Revista GLOBAL

Presidencia y continuidad política de Nicolás Maduro Moros en Venezuela

por Humberto A. Daza
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Hay un hecho a destacar en Venezuela, de tipo político-electoral, muy significativo en el desarrollo del proceso sociopolítico venezolano y que puede leerse como una importante inflexión de su historia reciente: las elecciones parlamentarias de diciembre del año 2015. En ese año, la oposición organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ganó las elecciones por una amplia mayoría, obteniendo el 56,26% de los votos contra un 40,67% de los partidarios del Gobierno. La oposición obtuvo un total de 112 parlamentarios, con lo cual logró una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea (Lander, 2016).

El capital político que le dejó Chávez a Maduro fue enorme, este heredó tanto los aciertos como los errores de aquel, mantuvo el equipo de Gobierno casi intacto y gobernó frente a una población impactada emocional y políticamente, tanto por el fallecimiento de Chávez como por la pugnacidad del juego público y gubernamental. Su victoria en las elecciones presidenciales del año 2013 no resultó tan rotunda como se esperaba. Con 50,66% de los votos, Nicolás Maduro le ganó en cerrados comicios a Capriles, quien obtuvo el 49,07% de la votación, 1,59% menos que Maduro, tras el escrutinio del 99.12% de los sufragios, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional Electoral. Chávez era un «mago» gracias a su capacidad para seducir al electorado y, obviamente, el caudal de seguidores descorazonados, apesadumbrados y desmotivados por la pérdida de su líder debilitó el piso social que sustentaba al proyecto bolivariano. Esto marcó negativamente el inicio del gobierno de Maduro, por ello tenía que reencantar a su propia clientela política, administrar un nuevo ciclo de problemas, dirigir una «nomenclatura» heredada que, aunque conocía muy bien, estaba estructurada funcionalmente de acuerdo con los criterios y necesidades del líder desaparecido. Con la llegada al poder de Nicolás Maduro, todas las variables que impedían el dialogo creativo y productivo cobraron fuerza. Los factores adversos al nuevo Gobierno, los mismos que le hicieron la guerra a Chávez, acrecentaron la actividad opositora desde el primer día de gestión.

Era lógico que así ocurriera por los duros debates preelectorales y por la apretada diferencia en sufragios con la que Nicolás Maduro le ganó al abanderado de la oposición. A lo largo de su gobierno, la oposición nunca bajó la guardia, y con el tiempo se endurecería en sus peticiones: corregir la política económica, en particular, la política cambiaria, y renovar la entrega masiva de divisas al empresariado, la liberación de los presos políticos, la realización de un referéndum revocatorio, la renuncia del presidente y la instalación de un Gobierno de transición, entre muchas otras.

Después de las elecciones nacionales de 2013, se extendieron los factores conspirativos y enemigos de la conciliación con el Poder Ejecutivo nacional, estrechándose el espacio para la gobernabilidad. La oposición se fue al extremo, motivada por su inmenso caudal electoral: planificó y ejecutó un plan insurreccional que comenzó el 12 de febrero de 2014 con el fin de crear las condiciones para que el Gobierno cayera. Este plan ejecutado a lo largo de varios meses lo denominaron «la salida». Por supuesto, las quebradizas y endebles relaciones de convivencia democrática entre los principales actores sociales (empresariado, militares, políticos y representantes de la Iglesia católica) prácticamente desaparecieron. Continuaron pues, las fuertes tensiones y pugnas entre el Gobierno y la oposición, aumentó el desinterés, cansancio y molestia de la población por la rutinaria disputa política. Este nuevo fenómeno social se acrecentó significativamente con el paso de los años hasta la actualidad. Bajo estas condiciones y nuevos ambientes sociales se presentaron en los tres primeros años del gobierno de Maduro nuevos elementos en el escenario interno del «chavismo». Esto se debía a las contradicciones y desgarramientos al interior del Gobierno como resultado de discusiones sobre el modo y la reformulación de las políticas para atender exitosamente los problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas, la inflación desbordada, la inseguridad y el deterioro social en medio del abrupto desmoronamiento de los precios internacionales del petróleo. Como era de esperarse, se produjeron fisuras en la alianza gubernamental y salidas del Gobierno de algunos altos funcionarios y personalidades y muchos otros fueron relegados por sus observaciones puntuales y generales de la problemática venezolana.

