El debate sobre género en América Latina y el Caribe
1.1 El contexto político y socio-económico inmediato
El actual contexto político-económico latinoamericano, perfilado desde la década de los noventa, presenta un panorama sustancialmente diferente al vigente durante las décadas anteriores y resulta crucial como marco de definición de las prioridades de género en América Latina. En el plano económico, esta década, cuyos rasgos generales guardan vigencia en la actualidad, estuvo marcada por el acrecentamiento de las políticas neoliberales de tendencia hegemónica y la consolidación de los procesos globalizantes acelerados por el auge de las comunicaciones, junto con realidades como el crecimiento de los índices de pobreza a escala mundial y la permanencia de las desigualdades sociales, políticas y económicas, cuya superación es imprescindible para acceder a niveles de desarrollo.
La paradoja del modelo neoliberal, fundamentado en la economía de libre mercado, consistió en atentar contra los principios democráticos y ciudadanos que necesita garantizar en aras de su propia supervivencia o, al menos, en aras del disfrute de una plataforma de paz social que posibilite su propio desarrollo. En otras palabras, necesita garantizar la democracia, entendida en amplia dimensión, como el derecho a participar no sólo de libertades ciudadanas, sino también de oportunidades de acceso al bienestar material y garantías de calidad de vida. Sin embargo, la vocación del modelo parece expresarse más bien en la concentración de la riqueza en sectores hegemónicos, la ampliación de la brecha social y el aumento de la pobreza y la exclusión de los servicios sociales a las mayorías.
La globalización, por su lado, trasciende el plano económico (ya en sí asimétrico) y se traduce también en los planos cultural, social, político y otros, con los beneficios y desventajas que ello implica. De esta forma, no solamente se globalizan las expresiones artísticas y culturales, el acceso a recursos de múltiple naturaleza, a educación e información, sino también enfermedades como el vih/sida, el tráfico de drogas, la prostitución, la trata de mujeres, la delincuencia.
De manera que las políticas neoliberales han obligado al debate prioritario en torno al combate contra la pobreza. El crecimiento de los índices de pobreza a escala mundial y la permanencia de la exclusión y las desigualdades, que se deben superar en aras del desarrollo, han obligado, a su vez, a realizar debates sociales muy específicos en las áreas de equidad de género, medio ambiente, derechos humanos y otras.
La globalización, por su lado, nos ha obligado a revisar las estrategias y métodos y a explorar alternativas que garanticen impactos de carácter macro a través de la articulación y el impacto en la definición de políticas globales.
En la medida en que también los debates prioritarios de género son cada vez más influidos por la internacionalización, el movimiento de mujeres1 y, sobre todo, el movimiento feminista, ha debido institucionalizarse y acoger las nuevas estrategias. Se ha iniciado un diálogo con los centros de poder, tanto en los ámbitos nacionales como internacionales.
1.2 Las prioridades actuales en América Latina y el Caribe
En este sentido, podemos identificar tres marcos generales a partir de los cuales se generan las actuales prioridades:
A) El modelo neoliberal
Los inicios del presente siglo han constituido un espacio de continuidad y consolidación de las políticas neoliberales en un marco globalizante y de las lógicas mencionadas que éstas generan. En consecuencia, las prioridades en el debate del movimiento de mujeres en América Latina durante la década de los noventa, y en la actualidad, resultan altamente coherentes con los procesos globales que afectan a América Latina y con las repercusiones sociales de los mismos en sus poblaciones femeninas.
En síntesis, se identifican los siguientes ejes prioritarios:
• Análisis, movilización y búsqueda de alternativas y mecanismos de supervivencia frente a la globalización neoliberal.
Estas prioridades han sido expresadas desde mediados de los noventa en el marco de Beijing+5 y en la “Marcha Mundial de las Mujeres”, uno de los espacios de articulación contemporáneos de mayor relevancia de este movimiento, así como en eventos mundiales como las manifestaciones de Seattle y el Foro Social Mundial. Los dos últimos encuentros internacionales del movimiento de mujeres (Costa Rica, 2002 y Brasil, 2005) acogieron como prioridad el debate antineoliberal y el debate sobre democracia.
• Militarismo y guerra.
Prioridad asumida fundamentalmente en algunos países centroameDe una forma muy especial, la lucha contra el feminicidio está presente en toda América Latina. 75 ricanos afectados por situaciones de conflicto armado de diversa índole.
