El caso de la Argentina
Este notable intelectual marxista evalúa el proceso político operado en Argentina desde una visión ideológica centrada en la configuración del neoliberalismo y la «ofensiva del capital», y propone alternativas que extiendan la conciencia social para asumir un camino de radicalidad. Un enfoque personal que debe ser conocido para entender los desafíos del presente desde esta recia perspectiva.
La Argentina inició un proceso de cambio reaccionario de su estructura económica y social con el advenimiento de la dictadura genocida en 1976. En rigor, las condiciones empezaron previamente, durante el gobierno constitucional, anticipando la reestructuración regresiva de las relaciones socioeconómicas, en el mismo sentido que se definieron en la región desde el golpe de Estado en Chile en septiembre de 1973.
Ese es el tiempo del inicio de las políticas de liberalización, difundidas como «neoliberalismo». Se trata de un fenómeno mundial de reorientación de la política económica del orden capitalista en el ámbito global. Con el acceso a los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos de la «restauración conservadora» entre 1979 y 1980, el «neoliberalismo» se transformó en política hegemónica del sistema mundial, más aún con la ruptura de la bipolaridad (capitalismo/socialismo) entre 1989 y 1991.
La ofensiva del capital sobre el trabajo se consolidaba luego de décadas de conquistas socioeconómicas de este sobre aquel. Remito, especialmente, al proceso desplegado desde la emergencia de las organizaciones obreras, sindicales, culturales, económicas y políticas asumidas desde el movimiento obrero, caso de la Asociación Internacional de Trabajadores, por más de un siglo desde la formulación de la consigna de reducción de la jornada laboral a las ocho horas en 1866. Esa ofensiva capitalista se desarrolló también contra los bienes comunes y la sociedad en lo que denomino, parodiando a Carlos Marx, como la subsunción del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital.
Esa «ofensiva del capital» es la característica de la etapa posterior a la crisis de los 60-70. Se trata de un proceso continuo que se sostiene en el presente, luego de medio siglo de liberalización, con especial fuerza en la región latinoamericana y caribeña, territorio del origen del fenómeno. La dictadura argentina de 1976 introdujo a la fuerza, vía terrorismo de Estado, una lógica de orden económico que se sostiene en la pérdida de derechos laborales, sociales y sindicales, con merma de ingresos en una mayoría social empobrecida; con una serie de reformas estructurales que modificaron sustancialmente el papel y el lugar del Estado en la producción de bienes y servicios, alentando el proceso de desregulación a favor del sector privado; pero también, una recurrente reorientación de la inserción internacional del país, desde una posición «tercerista» al alineamiento con Estados Unidos y «occidente».
La resistencia a la dictadura (1976-1983) constituye la base política, social y cultural de la recuperación de gobiernos constitucionales entre 1983 y 2022. Aquellos cambios producidos durante la dictadura en las relaciones socioeconómicas constituyen la base de una reestructuración del modelo productivo y de desarrollo bajo dominación de las corporaciones trasnacionales, el poder oligárquico y el capital privado de origen local. Al mismo tiempo, son parte esencial de los límites para retrotraer la situación al momento previo a la dictadura y mucho más para encarar un proceso emancipador.
Todos los gobiernos constitucionales desde 1983 actuaron sobre la nueva institucionalidad de la relación capital/trabajo, consolidando su juridicidad con una legislación afín e incluso con reforma constitucional (1994). La resistencia a ese fenómeno estructural de «liberalización», agravado en tiempos del régimen de convertibilidad (1 peso = 1 dólar) desde 1991, desembocó en la rebelión popular de diciembre del 2001, habilitando un nuevo tiempo político, demandando cambios sustanciales en la economía y en la política. Es cierto que una parte de la movilización, en cuanto a la espontaneidad de la protesta, fue protagonizada por el cansancio ante el ajuste y las insuficiencias en la vida cotidiana, más que por una propuesta de cambio radicalizada.
La «pueblada» generó expectativas de cambio en la Argentina, sumándose al clima de luchas que en la región anticipaban los levantamientos de Caracas en 1989, de Chiapas en 1994 y una oleada en contra de la «globalización neoliberal o capitalista» cuyo momento de más visibilidad aconteció en Seattle en 1999.
En ese marco de luchas globales es que puede pensarse el impacto de la rebelión popular en la Argentina, que converge con fenómenos de expectativas similares y simultáneas en toda la región. Son experiencias matizadas según el horizonte de sus objetivos, que tenían en común la crítica a las políticas hegemónicas denominadas neoliberales, pero diferían en el destino a construir según la tradición política local y especificidades de la lucha de clases.