Todos estos personajes que tuvieron altos cargos de Estado, académicos, dirigentes nacionales y actores cercanos al proceso bolivariano, hicieron varias observaciones críticas, entre las que se destacan las siguientes: la ausencia de un liderazgo competente en varias áreas gubernamentales indicaba la necesidad de abrir una discusión crítica sobre los problemas del país; la falta de acciones concretas ante las crecientes corruptelas y el despilfarro de los recursos del Estado; la desviación del proyecto original contemplado en la Constitución de la República; y los vínculos con los poderes supranacionales para la explotación primario-extractivista de los recursos naturales. Cuestionaban, además, la idea de que el crecimiento, la productividad, la economía y todas las actividades de la sociedad en general permanecían subordinadas únicamente al Estado, a las decisiones del presidente y su equipo gubernamental, alejándose del espíritu de la Carta Magna que propiciaba la intervención permanente de todos los grupos de interés y de la colectividad nacional en los asuntos públicos. Otros, del lado de la llamada Revolución Bolivariana, argumentaban que no era la hora para el debate, pues consideraban que había que radicalizar el proceso sin ceder espacios de ningún tipo. Era el momento de enfrentar a los conspiradores, a los traidores, y quien demostrara debilidad le hacia el juego al liderazgo estadounidense. Vale decir que hasta la fecha (2018), la confrontación política en el país se ha agravado, oposición y Gobierno se miran como enemigos irreconciliables, cuyo único interés es la pugna por cuotas de poder. Mientras tanto, el desencanto nacional aumenta, como lo demuestra el altísimo nivel de abstención (54%) en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.

Igualmente, se observa una aparente unidad de propósitos en los factores gubernamentales. No obstante, resulta increíble que las estructuras de Estado, los equipos nacionales, regionales y locales no hayan podido mantener los avances logrados contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social. A ello se agrega que el trabajo del Estado y el Gobierno está peligrosamente restringido debido fundamentalmente a una altísima prolongación de la polarización social y del cerco económico y financiero que se ha intensificado desde la escena internacional. No podemos dejar de recordar que el expresidente Chávez, ante circunstancias difíciles, inventaba salidas a través del dialogo para la creación de puentes y mecanismos participativos. Algunos analistas tienen la convicción de que el régimen de Maduro ha subestimado esta vía que podía abrir espacios para una mejor gobernabilidad. El sociólogo y estudioso de los temas sobre el desarrollo y la democracia Edgardo Lander ilustra bien esta situación al afirmar en una entrevista realizada por Carlos Carcione (2017) que si el gobierno «[…] desconoce la Asamblea Nacional, pospone las elecciones de gobernadores […] si niega la posibilidad del referéndum revocatorio que está contemplado en la Constitución […] si tenemos un presidente que gobierna por un estado de emergencia con atribuciones para decidir sobre todo, inclusive sobre la suspensión de derechos constitucionales» (Carcione, 2017), obviamente se estaría cerrando la posibilidad de que la población venezolana active un dispositivo constitucional.

Por estas razones se mantuvo con mucha fuerza el enfrentamiento entre la llamada MUD y el Gobierno. En este entorno se destaca que durante el año 2017 (a partir de mayo), de nuevo se impulsaron desde la oposición fuertes protestas en las principales ciudades del país, pero, lamentablemente, las manifestaciones que al principio pretendían ser pacificas sirvieron de combustible para que sectores opositores extremistas las distorsionaran y utilizaran (con actividades extremadamente violentas, llamadas guarimbas) con el propósito de paralizar la vida normal y producir ingobernabilidad en una clara estrategia de desestabilización, al igual que en el año 2014. Estas iniciativas generaron el rechazo de la gran mayoría de los manifestantes del pueblo opositor; sin embargo, la MUD y sus principales voceros no se distanciaron tajantemente de estas prácticas, evidenciándose así sus contradicciones internas y la falta de sintonía con el grueso de sus seguidores.2 Cabe mencionar que el Estado venezolano hizo muy poco para garantizar la tranquilidad ciudadana y sus derechos fundamentales, lo que resultaba inexplicable para el común de los ciudadanos. El ciclo de violencia se fue apagando por sí solo por falta de apoyo popular y este momento le dio un respiro al oficialismo para retomar la iniciativa. Paralelamente, dos poderes nacionales seguían desafiándose abiertamente (el Ejecutivo nacional y la Asamblea Nacional), con el agravante de la intervención en la controversia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a favor del Gobierno, y de la Fiscalía General de la República a favor del Parlamento. La adhesión de la fiscal general a los planteamientos de la Asamblea Nacional resultaba un hecho asombroso debido a que la alta funcionaria era una conocida aliada y participante de las actuaciones y decisiones gubernamentales. Según Svampa (2017), el Gobierno, en medio del desconcierto general y la sensación de la completa pérdida de autoridad gubernamental, retomó sus bríos políticos con algunas medidas que algunos consideran que, en lugar de apaciguar los ánimos, recobrar el respeto a la institucionalidad y la gobernabilidad, más bien profundizó la división y el malestar del país. Se refiere la autora al «llamado a una Asamblea Constituyente que la oposición rechazó en bloque. Pese a que esta sería considerada por numerosos especialistas como anticonstitucional».

