Honduras ha estrenado recientemente un nuevo gobierno con la primera mujer que dirigirá esa nación centroamericana en toda su historia. Martell Castro evalúa el proceso previo a la elección de Xiomara Castro, a la vez que enjuicia sus primeras medidas de gobierno, subrayando las necesidades apremiantes que debe enfrentar la nueva mandataria.
Desde principios de la década del sesenta, cuando los militares hondureños toman el poder de la nación a través de un golpe de Estado contra Ramón Villeda Morales, el 3 de octubre de 1963, y hasta la actualidad, la imposición de la política de terror al socialismo, al progresismo y a la izquierda ha sido una estrategia empleada por los sectores conservadores más recalcitrantes y anacrónicos que les ha dado muy buenos resultados.
Los casi veinte años de regímenes militares, de 1963 a 1980, fueron de constante persecución para estos sectores y movimientos progresistas. La década de los ochenta sirvió para implementar la doctrina de la seguridad nacional, que lamentablemente desencadenó flagrantes violaciones de derechos humanos, desapariciones forzosas, detenciones ilegales y torturas. Algunos años después, cuando se creían superados, se revivieron los conflictos propios de la guerra fría. El golpe de Estado del 2009, ideado y perpetrado como reacción de las fuerzas de poder conservadoras al acercamiento de Manuel Zelaya al extinto Hugo Chávez Frías, fue el inicio de un período político-electoral marcado inexplicablemente casi con exclusividad, durante cuatro procesos generales, por la sombra de la confrontación ideológica.
Durante estos últimos doce años, el Partido Nacional sometió a Honduras a la etapa de mayor degradación institucional, política, moral y democrática de su historia republicana. El debilitamiento del Estado de derecho fue de tal magnitud eliminando todo atisbo de división de poderes, imponiendo esbirros a su servicio en puestos de suma relevancia para la propia función estatal, tales como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Cuentas, máximas autoridades de la Fiscalía General de la República, directores de la Policía Nacional y jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que su reconstrucción cuando menos al estado anterior, que no al ideal, llevará varios años y demandará un gran esfuerzo y, sobre todo, una firme decisión de nuestros gobernantes.
Este período estuvo marcado por actos preñados de abuso de poder y arbitrariedad, violación de la Constitución y las leyes, penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las más altas esferas de dirección del Estado, recientemente reflejado plenamente en la solicitud de extradición del exgobernante Juan Orlando Hernández Alvarado hecha por los Estados Unidos, en la cual lo señalan a él y a su antecesor Porfirio Lobo Sosa en delitos vinculados con el narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos. Por ello, tampoco es de extrañar que otros políticos hayan sido señalados, acusados e incluso sentenciados en Estados Unidos por las mismas razones, como José Antonio Hernández, diputado al Congreso Nacional al momento de su detención y hermano del exgobernante nacionalista, condenado a cadena perpetua, y Yani Rosenthal Hidalgo, actual presidente del Partido Liberal, quien guardó prisión durante tres años por delitos vinculados al lavado de activos.
Estos elementos, aunados al deterioro social acelerado, propiciaron que se fuese gestando un malestar ciudadano creciente que desembocó en procesos históricos de protesta, movilización y acción ciudadana tales como el movimiento de los indignados, el de las antorchas o la plataforma de la salud y educación, que propiciaron protestas multitudinarias muy pocas veces vistas en nuestra nación en su historia reciente, en una clara muestra de evolución y reverdecimiento del ejercicio ciudadano.
El 28 de noviembre del 2021 se canalizó todo ese rechazo, repudio y frustración a través de un ejercicio masivo del sufragio por parte del pueblo hondureño, que, en una clara muestra de aprendizaje del proceso electoral del 2017 la ventaja mínima que obtuvo la alianza de oposición encabezada por Salvador Nasralla en aquel entonces frente al Partido Nacional no bastó para impedir un fraude electoral burdo y evidente que impuso en la presidencia nuevamente a Juan Orlando Hernández, consumando la inconstitucional reelección presidencial—, ejerció el voto útil, depositando su confianza en Xiomara Castro, convirtiéndola en la primera mujer que encabeza la primera magistratura de la nación.