Un conjunto de países, en su acercamiento a Cuba, definieron horizontes anticapitalistas en su perspectiva del proceso de cambio y transformación, más allá de la materialidad y concreción de esos propósitos. Otros recrearon el imaginario por el retorno a un tiempo de reformas, con protagonismo de las políticas públicas, asociado a tiempos de hegemonía desarrollista e industrialista de un período anterior. Entre ambas variantes pueden catalogarse variados procesos, todos los cuales dieron lugar a un clima de época favorable a cambios políticos, incluso definiendo una nueva institucionalidad para la integración, cuya máxima expresión estuvo en la UNASUR (2008) y en la CELAC (2010). Definiciones impensadas sin la expresión de resistencia antiimperialista del No al ALCA en Mar del Plata, Argentina (2005)
Argentina luego del 2001
La nueva institucionalidad popular emergente de un prolongado proceso de acumulación de fuerzas desde la represión de 1975-1976 habilitó en el movimiento popular organizado y consciente la expectativa de un proceso de cambio político.
Remitimos a las «asambleas populares», especialmente en la zona metropolitana y las grandes ciudades, ejemplo imprescindible desde entonces para la lucha ambiental desplegada contra la megaminería a cielo abierto y la afectación de los bienes comunes, en una ya larga historia de puebladas en Esquel (2003), Mendoza (2019) o Chubut (2021). También, a los «piqueteros» y la construcción de una gran variedad de organizaciones y movimientos sociales enraizados territorialmente e involucrando a trabajadoras y trabajadores, sus familias y territorio de vivienda y reproducción de vida cotidiana de una manera especial e innovadora, trascendiendo las demandas por trabajo al hábitat y lo global.
Junto a las asambleas y los piquetes, reconocemos al movimiento de empresas recuperadas en su diversidad, el nuevo sindicalismo propiciado por la CTA desde sus orígenes, más allá de las derivas divisionistas en tiempo presente. En esa dinámica emergen nuevos fenómenos en la lucha y la organización popular, atravesados por las luchas de los feminismos y la crítica al productivismo que alimenta el saqueo de los bienes comunes desde un modelo productivo de destrucción de la tierra y el medio ambiente, agravando las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. Las reivindicaciones de los pueblos originarios y las formas de la autogestión comunitaria, estimuladas por los nuevos procesos en la región, ampliaron la dinámica visible de la organización y resistencia popular por el cambio social.
Esa dinámica de acumulación de fuerzas populares es lo que definió en esencia el proceso de cambio político en la Argentina luego del 2001, con la emergencia de mutaciones sustanciales en la política y expectativas no satisfechas en el campo de las relaciones económicas. La alternancia entre gobiernos constitucionales y golpes militares, expresión esta de la «restauración conservadora» entre 1930 y 1983, devino en un tiempo de «estabilización constitucional» desde 1983, que pudo procesar la crisis del 2001 en el marco del régimen constitucional. Desde entonces, la perspectiva de «restauración conservadora» se procesa en el marco de la Constitución.
Por primera vez desde 1916, es en el 2015 cuando se elige un presidente constitucional que no tiene pertenencia a ninguno de los dos partidos tradicionales: el radicalismo y el peronismo. Es más, la restauración se ejercita durante el gobierno peronista de Carlos Menem (1989-1999) y el del presidido por el radical De la Rúa (1999- 2001). Ya no serán los golpistas los que pretendan orientar la restauración, sino que bajo el consenso electoral emergerá coaliciones con base en los partidos tradicionales: radicalismo y peronismo.
Es una realidad de la política actual en la Argentina la presencia y alternancia de dos coaliciones que disputan el gobierno, y en ambas coexisten dirigentes y militantes de las formaciones tradicionales, convocando en su seno, no sin contradicciones, a diversas entidades de la política tradicional del país. Por fuera de las dos coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, intentan intervenir, con mayor o menor éxito, formaciones políticas a la izquierda y derecha del arco político local. La alternancia ya no es entre golpes y gobiernos constitucionales, sino entre proyectos de restauración conservadora y otros con pretensión de recrear una perspectiva de inclusión social en el marco del orden capitalista.
En su discurso de asunción en mayo del 2003, Néstor Kirchner (NK) se manifestó por el objetivo de «reconstruir el capitalismo nacional», una consigna que motivó debates entre los años 40 y 70 como perspectiva para la región latinoamericana y caribeña, en el marco de la estrategia por la «industrialización sustitutiva» empujada por la CEPAL para todo el continente. Recientemente, en octubre del 2021, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) aludió a la derrota del comunismo con la caída del Muro de Berlín y el triunfo del capitalismo, al que asocia la potencialidad del consumo demandado por la sociedad. Los gobiernos emergentes entre el 2003 y el 2015, el primero bajo la presidencia de NK (2003-2007) y los dos siguientes bajo el liderazgo de CFK (2007- 2011 y 2011-2015), asumieron una misión discursiva crítica del neoliberalismo sin el propósito de modificar las cuestiones estructurales del orden económico.
