Acudir en ayuda. La primera meta: evitar que los efectivos los encapsularon, estableciendo una línea de defensa entre cementerio y pueblo. Mientras tanto, en el mismo cementerio, la policía apresó a quien fuera, sin orden de aprehensión y sin averiguar siquiera si los detenidos tenían algo que ver con las manifestaciones en curso. En un hecho particularmente macabro, incluso unas personas El domingo 19 de junio, la pequeña ciudad de Asunción de Nochixtlán, en México, se convirtió en un campo de batalla cuando elementos de la policía federal, la gendarmería y la policía estatal intentaron desalojar de manera violenta la barricada erigida por los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus simpatizantes. El saldo del enfrentamiento: 11 muertos y más de 100 heridos. Un sobreviviente de ese día cuenta su historia.
La entrada a Nochixtlán luce como una escena de Mad Max: carcasas de autobuses se hallan esparcidas por la calle, obligando al chofer de la furgoneta a ejecutar una serie de suaves maniobras para encontrar el buen camino. Aunque el viaje de la ciudad de Oaxaca a esta población normalmente dura unos 45 minutos, hoy tardamos el doble en llegar, ya que una barricada llena el hueco debajo de un cruce elevado más adelante, impidiendo el paso vehicular. La elección del lugar no es nada casual: Nochixtlán es el punto de entronque de las dos rutas que llegan de la Ciudad de México, la carretera 190 que pasa por la ciudad de Huajuapan de León y la autopista que vincula Oaxaca con el estado colindante de Puebla antes de seguir a la capital. Nos vimos obligados, entonces, a serpentear por un camino en medio del matorral para alcanzar esta ciudad de 15,000 habitantes, conocida desde la época precolombina como el lugar de la grana cochinilla (nocheztli en náhuatl más el sufijo tlan que indica lugar). Mateo –se reserva su nombre real por temor a represalias– nos espera en la cancha de basquetbol de la escuela preescolar que sirve como base de operaciones de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos maestros, padres de familia y simpatizantes mantienen una barricada en Nochixtlán desde el 15 de junio. En un pequeño jardín, el comité de comida prepara tacos dorados, frijoles, atole y café en un comal casero y unos grandes tambos sostenidos con bloques de cemento sobre un fuego de leña. Mateo, hablante de mixteco el principal idioma indígena de esta región, es oriundo de Nochixtlán y maestro de primaria en la sección de educación indígena. Es un hombre compacto y atlético de 40 años, con el cabello negro cortado al rape a los lados. Nos dirigimos al aula vacía para que nos cuente su historia.
En los años siguientes a la Revolución mexicana, el emergente «partido de Estado», el Partido Revolucionario Institucional (PRI), organizó la fuerza laboral del país de manera corporativa, agrupando a los trabajadores por sectores a fin de contener las inquietudes sociales y, a la vez, asegurar su hegemonía. A cambio del reconocimiento oficial y de recursos económicos del partido Estado, las organizaciones y los sindicatos favorecidos proporcionaban apoyo, votos en bloque y control sobre sus miembros. Cualquier brote de sindicato independiente era suprimido. Y a diferencia de los presidentes, cuyos mandatos se limitaban a seis años, el cargo de jefe sindical era –y en muchos casos sigue siendo– vitalicio. En 1943 se formó una de estas agrupaciones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El 15 de mayo –el Día del Maestro en México la Sección 22 se declaró en plantón indefinido e instaló un campamento en el Zócalo y las calles aledañas de la ciudad de Oaxaca. La situación era, de entrada, tensa, ya que cinco miembros del cuerpo directivo de la sección habían sido arrestados por el gobierno federal en los meses anteriores. Los días 11 y 12 de junio, se sumaron dos más: el secretario general, Rubén Núñez, por presunto lavado de dinero, y el secretario de organización, Francisco Villalobos, por robo calificado. Los arrestos, denunciados por la Sección 22 en un comunicado como casos de desaparición forzada, fueron acompañados por el desalojo de los maestros frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) por parte de unos 800 efectivos de las policías federal, estatal y municipal. Como respuesta, la asamblea estatal de la sección resolvió ampliar sus acciones bloqueando calles y carreteras clave en los diferentes sectores del estado.
