En las clases dominantes mexicanas, el giro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hacia la derecha se produce al imponerse la burguesía de Monterrey con el presidente Luis Echeverría (1970-1976). Este acontecimiento implicó el comienzo del deterioro del más viejo y prestigioso partido político de México, el PRI, y su alejamiento de las doctrinas nacionales y populares. También tuvo como consecuencia una crisis económica, política y social que sentó las bases para la emergencia de un nuevo liderazgo, el de Cuauhtémoc Cárdenas, quien funda posteriormente el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 5 de mayo de 1989. La ruta neoliberal de los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) supuso la desnacionalización de México y el retroceso de los logros sociales alcanzados a partir de la revolución mexicana.
La protesta armada zapatista del comandante Marcos en 1994, reivindicando derechos indígenas, es un buen ejemplo de esta situación. A lo largo de todo el siglo XX (entre 1929 y 1989), el PRI mantuvo el poder político de manera hegemónica hasta el año 2000, cuando perdió por primera vez la presidencia de la república ante el Partido de Acción Nacional (PAN), encabezado por el político y empresario conservador Vicente Fox (2000-2006). Después de muchas décadas en el poder, el PRI y varios de sus mandatarios a lo largo del siglo XX abandonaron sus iniciales banderas sociales y políticas, dejaron de estimular reformas económicas y sociales a favor de las capas sociales más desfavorecidas y protagonizaron numerosos escándalos de corrupción, con lo que creció su desprestigio y se sentaron las bases para el triunfo electoral del PAN y su candidato. El Gobierno de Fox continuó las políticas neoliberales: privatizó empresas estatales, entregó las riquezas mineras al capital extranjero y durante su mandato el 80% de la banca mexicana pasó a manos extranjeras. Vale destacar el impulso a las inversiones del gran capital transnacional con el Plan Puebla-Panamá (PPP). Además, favoreció las políticas de dominio de Estados Unidos en la región. La gestión de Vicente Fox fue considerada por muchos analistas y dirigentes políticos como deficiente y de total inacción ante el crimen organizado. Con el paso de los años, en México se han formado y modernizado diversas agrupaciones delictivas que se encargan del control de las drogas, las cuales sostienen una abierta disputa para controlar el territorio nacional y su actividad de exportación ilegal, en especial, a Estados Unidos. Sus bases de operaciones se extienden, con una amplia ayuda de las autoridades militares del Estado, por casi todo el territorio mexicano. El poder de estas organizaciones tiene su mejor expresión en la confrontación armada que tuvo el Estado mexicano en Sinaloa por el apresamiento de Ovidio Guzmán López. Se trata del hijo de Griselda López Pérez y el «Chapo» Guzmán, uno de los capos más poderosos del mundo, quien se encuentra en la cárcel en los Estados Unidos.
Este enfrentamiento culminó cuando el Gobierno mexicano encabezado por el presidente Manuel López Obrador lo liberó para evitar un mayor «derramamiento de sangre», a pesar de que es uno de los cabecillas del cartel de Sinaloa y heredero de la fortuna mal habida del negocio del narcotráfico. Cabe recordar que en el año 2006, en las elecciones presidenciales, el exgobernador del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), proveniente del PRD, denunció el grave problema de orden público, inmoralidad y complicidad de las estructuras de poder existentes con los carteles de la droga. López Obrador siempre ha considerado que deben tomarse medidas drásticas ante este problema y el referido a la pérdida de autonomía e independencia nacional de México ante las grandes corporaciones transnacionales, en especial, estadounidenses. Es por esto que a principios del presente siglo se convirtió en la alternativa de la izquierda ante el fenómeno de la extrema corrupción, la desnacionalización de México y la opción neoliberal dominante. Por primera vez después de la Revolución de principios de siglo XX irrumpía una figura que desafiaba a la vieja guardia corrompida del PRI y la «nueva derecha» representada por el PAN. En el mismo año 2006, el PAN llevó como candidato a Felipe Calderón Hinojosa. El resultado, de acuerdo a las autoridades electorales, fue un empate técnico, aunque con una mínima diferencia de 0.56. La presidencia la obtuvo Calderón con el 35.89% de los votos y el segundo lugar lo ocupó López Obrador con un 35.33%.
