El autor plantea la necesidad de formular los elementos que sirvan de base para, en un contexto muy diferente al de la Guerra Fría y el periodo posterior, encontrar las nuevas necesidades que las fuerzas militares latinoamericanas han de cubrir y el rol que deben jugar en las sociedades. Frente a la propuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que se plantea, entre otras cosas, que el estamento militar se involucre en tareas como el cuidado de fronteras, los problemas migratorios y la lucha contra el narcotráfico, Daniel Pou presenta un modelo de agenda para la República Dominicana – que se puede extrapolar a muchos otros países de América Latina- basado en una nueva estrategia de desarrollo del bienestar social. Entre sus propuestas figuran la reconversión de las fuerzas militares dominicanas en organismos preventivos y disuasivos, con alta capacidad de negociación en aras de la prevención de conflictos, y la eliminación del hermetismo de la defensa y la seguridad frente a la sociedad
La Guerra Fría
Desde el inicio de la Guerra Fría hasta el desmembramiento del bloque socialista, en los países del Tercer Mundo o países periféricos la función fundamental de los ejércitos ha estado inscrita en una óptica eminentemente ideológica de justificación y apoyo de los grupos tradicionalmente hegemónicos dentro de las sociedades en que se sitúan, como actores de equilibrio político entre los estamentos sociales que detentan de alguna manera el poder. Las fuerzas militares de nuestros países fueron articuladas de manera tal que su fundamento ideológico, el combate al comunismo y a los elementos “subversivos”, las colocaron más que como salvaguardas de nuestras soberanías, como vigilantes celosos de los intereses del capital local y transnacional. Las tareas conferidas a los cuerpos armados de nuestras naciones fueron asignadas en el rol tradicional de lo que se ha llamado “la obediencia” al poder civil, personalizado en la figura del Presidente de la República, lo que no es más que el elemento fundamental para mantener la cohesión de las mismas frente a las desavenencias que se producen dentro de los grupos tradicionales de poder. Esta “obediencia” permitía que los militares no cuestionaran la legitimidad de las formas en que se constituía el poder, así como tampoco podían determinar las prioridades de los elementos en su agenda de “defensa”. Esta relación llevaba a la instrumentación de las fuerzas militares por parte de los grupos tradicionales de nuestras sociedades (burguesía y oligarquía) y se lograba por diferentes vías: por la económica, a través del enriquecimiento ilícito de castas militares que de alguna manera resultaban ser socios idóneos para negocios con capitales de dudosa procedencia; y por la ideológica, a través de la “amenaza” de los enemigos que dentro de la sociedad pretendían destruir el aparato militar para instaurar un estado comunista a imagen y semejanza del Estado soviético. Esta última forma de manipulación está avalada por las diferentes escuelas de formación militar a las que asistió en diferentes partes del mundo (especialmente en los Estados Unidos) una parte considerable de nuestros militares (por ejemplo: la Escuela de Las Américas, a la que le debíamos una fuerte influencia en la formación de nuestra oficialidad).
Claro está, estas amarras no son excluyentes, ya que existen otras formas políticas que quizás por razones de espacio no abordaremos con suficiente detalle, pero que constituyen elementos a tomar en cuenta a la hora de abordar este tópico. No obstante, la diversidad en que se producen las relaciones de poder en nuestras sociedades, y las diferentes formas políticas que asumen los estados en América Latina, llevan a que en determinados momentos los estamentos militares reflejen las contradicciones que se verifican dentro de las sociedades. Es importante que precisemos el hecho de que si bien los militares latinoamericanos han presentado formas diversas de manifestar indicios de ideales democráticos y en muchos casos, como en el nuestro, de ser copartícipes de movimientos armados en procura de restablecer la democracia (abril del 1965), ésta no es la pauta fundamental seguida por ellos en el período de la Guerra Fría.