Xiomara Castro encabezó una alianza multipartidista y multisectorial que echó por tierra la estrategia del partido conservador de gobierno de generar aprensión a través de una multimillonaria campaña de miedo anticomunista. La presencia de líderes como Salvador Nasralla presidente de un partido de centroderecha, Doris Gutiérrez del Partido Social Demócrata y Unidad, Pedro Barquero expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y vinculado a un sector del gran empresariado del norte del país, entre otros, dieron una imagen de integración, amplitud, cohesión y representatividad que generó confianza en los votantes y logró, como señalamos anteriormente, imponerse a las otras opciones electorales que se presentaron, entre estas la que representaba el continuismo del Partido Nacional, con Nasry Asfura a la cabeza, y la propuesta del Partido Liberal que encabezaba Yani Rosenthal, muy debilitado por su condición de exconvicto en Estados Unidos.
La presidenta Castro, que defendió en su campaña una propuesta progresista, de izquierda y de cambios sustanciales y estructurales, tiene, no obstante su amplia victoria, una tarea titánica por delante, particularmente porque sus votantes no solo fueron militantes del partido Libertad y Refundación que ella representa, sino de otras fuerzas políticas y ciudadanos independientes, por lo general mucho más exigentes que los primeros, y porque durante los últimos años se ha deteriorado no solo la institucionalidad, sino el tejido social en su conjunto, aumentando significativamente las desigualdades sociales y consecuentemente los niveles de pobreza y desempleo, siendo las demandas ciudadanas múltiples y muy grandes. El flujo migratorio hacia Estados Unidos y México principalmente, con las ya mundialmente famosas caravanas de migrantes de hasta cinco mil personas como referente gráfico, ha servido para reflejar de forma dramática la desesperación de una sociedad que, en definitiva, ha encontrado en el éxodo la única esperanza de seguir adelante, tanto ellos como la familia que abandonan forzadamente: durante el año 2021 las remesas de nuestros migrantes alcanzaron aproximadamente 7,300 millones de dólares, de lejos la primera fuente de ingreso de nuestra economía, representando alrededor de un 30% de nuestro PIB.
Estoy absolutamente convencido de que entre los principales desafíos que tiene por delante el gobierno entrante de Xiomara Castro está el combate frontal y decidido a la corrupción y la impunidad. El ex fiscal general de la República, Luis Rubí, llegó a afirmar hace pocos años que la impunidad alcanzaba un 96% en nuestro país. Durante la última década, las redes de corrupción aprovecharon esa situación y la potenciaron, generando un entramado que, de acuerdo con el Consejo Nacional Anticorrupción, drena del presupuesto general de la República en torno a 2,800 millones de dólares anuales, una cifra descomunal que representa casi un 25% del mismo. Por tanto, los próximos procesos de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y del fiscal general de la república serán determinantes en el cambio de esta conducta tolerante, permisiva y cómplice con la impunidad y la falta de aplicación de justicia, y deberá establecerse una extraordinaria estrategia por cuanto los últimos procesos de esta naturaleza han estado marcados por la coacción y el soborno en el Congreso Nacional.
En cuanto a la Policía Nacional, que se prestó en el pasado para formar parte de redes de crimen, extorsión y narcotráfico, el reciente nombramiento de Ramón Sabillón como ministro de Seguridad por parte de la presidenta Castro genera esperanzas de un cambio de rumbo y envía un mensaje claro a la institución. Con las Fuerzas Armadas habrá que esperar, pero los discursos de los altos jerarcas castrenses, en los que han pedido perdón al pueblo por su deleznable comportamiento reciente, parecen ser alentadores.