La alianza que encabezó López Obrador y su partido el PRD calificó las elecciones de fraudulentas por múltiples irregularidades y convocó grandes manifestaciones, pero sin resultado alguno. La presidencia de Calderón (2006-2012) y sus políticas neoliberales agudizaron la crisis mexicana. Por una parte, en cuanto al aumento de la concentración de la riqueza en pocas manos, al aumento de la pobreza según CEPAL (paso del 31% en 2005 al 37% en 2012) y de la indigencia (del 8% en 2005 al 14% en 2012). En este tiempo la pobreza se redujo en casi toda América Latina, sobre todo en los países del nombrado bloque progresista. Por otro lado, con la gestión de Calderón, los carteles del narcotráfico siguieron expandiéndose e impusieron su estrategia de violencia. Entre diciembre de 2006 y enero de 2012 se estima que murieron cerca de 60,000 personas en enfrentamientos entre los carteles y las autoridades del Estado, que en buena medida conviven con los grupos criminales. La mala gestión de Calderón le abrió las puertas del poder al PRI nuevamente. En diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto fue electo presidente en México con el 38% de los votos, tras dos sexenios gubernamentales del PAN. Andrés Manuel López Obrador, quien intentaba de nuevo obtener la primera magistratura, obtuvo el 31%, y, tras cuestionar con argumentos muy sólidos la limpieza del proceso electoral llevado a cabo, organizó un nuevo partido de izquierda, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Transcurridos varios años, la gestión del presidente Enrique Peña Nieto fue desaprobada por la mayoría de la población de acuerdo a varios sondeos de opinión. Esta caída de las posibilidades del PRI para los comicios nacionales de 2018 y la desaprobación política del presidente y su gestión gubernamental incidieron en la candidatura del economista José Antonio Meade. Se trataba de la permanencia de problemas puntuales que tenían muy molestos a los mexicanos y que aún persisten en la sociedad mexicana: la inseguridad y la violencia que gira alrededor del fenómeno del narcotráfico y de la impotencia ante la masiva corrupción, la pervivencia y extensión de las desigualdades sociales y la pobreza, la falta de respuesta del Gobierno de Nieto a los insultos del presidente norteamericano Donald Trump contra la población mexicana, en especial, sus ataques a sus inmigrantes. Los altos índices de criminalidad, por ejemplo, que continuaban por una ineficaz política gubernamental y por la impunidad que prevalece en muchos actos de violencia extrema. También disgustaba a la población la privatización de la política energética, la apertura a la inversión privada y extranjera en la explotación y comercialización del petróleo sin una consulta mínima a la nación. De acuerdo a Oxfam, sección México —organización global que tiene como objetivo combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, defender el medio ambiente, los derechos de las personas y comunidades indígenas y luchar para garantizar el acceso equitativo a los recursos naturales—, la política social aplicada desde hace por lo menos 23 años en México ha sido «un esquema que ha fracasado en reducir la pobreza y la desigualdad». Se asegura en el informe de Oxfam denominado México Justo. Propuestas de políticas públicas para combatir la desigualdad, presentado en enero de 2018, que buena parte de los problemas del territorio y la población mexicana se deben a la corrupción y falta de transparencia en la gestión pública, a la ausencia de una política social para disminuir la pobreza y la desigualdad, al excesivo gasto en bienes públicos, a una errada política laboral y tributaria en México. En cuanto a política tributaria, por ejemplo, de acuerdo a Oxfam 7 de cada 10 pesos derivados de activos financieros y no financieros son concentrados por el 10% más rico del país. Con relación a la corrupción, afirman que es el tema principal de la agenda pública y que en México «el 67% de la población opina que las leyes se respetan poco o nada en el país, la confianza en los partidos políticos y diputados está por debajo del 20%, y la confianza en la policía está por debajo del 34%» En cuanto a la política social, en el informe de Oxfam se asevera que «a causa del modelo asistencial mexicano, el combate a la pobreza y a la desigualdad ha fracasado». La política social se ha convertido en un «alivio de la pobreza». Asimismo, estima que en 2016 «el 55.8% de la población no tenía acceso a la seguridad social». Sobre esta misma línea temática en conferencia de prensa reseñada por el prestigioso periódico La Jornada, el director ejecutivo de Oxfam México Ricardo Fuentes Nieva, el gerente de investigación Diego Vázquez Pimentel y Milena Dovalí, coordinadora de investigación, revelaron que México forma parte de los países más desiguales del mundo.