B) La influencia de las prioridades de los organismos internacionales y de cooperación al desarrollo
Con frecuencia los debates prioritarios del movimiento de mujeres están influenciados o han resultado coincidentes con las prioridades definidas por los organismos internacionales de cooperación. Y es que éstos también tienen identificados los efectos del modelo económico en las poblaciones de mujeres de Latinoamérica, reconocidas por Naciones Unidas desde la década de los ochenta como las más pobres de entre los pobres.
Más aún, ya desde finales de esta década, en el análisis de la relación entre población y pobreza, las mujeres fueron muy tempranamente identificadas como parte posible de la solución en el marco de una estrategia de capitalización de los talentos propios de su rol social tradicional como gerentes de la miseria y la precariedad a través de su trabajo y compromiso familiar comunitario.
De manera que, aunque posicionados desde enfoques ideológicos y análisis diferentes, los organismos internacionales y el movimiento de mujeres han tenido momentos de coincidencia en temas y prioridades impostergables, que el mismo movimiento había develado y posicionado en las discusiones de las convenciones internacionales realizadas a lo largo de tres décadas.
C) La persistencia de inequidades en los derechos de las mujeres y el recrudecimiento del conservadurismo.
Un tercer elemento a considerar en relación con los debates latinoamericanos contemporáneos es el hecho de que, a pesar de los logros alcanzados, persisten déficit importantes en cuanto a derechos humanos de las mujeres, situación agravada por la ola conservadora fundamentalista recrudecida a partir de mediados de los ochenta y traducida en presiones y limitación de recursos para trabajar temas censurados por estos sectores, como, por ejemplo, derechos y salud sexual y reproductiva.
Esta oleada identifica algunos frentes claros. Por un lado, los fundamentalismos (islámicos, religiosos, de género, culturales, etc.). Por otro, la actual gestión gubernamental norteamericana y las posiciones del nuevo papa, ambos en temas fundamentalmente relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva femenina, de manera específica, oposiciones al divorcio, al uso de métodos anticonceptivos, al uso de condones en la prevención del vih/sida y otros aspectos que contrastan con los dramáticos índices mundiales de morbi-mortalidad en estos temas.
Estas corrientes se manifestaron fuertemente en la Conferencia de Población de El Cairo (1992) y en la IV Conferencia Mundial (Beijing, 1995). Ante este fenómeno, el debate sobre los derechos y la salud sexual y reproductiva se ha fortalecido en el movimiento de mujeres. Las prioridades en el debate se han focalizado en los siguientes aspectos:
• Ampliación de derechos ciudadanos, democráticos y participativos.
De manera específica, las siguientes áreas de participación política y ciudadana: – Acceso a las instituciones, a cargos públicos, a espacios de decisión.
– Posibilidad de incidir en políticas nacionales y en políticas de organismos internacionales. – Fomento de la participación política de las mujeres.
– Demanda de «cuotas» en elecciones congresuales, municipales e internas de los partidos.
– Incorporación de mujeres del movimiento en espacios gubernamentales.
• Impacto en las políticas públicas.
Buscando incidir en los espacios de definición, elaboración, implementación y seguimiento de las políticas sectoriales con miras a garantizar la incorporación de la equidad de género en estos procesos.
• Reformas legales.
Entendidas como cambio en normas, legislaciones y procedimientos de aplicación.
• Salud sexual y reproductiva.
De manera específica:
a) Despenalización del aborto. En muchos países latinoamericanos, este constituye un tema de prioridad debido a la alta tasa de mortalidad por abortos realizados en condiciones inadecuadas.
b) Violencia contra las mujeres. Tema presente en las discusiones y en el trabajo de la mayoría de las organizaciones del movimiento de mujeres en toda América Latina y el Caribe, pero también entre las prioridades de los organismos internacionales, de los organismos privados de cooperación al desarrollo, de las academias y de las instituciones gubernamentales para el desarrollo de la mujer.
De manera especial, la lucha contra el feminicidio tiene prioridad. En este sentido, las acciones se concentran en servicios médicos, psicológicos y legales para las víctimas de la violencia; prevención/concienciación e información ciudadanas; levantamiento estadístico; y legislación contra la violencia de género.