Con la llegada de la década de los 80, empezaron a tambalearse los cimientos de la estructura corporativa del Estado mexicano socavados por la devaluación del peso en 1982 y los posteriores recortes neoliberales implementados por el presidente Miguel de la Madrid. En 1979 se abrió una primera fisura con la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una alianza de secciones disidentes del SNTE provenientes en su mayoría de los estados del sur, donde se concentran los más altos índices de marginación y la mayor población indígena del país. Luego, en mayo de 1980,la Sección 22 de Oaxaca inició un histórico y exitoso– paro de labores de 44 días. Sus demandas fundamentales: mejoras salariales, una infraestructura escolar digna y democracia sindical. «Las primeras marchas eran silenciosas, a diferencia de hoy», recuerda la maestra Itandehui Figueroa. Desde el principio, la Sección 22 ha luchado en tres frentes: contra el gobierno federal, el gobierno estatal y la cúpula capitalina de su propio sindicato. Aunque pocos se hubieran dado cuenta en el momento, la época de conflictividad laboral en Oaxaca había empezado.
Junto con otros dos maestros de su delegación, Mateo fue nombrado para hacer las guardias nocturnas en la barricada: turnos castigadores de doce horas, recorriendo cuatro puntos estratégicos que permitían vistas despejadas de los alrededores. La atmósfera, cuenta, era de «psicosis» por la amenaza, siempre latente, de un desalojo. Un lugar sujeto a observación especial era el rancho del presidente municipal de Nochixtlán, Daniel Cuevas, miembro del PRI (su hermano Herminio es el diputado local recién electo del mismo partido). Cuevas había provocado el encono de la ciudad gracias a un estilo autoritario de gobernar, acusaciones de corrupción y un enriquecimiento inexplicable si no ilícito. Se había adueñado de un vistoso conjunto de autos y bienes inmuebles, incluyendo el rancho bajo observación, destino de visitantes misteriosos a todas horas entre patrullas y costosos autos privados.
Una noche, Mateo y sus compañeros lograron detener una serie de camionetas blancas que se dirigían en fila al rancho. Dentro de las unidades, encontraron sobres de dinero y propaganda para Alejandro Murat, gobernador electo del PRI del estado de Oaxaca.
En su lucha por la democracia sindical, la Sección 22 de Oaxaca ha ganado mucho: por ejemplo, el derecho a elegir su propio líder sindical junto con su Comité Ejecutivo Seccional (CES), algo que no tienen las secciones estatales no disidentes. A diferencia de los jefes caudillistas a nivel nacional, el dirigente de la Sección 22 no puede ser reelegido. La toma de decisiones se hace en una asamblea estatal luego de una amplia consulta con los maestros, conocida como «la base». Sus Palacio Municipal de Nochixtlán quemado e iluminado marchas, plantones y tomas de edificios y calles se realizan con una disciplina multitudinaria que ningún otro sindicato de México –y muy pocos fuera del país puede igualar. En un país donde los partidos políticos distan de ser representativos y la separación de poderes es más formal que real, una de las únicas contrabalanzas al Poder Ejecutivo es el magisterio disidente. «No podemos dejar de reconocer que un gran número de los maestros provienen de familias campesinas y de comunidades indígenas», escribe Víctor Raúl Martínez Vásquez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). «La resistencia de los grupos étnicos, el trabajo disciplinado y de conjunto en las tareas colectivas, la austeridad en el modo de vida, el tesón, la capacidad de resistencia frente a la adversidad natural o social, son algunos de los elementos que caracterizan la lucha de los maestros de Oaxaca y que se observan en sus tácticas de lucha».
El domingo 19 de junio del 2016 amaneció con sol y la promesa de calor. Mateo, agotado por un cúmulo de noches consecutivas de rondines, se fue a su casa a descansar. El domingo es «día de plaza», cuando la población acude a los mercados locales conocidos como tianguis– para surtirse de alimentos para la semana. El 19 era, además, el Día del Padre. Los padres de familia que ayudaban a resguardar la barricada cambiaban de turno cuando a las 7:00 a.m. «liberaron el tráfico» para dejar pasar los autos acumulados en la carretera. Fue entonces cuando Mateo, quien apenas había cerrado los ojos, recibió una llamada en su celular: «¡Están a 300 metros de aquí!», gritó la voz. En vano, intentó llamar a sus otros compañeros de guardia: no contestaban. Solo y desolado, tendría que acudir en defensa de la barricada con la única arma a su disposición: su honda.