Posteriormente, aprovechando el desaliento, las contradicciones y la fragmentación de la oposición por los eventos violentos mencionados, se impulsó la realización de las elecciones a gobernador, en octubre de 2017, que dieron el triunfo al «chavismo» en 18 de 23 estados. Asimismo, el Gobierno organizó «las elecciones municipales para antes de fin de año». Si hay algo que no han logrado las elites dominantes tradicionales como las emergentes en la Venezuela de hoy, es anticiparse en forma segura al desenvolvimiento de la sociedad en su diversidad a los fines de armonizar esa variedad de actores y grupos que denominamos con el apelativo de pueblo. Simplemente, no han podido interpretar las aspiraciones del pueblo, dejaron de ser intérpretes de quienes en algún momento depositaron en ellos cierto grado de poder. He allí una de las principales razones del fracaso de la mesa de negociación de Santo Domingo en el intento por alcanzar la estabilidad política y mayores niveles de conciliación entre las partes en pugna.3 Cabe introducir en este análisis la incidencia que ha tenido sobre el país el incremento de las sanciones internacionales encabezadas por Estados Unidos junto con sus aliados europeos y con el apoyo de sus aliados suramericanos. Al sabotaje financiero y económico hay que añadir las amenazas «injerencistas» del vicepresidente estadounidense Mike Pence y, en especial, de intervención militar, apoyo a un golpe interno o de embargo petrolero que propuso el ex secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson a la región latinoamericana, durante una gira realizada en la primera semana de febrero por Argentina, Perú, Colombia, Jamaica y México. Cabe resaltar que Tillerson (ingeniero y empresario estadounidense) ejerció el cargo de director ejecutivo de la gran corporación energética Exxon Mobil Corporation entre 2006 y 2016. No puede pasarse por alto que en un litigio internacional perdió un caso ante Venezuela en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo ante el cual solicitó en el año 2007 (era presidente Hugo Chávez) que se le compensara a la Exxon Mobil con 12,000 millones de dólares. Los principales elementos de su agenda estaban dirigidos a convencer a la región para poner en práctica estas iniciativas violentas y altamente perjudiciales, no solamente para Venezuela, sino para el continente. El investigador y profesor Edgardo Lander, en una entrevista realizada por Franck Gaudichaud (2018), afirma que, desde el inicio del gobierno de Chávez, los Estados Unidos han intentado desestabilizar al Gobierno venezolano.

En el fondo de esta tarea están las cuantiosas reservas y riquezas petroleras y mineras de Venezuela, las cuales son esenciales para el gigante del norte o para impedir que sus rivales en el mundo las obtengan. Por ello las amenazas formuladas por el gobierno de Trump no deben ser subestimadas. De acuerdo con Lander, hay que recordar que en Venezuela «ha habido igualmente injerencias importantes del uribismo y el paramilitarismo colombiano. Este tipo de agresiones hacen parte del panorama de la crisis actual en Venezuela». La situación de Venezuela es dramática por donde se la mire, hay intentos por parte de los sectores gubernamentales por vender la idea de que el chavismo está unido y sólido mientras en la oposición prevalecen los desacuerdos y la falta de unidad. No hay duda de que el gobierno de Maduro ha tenido éxito en su estrategia por mantenerse y consolidarse en el poder a pesar de que, paradójicamente, no ha podido realizar una gestión exitosa y de estar rodeado de la peor situación social de la historia reciente. Se intenta desde el Gobierno mantener activa y moralizada a su clientela natural y de acercarse a una importante franja de venezolanos que tienen sobradas razones para tener una posición de rechazo cada vez más acentuada con la gestión gubernamental, lo cual explica sus constantes campañas de información nacional, de exaltación ideológica y de rememoración de los logros de Hugo Chávez, con información colmada de elogios a los símbolos patrios y a los esfuerzos de «resistencia al imperialismo», operaciones de propaganda dirigidas a una parte de la población que, sin duda, sigue identificada emocionalmente con la figura de Chávez y su propuesta de país.