La Post-Guerra Fría
Sin una polaridad militar real entre las dos grandes potencias que confiera sentido a lo que ha sido todo el armazón ideológico que sirvió de sustento a la existencia de los numerosos e hipertrofiados ejércitos latinoamericanos, es necesario formular los nuevos elementos que sirvan de base para, en un contexto diferente, encontrar las nuevas necesidades que estas fuerzas militares han de cubrir en las sociedades que se sustentan. El planteamiento de los nuevos teóricos norteamericanos de la defensa reside en la elaboración de una agenda regional para elaborar una política de defensa erigida, en lo fundamental, sobre los siguientes puntos:
a) Desastres naturales
b) Cuidado de fronteras y problemas migratorios
c) Preservación de recursos naturales
d) Tráfico de armas
e) Combate al narcotráfico
Si bien esta propuesta está constituida por elementos que de alguna manera pueden ser importantes para todas las sociedades latinoamericanas, los mismos no justifican la continuidad en la inversión de las hipertrofiadas y costosas maquinarias bélicas que se han constituido en nuestros países, muchas veces en detrimento de áreas que como, la educación y la salud, son prioritarias para el desarrollo. Por otro lado, esta agenda propone elementos que subsumen a las fuerzas armadas en roles ocasionales que en muchos países ya han desempeñado en momentos de crisis; a saber, los desastres naturales y la preservación de los recursos naturales.
Pero los puntos más cruciales de los elementos que trazan los ejes de esta agenda de seguridad residen en la propuesta de involucrar a los militares en los problemas migratorios y la lucha contra el narcotráfico. De todos es sabido que los problemas migratorios convergen y son consecuencia de situaciones sociales muy bien determinadas (guerras, pobreza, falta de fuentes de trabajo, etcétera). Conferirles a los militares el control migratorio es deformar un problema eminentemente civil, que debe ser atendido por cuerpos especializados; es trastocar el espacio civil del control social para solventar la ineficacia de los organismos públicos tradicionales, con respuestas carentes de sentido y posiblemente excesivas en sus consecuencias. Ya en nuestro país hemos tenido la dramática experiencia de lo que supone militarizar esta instancia, que en los países más desarrollados, como los de Europa Occidental, y en los mismos Estados Unidos se encuentra en manos de cuerpos policiales especializados controlados por funcionarios civiles del poder judicial, así como por representantes de la sociedad civil. En este punto queremos hacer un señalamiento que nos parece pertinente. En nuestro país, al igual que en muchos de América Latina, no ha calado, en la dimensión necesaria, el concepto de que la gobernabilidad democrática no esta referida única y exclusivamente a la legitimidad que supone la elección democrática, más bien, la gobernabilidad entendida como ejercicio democrático es posibilidad de control y evaluación por la sociedad de los organismos del Estado y de los actores involucrados en ellos; es transparencia en sus acciones y apego institucional. Es por este motivo por el que siempre objetaremos cualquier intento de transferir a la esfera de lo militar cualquier espacio de lo civil, ya sea público o privado, máxime cuando se trata de situaciones que impliquen administrar coerción, violencia sobre civiles y manejo de recursos públicos, dado el carácter cerrado de cara a la sociedad y a poderes del Estado como el judicial y el legislativo, con que hasta ahora se han manejado las instituciones militares. Con respecto a la agenda propuesta desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, encontramos que desde ya existe una polémica en el ámbito continental, sobre la cuestión de si los militares deben estar involucrados o no de manera directa en la lucha contra el narcotráfico. Algunos expertos opinan que resulta preocupante que en naciones cuyas cúpulas castrenses hasta hace poco tiempo tuvieron un carácter hermético, fuera de toda posibilidad de control y supervisión por parte del poder civil, los militares se involucren de forma directa con los grandes carteles del narcotráfico en aras de un combate en su propio terreno. Esta aseveración tiene varias vertientes a tomar en cuenta, una de ella la que se refiere a los inmensos recursos económicos de que disponen las grandes organizaciones de la droga, que podrían enturbiar las filas del mundo castrense y poner en peligro elementos de la soberanía nacional que son de alta prioridad para la estabilidad democrática. No obstante, quienes sostienen esta objeción no descartan el apoyo logístico que los militares deben brindar a las fuerzas especializadas y a los funcionarios que sí están involucrados directamente en la lucha contra el narcotráfico, pero cuya actividad está transparentada frente a mecanismos de control civil, tanto del Estado como de la sociedad. La adopción de esta agenda de manera no crítica por parte de nuestros gobiernos, llevaría al error de renunciar a la posibilidad de que los militares de nuestra región desarrollen junto con los ciudadanos, la construcción de un sistema de defensa y seguridad en que la población desempeñe un papel activo, identificando de acuerdo a sus percepciones, las prioridades a cubrir en el nuevo sistema de defensa y seguridad y asuma la cuota que le corresponde como parte integral del entramado social comprometido con el desarrollo del país.