Igualmente señalaron que las 10 personas más ricas de México concentran la misma riqueza que el 50% más pobre del país, y que el ingreso promedio del 5% más pobre de México es igual al del 2% más pobre del mundo. Frente a este escenario social, político y económico descrito a grandes rasgos, se realizaron elecciones presidenciales en México el 1 de julio pasado para sustituir a Peña Nieto en la presidencia. La opción de López Obrador desde la denominada «izquierda democrática» obtuvo una victoria contundente, sus ideas y propuestas convencieron al electorado nacional. Logró imponerse sobre los demás con más del 50% de los votos en casi todos los estados de México. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), López Obrador alcanzó el 53.19%, muy por encima de los principales candidatos. Con la victoria de López Obrador, de acuerdo a algunos analistas, se abre el escenario de un Gobierno que no responde a las directrices de las elites tradicionales inclinadas al modelo neoliberal. El nuevo presidente hereda un país marcado por los problemas reseñados y otros que tienen relación con el escenario internacional. En el campo internacional, destaca la incómoda, exigente y, a veces, conflictiva relación que tiene una nación en vías de desarrollo con una superpotencia como la estadounidense. México desde hace varias décadas tiene serias y diversas dudas, problemas y temas pendientes con distintas administraciones de Estados Unidos. En el presente se produjeron continuos desplantes del presidente Donald Trump al Gobierno saliente de Peña Nieto, se mantiene una atenuada tensión con López Obrador por el tema de la migración, existe incertidumbre por la negociación pendiente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el impacto económico de la reforma fiscal aprobada por el Congreso estadounidense. Ahora, más allá de las estrategias que las organizaciones políticas partidistas tengan para sus futuras relaciones, la sociedad mexicana se encuentra ante la gran incertidumbre de que un gobierno «progresista» pueda sostenerse ante las presiones que, obviamente, se desatarán en el país más poblado de Latinoamérica, el más violento, con organizaciones criminales muy organizadas (que cuentan con innumerables vínculos en el entramado del poder establecido desde hace décadas), con una alta dependencia económica respecto a Estados Unidos y varios capítulos conflictivos abiertos alrededor del tema de la inmigración y la generalizada corrupción en todos los estratos de la sociedad, tanto públicos como privados.
López Obrador, en su libro La salida. Decadencia y renacimiento de México, plantea que «[…] la corrupción es el principal problema de México. Por esta razón, convoco a todos los mexicanos, mujeres y hombres, pobres y ricos, pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o librepensadores, a construir un acuerdo nacional y a hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno». Ante este escenario, traemos la reflexión del antropólogo mexicano Roger Bartra sobre la presencia y efectividad de las opciones de izquierda en la historia política de México. Una opinión sombría y escéptica, pero que tiene el valor de que la emite un honesto, viejo y reconocido militante por el cambio socioeconómico y político de México. Para él, la izquierda en todas sus formas ha fracasado en México, sobre todo, la izquierda que venía del desaparecido Partido Comunista. Para Bartra, la corriente que ha prevalecido es la del populismo que ha impulsado por largo tiempo el PRI, «impulsado originalmente por Lázaro Cárdenas, el populismo como una forma de cultura política». En cambio, el reformismo socialdemócrata en México no tiene mucha historia. Bartra, en la entrevista que le realiza el diario El País, continúa señalando: «Cuando se constituyó el PRD, ahí confluyeron algunas corrientes que gestaron un espacio socialdemócrata, pero poco sólido, sin sustento histórico […] Y es lo que estamos viendo. Domina el panorama este populismo de derecha obradorista. Así que la izquierda está en muy mal momento en México. Este populismo de origen priísta es como el peronismo» (Bartra, 2018: s.p). Sin duda, a López Obrador le esperan días muy difíciles. La reciente historia enseña que son múltiples y enormes las dificultades de una opción de cambio. Proliferan las artimañas y mecanismos para torcer la voluntad popular: propaganda negra, extorsión, secuestro y asesinato de autoridades, amenazas a los empleados del Estado y a trabajadores en general, a dirigentes de organizaciones alternativas y antisistema, todo con el propósito de debilitar las posibilidades de cambio e infundir miedo en la población. Por lo demás, no se puede pasar por alto que todo el tejido institucional, legal, electoral, militar, comunicacional y administrativo que hereda el presidente Obrador ha sido diseñado y sigue manejado por quienes son hoy los principales enemigos de una modificación sustantiva de la orientación político y social de México como de su actual correlación de fuerzas.
