Una pareja entra a un tren. El vagón se llenó, pero tienen suerte de encontrar un puesto vacío. Ella va sentada sobre los muslos de su acompañante. En medio del recorrido, entre el hacinamiento y el cansancio del viaje se abrazan y se besan. Un hombre que va parado se les queda mirando. Un señor sentado enfrente dice a gritos que eso es una falta de respeto, que hay niños presentes (señala a una nena que va durmiendo al lado de él sobre las piernas de su madre) y que esa conducta no debe estar permitida en público. La gente empieza a voltearse, se escuchan un par de voces apoyando la censura del señor; alguien grita «lesbianas» como calificativo peyorativo. Pero lesbiana también es una elección sexo-afectiva y una identidad. Nuestra pareja está compuesta por dos jóvenes lesbianas.
Una situación similar a la narrada ocurrió en un tren que recorre la provincia de Buenos Aires, en Argentina. De mañana, una mujer compra unas frutas en un colmado. El muchacho que atiende le pregunta si eso es todo lo que va a cocinarle a su marido, que eso es comida para pájaros. La mujer responde que no, que eso no es el desayuno de su marido, y que ella le prepara su desayuno de hombre. Una situación similar a la narrada ocurrió en Santo Domingo, República Dominicana. Una familia se sienta a comer una pizza frente al televisor. Al hombre de la casa le dan dos opciones de película: la más recomendada es una comedia; la otra, un drama. Él dice que quiere ver la comedia. Leyendo el sumario de la película antes de darle play, se percata de que es una película sobre una pareja de mujeres. El hombre pregunta: ¿Es una película de lesbianas? Sí, responde una mujer. Ah, no, yo no quiero ver eso mientras como, veamos otra cosa. Una situación similar a la narrada ocurrió en una casa venezolana. Estos tres episodios me los contaron personas que están a favor de los derechos de la comunidad U LGBTI, y en ellos se representan tres países latinoamericanos que se encuentran en distintos momentos históricos respecto a las políticas públicas en torno a la diversidad sexual.
Los prejuicios y las etiquetas sociales
Los prejuicios son creencias sociales que incorporamos a nuestra cotidianidad y que nos llevan a discriminar de forma favorable o excluyente a un grupo de personas específico. Es un juicio que se da de antemano sin haber tenido un acercamiento genuino a las personas que consideramos pertenecientes a ese grupo. De esta manera establecemos categorías en las cuales encasillamos a las personas con relación a determinados rasgos, como puede ser la apariencia, la religión que profesen, la orientación sexual, la raza, etc. Esta calificación se transforma en una etiqueta social. Cuando la etiqueta social funciona para excluir a una comunidad específica, esas personas discriminadas no podrán expresarse de forma libre en los espacios compartidos por la sociedad. Esta exclusión puede acarrear la idea de que los grupos discriminados no deben tener el mismo acceso a los derechos civiles, como si no fuesen una parte inherente a la población. Abordar el efecto de la exclusión por medio del prejuicio permite mostrar el problema que genera sobredimensionar una etiqueta social por encima de la persona particular. Este efecto ocurre, en parte, porque los prejuicios son una de las herramientas que tenemos las personas para hacer un ahorro de energías cognitivas en la cotidianidad. Nos manejamos con patrones de conducta que, una vez incorporados a nuestro día a día, ya no cuestionamos, ni pensamos en ellos mientras los ejecutamos. Por ejemplo, cuando aprendemos a leer ya no tenemos que descifrar los sonidos de cada letra para formar la palabra; el proceso de lectura se automatiza, y eso genera un ahorro cognitivo que nos permite leer un libro entero de manera eficaz. En el caso de la exclusión social sucede algo similar. Es decir, hemos aprendido poco en la infancia sobre ciertas formas de ser que no se corresponden con las que se han establecido como normales en nuestro entorno social, y eso hace que se vuelvan extrañas y desconocidas. El desconocimiento genera desconfianza, y sobre esa desconfianza se crea el rechazo, sin tener ninguna razón personal para esto, simplemente basándonos en prejuicios.
En ciertos casos estos prejuicios llevan a conflictos violentos, y esos enfrentamientos pueden fortalecer los prejuicios que se tenían anteriormente, sin reparar en que la fuente del problema radica en una interacción basada sobre el prejuicio. Pongamos como ejemplo el racismo en Estados Unidos. En un momento la población del Sur basaba una gran parte de su economía en el sistema esclavista. En cambio, los estados del Norte tenían otros intereses económicos que les hicieron prescindir de los esclavos, y por esas razones promovieron políticas a favor de la abolición; además, tenían presencia en los órganos de poder, por lo que la esclavitud fue abolida en todo el país en 1865. Pero la comunidad afroamericana y la comunidad blanca del sur tuvieron conflictos y episodios violentos que se generaron por la creencia (el prejuicio) de que los afroamericanos no merecían gozar de los mismos derechos civiles que la totalidad de la ciudadanía americana. Con el tiempo, las razones que generaban estos conflictos individuales se fueron transformando en manifestaciones populares que exigían políticas públicas que promovieran la equidad civil de la población afroamericana. Estas manifestaciones dieron paso al movimiento político de los Civil Rights, que logró el establecimiento del Acta de Derechos Civiles de 1968 en los Estados Unidos. Cabe destacar que para la época la Constitución ya contaba con las enmiendas en las que se abolía la esclavitud y se daba la categoría de ciudadanos a las personas afroamericanas, pero el marco legal no era suficiente para generar un cambio directo en las interacciones cotidianas de la ciudadanía estadounidense.