El segundo desafío para la administración Castro es lograr, dentro de un complejo contexto internacional, estabilizar y dinamizar una economía maltrecha que agobia a la gran mayoría del pueblo. Han sido doce años de galopante corrupción y políticas públicas que han creado, por un lado, un tinglado de autoritarismo que debe ser desmontado paulatinamente, a paso acelerado, que solo se sostuvo gracias a la represión, y por otro lado, una economía absolutamente deprimida y sostenida en base a nuevos tributos e impuestos y a bonos soberanos del Estado que dispararon la deuda pública de aproximadamente 9,000 millones de dólares en el 2010 a cerca de 18,000 millones en la actualidad, de acuerdo al Foro Social de la Deuda Externa de Honduras. Nuestra economía perdió toda competitividad, y el desempleo y subempleo alcanzaron niveles ligeramente superiores al 70%. Si a todo esto le agregamos el impacto que la pandemia del coronavirus tuvo en nuestro país, confinado casi absolutamente durante casi ocho meses, y las repercusiones del conflicto ruso-ucraniano, que está llevando los precios de los combustibles hasta récords históricos, con un impacto demoledor en el ciudadano de a pie y la pequeña empresa, la situación no es para nada sencilla.
En tercer lugar, es impostergable una gran revolución educativa que traslade nuestro sistema formativo de una visión decimonónica a una verdadera perspectiva moderna, acorde con el siglo XXI. Durante su campaña, la presidenta enfatizó que prestaría especial atención a la educación pública, actualmente de muy baja calidad, y prometió tanto priorizar la inversión en infraestructura de calidad como impulsar una revisión a profundidad de los planes y el currículo educativo.
En cuarto lugar, el gobierno deberá implementar una gran reforma fiscal, puesto que los últimos años sirvieron para hacer de Honduras el país con la carga fiscal más alta de América Central, que supera el 17%. El sector empresarial ansía que la primera mandataria, en el corto plazo, envíe un paquete de reformas fiscales al Congreso Nacional para modificar significativamente este extremo.
En quinto lugar, la relación entre inversión social y gasto público debe equilibrarse urgentemente. La última década llevó a un desequilibrio del gasto público por encima de la inversión social, reduciendo esta hasta un inaceptable 7.5% del presupuesto general de la república. Las críticas que desde el partido LIBRE se realizaron durante el proceso electoral a esta ecuación hacen prever que, pese al informe presentado por la ministra de Finanzas, Ricci Moncada, que afirma que las finanzas públicas están en números rojos, la relación se estrechará sustantivamente hasta acercarse a los números ideales: se debe apostar por invertir en obras públicas de manera agresiva.
Finalmente, el impulso a una política exterior que restaure en el concierto de naciones la imagen y el posicionamiento de Honduras, tan desprestigiada por los vínculos que el hasta hace muy poco presidente de la República sostenía con el narcotráfico, y que permita a su vez fortalecer los tradicionales lazos de amistad con sus principales socios y tender nuevos puentes de relaciones diplomáticas y comerciales con otros potenciales socios a fin de potenciar los beneficios y la inversión extranjera, la que se ha reducido en los últimos tres años más de un 30%.
Ahora bien, como observamos, trasladar la visión y la propuesta de campaña al ejercicio de gobierno no es, bajo ningún concepto, sencillo. El camino a transitar durante los próximos años será complejo y el éxito dependerá en gran medida de la valentía, la ecuanimidad y la claridad en el ejercicio de gobierno de Xiomara Castro, y de la aplicación de una visión incluyente y aglutinadora. La polarización que alcanzó la nación desde el golpe de Estado del 2009 tensó de tal suerte la relación gobernantes-gobernados, así como las relaciones entre los propios ciudadanos con visiones disímiles, que es preciso una reconciliación nacional, la construcción de una confianza entre quienes dirigen el país y el resto de los ciudadanos, la generación de un sentimiento de armonía entre la población, lo que, insisto, es algo que le atañe directa y exclusivamente a la presidenta. De hecho, en sus dos campañas como candidata presidencial, en el 2013 y el 2021, Castro Sarmiento siempre habló de reconciliación, de hermanar la familia hondureña.