Estamos en pleno siglo XXI, el sistema político y la economía mexicana siguen teniendo viejos problemas, los hereda el nuevo Gobierno de Andrés López Obrador. ¿Cuáles son estos problemas? La mayoría son muy semejantes a los que hemos enumerado en cada nación. No se puede olvidar que Latinoamérica, por mucho tiempo, primero, estuvo bajo la influencia de Europa y después de Estados Unidos. Por un poco más de un siglo, desde el XIX, pone en práctica los mismos modelos de desarrollo. Como es notorio, entendiendo sus singularidades, tiene una historia común con el resto de la región. En México se pueden subrayar algunas particularidades: la falta de estrategia para unir regiones y sectores, poblaciones y mercados (todo ello ha supuesto la tensión entre lo rural y urbano, lo moderno y premoderno, lo poblado y despoblado), ausencia de planes y programas económicos con una visión de largo plazo, falta de un esfuerzo mancomunado entre el Estado, el sector privado y la sociedad. El país presenta en estas dos décadas cambios importantes en su fisonomía. El más sobresaliente ha sido su apertura a la economía mundial, en su íntima relación comercial con Estados Unidos y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y el Tratado de Libre Comercio con Europa. Sin embargo, no se ha podido establecer un proyecto industrial y social insertado en un tipo de desarrollo sostenible para todos los mexicanos. Se trata de la incapacidad de generar un sector manufacturero con capacidad tecnológica y de calidad que pueda convertirse rápidamente en un sector altamente exportador. He ahí la dualidad de una economía en la que coexisten sectores modernos y atrasados que se expresan en profundos desequilibrios, debilidades y grandes inestabilidades económicas y sociales. La economía mexicana ha operado como una gigantesca plaza financiera mundial en la que ingresan periódicamente enormes cantidades de recursos externos, pero de la que salen aún mayores cantidades hacia los mercados foráneos de capital. La deuda se ha incrementado proporcionalmente, pero su servicio, o sea, el pago de intereses y amortización, lo ha hecho geométricamente. La política de industrialización por sustitución de importaciones que en el siglo pasado se extendió por toda la región ha sido reemplazada por el modelo exportador de bienes manufacturados. Se pensó que la apertura de la economía bajo el modelo neoliberal podía fortalecer el sector exportador.
México siguió el mismo camino. Pero el balance ha sido hasta ahora muy desigual y sus beneficios están vinculados a los acuerdos con el mercado de los Estados Unidos. Con la gran recesión de 2009, este modelo de desarrollo sufrió una crisis, debido a que el modelo de exportaciones supone una excesiva dependencia de la economía de Estados Unidos y cualquier eventualidad en esa nación repercute negativamente. Hay que resaltar que el gasto social no se ha traducido en una reducción de la desigualdad entre personas y regiones, y en muchos casos tiene un carácter regresivo. México tiene una amplia historia en la actividad extractiva, particularmente en cuanto al petróleo y la actividad minera. Su explotación se remonta a 1901, gracias a un decreto gubernamental de Porfirio Díaz, y no es sino hasta 1938, con la expropiación petrolera, que el uso intensivo de bienes naturales de México atrae capitales extranjeros. Hasta 2002 se habían entregado hasta 21,000 concesiones mineras para exploración y explotación; sin embargo, a partir del año 2006 estas concesiones se han duplicado, lo que muestra la intensidad de esa actividad en México. Aunque cabe aclarar que el grueso de las compañías mineras es de carácter extranjero.
El breve recorrido por la historia mexicana da algunas pistas de lo que puede ser la agenda que tiene por delante López Obrador. Se trata de crear un plan estratégico a largo plazo bajo un nuevo modelo de desarrollo que se preste a restablecer el diálogo entre Gobierno y sociedad; proponer una nueva política social y una reforma del régimen fiscal; rearticular la relación política estatal central con las regiones; adecuar el sector industrial, energético y petrolero como palanca del desarrollo nacional; y que fomente el respeto a los sectores ambientales, ecológicos, indígenas, campesinos y laborales del país, lo que supone replantearse la relación con Estados Unidos y Canadá y diseñar un modelo de desarrollo productivo diversificado, autosostenible y respetuoso de la naturaleza y de los derechos sociales, políticos y humanos. Por lo pronto, estos son los desafíos de México con López Obrador al frente de la presidencia. No obstante, persiste un gran desafío, el de las bandas delictivas que, por la experiencia en Sinaloa con los hijos del «Chapo» Guzmán, muestran una realidad muy preocupante: los carteles de la droga cuentan con un ejército capaz de poner en jaque al Estado mexicano y controlan, además, extensos territorios.