En los siguientes cuadros se recoge una síntesis de las principales áreas de trabajo de 347 ong del área de la mujer de América Latina y el Caribe, así como de prioridades de 11 organizaciones de mujeres de carácter regional de América Latina y el Caribe.
En ambos cuadros los temas relacionados con los derechos de las mujeres, la violencia de género, los derechos y la salud sexual y reproductiva y la democratización/ciudadanía ocupan los primeros lugares de prioridad, en coherencia con los énfasis que señalamos más arriba. En el caso de aspectos como la incidencia en políticas públicas, más de cien ong confirman que asumen este tema como estrategia de trabajo, no como área, siendo uno de los énfasis mayores en la actualidad. De igual forma, otras ong asumen los temas de neo-liberalismo y militarismo como trabajo de articulación regional, por lo que no aparece reflejado significativamente como trabajo de programa.
2. El debate en la República Dominicana
La República Dominicana ha compartido con el resto de la región los rasgos generales de su devenir económico, así como los perfiles generales de las prioridades en el debate sobre género. Durante la década de los noventa, la República Dominicana vivió, a la par que el resto de América Latina y el mundo, un agitado proceso de reestructuración económica e institucional con miras a posicionarse de cara a los nuevos requerimientos de apertura de mercados e inserción global. En el plano económico, este proceso demandó iniciar el fortalecimiento y eficientización de su aparato productivo de cara a la competitividad. En los planos político e institucional significó una revisión amplia de su institucionalidad con miras a su modernización, de forma tal que constituyera una zapata adecuada y funcional con los nuevos requerimientos del orden mundial, siendo funcional no sólo en el plano económico, sino también intentando coincidir con los requerimientos de democratización y mayores garantías de ciudadanía.
En este sentido, se profundizó y fortaleció el proceso de reforma y modernización del Estado, buscando no sólo modernizar y eficientizar al Estado mismo en aspectos operativos, sino también al resto de la institucionalidad relacionada. De esta forma, áreas como el sistema judicial, el sistema electoral, la gestión municipal y otras, fueron objeto de significativas reformas desarrolladas en un marco de descentralización, voluntad de apertura a mayor participación de la ciudadanía y apertura a la inclusión de nuevos aspectos, enfoques e intereses sectoriales en la reforma.
Tanto en relación con las reformas de carácter económico como con las reformas político-institucionales, los organismos internacionales de cooperación al desarrollo, y de manera significativa las Naciones Unidas, jugaron un rol importante como estímulo político y apoyo económico. A diferencia de la década de los ochenta, en la que el Estado no constituía un depositario legítimo y confiable como canalizador de los procesos de desarrollo para la cooperación internacional, en esta década esta institución es considerada como interlocutora necesaria para viabilizar los cambios demandados por el nuevo orden. De manera que la cooperación internacional, en sus diversas modalidades, ha constituido la más significativa plataforma de sustento del trabajo de equidad de género en el país, definiendo las formas de concreción del movimiento de mujeres en la modalidad institucionalizada de ong, con las ventajas que esta modalidad supone, pero también con desventajas colaterales relacionadas con la autonomía en la definición de las agendas de trabajo en virtud de la dependencia de fondos.
Los debates y temas prioritarios de género, aunque con enfoques y énfasis diferenciados según su origen (cooperación, estado o movimiento de mujeres), se han ido “unificando”, y se ha ido dificultando el trabajo en temas polémicos, fundamentalmente pertenecientes al marco de los derechos sexuales y reproductivos. Estos aspectos se han relegado para concentrar los esfuerzos en agendas comunes producto del consenso.
El balance de los noventa sobre prioridades y logros en temas de género es, sin embargo, altamente positivo y, quizás, la década de los noventa representa el espacio de concreción de los mayores logros hasta el momento alcanzados en equidad de género. Un balance en el aspecto de normativas y leyes arroja el siguiente panorama:
• En el ámbito civil
• Ley sobre Divorcio (modificación de 2003).
• Ley No. 1896 sobre el Seguro Social. • Ley General de Salud de 2001.
• Ley 8-95 sobre Lactancia Materna.
• Código de Trabajo (1992), Ley 116/92. Sustitución y modificación del Código con leyes Nos. 4099 de 1955 y 103/99 de ese año.
• La Ley 66-97 de Educación. • Ley 55/97 sobre Reforma Agraria.
• Ley 14-94 que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
• Código de Comercio. Modificaciones y disposiciones de Ley 3-02 de 2002.