Pero también se desarrolla una estrategia paralela que intenta suavizar la gravísima problemática social con planes de contingencia de bonos de compensación salarial, ayudas a mujeres embarazadas, entregas de bolsas de alimentación a precios subsidiados, servicios rápidos de obtención de medicamentos, planes de trabajo para los jóvenes sin trabajo, becas estudiantiles, aumentos sostenidos del número de pensionados y sus ingresos, entre otros; estrategia que le ha dado dividendos políticos al gobierno de Maduro y está ensamblada con un discurso político que reivindica las luchas sociales y la redención de los sectores más débiles. Sin duda, Venezuela está ante una grave crisis y se manifiesta de numerosas formas. La desesperanza, la preocupación, la angustia, el malhumor y el miedo por el porvenir se encuentran en todas partes. Lo vemos en el aumento de la indigencia, entre los ciudadanos que recorren las calles, en las paradas de transporte, en los hospitales públicos, en las miles de filas de ciudadanos buscando documentación para salir del país, indagando los mejores precios en los centros de venta de alimentos en medio de una turbulenta economía que se define por la escasez, los precios elevadísimos (hiperinflación), la especulación a granel, el hambre, la desnutrición y las malas condiciones de salud pública. Tales condiciones habían sido bastante superadas y echadas atrás en la primera década del «chavismo».

El desafío está en aceptar que se tienen serios inconvenientes de índole humanitaria, de exclusión política, disolución social y migración inevitable de los habitantes que buscan sosiego, seguridad y mejores oportunidades de vida. Por ello es imprescindible, desde el poder central: plantearse una sincera y dura autocrítica, ofrecer salidas duraderas en lo político, en lo social y en lo económico, aceptar los fracasos y errores en la conducción del Estado, reestructurar las instituciones, corregir políticas equivocadas, abrir espacios para la reconciliación y el diálogo entre todos los actores y grupos de interés que impliquen conceder y democratizar importantes espacios del poder nacional, regional y local. Hay una narrativa sobre lo que está pasando en Venezuela que no ayuda a la compresión de los fenómenos en curso. En ella se inventa que «el rentismo y el petróleo son culpables de todo». Obviamente, ni el rentismo ni el petróleo son un sujeto político o social en sí mismo. El rentismo no es un vehículo que se conduce solo. Con este idealismo se evade la realidad y se oscurecen las verdaderas causas de la realidad. El tema del rentismo y el estatismo en Venezuela está muy ligado al clientelismo popular, al proyecto centralista puntofijista que privilegiaba las relaciones entre los sectores político, militar, empresarial y eclesiástico (viejo pacto entre las elites de poder en los años 60 del siglo pasado) a través de la renta petrolera.

El proyecto chavista exacerbó el antiguo y robusto rentismo, el centralismo y el clientelismo. Por supuesto, en este marco no podía hacerse realidad la expansión de la economía productiva ni sostenerse por mucho tiempo la «democracia participativa y protagónica». Es necesario admitir y certificar que la aplicación de algunos programas sociales sin destruir las estructuras sociales preexistentes, junto con las políticas económicas gubernamentales equivocadas, la práctica del contrabando de extracción y el ataque permanente a la moneda nacional desde Colombia con la colaboración de las autoridades fronterizas, el desabastecimiento inducido y el cerco financiero propiciaron: nuevas relaciones patrón-clientelar, la revalidación de la «menesterosidad» y el resurgimiento de la indigencia en la población, sobre todo en la segunda década. Esto explica la improductividad social y el retroceso de los indicadores de bienestar social. En otra trayectoria, se fomentó la aparición de grupos de poder y redes delictivas a todo nivel nacional, estatal y local, que actúan para captar recursos del Estado junto con funcionarios inescrupulosos; se debilitaron las normas sociales y en consecuencia se derrumbó la autoridad del Estado, apareciendo así una preocupante y creciente anarquía e incertidumbre social junto con una gradual y creciente migración de la población hacia otros destinos extranacionales. La fuga de venezolanos de altísima calificación técnica y profesional y de ciudadanos de todos los estratos sociales representa una grave perturbación y lesión para el tejido social del país.

