para producir las nuevas tarjetas de identidad. Una sociedad formada por iBM y Kodak fue la principal competidora en la licitación por este contrato. La oposición política, por su parte, consideraba que esta sociedad de empresas tenía conexiones con altos funcionarios del Gobierno. Estos temores se confirmaron cuando una votación para abrir una licitación pública arrojó un resultado de tres votos contra dos. Los jueces que simpatizaban con el Gobierno votaron contra la licitación. Este rechazo puso de relieve las sospechas acerca de la seriedad de la JCE. La oposición sostuvo que el fraude se iba a llevar a cabo en el centro de cómputo, durante el proceso de registro de los electores y el conteo de los votos. El partido del Gobierno respondió acusando a la oposición de intentar desacreditar a la JCE antes del proceso electoral. En medio de este debate, la Iglesia Católica se ofreció a mediar entre las partes en conflicto y pudo desactivar con éxito los problemas planteados, que de otra manera podrían haber tenido serias consecuencias políticas.
La oea y la ifes trabajaron junto con la jce, produciendo significativos avances técnicos en el proceso electoral de 1993-1994. Estos progresos, sin embargo, no fueron suficientes para superar la decisión de las partes de politizar la designación de los jueces miembros de la JCE. Estos respondían a diferentes partidos políticos y este hecho limitaba su imparcialidad. Este mecanismo no resistiría la ácida prueba de la política electoral dominicana e, incluso antes de que las elecciones se llevaran a cabo, se le solicitó nuevamente a la Iglesia Católica que mediara en la campaña política. La violencia hizo erupción y varias personas murieron. Los mediadores de la Iglesia coordinaron con los principales partidos políticos la firma de un pacto de civilidad que pusiera fin a los enfrentamientos. Este pacto fue firmado el 10 de mayo de 1994, seis días antes de las elecciones. Juan Bosch, candidato presidencial del PLD, se negó a firmar este pacto, presuntamente porque Balaguer nunca había honrado los acuerdos que había firmado en el pasado. Este pacto de civilidad no sólo se refería a la violencia política. Le requería a la JCE que entregara una copia del padrón electoral definitivo a cada una de las fuerzas políticas actuantes, para que no existiera duda alguna acerca de la transparencia del proceso electoral.
Los firmantes del pacto se comprometieron a no obstaculizar las actividades de las organizaciones políticas adversarias, ni a celebrar la victoria antes de que la jce diera a conocer los cómputos oficiales. Asimismo, los firmantes del acuerdo prometían llevar adelante un programa de colaboración legislativa durante el primer año de gestión del nuevo Gobierno electo. Este se comprometía a ejercer toda la cortesía necesaria para facilitar el cumplimiento de los deberes de las delegaciones internacionales que actuaran como observadoras (“Texto del Pacto de la Civilidad”, 1994).
No obstante los progresos técnicos y el apoyo técnico internacional, la JCE no pudo llevar a cabo elecciones libres e imparciales. El día de la elección se comprobó que el padrón electoral que la JCE había entregado a las autoridades partidarias no correspondía con el padrón remitido a los distintos centros de votación. El PRD reclamó que más de 150,000 personas no pudieron emitir su voto el día de la elección, pues sus nombres no aparecían en el padrón electoral existente en los centros de votación donde les correspondía votar, sino que aparecían en otros centros de votación muy alejados de aquellos. En este contexto, el 18 de mayo de 1994 Balaguer se proclamó el “vencedor virtual” de la elección, con el 95 por ciento de los votos escrutados, una clara violación al pacto de civilidad. Aparentemente había obtenido el 42.5 por ciento de los votos y Peña Gómez el 41.2 por ciento. Además de proclamar su victoria en los comicios, Balaguer dio la orden a unidades combinadas del Ejército y la Policía de que realizaran inspecciones de vehículos en busca de armas. Esta fue una clara advertencia dirigida a Peña Gómez y imparcialidad de la CED. La situación política se polarizó un tanto, pues el PRD dirigió una inmensa campaña nacional e internacional denunciando que se había cometido fraude en la elección y solicitando una profunda investigación de lo sucedido.