No obstante sus conquistas democráticas, el carácter de la lucha de la Sección 22 cambió fundamentalmente a lo largo de los años 90. En 1992, como parte de una iniciativa de descentralizar la educación mexicana, el gobierno federal otorgó la rectoría educativa a los estados. El estado de Oaxaca, en turno, cedió gran parte del control del naciente Instituto Estatal de la Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) al magisterio. Y la sección aprovechó al máximo este nuevo poder para avanzar en sus propósitos, instaurando un sistema de puntos que regía el ascenso en la carrera magisterial, ganados por asistencia a asambleas, marchas y plantones. Aunque el sistema servía para potenciar las acciones laborales de la sección, también propició la creación de una cultura escalafonaria que premiaba la disciplina gremial en lugar del desempeño profesional. La herencia (e incluso la venta) de plazas desvirtuaba la profesión al llevar maestros no calificados a las aulas. Los puestos altos de la sección y el poder y clientelismo que ofrecían– se volvieron el objetivo de grupos ideológicos denominados «corrientes», que entablan feroces pugnas entre sí con tal de conseguirlos. Las mismas corrientes empezaron a tomar las decisiones claves en forma de «amarres» para luego presentarlas ante la asamblea como hechos consumados. El discurso de la sección se tornó maniqueo; sus métodos de lucha, repetitivos e inflexibles; y sus prácticas pedagógicas están basadas demasiado a menudo en la memorización de contenidos en lugar de en un pensamiento crítico. Las negociaciones entre la sección y sus interlocutores gubernamentales derivaron en una especie de juego político, con mucho dinero por medio para los líderes de la sección. Y hasta la fecha, sus plantones paralizan la ciudad de Oaxaca durante semanas o meses cada año, con la interrupción de clases, el caos vial y los perjuicios económicos que ello conlleva. Así las cosas, no es de sorprender que muchos ciudadanos de a pie se sientan atrapados, sin voz ni voto, entre la espada del gobierno y la pared de los plantones.
En situaciones de desalojo, la policía suele dar a los manifestantes un breve plazo de tiempo para desocupar el espacio de manera voluntaria, con la finalidad de agotar las posibilidades de evitar conflictos frontales. El 19 de junio ese protocolo no se siguió: Mateo apenas tuvo tiempo de colocar dos cajas de Coca Cola (utilizada para mitigar los efectos del gas lacrimógeno) debajo del cruce antes de sentir los efectos del primer petardo. En medio de la confusión inicial, los aturdidos manifestantes se replegaron hacia el cementerio, pero no sin antes enviar la convenida señal de alarma a la población: tres «cohetes» disparados en sucesión. Como respuesta, las campanas de la catedral fueron repicadas con urgencia. El tianguis se abandonó y los residentes de Nochixtlán empezaron a ayudar a cavar una tumba y fueron llevados sin más a la ciudad de Oaxaca.
En junio del 2006, durante el mandato del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la policía estatal intentó desalojar el plantón magisterial que se había instalado en la ciudad de Oaxaca el mes anterior. La ofensiva, que fue repelida, desencadenó un amplio movimiento social que, agrupándose en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), exigió la destitución inmediata del impopular mandatario por malversación de fondos, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.
Durante los cuatro meses siguientes, el centro de la ciudad fue ocupado por integrantes del movimiento, que cerraron todas las instancias del gobierno estatal. El gobernador huyó a la Ciudad de México. En las noches, los residentes de las colonias erigían barricadas para protegerse de los ataques de hombres armados en camionetas sin placa.
Pero, en lugar de declarar la desaparición de poderes una facultad del Senado de la República que habría abierto el camino al nombramiento de un gobernador interino–, el gobierno federal titubeaba, enredado en las secuelas de una elección presidencial impugnada por fraudulenta y dirimida con una supuesta diferencia del 0.56% entre los dos contrincantes principales. Cuando finalmente actuó, a finales de octubre, fue para enviar la Policía Federal Preventiva a Oaxaca, la cual desalojó de manera brutal a los manifestantes el 25 de noviembre, cometiendo una serie de graves violaciones a los derechos humanos. El desalojo sofocó el movimiento, pero no las causas subyacentes. «Quedamos con una herida abierta, y al primer toque la herida volvió a sangrar», dice el periodista oaxaqueño Adrián Ortiz Romero Cuevas. «Nochixtlán no es la causa de la crisis actual en Oaxaca, sino la consecuencia de esa crisis».
En algún momento entre las 9 y las 10 de la mañana, Mateo se dio cuenta de que la policía estaba disparando balas reales desde el cruce elevado de la carretera federal. Desde la hilera de pinos que da acceso al cementerio, elementos de la policía estatal disparaban también. Pero lo peor de todo, dijo, eran los francotiradores emplazados en techos estratégicos unas cuadras más adelante, que disparaban quirúrgicamente a la gente que había salido a la calle. Empezaron a caer los primeros heridos. Entraban los gases a las casas y hospitales. Al negarles el acceso a los centros médicos, los manifestantes llevaban a sus heridos a la catedral, donde el cura, además de abrirles el recinto, transmitía las noticias por medio del altavoz.
