México necesita (re)pensarse. Partiendo de esta premisa, el autor nos interna en la realidad mexicana, cuya crisis económica fue reimpulsada por la pandemia. Recesión económica, desempleo y subempleo masivos resultaron ser una primera «derivada» de la pandemia. Este análisis nos ayuda a conocer las respuestas que México debe reconocer y repensar en la etapa pospandémica.
La pandemia de la covid-19 ha obligado a no pocos países a (re)descubrir la relevancia crucial de sus Estados como conjunto de mecanismos de defensa contra la adversidad. Este «regreso», después de la feria globalista y de «jibarización» de los Estados que marcó el último cuarto del siglo XX y los primeros lustros del actual, ha actualizado los estados de bienestar, entendidos como regímenes de seguridad «de la cuna a la tumba», en la afortunada fórmula de Lord Beveridg.
Ahora tenemos que (re)conocer que los desafíos presentes requieren acciones de gran envergadura, una gran acometida que considere operaciones de salvamento, rescate y reconstrucción. Para empezar a destrabar el nudo hay que atender, y entender, que sin inversión no hay empleos suficientes ni buenos, pero, sobre todo, asumir que se requieren pactos de profundidad entre los sectores público y privado.
La pandemia nos ha recordado el cometido fundamental de la sociedad internacional y de las naciones que concurren, que es la de construir un auténtico Estado social de derecho y tejer una economía política capaz de plantear(se) un «Nuevo Trato Verde», que cuente como pivote maestro con un desarrollo industrial que auspicie innovaciones expresamente vinculadas con la gran tarea global: la lucha contra el cambio climático y por un desarrollo sostenible, como se acordó en la ONU.
México: entre insuficiencias y autismos
El apuro sanitario precipitó una crisis económica cuyas tendencias recesivas se advertían desde el 2019. Desde el Gobierno se impuso una suspensión de actividades «no esenciales», con la que se buscaba prevenir contagios y la explosión de la pandemia. Sin embargo, la ordenanza sanitaria no contó con apoyos estatales necesarios para que muchas actividades productivas y sus trabajadores, obligados al paro por el «bien común», tuvieran ingresos mínimos para capotear los primeros reveses económicos que, a la vuelta de los días, fue revelando la debilidad económica estructural: una caída del PIB de -8.5% (en el 2020) que se sumó́ al retroceso registrado en el 2019 de -0.1%.
Además del registro consecutivo de contracciones, que el país no había tenido desde hace tres décadas, también se redujo la inversión en 2.1% entre noviembre y diciembre de 2020. Y, sin la comparación anual, diciembre-diciembre, la reducción fue de 12.9% con notorias caídas en los sectores de construcción (-14.2%) y maquinaria y equipo (-11.5%), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INEGI).
Recesión económica, desempleo y subempleo masivos resultaron ser una primera «derivada» de la pandemia. Un desastroso escenario frente al cual el Gobierno tuvo como respuesta mantener unos equilibrios macroeconómicos convencionales, sobre todo fiscales, con cargo a la contención del gasto público, en particular de la inversión del Estado. Valga decir que en marzo del 2021 la inversión fija bruta tenía niveles similares al 2011 (2.3%).
Hasta la fecha, el Gobierno insiste en mantener el equilibrio fiscal cuando se requiere expandir el gasto del Estado, corriente y de inversión, así como convocar a un amplio programa de reactivación económica y poner en acto una estrategia de reconstrucción para el desarrollo que empezara con propósitos expresos de generación de empleos, rehabilitación de la planta productiva y expansión de los sistemas de protección, salud y seguridad sociales.
La numeralia del desastre no se ha superado significativamente. En el primer trimestre del 2021, en relación con el mismo período del 2020, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) señalaban que la población económicamente activa había pasado de 57 millones a 54.4, con reducciones, prácticamente, en todos los sectores: terciario, 1.9 millones; comercio, 712,000; restaurantes y servicios de alojamiento, 656,000. Así, la tasa de desocupación nacional pasó de 3.4 a 4.4% y la subocupación alcanzó a 2.7 millones de personas. Condiciones contrarias si se aspira a un crecimiento económico superior al registrado desde que el país se embarcó́ en su «Gran Transformación» para globalizarse y afirmarse como economía abierta y de mercado, que implica crecer a tasas anuales cercanas al 4%, meta que hoy se ha vuelto esquiva y lejana.
El desenlace de esa «Gran Transformación» ha reproducido carencias sociales, resumidas en poco empleo, mal remunerado, precario e informal. Considérese que entre 1981 y 2000 el crecimiento del PIB fue de 2.1 y el del PIB per cápita de 0.4, y, entre 2000 y 2019, de 1.9% y 0.6%, respectivamente. Como ocurrió en los años ochenta con la crisis de la deuda externa, la pobreza masiva y los coeficientes de desigualdad económica y social, regional y sectorial, dan cuenta de la reproducción y actualización de la heterogeneidad estructural que la globalización había prometido dejar atrás.
Entre tareas necesarias y urgentes
A más de quince meses del inicio de la crisis sanitaria y su secuela económica y social, no es posible saber con certeza su impacto sobre la economía y las comunidades, crecientemente urbanas. La sociedad y el Estado mexicanos tienen que afrontar preguntas impertinentes: ¿Ya se «estabilizaron» las caídas y se han detenido los cierres de empresas, negocios y servicios? ¿Qué tan profundos son los impactos sobre los procesos económicos, productivos y de los servicios? ¿Cuáles tendrían que ser los cambios técnicos para lograr que la recuperación contribuya a un desarrollo robusto? ¿Cuáles son las opciones de financiación, de la economía y del Estado, para los procesos de rescate y reconstrucción? ¿Tocó ya fondo el número de trabajadores sin empleo? ¿Cuáles son las modificaciones, y de qué tipo, en el trabajo informal? Y lo que es más desafiante aún: ¿Cómo definir y restablecer unas relaciones Estado-Mercado-Sociedad-Medioambiente que auguren un futuro con desarrollo sostenible?
México necesita (re)pensarse, llevar a cabo una modificación de su política económica, una revisión drástica de sus pautas de financiamiento público y una actualización de sus usos y costumbres para programar y evaluar el gasto público. Una reforma del Estado que arranque por el diseño y la aprobación de una reformulación hacendaria que le dé al Estado solidez en sus cimientos.
Recuperar la dimensión política del Estado, recobrar sus atributos clásicos de legitimidad y eficacia y pactar un acuerdo social que inserte la economía, con su producción y sus mercados, en la trama de una sociedad segmentada y grande, que vive una transición demográfica hacia la madurez marcada por la desigualdad y por la pobreza de masas, cada día más urbanizadas e inscritas de múltiples maneras en los teatros de la política democrática.
Asumir, como componente principal de un proyecto nacional renovador, la construcción de una economía organizada por propósitos públicos y un Estado encaminado a volverse un Estado de bienestar, sostenido en unas finanzas públicas robustas, dinámicas y flexibles, conectadas de varias maneras con la propia dinámica económica y productiva del país. Crecer para igualar e igualar para crecer deben ser vistos como dilemas a desenredar por la política. Para «mexicanizar» la hora de la igualdad proclamada por la CEPAL insistentemente.