• En el ámbito penal
• Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar.
• Ley 605-95 de ratificación de la Convención celebrada en Belem Do Pará.
• Ley 88-03 sobre Casas de Acogidas o Refugios.
• Ley 136-03. Nuevo Código del Menor, de agosto de 2003. En el ámbito político
• Ley Electoral No. 275-97 modificada por las leyes 12-00 y 2-03.
• Ley 13-2000 que modifica la Ley 3455 de 1952 sobre Organizaciones Municipales. La Ley 12/00 de 2000 modifica su artículo 68.
• En términos administrativos y de políticas públicas
• Ley 86-99 que crea la Secretaría de Estado de la Mujer.
• Formulación del Plan Nacional de Equidad de Género (planeg).
• Ley 61-93; declara el 25 de noviembre como Día de la No Violencia contra la Mujer.
• Decretos 68-94 y 66-95 que crean el Comité de Mortalidad Materna y la Comisión de Coordinación y apoyo a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
Para finalizar es necesario, sin embargo, señalar que aún la mayoría de estos logros resultan de carácter formal y son normativos. Desde el punto de vista de su implementación queda un largo trecho por recorrer. Los mayores obstáculos identificados para que estas reformas jurídicas y normativas conecten orgánicamente con el cotidiano operar de la justicia y de la gerencia de los procesos sectoriales se relacionan con tres elementos:
a) Resistencias culturales e ideológicas de los actores involucrados en los procesos.
b) Desinformación que impide la toma de conciencia sobre la problemática y el cambio de patrones culturales largamente sostenidos.
c) La poca garantía de continuidad de los procesos iniciados a causa de una todavía débil institucionalidad de las estructuras del Estado.
2.1 Las prioridades actuales en el movimiento de mujeres dominicano
Pasando balance a los logros anteriormente reseñados en el contexto de la pasada década, podemos identificar los principales énfasis contemporáneos en temas y debates de género, teniendo presente que estos resultan insuficientes si no son acompañados por una incorporación real a las estructuras, procedimientos y procesos.
En términos estratégicos, las prioridades del movimiento dominicano de mujeres han estado puestas en:
• La tecnificación de las ong como plataforma para maximizar su impacto y capacidad de rendición de cuentas.
• La articulación regional e internacional.
• La incorporación e incidencia en los espacios nacionales e internaciones de decisión de políticas.
• La interlocución con organismos internacionales de desarrollo y el Estado dominicano para el establecimiento de consensos en torno a agendas comunes.
• La transición de la ejecución de proyectos en diversas áreas a la incidencia en las políticas públicas con miras a impactos de largo alcance.
• La articulación de iniciativas con el Estado (en una estrategia que los mismos organismos de cooperación han alentado).
• Los servicios de consultoría especializada al Estado y los organismos internacionales de cooperación, supliendo la ausencia de dominio conceptual y experiencia en género del Estado e, inicialmente, de los propios organismos internacionales.
Por su lado, los énfasis del debate han estado puestos en aspectos relacionados con la persistencia de inequidades en cuanto a derechos humanos de las mujeres y la necesidad de consolidación y reforzamiento de los derechos ciudadanos, democráticos y de participación para las mujeres. En este sentido, el movimiento de mujeres del país cerró filas con el movimiento latinoamericano en un esfuerzo por contrarrestar la ola neo-conservadora. En la actualidad, continúa focalizado en estos debates, que posiblemente ocuparán el resto de la década en la medida en que constituyen logros que recién acabamos de concretar y su consolidación resulta pertinente.
Tal como señala Paiewonski4, en países más desarrollados la lucha se concentra en la “ampliación” de los derechos democráticos y ciudadanos, sin embargo, en países menos desarrollados como el nuestro, la lucha debió centrarse en las pasadas décadas y aún hoy día, en la “consecución” de los mismos.
De manera que los principales debates están centrados en:
• Reformas legales. Cambio en normativas, legislaciones y procedimientos de aplicación de las mismas. De manera específica, ocupan la atención las reformas del Código Penal (en agenda congresual desde hace meses y amenazando con retrocesos importantes en logros consignados en el área de violencia de género) y del Código Civil.
