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La justicia social es el nombre de la paz

by Rafael Alburquerque
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En la conformación de un pacto social entre los sectores productivos y la masa trabajadora, se han generado esquemas que han afectado las relaciones laborales, creando inequidades globales. Un repaso a la historia de esta realidad obliga a examinar los pasos dados en la creación del sistema neoliberal, lo que ha significado el neolaboralismo, los cambios producidos en los Gobiernos de los demócratas Barak Obama y Joe Biden, hasta llegar a la República Dominicana y los desafíos que enfrenta el país ante la obligada necesidad de producir un acuerdo entre empleadores y trabajadores de cara al futuro pospandémico. 

Hubo que esperar al 1919 para que el arrendamiento de servicios previsto en el Código Civil Napoleónico se transformara en contrato de trabajo. Antes de ese año se conocieron leyes dispersas que afrontaban los temas más acuciantes y específicos del proletario, como el trabajo infantil y el trabajo de las mujeres en las minas subterráneas. 

Pero la fractura con el Derecho Civil y el nacimiento del Derecho del Trabajo, como un ordenamiento sistematizado de principios y normas conducentes a organizar y proteger al trabajo asalariado, solo vino a recibir partida de bautismo con el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. 

Un centenar del articulado de ese tratado fue dedicado a crear la Organización Internacional de Trabajo y a consagrar el conjunto de las viejas reivindicaciones de la clase obrera. La explicación de que se incluyera en un acuerdo esencialmente político un capítulo destinado a temas de naturaleza social fue el temor al fantasma, como había dicho Marx, que en esos momentos se paseaba por el Viejo Continente: sus países habían salido devastados de la conflagración, sus economías colapsadas, el hambre se enseñoreaba sobre las clases populares y los estallidos sociales se multiplicaban día tras día. 

En la Rusia de los zares una revolución socialista se había apoderado del poder, destrozaba al capitalismo y anunciaba el fin de la propiedad privada. De igual manera, acciones insurreccionales se desarrollaban en Hungría, las masas se movilizaban en un fracasado levantamiento dirigido por Bela Khun, y en Alemania, Rosa Luxemburgo terminaba fusilada después de incitar a los obreros a tomar el poder. 

La burguesía supo valorar acertadamente la situación: necesitaba una tregua, un compromiso con la clase obrera con tal de superar la crisis que la amenazaba, y a cambio de preservar la propiedad ofreció al proletariado los derechos que de larga data reclamaban. Los obreros, agobiados por la crisis, sin un mendrugo para llevar a la boca, aceptaron la propuesta, y así surgió el Derecho del Trabajo, no como un derecho de los trabajadores, como después se ha afirmado, sino como un derecho de compromiso, un derecho capitalista del trabajo, que logró apaciguar las llamas que en aquellos momentos socavaban el sistema. 

Nacido en el entorno de las fábricas, el Derecho del Trabajo iniciaría desde entonces un proceso de expansión que lo condujo a proteger no solo a los obreros industriales, sino también a los empleados comerciales, a los marinos mercantes, a los trabajadores agrícolas y a cualquier persona que prestara sus servicios personales a cambio de una remuneración, bajo la dirección y dependencia de otra. La nueva disciplina se fortalecería bajo las influencias de las teorías keynesianas que, a partir de la crisis económica de 1929, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, postularon la necesaria intervención del Estado en el mercado como un medio para atenuar las profundas desigualdades sociales, evitar la recesión económica y dinamizar la demanda efectiva. 

El Estado de bienestar que se construye proclama un nuevo orden económico y social que reivindica el pacto entre el capital y el trabajo emanado del Tratado de Versalles, y con su filosofía y sus ejecutorias logra amortiguar la lucha de clases, hace avanzar las ideas de la socialdemocracia y arrincona la propagación del comunismo en el mundo occidental. Incluso en los países de la periferia, en vías de desarrollo, la oligarquía, a regañadientes, adopta leyes laborales y los denominados frentes de clase propugnan un programa de establecimiento y fortalecimiento de la democracia con un amplio contenido social. La izquierda democrática latinoamericana fue el mejor exponente de esta corriente y su lucha permitió el derrocamiento de las dictaduras, el desplazamiento de la oligarquía y el crecimiento de un sector burgués, con la consiguiente preservación del régimen democrático y la economía capitalista. 