¿Cómo poner en evidencia el prejuicio?
Cuando entablamos una relación significativa con una persona etiquetada dentro de uno de estos grupos excluidos, tenemos la oportunidad de ir más allá del prejuicio. Es decir, cuando se logra pasar de la desconfianza de lo extraño a la confianza de lo conocido. En ese proceso no tiene que haber obligatoriamente un proceso de amistad; por el contrario, la exposición cotidiana puede ser suficiente. Para esto es necesario que se permita la visibilización de las comunidades excluidas en los diferentes entornos sociales: la escuela, el trabajo, el vecindario, etc. Esto implica que las personas pertenecientes a las comunidades excluidas deben exponerse abiertamente a estos espacios. Es aquí donde surge el miedo a la violencia que fomenta la exclusión. Las personas se alejarán de esos espacios comunes para evitar el estigma y la agresión que se genera si son reconocidas como parte de esa colectividad excluida, y entonces la socialización se dará solamente con otras personas también excluidas, e incluso pueden llegar a negarse a sí mismas la posibilidad de pertenecer a esa comunidad. Ahora bien, pudiera parecer más sencillo ocultar la pertenencia a la comunidad LGBTI que a la comunidad afroamericana, pero esto es así solo si se ve desde el lugar de la norma social que los excluye, ya que en ambos casos la vida cotidiana se ve afectada de forma contundente. La vivencia de no poder expresar la propia identidad tiene consecuencias psicológicas negativas que han llevado incluso al suicidio. Y aunque una persona no haga referencia a su diversidad sexual, es estigmatizada con la connotación de «estar en el clóset», que alude a una persona de la comunidad LGBTI que no se expresa «abiertamente».
Pertenecer a la comunidad LGBTI
Las personas que expresan su pertenencia a la comunidad LGBTI pueden verse expuestas a condiciones negativas que van desde la imposibilidad de conseguir un empleo o de cursar estudios en una institución, hasta ser víctimas de crímenes de odio. Al mismo tiempo, una persona que no se rige por los patrones de la norma heterosexual puede encontrarse a gusto al sentirse parte de la comunidad LGBTI por el simple hecho de encontrar un espacio de aceptación. Esta sensación de aceptación y de grupalidad suele generar las condiciones para que una comunidad pueda cobrar conciencia de su propia condición de ciudadanía, y de ahí pasar a exigir su derecho a ser aceptada en la totalidad social. Es en este punto donde la comunidad puede realizar manifestaciones públicas para visibilizarse y que de esta forma sus exigencias se conviertan en una demanda social. En este sentido, la comunidad LGBTI también se expresa como movimiento político que se plantea lograr el establecimiento de políticas públicas que se encarguen de detener la exclusión social. Parte de la visibilización que se ha llevado a cabo por parte de la comunidad LGBTI incluye colocar en la agenda mediática el tema de la diversidad sexual. Esto se refiere a familiarizar a la población con la aceptación de relaciones sexoafectivas no exclusivamente heterosexuales, pero también con formas de ser que no se ciñen a lo que se considera tradicionalmente como hombre o mujer. Es decir, el mundo de la diversidad sexual contempla la aceptación de todas las expresiones sexo-afectivas (incluyendo la heterosexualidad) que se den de forma consensuada entre dos (o más) personas; a su vez se establece que las personas tienen potestad sobre su autopercepción de género, y sobre la manera en la que decidan expresar ese género. De este modo, las demandas sociales del movimiento LGBTI contemplan también el bienestar de las personas heterosexuales.