La regionalización de la agenda
El Caribe es una zona de delimitación económica y geopolítica que desde inicios del siglo XX ha sido de especial interés para los Estados Unidos, por lo que no es de extrañar que en las prioridades de esta nueva etapa de políticas militares, nuestra región sea el centro de una propuesta que si bien tiene alcance continental, pone de relieve lo que podría ser la contención de un movimiento que afecta sus intereses en un flujo Sur-Norte. La propuesta norteamericana de una política de aguas territoriales abiertas (shiprider solution) con la finalidad de que sus embarcaciones militares puedan operar libremente en nuestros mares, efectuando misiones consideradas de interés para su defensa, es un claro síntoma de lo que afirmamos en el inicio de este punto. Si bien es cierto que coexisten elementos comunes a todas las sociedades que componemos la cuenca del Caribe, no debemos pasar por alto que no todas nuestras islas se encuentran expuestas en el mismo grado o medida a las mismas amenazas y situaciones de conflicto y que por ende los elementos comunes de nuestras agendas de defensa deben ser definidos por nuestros gobiernos y sociedades por acuerdos mutuos entre nuestros estados y siempre en función de la preservación de nuestro Derecho a la autodeterminación.
Premisas
Las cifras aportadas por organismos económicos internacionales dan cuenta de que en los años 80 en el mundo se gastaron unos 950,000 millones de dólares al año para cubrir gastos de defensa y seguridad, a lo cual se suma la astronómica cifra de 28 millones de efectivos militares y policiales activos involucrados en los mismos quehaceres. Estas cantidades nos dicen que estas erogaciones sobrepasan en mucho el PBI de toda América Latina y triplican al de todo el continente africano. Sin embargo, este enorme gasto no hizo al mundo más seguro en esta década y mucho menos, pudo evitar todos los conflictos suscitados en las diferentes regiones. Para tener una idea más fresca, la CEPAL nos dice que en 1998 América Latina dedicó a su gasto militar unos 45,000 millones de dólares. Esto equivale a 1,10 dólares en salud por cada dólar gastado en defensa y 0,90 dólar en educación. Estas últimas cifras llaman la atención si tomamos en cuenta que para 1998 ya habían culminado los principales conflictos bélicos que afectaban a Centroamérica y que la Guerra Fría había sido superada. Hoy, con las nuevas perspectivas que asoman para los militares latinoamericanos, queda por sentado que nuestras fuerzas armadas tienen que formar parte de la nueva estrategia del desarrollo de bienestar social y para ello se impone que sus dimensiones se adecuen a la posibilidad económica de cada nación, siendo cada uno de sus miembros beneficiario de la posibilidad que brinda este bienestar a cada ciudadano. Consideramos que para diseñar una política de defensa cónsona con el interés nacional, es necesario no tan sólo partir de las consideraciones económicas y las nuevas perspectivas de desarrollo que plantea el nuevo orden internacional, sino asumir consideraciones de tipo político, fundamentadas en la gobernabilidad, la supremacía de lo civil y por ende del concepto de ciudadano y la transparencia en los procesos institucionales. A nuestra consideración, una nueva agenda de defensa y seguridad tiene que tomar en cuenta los elementos siguientes: 1. La eliminación del hermetismo de la defensa y la seguridad frente a la sociedad; esto se logra mediante la creación de instancias transparentes que impidan que los organismos responsables de planificar y ejecutar las políticas de defensa y la seguridad sean secuestrados por una elite, ya sea civil o militar, en aras de la obtención de privilegios de poder. 2. La reconversión de nuestras fuerzas militares en organismos preventivos y disuasivos, con alta capacidad de negociación en aras de la prevención de conflictos. 3. La realización de inversiones en el área de defensa con un alto sentido de eficiencia y tomando en cuenta las prioridades de desarrollo de la nación, en función de las posibilidades tecnológicas con que cuenta cada país. No podemos dotar a nuestras fuerzas de defensa y seguridad con equipos cuya tecnología no esté al alcance de las naciones más accesibles en momentos de posibles confrontaciones cuya vida útil sea efímera. 4. La política de defensa tiene que jerarquizar su agenda en función, sobre todo, de ejes programáticos posibles de cumplir de acuerdo a los recursos con que cuenta la sociedad. 5. La política de defensa debe girar en torno a un cuerpo militar profesional, formado por personas bien retribuidas y promovidas en función de un escalafón que asegure un tratamiento justo a los individuos a la hora de ser evaluados y cuyo comportamiento ante la sociedad dignifique la carrera militar.