• Participación política. En este sentido, los principales intereses están concentrados en los siguientes aspectos:
a) Fomento de la participación política de las mujeres.
b) Formación en género y en desarrollo de destrezas para el ejercicio político. Como estrategia de empoderamiento y desarrollo de habilidades en el ejercicio político personal.
c) Apoyo a las mujeres en el derecho a una participación equitativa (derechos a elegir y ser elegida). En cuanto a derecho equitativo a la participación, apenas el pasado año todos los partidos políticos mayoritarios dominicanos realizaron procesos internos que redundaron en modificaciones de sus estatutos. El balance, sin embargo, en relación con la apertura y equidad de oportunidades para el acceso de sus mujeres a posiciones, no necesariamente fue positivo. En el caso del pld, la discusión de las acciones favorables a la participación de la mujer fue relegada en la discusión. En el caso del prd y el prsc fueron discusiones meramente formales.
d) La demanda de “cuotas” y su cumplimiento en elecciones congresuales y municipales. Entendida como la necesidad de presionar por una elevación de la cuota existente, así como también de vigilar el cumplimiento de la misma evitando mecanismos de vulneración a través de la colocación de las candidatas en posiciones no ganables.
e) La demanda de “cuotas” y su cumplimiento en elecciones internas de los partidos. Para esto, así como para superar muchos otros vicios antidemocráticos largamente sostenidos en la práctica interna partidaria, la elaboración de una ley de partidos políticos podría constituir un mecanismo importante.
f) Financiamiento estatal de los partidos; equidad en la distribución interna. Además de la necesidad de transparentar el financiamiento público de los partidos a través de la rendición de de forma que ayude a salvar las brechas económicas entre los y las aspirantes a las candidaturas, sobre todo en momentos en que el costo del ejercicio de la política, aunado a las prácticas clientelares, limita la competitividad económica de las mujeres políticas. cuentas, es necesario reglamentarlo mediante la imposición de controles sobre montos, áreas de gastos y, muy especialmente, equidad de género en la distribución interna de los partidos, de forma que ayude a salvar las brechas económicas entre los y las aspirantes a las candidaturas, sobre todo en momentos en que el costo del ejercicio de la política, aunado a las prácticas clientelares, limita la competitividad económica de las mujeres políticas.
• Tráfico de mujeres. Tema en el que se viene desarrollando un arduo trabajo articulado entre la Secretaría de Estado de la Mujer y un conjunto de ong del país con logros significativos pero siempre insuficientes ante la dimensión de esta problemática.
• Impacto en las políticas públicas. En cuanto a posibilidad de incidir en la definición e implementación de las políticas nacionales, de las políticas de los organismos internacionales y acceso a espacios de toma de decisiones.
• Salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos de las mujeres. De manera especial se prioriza el debate y trabajo en torno a la violencia contra las mujeres desde los frentes de servicios médico, psicológico y legal a víctimas de violencia, prevención, concienciación e información ciudadanas y levantamiento estadístico.
Los debates relacionados con las consecuencias de la implementación del modelo neoliberal, globalización y apertura de mercados, a pesar de ser prioridades en muchos países latinoamericanos, sólo han sido explorados débilmente en el nuestro, pero no han pasado a formar parte de la agenda del movimiento en el país. Mientras, los temas sobre militarismo y conflicto armado pertenecen a realidades que nos son ajenas, por lo que no son parte de las problemáticas nacionales. Por su lado, el tema de despenalización del aborto es de gran interés para el movimiento de mujeres del país y se ha trabajado cada vez que el mismo ha estado sobre el tapete nacional.
Notas 1
Referido al conjunto de instancias que dirigen su trabajo hacia el desarrollo de las mujeres, tanto en cuanto a la satisfacción de sus necesidades “prácticas” (relacionadas con la subsistencia) o “estratégicas” (relacionadas con cambios político-ideológicos y culturales, además de materiales). En el presente texto se considera al “movimiento feminista” más centrado en cambios de carácter político-estratégico, como parte del movimiento de mujeres, aunque se hace referencia explícita al primero en ocasiones pertinentes. 2 Según las Naciones Unidas, las mujeres constituyen el 70% de los 1,300 millones de personas más pobres del mundo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud). Informe de Desarrollo Humano (1995). 3 Isis Internacional (home page). 4 Paiewonsky, Denise. “Institucionalidad, Organización de Mujeres y Consolidación estratégica”. Género y Sociedad. Vol. 2 No. 2, septiembre-diciembre. intec. 1994. Santo Domingo.
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