Los «treinta gloriosos» se le llamó al periodo. Hubo crisis en los cincuenta y sesenta, pero fueron coyunturas fácilmente superadas por el modelo intervencionista de cuya eficacia nadie dudaba, pues la economía se mantuvo en expansión, sin que a economistas y hacedores de política les molestara la existencia de un Derecho del Trabajo que podía incomodar a algunos empleadores, pero que terminaban por aceptar debido a que sus negocios prosperaban, aunque con menores beneficios. No obstante, el modelo comenzó a ser cuestionado a partir de 1974 porque la crisis del petróleo en el año anterior y los acontecimientos posteriores que le siguieron condujeron a los países industrializados de Occidente a una crisis prolongada de carácter estructural, que, como derivado, provocó un fuerte rechazo al intervencionismo estatal. En efecto, los avances tecnológicos en los años sucesivos, la mayor competitividad ocasionada por la globalización y la necesidad en que se encontró el Estado de ampliar sus gastos sociales para tratar de aliviar los graves problemas de un mayor desempleo y responder a mayores necesidades insatisfechas provocaron un déficit en las finanzas públicas que solo pudo ser afrontado con una mayor presión fiscal, privatización de las empresas del Estado, endeudamiento y libre flotación de los precios de los bienes de primera necesidad. 

El neoliberalismo 

Se consideró que solo la liberación de las fuerzas del mercado podría resolver la crisis estructural que afectaba al sistema y que estas debían operar libremente y sin barreras en un mundo globalizado. Las tesis de Keynes y Beveridge en que se sustentaba el intervencionismo estatal debían ser descartadas y retornar al liberalismo económico de la época de Adam Smith, en que la producción y distribución de las riquezas quedaban sujetas a la ley de la oferta y la demanda. 

El laissez faire, laissez passez resucitaba del pasado, y en su nombre, se defendía la iniciativa privada como único instrumento para la operación y equilibrio general del mercado. El neoliberalismo, como se le llamó a la nueva corriente económica, se fue abriendo paso desde los últimos años del decenio del 70 y fue afianzándose en los venideros hasta alcanzar su clímax en el 90 del pasado siglo con el Consenso de Washington, por el cual Ronald Reagan y Margaret Thatcher asumían la aplicación de la doctrina como un compromiso de Estado. 

Con la implosión de la Unión Soviética al año siguiente, desapareció el «fantasma» que obligaba a la prudencia a las burguesías occidentales, se esfumó cualquier obstáculo que pudiera contrarrestar los impulsos del neoliberalismo a nivel global y se diluyó un referente que pudiera servir como contraste al nuevo paradigma. El mercado se erigió en monarca absoluto, a él se confiaban todas las soluciones, incluyendo el desarrollo y el progreso de la sociedad. No obstante, muy pronto, sus excesos comenzaron a profundizar las desigualdades, a afectar a los más necesitados, a expandir la pobreza y a generar protestas que se generalizaron con el nombre de los «indignados». Hasta el papa Juan Pablo II se vio precisado a condenar lo que él llamó «capitalismo salvaje». 

Obviamente, el neoliberalismo repercutió en el mercado de trabajo y consideró como perturbadora del nuevo orden una legislación reguladora de la relación de trabajo, pues esta restaría competitividad a las empresas y desestimularía la generación de nuevos empleos. Por tanto, se abogó́ por una completa libertad para gestionar la mano de obra, un mercado de trabajo gobernado por la oferta y la demanda, y la desaparición de cualquier intento estatal de intervenir en este ámbito. Para amortiguar una eventual confrontación con los sindicatos y los trabajadores, la aplicación del modelo se inició́ con una táctica que se circunscribió a reclamar la flexibilidad de las normas de la legislación del trabajo, aunque ella conllevó un ataque a la estabilidad en el empleo, pues con el argumento de combatir la desocupación los empresarios lograron que los Gobiernos privilegiaran el contrato de trabajo de duración determinada y se dejara al margen el contrato por tiempo indefinido, que, desde sus inicios en 1919, había caracterizado la relación de trabajo. 