Callar no es una opción
El movimiento LGBTI ha logrado colocar en la agenda social la visibilización de la diversidad sexual. Esto ha llevado a que en algunos países, como es el caso de Argentina, se establezca como ley el matrimonio igualitario (casamiento entre personas del mismo sexo), la ley de identidad de género (poder identificarse legalmente con un género distinto al asignado al nacer) y la inclusión laboral de personas trans (travestis, transexuales y transgénero). De hecho, el impacto mediático ha sido tal que, a pesar de no lograr avances en el terreno legal, en algunas instancias sociales el prejuicio se sostiene pero se expresa de una manera soslayada y no en una confrontación directa que busque rechazar la condición ciudadana de la diversidad sexual. Un ejemplo de esto lo tenemos en las declaraciones que dio en el 2015, durante un programa televisivo, el encargado de la reforma policial en Venezuela; en este programa el funcionario aseguraba que las personas no debían expresar su diversidad de forma notoria ya que esto no formaba parte de la cultura venezolana. Es decir, un hombre policía puede ser homosexual, pero no puede mostrar conductas homosexuales. Al mismo tiempo, el funcionario sugiere que las personas que deseen expresar su diversidad pueden trabajar en otros espacios más artísticos y culturales. El ejemplo anterior mantiene los principios discriminatorios del prejuicio, pero se presentan envueltos en la idea de la tolerancia. Ahora bien, tolerancia no implica aceptación. Una persona que tenga que ocultar su sexualidad o su género, como condición para mantener su trabajo o para realizar cualquier actividad, está siendo excluida del entramado social. Al mismo tiempo, encasillar a una persona en un lugar específico de trabajo o de socialización también implica una discriminación excluyente. Básicamente no se está aceptando que la persona pueda gozar de los mismos espacios que cualquier otro ciudadano, o se establece la condición de que para hacerlo debe estar dispuesta a callar. Esta forma tolerante de «inclusión» va en detrimento de la visibilización, lo que implica menos posibilidad de establecer las demandas sociales de la comunidad LGBTI en la agenda de las políticas públicas. Así, ocultar o callar la propia diversidad sexual, en cualquiera de los espacios sociales, no es una opción para quien se plantea exigir medidas de inclusión social que reconozcan los derechos civiles de la comunidad LGBTI. De esta manera se hace imprescindible establecer leyes específicas que legislen a favor del reconocimiento de la diversidad sexual.
La cotidianidad y las políticas públicas
La ciudadanía cuenta con derechos legales explícitos, pero la cotidianidad también se maneja por medio de normas implícitas. Estas normas implícitas contemplan los límites que debe respetar una persona en el seno de la sociedad. Dentro de esas regulaciones se establecen acciones cotidianas como son: demostrar afecto por otra persona, vestirse con la ropa de su agrado, resaltar ciertos rasgos del cuerpo de forma seductora, escribir un guión de película que refleje una vivencia particular, trabajar en la profesión más afín a sus posibilidades, entre otras. Ahora bien, en el caso de una comunidad discriminada, pareciera que cualquier acción de una persona está sobrepasando el límite implícito. Esto sin importar la acción que ejerza, ya que toda la atención se focaliza en la fuente del prejuicio. Entonces necesitamos políticas públicas que faciliten la ruptura del prejuicio y que lleven a una aceptación incondicional de la diversidad, de forma tal que la heterosexualidad pueda ser vista como otra variante del espectro diverso y no la norma por antonomasia. Un ejemplo de la exclusión que genera percibir a la heterosexualidad como lo normal, enfrentado a lo LGBTI como lo diverso, lo encontramos en el escándalo que se generó en la República Dominicana en el año 2015 cuando la organización Profamilia presentó el manual de educación sexual Hablemos. En este caso, dirigentes religiosos y políticos llegaron a acusar a la organización de incitar a los jóvenes a desarrollar conductas homosexuales, por el hecho de mencionar en el manual que la homosexualidad es una de las formas en las que las personas pueden expresar su orientación sexual. Situaciones de este estilo afianzan el prejuicio y hacen que las demandas de la comunidad LGBTI sean más difíciles de transformar en políticas públicas concretas. La implementación de políticas públicas se logra al abrir espacios gubernamentales en los cuales tengan cabida las demandas sociales de la comunidad LGBTI, para que luego puedan procesarse según el caso. Pueden crearse leyes que ayuden a reforzar los derechos civiles de las personas LGBTI, así como también acciones sociales que busquen integrar a estas personas en distintas instancias de la comunidad. Tomemos el caso de Argentina, donde es legal el matrimonio igualitario, y aun así la pareja de jóvenes lesbianas a la que nos referimos al inicio fue interpelada por demostrarse afecto en el tren. En este caso, la pareja está amparada por ley para expresar abiertamente su orientación sexual, pero aún no se ha dado una aceptación incondicional entre la población. Para que haya un cambio en la cotidianidad se pueden crear jornadas barriales donde se despejen dudas e inquietudes de los vecinos; así como también capacitar a las personas que trabajan en las instituciones estatales para asegurarse de que tengan información sobre las temáticas LGBTI que se estén desarrollando en el momento. Una vez que se plantea un programa de políticas públicas es necesario darle seguimiento.
El seguimiento es una etapa compleja y necesaria: por un lado, permite determinar si los programas están siendo implementados como se había propuesto, y, por otro lado, ayuda a conocer el impacto que estas medidas están teniendo en la sociedad. Pero uno de los indicadores más importantes se encontrará en la reducción de las situaciones de agresión y discriminación que se ejerzan contra las personas de la comunidad LGBTI. Claro que estas denuncias no podrán reportarse si las instituciones públicas no generan espacios reales de contención para los casos específicos. Por último, es importante destacar que las políticas públicas a favor de la comunidad LGBTI se establecen para que las personas puedan desenvolverse en los espacios sociales sintiéndose resguardadas contra posibles agresiones. Al mismo tiempo, estas iniciativas tienen el interés de convertirse en medidas legales: en caso de que alguien ejerza algún tipo de violencia o exclusión contra una persona de la comunidad LGBTI, esta debe contar con las pautas legales que le permitan hacer el justo reclamo de su derecho a existir como ciudadano.