Toda esta problemática emerge significativamente a la superficie a principios de la segunda década. Todas las variables sociales, repito, se deterioraron como consecuencia de lo arriba descrito y por la caída de los precios del petróleo y la parálisis del aparato productivo. A las dificultades mencionadas hay que añadir el incremento de la pobreza, la reaparición de los índices de desnutrición, el crecimiento del desempleo, el grave deterioro de los servicios de telefonía, internet, salud, electricidad y agua por falta de inversiones y por mala gestión pública. En este punto no podemos dejar de recordar que, a pesar de que se estimuló al principio un modelo incluyente para las clases populares y clase media baja, se relegó a un segundo plano a profesionales e intelectuales, a una porción relevante de los sectores medios y productivos, así como a individualidades vinculadas a la academia universitaria y científica, privilegiándose las relaciones con sectores militares y comprometidos incondicionalmente con los postulados de la elite gobernante. Además, agregamos, como complemento de lo anterior, que el Gobierno venezolano no ha tenido una estrategia exitosa de lobby internacional y de orden comunicacional para suministrar información sobre su realidad, para enfrentar la desinformación y el descrédito político dirigido desde afuera, el intervencionismo para financiar la inestabilidad y producir ingobernabilidad. El papel de las embajadas, por ejemplo, es central en esta debilidad. Ello es imprescindible para evitar la escalada contra el país, la pérdida de confianza en sus autoridades y que a Venezuela se la acorrale en el tablero internacional.

Está claro que la denominada Revolución Bolivariana, a lo largo de la gestión de Nicolás Maduro, ha tenido un temor consciente a la autonomía popular y al protagonismo social directo de los venezolanos en la resolución de su problemática social. Es notoria la falta de confianza en la ciudadanía, incluso con las organizaciones populares y políticas que le han dado sostén al denominado «chavismo». En el periodo estudiado, las bases sociales, populares y de clase media, así como comunidades étnicas y alejadas de las grandes ciudades, han tenido que sortear numerosos obstáculos para incidir en las decisiones gubernamentales y del Estado que afectan a la población. Por ejemplo, en la aprobación del nombrado plan del «Arco Minero»,4 las comunidades asentadas en un área de 111,000 kilómetros cuadrados no fueron consultadas sobre el citado proyecto. Tampoco se consideraron las opiniones de importantes sectores y estudiosos ambientalistas. Esta iniciativa supone la exploración y explotación por parte de grandes corporaciones extractivistas de las descomunales riquezas minerales del sur del país. Se pone en evidencia así el contradictorio discurso de los líderes del llamado «socialismo del siglo XXI», que pone el énfasis en la igualdad social y la eliminación de las relaciones de dominación de clase, y al mismo tiempo implementa políticas que resultan coherentes con el capitalismo y la democracia providencial, con la mercantilización de la vida social, con la idea de la redistribución del ingreso sin modificación alguna del patrón de acumulación rentístico y hegemónico en el mundo con elevados componentes monopólicos de los asuntos económicos por parte de las elites globales y nacionales. En el año 2016 se le hicieron muchas solicitudes sociales y políticas al Estado y a las autoridades gubernamentales para la activación del referéndum revocatorio y de las elecciones regionales y locales del año 2017. Sin embargo, estas peticiones, basadas en la letra constitucional, fueron desestimadas. Ulteriormente, en el año 2017, se efectuaron algunos de estos procesos, pero bajo condiciones francamente favorables al poder instituido, que supo aprovechar el desatino de los factores de la oposición en su empeño por propagar acciones extremadamente violentas en todo el país, en particular, las protestas desarrolladas en los sectores medios y pudientes de la capital y otras ciudades en los meses de mayo, junio y julio. Sin duda, esto impulsó al Gobierno a valerse de las contradicciones internas de sus adversarios y del descontento que había entre sus filas para realizar casi en solitario las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y los comicios para gobernaciones y autoridades regionales. Igualmente, el fracaso de las negociaciones en la República Dominicana para la convivencia democrática entre la oposición y el Gobierno venezolano, iniciadas a finales del cuarto trimestre del año 2017 y que duraron hasta principios de febrero de 2018, permitió que el conflicto se haya trasladado con más fuerza hacia el factor internacional, despuntando la agresividad y el intervencionismo de los Estados Unidos.