Con el pretexto de fomentar el empleo se crearon múltiples formas de contratos temporales —de primer empleo para los jóvenes, de adultos mayores, de prácticas—, que permitieron a las empresas precarizar el empleo y pagar bajos salarios. «Contratos basura», les llamaron los sindicatos españoles, pues con ellos cientos de miles de trabajadores pasaron a prestar sus servicios en condiciones precarias y sujetos a la buena voluntad de su empleador para conservar el puesto de trabajo. 

No fue la única medida. La estabilidad absoluta en el empleo, por la cual el empleador solo podía extinguir el vínculo jurídico si mediaba una falta del trabajador, fue reemplazada por el despido ad nutum, gracias al cual el jefe de la empresa podía finalizar el contrato por su voluntad unilateral, en cualquier momento, sin alegar causa o motivo. Este régimen de despido libre, consagrado en la legislación de la República Dominicana y en otros ordenamientos jurídicos, también sería cuestionado por los gastos que su ejercicio implicaba, y se solicitó́ reemplazarlo por un seguro de desempleo o limitar el monto de las prestaciones laborales. Incluso en algunos países, como Colombia, estas fueron abolidas en perjuicio de los trabajadores que devengaban un salario superior a un determinado importe fijado por la ley. 

El neolaboralismo 

El «neolaboralismo», como lo llamó el colombiano Guillermo López Guerra, no se detuvo en la contratación y terminación del vínculo laboral, sus reclamos de aminoramiento de la legislación del trabajo también apuntaron a la jornada y a los descansos. En cuanto a la primera, se atacó́ la rigidez de la jornada de ocho horas de trabajo, una de las viejas conquistas de la clase obrera por la que se derramó sangre y por la que hoy se conmemora el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Se adujo que ella conspiraba contra la elasticidad que un empresario contemporáneo necesitaba en un mundo globalizado para poder competir exitosamente y se demandó́ la libertad en la distribución de las horas de trabajo para permitir que el empleador pudiera organizar su producción de acuerdo con las necesidades del mercado. 

Aunque algunas asociaciones empresariales llegaron al extremo de solicitar la abolición de la limitación de la jornada y la desaparición de las horas extras, en general, las peticiones sobre la liberación de la jornada se orientaron a reclamar que su limitación fuera medida en términos mayores que el día y la semana, lo que condujo a jornadas de doce y catorce horas al día y de más de cuarenta y cuatro horas a la semana. Poco importó la fatiga que pudiera ocasionarse al trabajador, que debía sacrificarse en aras del nuevo dios de la competitividad. Asimismo, los descansos semanales y las vacaciones sufrieron las embestidas neoliberales. Los primeros, de obligatorios se transformaron en voluntarios, a condición de que su dejación fuera económicamente recompensada o reservada para una fecha posterior, y las segundas corrieron igual suerte y se permitió que pudieran ser fraccionadas. 

Hasta la protección del salario fue atacada por la nueva corriente. Si este es el precio del trabajo, se argumentó, su importe debía ser fijado por la oferta y la demanda. Por tanto, si el bien denominado trabajo es escaso, el salario aumentará, pero si es abundante, se depreciará. Con esta lógica se reclamó que desapareciera la figura del salario mínimo y se suprimiera la potestad de las autoridades para fijarlo. En lo adelante, se razonó, las partes contratantes debían fijar libremente el salario, como si fueran iguales y tuvieran el mismo poder de negociación. Esta última demanda mostraba las verdaderas intenciones de la política de flexibilidad reclamada por el neoliberalismo: la negación de cualquier protección para el más débil en la relación de trabajo, lo que implicaba a la postre la desaparición de la legislación del trabajo. Fueron muchas las voces que se levantaron para advertir que la flexibilidad de la legislación del trabajo difícilmente conduciría a un fomento del empleo, como argumentaban los partidarios del neoliberalismo, pues en la hipótesis de que el costo laboral fuera rebajado por una atemperación de las normas protectoras, nada garantizaba que los empleadores crearían más empleos de los que realmente necesitaba su empresa. 

Una visión en retrospectiva de los resultados obtenidos por la política neoliberal nos enseña el fracaso cosechado en aquellos países que con más entusiasmo la aplicaron. Así, en España, en donde a partir de 1997 se adoptaron medidas radicales para combatir el paro obrero con la introducción de una amplia gama de contratos temporales, la desocupación se mantuvo y solo comenzó a disminuir en la medida que la economía se recuperaba. 