Las presiones políticas nacionales e internacionales forzaron a la JCE a designar una comisión verificadora. Así lo hizo el 15 de junio de 1994, casi un mes después del acto electoral, para investigar las acusaciones de fraude electoral. La comisión presentó su informe el 16 de julio. En respuesta a las acusaciones acerca de la existencia de dos padrones electorales, dijo: “Los padrones de electores enviados por la Junta Central Electoral a los centros de votación para la realización de las elecciones generales no coinciden con los padrones de electores enviados a los partidos políticos. Se informa al menos que 45 municipios se han visto afectados. La Comisión Verificadora recibió quejas de más de 1,900 a sus aliados en caso de que decidieran realizar manifestaciones públicas. Peña Gómez entendió el mensaje y solicitó a sus seguidores que evitaran las provocaciones del Gobierno absteniéndose de hacer protestas.
Los observadores internacionales y la ifes reconocieron que habían existido irregularidades en la elección. Las elecciones de 1986 y 1994 confirmaron la posición de la Iglesia como protagonista especial.
Stephen Solarz, legislador de Nueva York, quien estaba al frente de la delegación del National Democratic Institute (Instituto Nacional Demócrata) relató al diario The New York Times que miles de dominicanos habían sido “deliberadamente excluidos” del proceso electoral (French, 1994, A5). El PRSC orquestó un movimiento nacionalista que proclamó que los observadores extranjeros y la embajada de Estados Unidos estaban detrás de aquellos que acusaban a la JCE de organizar elecciones fraudulentas. El cardenal López Rodríguez se unió a los que rechazaban la intervención extranjera en los asuntos dominicanos, comprometiendo la posición de centros de votación.
Asimismo, evaluó no menos de 1,468 centros de voto con un promedio de 20 sustitutos por centro de votación. Concluye que, de acuerdo a la información recogida, al menos 45,000 votantes fueron privados de su derecho a votar y, no menos de 29,672, de acuerdo a la información evaluada.” (Junta Central Electoral, 1994, 31-32). El dictamen de la comisión dejó claro que las irregularidades cometidas en el proceso electoral podrían haber modificado los resultados de la elección a nivel presidencial, legislativo y municipal. A pesar de estas conclusiones, la JCE declaró vencedor a Balaguer. Balaguer y sus aliados obtuvieron el 42.3 por ciento de los votos; Peña Gómez y sus aliados, el 41.5 por ciento; Bosch y sus aliados, el 13 por ciento, y Majluta, el 2.3 por ciento. La JCE había certificado un golpe de Estado electoral y Balaguer sabía que debía negociar para poder salir de la crisis política.
La Iglesia Católica se unió a la oea para buscar una solución a la crisis. Monseñor Núñez Collado y John Graham –embajador de la oea se convirtieron en protagonistas claves en el proceso de intercesión para lograr que Balaguer y Peña Gómez acordaran una solución a esta crisis. Después de numerosas reuniones, los dos dirigentes firmaron el 9 de agosto de 1994 lo que luego se conocería como el Pacto por la Democracia e incluye los siguientes puntos:
1. Prohibir la reelección del presidente por dos períodos consecutivos.
2. Restituir la ciudadanía dominicana a aquellos individuos que adoptaron la ciudadanía de otro país.
3. Reforma del sistema judicial y aprobación de dos enmiendas transitorias; éstas limitaban el término presidencial y vicepresidencial a 18 meses, es decir, del 16 de agosto de 1994 al 27 de febrero de 1996.
4. Realizar elecciones para presidente y vicepresidente, que se celebrarían el 16 de noviembre de 1995. Los elegidos asumirían el cargo el 27 de febrero de 1996.