Por supuesto, ante los continuos errores de la oposición y la contraofensiva gubernamental, los países interesados en una intromisión más decidida en Venezuela tienen un papel más central. En las actuales condiciones globales, regionales y nacionales, es de extrema urgencia para Venezuela contar con relaciones de cooperación e integración entre los diversos grupos e intereses sociopolíticos y económicos. Se requiere, además, de un plan de medidas que modifique sustancialmente la política cambiaria, atraiga inversiones, que redefina el papel del Estado en los sectores claves de la economía (industria, comercio, finanzas, petróleo, energía y minería), que enfrente la escasez y la inseguridad, la crisis de los servicios públicos fundamentales (agua, electricidad, gas, transporte, educación, salud). En fin, que detenga el acelerado deterioro social de la población y restablezca el juego democrático con absolutamente todos los actores. Este desempeño se hizo posible con el gobierno de Chávez, por su liderazgo indiscutible (porque el gobierno bolivariano contó desde un comienzo con un gran apoyo electoral, con un gran empuje frente al desmoronamiento de las viejas opciones partidistas), por los elevados precios del petróleo y por un contexto regional e internacional favorable. Pero, con el tiempo, las dificultades arriba indicadas derivaron en relaciones sociales y políticas muy escabrosas, difíciles, caracterizadas por su carácter inflexible y rígido. Vale destacar, como resultado de esta situación, la continua y extrema polarización política que caracteriza a la sociedad venezolana.

Un simple cambio político-electoral como el efectuado el pasado 20 de mayo, en el cual se reeligió al presidente Nicolás Maduro, no garantiza que los problemas sean superados. Hay que plantearse un programa de unidad nacional que sume todos los esfuerzos posibles para afrontar la crisis de la nación, que reencante y repolitice a la sociedad para renovar la esperanza a la población. Lamentablemente, este propósito se encuentra gravemente afectado porque la oposición en Venezuela ha sido desplazada en el diseño y ejecución de sus políticas por fuerzas internacionales vinculadas a los intereses de Estados Unidos, que han decidido derrocar a Maduro por cualquier vía. Sin embargo, sigue planteada la vía de avanzar hacia un conjunto de diálogos y acuerdos nacionales en materia de política social y económica. Es esencial buscar acuerdos entre los actores políticos y sociales sobre un conjunto de esferas prioritarias: por un lado, en la política cambiaria y fiscal, en materia de inversiones y aumento de la producción nacional, en lograr garantías jurídicas para los inversionistas, y en la búsqueda de financiamiento internacional. Por otro lado, para continuar la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y que podría complementarse con otros acuerdos sectoriales (en materia de seguridad social, de expansión y mejora de la calidad de los servicios de educación y salud, entre otros campos). Se requiere por ello construir una visión compleja de las relaciones sociales, políticas y económicas. Las propuestas deben ser vistas en sus potencialidades y límites.

Adoptar una visión compleja y diversa que implica que se abandonen las visiones maniqueas, el hiperdiscursismo, las falsas oposiciones (capitalismo-socialismo, imperialismo-nacionalismo, burguesía-proletariado, buenos-malos, pasadopresente). Se pueden y deben combinar las políticas universalistas y las selectivas o focalizadas, las intervenciones estatales y las no estatales, la descentralización ejecutiva y la rectoría nacional. En Venezuela hace falta que los actores sociales fundamentales se pongan de acuerdo para establecer un orden de convivencia. Los que detentan el poder político han perdido legitimidad y cometido graves errores en el ejercicio de sus prerrogativas; por su parte, la oposición promovió en el pasado aventuras fuera de la ley y no cuenta con un programa de gobierno claro y convincente. Por tanto, este es un momento que invita al dialogo creativo, a la conciliación de intereses, a la innovación y a la flexibilidad política para la convivencia entre la política y la economía, para reconocer la realidad, sus límites y desafíos, con racionalidad y sin operaciones comunicacionales o políticas engañosas. Sería verdaderamente lamentable que la elite gubernamental y la elite opositora de Venezuela permitiera que el futuro del país lo decidan actores extranjeros que codician sus riquezas y aprovechan sus diferencias para convertir al país de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Rómulo Gallegos, Andrés Bello, Ezequiel Zamora, Vicente Emilio Sojo, Jacinto Convit, Alirio Palacios, Guaicaipuro y Urimare en un botín del actual «orden» regional y global.


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