La sorpresa de Biden 

Precisamente, fue la economía la que finalmente alertó sobre las graves falencias y consecuencias derivadas de un mercado no regulado. La crisis financiera y económica de finales del 2007, que se profundizó durante el año 2008, tuvo consecuencias mayores que la registrada en 1929, y su origen estuvo precisamente en la falta de regulación y control del sistema financiero de los Estados Unidos y en la generalización de la actividad especulativa financiera a nivel global. 

Aunque sus consecuencias repercutieron a nivel mundial, sus secuelas se sintieron con particular severidad en los países industrializados, en donde el ahorro de miles de personas se esfumó por la pérdida de valor de los activos y de las inversiones en instrumentos financieros engañosos, la desocupación se disparó́ con la pérdida masiva de puestos de trabajo, y la economía entró en recesión con el consiguiente incremento de la desigualdad en la creación y distribución de la riqueza. 

La crisis que sacudió al sistema capitalista con la intensidad de un terremoto mostraba la necesidad de encontrar un nuevo paradigma que dejara atrás la desregulación de los mercados, la ausencia de controles estatales y la propia flexibilidad laboral, pero los defensores del modelo, en vez de reconocer sus errores, insistieron en reclamar mayor libertad para las fuerzas del mercado. Tony Blair, quien tuvo que entregar el poder en los inicios de la crisis, propuso para enfrentarla una tercera vía en la cual se conjugara el respeto a un mercado libre con controles estatales necesarios para evitar sus abusos, una especie de flexiseguridad que no trascendió al escenario puramente académico, pues la Unión Europea en su intento de superar la crítica situación prefirió aplicar medidas de austeridad y reducción de costos laborales, que hicieron recaer sobre los trabajadores y la población en general la responsabilidad que debieron asumir las clases gobernantes por haber promovido y aplicado el fundamentalismo liberal. 

No obstante, en los Estados Unidos, país en donde se originó́ la crisis, el presidente Barak Obama, sin llegar a aplicar medidas propias del Estado benefactor, puso en práctica políticas intervencionistas de estímulo y rescate de las empresas en dificultad, todo con la finalidad de dinamizar la economía y salir cuanto antes de la recesión, como efectivamente sucedió. El liberalismo económico sobrevivió a la crisis, ha mantenido su vigencia como política gubernamental durante todos estos años, y aunque se han producido algunas correcciones, en lo fundamental sigue como modelo preferente del capitalismo. Ni siquiera la socialdemocracia europea ha intentado revertirlo y, en vez de luchar por medidas de regulación y control de los mercados, ha preferido diferenciarse de la derecha con una política social circunscrita a reclamar la igualdad de género, la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y la protección a los colectivos LGTB. 

Por eso ha sido sorpresivo el discurso de Joe Biden, en su comparecencia al Congreso tras los primeros 100 días de su gobierno, en el cual anunció un vasto programa de naturaleza estatal para enfrentar la nueva crisis que golpea al sistema a nivel global como resultado de la pandemia del covid-19. Desde la época de Reagan, quien desmonta el Estado reformista construido por Franklin D. Roosevelt en los años posteriores a la Gran Depresión de 1929, ningún presidente estadounidense se había atrevido a airear las ideas de Keynes y Beveridge. 

Biden, en su intervención, habla de una América que no ha sido construida por Wall Street, sino por la clase media generada por los sindicatos, y esta observación le lleva a pedir al Congreso que apruebe una ley para aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora y otra para proteger el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. 

En su exposición, presenta un plan de lucha contra la pandemia y de recuperación y crecimiento económico para los Estados Unidos sustentado básicamente en una agresiva política de empleo dirigida a mejorar la infraestructura del país con la construcción y reparación de carreteras, puentes, puertos y aeropuertos, edificios y viviendas con mayor eficiencia energética y reemplazo de las cañerías de plomo que llevan el agua a los ciudadanos. Propone inversiones para respaldar y asegurar el futuro de la familia mediante el mejoramiento de la educación, el cuidado infantil asequible y de calidad, la licencia médica pagada de hasta 12 semanas y un crédito fiscal para cada niño en el hogar, a la vez que se compromete a fortalecer el sistema de salud, reduciendo los gastos de bolsillo para los usuarios y los costos de los medicamentos recetados, así como la ampliación de la cobertura en beneficio de los más vulnerables. Para sustentar financieramente este vasto programa, propone una reforma impositiva progresiva en la cual se persigue incrementar el impuesto de la renta a las grandes corporaciones y a las personas que ganan más de 400,000 dólares. 