En efecto, los cambios estructurales operados desde la dictadura genocida de 1976 se mantuvieron, a saber:
a) nuevo modelo productivo de agronegocio de exportación hegemonizado por las trasnacionales de la alimentación y la biotecnología, agravado con la inclusión de los organismos genéticamente modificados (OGM) en los noventa;
b) aliento a la megaminería a cielo abierto habilitado por los cambios en el régimen minero de la década del 90, no modificado pese a las resistencias populares;
c) mantenimiento del régimen financiero instalado desde 1977, bajo dominación de la banca trasnacional, la fuga de capitales y el gran condicionante de la deuda pública, renegociada por todos los turnos presidenciales desde 1983, agudizado en el presente con el préstamo del FMI con desembolsos por 45,000 millones de dólares;
d) consolidación de una matriz productiva dependiente, subordinada a las trasnacionales de la energía y con una inserción global de organización de armadurías insertas en las cadenas globales de valor;
e) facilitación, como sesgo de época, de un proceso creciente de empobrecimiento social y desigualdad de ingresos y riquezas, contenido por una masiva política social de sobrevivencia de millones de personas.
Los alcances del cambio reaccionario de 1975- 1976 explican los límites en la satisfacción de las expectativas de cambio motorizadas por la lucha popular y los gobiernos emergentes desde 1983 con el horizonte crítico a la hegemonía reaccionaria de la liberalización. Esos límites explican que la demanda restauradora del poder tradicional se contenga en el marco de los regímenes constitucionales, especialmente en los gobiernos de la década del 90 del siglo pasado, y muy especialmente en el gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019, con la pretensión de renovar un nuevo período en el gobierno desde el 2023.
Idas y vueltas en la política, los desafíos
La recuperación de expectativas populares en contra de los cambios reaccionarios con antecedentes en los inicios de los setenta se vio condicionada por el retorno de las «derechas» a los gobiernos, sea por nuevos mecanismos de golpes, caso de Honduras, Paraguay, Brasil o Bolivia; o por vías electorales, caso de la Argentina o Uruguay.
Procesos diversos de resistencia popular recrean las expectativas de cambio, caso emblemático de México en el 2018, Argentina en el 2019, del proceso chileno de revueltas desde el 2019 y ahora en dinámica constituyente y a punto de asumir una coalición política con parte de la izquierda en su seno; pero también del Perú, más allá de las desilusiones en el corto plazo desde la asunción presidencial. En ese plano se inscribe la vuelta al gobierno boliviano del MAS, y las posibilidades de cambio de gobierno en Brasil y Colombia.
La realidad de estos procesos demuestra la distancia que puede existir entre las demandas, diversas y a veces contradictorias, de cambio social. A veces, cansancio con las limitaciones cotidianas en una sociedad monetaria mercantil que condena a millones a la supervivencia, y otras, construcciones sociopolíticas que no terminan de definir una estrategia de construcción crítica del capitalismo, con pretensión de ir más allá en un proceso de emancipación que no solo se contenga en la crítica al neoliberalismo, sino que se proponga ir en contra y más allá del orden capitalista.
Para terminar con la alternancia entre reaccionarias propuestas restauradoras y diversidad en la propuesta de cambios favorables a la mayoría empobrecida, aparecen algunos desafíos:
a) estimular la subjetividad consciente en lucha cotidiana a favor de extendidas reivindicaciones y en contra del poder instalado en nuestros territorios, desplegando una masividad de luchas democráticas y por cambios profundos de carácter estructural;
b) extender la socialización de un programa articulado de demandas sociales y políticas por la soberanía alimentaria, energética o financiera, en la perspectiva de una articulación regional sustentada en la soberanía popular,
c) alentar formas de organización económica, política y cultural que den cuenta de la demanda por democracia de base, participativa, comunitaria, estimulando la autogestión en la reproducción de la integralidad de la vida cotidiana.
Todo esto impone en el caso argentino superar el condicionante de la disputa por el gobierno del capitalismo y estimular perspectivas que no se sujeten a la crítica del neoliberalismo, extendiendo la conciencia social en contra y más allá del capitalismo, del imperialismo, del patriarcalismo y toda forma de racismo y discriminación. Que el programa a sustentar parta de la suspensión de pagos de la ilegítima, ilegal y odiosa deuda, especialmente con el FMI; y con ello se pueda avanzar en el control y socialización del mercado financiero, cambiario, y del comercio exterior.
Son medidas que generarán la confrontación con el poder constituido, lo que exige una ampliación del consenso social para el cambio, no solo en el ámbito de la crítica al neoliberalismo y la modificación electoral de la coalición de gobierno «en contra de la derecha», sino asumir un camino de radicalidad. Un rumbo consecuente en la tradición de la demanda mariateguista de los 30 del siglo pasado o de la Revolución cubana o de los sesenta. Se trata del camino de recientes recuperaciones de horizontes de cambios profundos resultantes de la experiencia por recrear una estrategia a favor de profundos cambios en la región latinoamericana y caribeña.