Cuando llegó un primer helicóptero, con elementos de la gendarmería nacional y un reabastecimiento de gases lacrimógenos, Mateo dedujo que no habían contado con tal grado de oposición: maestros, padres de familia y residentes de los pueblos circundantes se organizaban espontáneamente para abastecer, animar y relevar las líneas de resistencia. Los gendarmes se apostaron en abanico y empezaron a disparar. Los manifestantes que estaban en la línea de fuego se tiraron al suelo. Al cesar los disparos, varios se echaron a correr. Mateo vio con horror que los gendarmes disparaban nuevamente. Cayeron dos hombres. Por temor, nadie se acercaba a socorrerlos. Con su honda, Mateo lanzaba piedras a los gendarmes a fin de ayudar a contenerlos. Finalmente, logró recoger uno de los cuerpos y colocarlo en una ambulancia, pero era demasiado tarde: murió a los pocos minutos. Se trataba de Yalid Jiménez Santiago, un taxista de 29 años y padre de tres hijas. «Quiso levantarse a correr para protegerse y fue cuando lo… lo matan», dice Mateo. En la luz crepuscular del aula, cae un hondo silencio.
Además de la causa inmediata el arresto de sus dos dirigentes en junio– el detonante de fondo de las protestas de la Sección 22 es la reforma educativa, una modificación constitucional promulgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto entre los años 2012 y 2013. A pesar de lo que su nombre indica, lo que brilla por su ausencia en la flamante ley es precisamente el tema educativo. No aborda asuntos como las mejoras pedagógicas, las actualizaciones en los programas de estudio, la renovación de la deteriorada infraes. La estructura de las escuelas, los métodos de profesionalización del cuerpo docente, ni mucho menos los mecanismos para establecer una educación pluricultural y plurilingüística en un estado como Oaxaca, donde se hablan 16 idiomas indígenas con centenares de dialectos.
Lo que sí aborda es de naturaleza administrativa y punitiva. En primer lugar, establece un nuevo instituto federal para encargarse de la contratación y la evaluación de los maestros. Aunque nadie niega la necesidad de que los maestros sean evaluados, el método elegido consiste en un examen estandarizado que es idéntico para todo el país, desde Tijuana a Chiapas. No se contempla la observación en las aulas, donde tendría que realizarse una verdadera evaluación. En lugar de reformar el sistema de plazas para crear un sistema. De forma meritocrática, la ley impone un régimen de contratos temporales, lanzando a miles de jóvenes educadores a la precariedad laboral. El vínculo con las escuelas normales –uno de los únicos medios de ascenso social para las comunidades rurales del sur se debilita, puesto que los egresados ya no tienen garantizado un lugar de docencia. Y, a través de un rubro llamado «autonomía de gestión», se abre la puerta a la privatización de la educación, dejando a las escuelas la responsabilidad de velar por sus operaciones básicas en cuanto a instalaciones, insumos y material didáctico.
Según Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, los cuerpos policiacos finalmente salieron de Nochixtlán entre las 3:30 y las 4 de la tarde, dejando atrás una ciudad que se debatía entre la ira y el luto. El saldo del día: once muertos y más de cien heridos de bala. El presidente municipal Daniel Cuevas –quien, según testigos, se negó a facilitar la ambulancia municipal para recoger a los heridos– huyó de la población junto con su familia; el Palacio Municipal fue quemado, su interior consumido. En el vacío dejado por su ausencia, se conformó un nuevo consejo municipal, formado por representantes de cada barrio, para atender a las familias de los muertos y los heridos, así como a los residentes que sufrieron daños materiales.
Para la policía, el día no había concluido, ya que les deparaba más resistencia en su atribulado camino a Oaxaca: en la cabina de peaje y el pueblo de Huitzo, a media hora de camino; en el barrio de Hacienda Blanca, a la entrada de la ciudad; y por el monumento a Benito Juárez, en la colonia de Viguera. Pero no llegó al Zócalo de Oaxaca, punto cero del plantón magisterial y la meta definitiva del día. ¿Por qué? Parecería que el escándalo nacional e internacional suscitado a raíz de los muertos en Nochixtlán fue suficiente para detener su avance… por ahora. Al cierre de este artículo, las negociaciones entre la CNTE y el gobierno siguen empantanadas, sin una solución a la vista. Tarde y con tropiezos, el año escolar ha empezado. Desalojados temporalmente para los festejos del 16 de septiembre el Día de la Independencia de México–, los maestros volvieron a ocupar el Zócalo al día siguiente. A nadie le sorprendió la noticia: en este conflicto, las soluciones no se miden en días, sino en décadas.