Después de escuchar estas propuestas, una renombrada periodista norteamericana ha podido exclamar: «Biden no es ni será nunca Roosevelt, pero al menos intenta parecerse». Y efectivamente, los programas que esbozó en su discurso recuerdan la política del «New Deal». En sus palabras abandona la vía del fundamentalismo del mercado y, por ende, la ideología neoliberal, y se inclina por una mayor presencia del Estado en la marcha de la economía. 

El caso dominicano 

Mientras estos sucesos acontecen en el panorama global, en la República Dominicana, desde el 2007, se ha intentado modificar el Código de Trabajo de 1992, pues los empresarios de zonas francas se sintieron particularmente perjudicados por la finalización del acuerdo multifibra que les facilitaba el acceso de sus productos al mercado norteamericano. 

La legislación de 1992 había sustituido al Código Trujillo de Trabajo de 1951 y fue aprobada mediante concertación entre el Gobierno, los empleadores y los dirigentes sindicales. Con ella se reconoció por primera vez en el país el fuero sindical, se facilitó la negociación colectiva y se mejoraron los derechos individuales de los trabajadores. 

Aunque pactada, la modificación fue impulsada por las amenazas que se cernían sobre la economía nacional, expuesta a perder el mercado norteamericano y la industria del turismo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) había advertido a las autoridades que nuestra legislación y la práctica laboral contravenían los convenios internacionales de la OIT y este reclamo sirvió de pretexto para que la confederación de trabajadores estadounidense AFL-CIO reclamara a su Gobierno que se excluyera al país de las exenciones arancelarias concedidas a las exportaciones de las empresas de zonas francas y para que los competidores del turismo en el Caribe promovieran una campaña en Europa para pedirles a los trabajadores que no vacacionaran en la República Dominicana. 

Sin zonas francas ni turismo, la economía del país colapsaba. Por consiguiente, se pudo aprobar una legislación de naturaleza protectora, conforme al rasgo distintivo del Derecho del Trabajo, a contracorriente de lo que en esos momentos sucedía en América Latina, que bajo los influjos del neoliberalismo comenzaba a modificar su legislación para morigerar lo que se denunció́ como la rigidez de la legislación del trabajo. 

Los reclamos de las zonas francas para atenuar las normas protectoras del Código de Trabajo de 1992 se disiparon por la rapidez con que se superó́ en el país y en los Estados Unidos la crisis del 2008, pues sus empresarios pudieron diversificar su producción e invertir en rubros diferentes a la confección de prendas de vestir; pero, además, con una economía en pujante crecimiento y expansión les resultaba inapropiado difundir la idea esgrimida anteriormente de que la rigidez laboral obstaculizaba la generación de nuevos empleos y la competencia internacional. 

No obstante, con la llegada al poder de un nuevo presidente en el año 2012, la máxima dirigencia empresarial juzgó oportuno solicitar una revisión de la legislación del trabajo con el argumento de que debía adaptarse a los «nuevos tiempos», expresión con la cual aludían a la necesidad de armonizar las normas laborales con el desarrollo que había experimentado la tecnología, pues solo así podrían responder a los nuevos modelos de organización y producción del mercado de trabajo. La queja fue escuchada y en el 2013 el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión integrada por juristas y economistas que se encargó́ de preparar un proyecto de reforma que fue sometido a la consideración de empleadores y dirigentes sindicales. Como era de esperarse, el avenimiento entre los interlocutores sociales no pudo lograrse, por la negativa de los dirigentes sindicales a consentir la limitación al auxilio de cesantía, como solicitaron los empresarios. 