5. Los legisladores y autoridades municipales elegidas el 16 de mayo de 1994 permanecerían en sus cargos hasta mayo de 1998.
6. Si ninguno de los candidatos obtenía al menos el 40 por ciento de los votos se realizaría una segunda vuelta. (“Texto del Pacto por la Democracia”, 1994).
Después de su firma, la dirigencia del PRSC en el Congreso de la nación alteró el pacto para que el presidente Balaguer pudiera permanecer en su cargo durante dos años en lugar de 18 meses. El porcentaje para la segunda vuelta fue elevado al 50 por ciento de los votos válidos. Peña Gómez protestó ante estas violaciones del pacto, pero en el interés de evitar la violencia, canceló una huelga general y Balaguer asumió el cargo el 16 de agosto de 1994. La alteración del pacto fue otro fraude, lo que ilustra que Balaguer no era digno de confianza.
Las elecciones de 1986 y 1994 confirmaron la posición de la Iglesia como protagonista especial. En los años noventa del siglo xx y principios del siglo xxi, el Gobierno y la oposición política reconocieron las mediaciones de monseñor Núñez Collado como un ingrediente normal del proceso político. El presidente Fernández Reyna lo designó para presidir la Comisión del Diálogo Nacional promovida por su administración (1996- 2000), y el presidente Hipólito Mejía Domínguez (2000-2004) lo designó para presidir la Comisión.
Revisora de la Constitución. Monseñor Núñez Collado presidió la comisión de seguimiento a cargo de la mediación de numerosos conflictos en la Junta Central Electoral antes de las elecciones presidenciales del año 2004. Desempeñó un papel clave en la resolución de lo que podría haber sido una situación política altamente delicada cuando la Junta Central Electoral demostró lentitud o falta de voluntad en emitir los boletines con los resultados de las elecciones de mayo de 2004. Y, en el verano de 2005, Núñez Collado coordinó una serie de negociaciones para discutir las reformas fiscales necesarias para que la nación se integrara al Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (dr-cafta).
Conclusiones
La mayor parte de los actores y observadores políticos están de acuerdo en que la mediación de la Iglesia ha sido positiva y ha contribuido a la paz social y la reconciliación. Sin embargo, es necesario enfatizar que estas fueron mediaciones sin arbitraje, pues una vez concluyen los procesos de conciliación los actores proceden a actuar a su manera y se olvidan de los acuerdos alcanzados a través de la intercesión. Esto fue lo que ocurrió en 1994. La falta de arbitraje no es culpa de la Iglesia, pero sí muestra un punto débil en las mediaciones que realiza en el país.
Debemos remarcar, sin embargo, que la participación de la Iglesia en la vida nacional va más allá de la mediación electoral, pues se involucra en muchas de las cuestiones centrales de la sociedad y la política, incluyendo el diálogo entre las fuerzas políticas nacionales, la reforma fiscal, la inmigración haitiana, cuestiones electorales, reforma constitucional, tratados de libre comercio, etcétera. La necesidad de esta continua intervención en asuntos de importancia nacional muestra la debilidad institucional de la democracia en el país.
Bibliografía
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esPinal, Rosario. “The Defeat of the Dominican Revolutionary Party in the 1986 Elections: Causes and Implications”, en Bulletin of Latin American Research, 1990, 9 (1), 113.
french, Howard. “With Balaguer Holding Tiny Lead, Dominican Fraud is Charged”, en The New York Times, 1994, 19 de mayo, sección A5.
hartlyn, Jonathan. The Struggle for Democratic Politics in the Dominican Republic. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998.
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— Testigo de una crisis… diez años después. Santo Domingo, Editora Taller, 1994.
“Texto del Pacto de la Civilidad”, Listín Diario, 11 de mayo de 1994.
“Texto del Pacto por la Democracia”, Listín Diario, 11 de agosto de 1994.