Lo que hemos podido ver en poco más de 45 días de gobierno deja entrever algunos elementos que deben, cuando menos, ser puestos bajo la lupa o bien reconsiderados de plano. Para el caso, la primera gran crisis de gobierno no nació de un ataque o señalamiento de partidos o sectores de oposición. Fue, paradójicamente, originada de un acto de rebeldía de 22 diputados de LIBRE encabezados por Jorge Calix, hombre de confianza de Xiomara Castro y Manuel Zelaya, que se aliaron con el derechista Partido Nacional para incumplir el acuerdo entre Xiomara Castro y Salvador Nasralla de otorgarle la presidencia del Poder Legislativo a un diputado del Partido Salvador de Honduras, el cual acompañó en la alianza a la actual mandataria. El sismo fue de tal magnitud que la propia presidenta llamó a los disidentes «traidores» y la situación amenazó con convertirse en una crisis constitucional de insospechadas consecuencias.
Otro elemento que ha causado relativa sorpresa fue la falta de incorporación de otros sectores de la sociedad al gabinete de gobierno. Durante la campaña, Xiomara Castro mencionaba la necesidad de conformar un gobierno de integración, pero finalmente la apuesta fue, en su gran mayoría, por miembros de su propio partido político.
Aunque es una decisión absolutamente respetable, la situación precaria del país invitaba a una composición más variopinta del gabinete para lograr un mayor empuje y compromiso de diversos sectores en trabajar por el éxito de la gestión gubernamental.
La aprobación en el Congreso de una serie de leyes que desde algunos sectores se señalan como potenciadoras de impunidad, en una sociedad con un fresquísimo recuerdo de la era «juanorlandista», ha hecho que desde diversos sectores se señala este proceder como un error que mina, innecesariamente, ciertos apoyos ciudadanos a la presidenta. Y si a esto le agregamos el hecho de que el expresidente Manuel Zelaya ha tenido un rol altamente preponderante en las primeras semanas de gestión de gobierno, algo que, justificada o injustificadamente, ha servido para que algunos sectores lo apunten como un acto de debilidad y falta de liderazgo de la presidenta, evidencia que el bono electoral de apoyo a un nuevo gobierno, que normalmente dura cuando menos entre tres y seis meses, empieza a debilitarse, lo que me hace reafirmar que los sectores conservadores aprovecharán cualquier excusa para dinamitar al actual gobierno e intentar dar nuevamente el zarpazo en las elecciones del 2025.
Debo concluir estableciendo que, en mi criterio estrictamente personal, aún es muy prematuro evaluar la gestión de Xiomara Castro, pero sí puedo confiar en que hay elementos que me hacen albergar la expectativa de una gestión cercana al pueblo, con una importante sensibilidad social que dará resultados satisfactorios en el mediano y largo plazo. Deberá, no obstante, cuidarse en todo momento de no dar pasos en falso que puedan ser aprovechados por quienes gobernaron inhumanamente Honduras durante la última década y por sus aliados, cobijados, algunos de ellos, en otros partidos políticos y en sectores empresariales, sociales, civiles, mediáticos y hasta religiosos. El hecho de haber superado los fantasmas ideológicos propios de la guerra fría que aún sobrevuelan el debate político debe ser una gran oportunidad para el fortalecimiento de las propuestas progresistas, de avanzada y de izquierda sobre las conservadoras y de corte fascistoide, que las hay, y no facilitar una regresión. Honduras tiene una esperanza, aun después de un sufrimiento mayúsculo de su gente, y deseamos fervorosamente que la primera presidenta del país salga adelante y torne en realidad las promesas de campaña que le permitieron una histórica movilización de más de 1.7 millones de hondureños en una más que clara y contundente muestra de confianza.