En la actualidad, al iniciarse la segunda década del siglo XXI, el Gobierno impulsa un pacto social con la intención de lograr una concertación entre empleadores y trabajadores con fines de reformar el Código de Trabajo de 1992 y la Ley de Seguridad Social del 2001. El propósito, se ha dicho, es incluir en estas legislaciones los cambios experimentados por una sociedad inmersa en una era posindustrial y digital. Es aceptable y conveniente la decisión, pero las voces que se escuchan en los medios de comunicación y las redes sociales difunden consignas que desentonan con la tendencia que se observa en otros países, en los que, después de sopesar los efectos dañinos provocados en el tejido social por los excesos del neoliberalismo, discuten cómo armonizar la vida familiar con la profesional, reducen la jornada de trabajo por debajo de 40 horas, consagran la licencia de paternidad, conceden derechos laborales a las trabajadoras domésticas, regulan la tercerización, reglamentan el teletrabajo, protegen al trabajador autónomo económicamente dependiente y establecen un pilar solidario en la seguridad social. 

Con excepción del teletrabajo, tema obligado por efectos de la pandemia y el consiguiente cierre de los negocios, las otras inquietudes, propias de una sociedad que vive bajo la globalización y el desarrollo exponencial de la tecnología, se encuentran ausentes en el escenario del mercado de trabajo de la República Dominicana. Por tanto, ¿qué significa para los poderes fácticos la modernización del Código de Trabajo? Para la opinión pública, el trabajador se ha transformado en un colaborador de la empresa. Si pierde su empleo, se dice que fue desvinculado. El sindicato es cosa del pasado y el Ministerio de Trabajo comienza a ser llamado de Empleo, lenguaje que difícilmente armoniza con el concepto de la palabra modernización y que más bien recuerda la vieja teoría de la comunidad empresarial que defendieron los autores alemanes de principios del pasado siglo.

Según esta teoría, la empresa es una institución organizada y jerarquizada, sostenida por una solidaridad de intereses, en la cual su jefe y el personal colaboran en la consecución de un objetivo económico. Su funcionamiento es posible gracias a los poderes que detenta su jefe y a los derechos que se reconocen a sus colaboradores: el primero goza de esos poderes por la responsabilidad y los riesgos que asume al dirigirla, y los segundos se benefician de derechos que limitan las prerrogativas de aquel y que deben ser ejercidos en interés de la institución para garantizar el bien común de sus miembros. En esa colectividad desaparece el contrato de trabajo y se lo sustituye por una relación de hecho que se deriva del simple ingreso del colaborador a la institución, todos son miembros de ella y persiguen un mismo fin, el bien común de su comunidad. En esta idílica colectividad no hay conflictos ni huelgas, no es necesario organizar sindicatos y sobra la legislación del trabajo porque el jefe de la empresa, como bonus pater familiae, actuará siempre para el bien de todos sus colaboradores. 

Es más que improbable que esta empresa aséptica, negadora del consustancial conflicto antitético existente entre el jefe de la empresa y su personal, pueda prosperar en democracia. Ni siquiera se logró́ en aquellos países de dictadura en los cuales se impusieron los sindicatos verticales integrados por empleadores y trabajadores y se defendió una supuesta colaboración de clases antagónicas, como sucedió en la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, la España de Franco y el Brasil de Getulio Vargas. Pero el lenguaje empleado en los medios de comunicación y las redes sociales por los poderes fácticos hace presagiar que la modernidad de que se habla en la anunciada reforma laboral está pensada en clave neoliberal, lo que en buen castellano se traduce en rebajar o suprimir derechos que desde 1992 fueron reconocidos a los trabajadores, debido a la convicción equivocada de que la protección al trabajo subordinado es un obstáculo al crecimiento y desarrollo del país. 

No hay dudas de que las normas laborales constituyen cargas económicas para las empresas, pero, en ausencia de regulación o en presencia de una débil protección, el mercado de trabajo se torna conflictivo y provoca bajas sensibles en la productividad. Hoy ya se sabe que un mercado sin control ni regulación es fuente de problemas sociales. Las últimas crisis del sistema lo han demostrado. Curiosamente, en los momentos en que las naciones industrializadas retornan a medidas de intervención del Estado y aprueban normas de garantía social, en el país los poderes fácticos persisten en transitar las rutas trazadas por el neoliberalismo. Tal vez la arritmia social enseñada por Juan Bosch lo explique: las corrientes de pensamiento llegan con retraso a la República Dominicana. Como toda arritmia, tiene sus riesgos. En este caso, olvidar que la justicia social es el nombre de la paz.


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