La visión y la voluntad política en una nación de tradición presidencialista es determinante para lograr alianzas que viabilicen la descentralización, la democratización y la expansión a toda la ciudadanía de sus derechos culturales.
La dictadura trujillista desde sus inicios dio muestras de terror y oscuridad. Si tomamos distancia desde entonces hasta nuestros días, advertiremos que es largo el recorrido del quehacer cultural y artístico del país en sus múltiples facetas. Desde el mismo preludio de aquella época tenemos datos muy precisos, sin embargo, de políticas culturales bien concebidas que conformaron los cimientos de lo que aconteció en esas décadas y aun después. Tal es el caso de la fundación de las principales instituciones de arte, las de formación y las de difusión, por más que resulte paradójico y hasta doloroso tener que reconocerlo.
La llegada de la etapa democrática, en contra de los sueños y expectativas de los amantes del arte, fue generando un efecto contrario al de la dictadura con respecto a las políticas culturales y artísticas del país. Esta experiencia constituye un llamado, una invitación a repensar la esencia misma de la función y de los alcances de las iniciativas estatales y gubernamentales con miras al porvenir que nos aguarda.
La conciencia del pasado y del presente nos prepara para el futuro, tanto en los ámbitos de la cultura y de las artes en sentido general, como en cada una de sus manifestaciones, incluida naturalmente la del ballet, que es mi especialidad profesional. Por ejemplo, tal vez si la parte cultural y artística estuviera divorciada de la política y sus dirigentes fuesen escogidos mediante ternas o concursos, los diversos gremios estarían más unidos y serían mínimas sus desavenencias y rivalidades. De ese modo, con toda probabilidad, los resultados sectoriales serían mayores y mejores.
Existen razones de peso y asidero suficiente para sugerir ese camino, porque tenemos tradición en nuestro país. Una trayectoria de trabajo y de logros que sobrepasa los siete decenios. Los estudios de danza y de ballet reconocidos, en nuestra tierra, comienzan con la austríaca Herta Brauer en 1944 y la húngara Magda Colbert a finales de los años cuarenta. Le siguen, en el tiempo, la cubana Clara Elena Ramírez en los años sesenta, junto con las dominicanas Ana Grullón de Pellerano y Eladia de Cuello, reales precursoras del ballet en la República Dominicana.
Contamos con un número extraordinario de estrellas que han descollado históricamente dentro y fuera del país. Su labor ha tenido como resultado grandes aportes al crecimiento artístico y técnico de la danza dominicana. Durante el tiempo que transcurre desde 1944, en que es fundada la primera academia de ballet, hasta 1981, año de la creación del Ballet Clásico Nacional, 1990, emisión del decreto correspondiente, y 1994, puesta en funcionamiento de la Escuela Nacional de Danza, ha sido el sector privado el que más ha aportado a la formación, difusión, sensibilización y arraigo social del ballet.
Las academias privadas han importantizado el estudio de este arte como una actividad de ocio que edifica el alma y aporta valores y disciplina, además de cultura física, a los niños y jóvenes que inclinan su atención hacia él. Son múltiples y de merecido renombre las instituciones privadas de ballet responsables de la difusión y aceptación de este arte en la población dominicana. Baste con mencionar la Academia Clara Elena Ramírez, la Academia Magda Colbert, el Ballet Santo Domingo, el Ballet Concierto Dominicano, el Ballet Roto, el Conservatorio de Danza Alina Abreu, la Escuela Superior de Ballet, El Patio Andaluz, el Taller de Danza Eduardo Villanueva, el Ballet Clásico Santiago, el Ballet Anna Pavlova y el Ballet Contémpora, entre muchos otros dignos de mención.
En ninguna de las otras manifestaciones artísticas existe semejante cantidad de instituciones dedicadas a su cultivo. La danza es el arte más solicitado, pues es un arte popular e intuitivo en el dominicano. La sombrilla del Estado ha sido precaria. Las academias de ballet, y de danza en sentido general, y en menor medida lo mismo ha acontecido con las demás artes, son las que mejor han motivado e inspirado a nuestra población para que esta actividad humana sea creíble y atractiva. Las precursoras, con grandes esfuerzos, fueron haciendo una estructura semejante a la de los conservatorios tradicionales de fuera del país, demasiado crucial para estar ausentes en las iniciativas culturales gubernativas.
La competencia sana y natural entre instituciones, que promueve el sentido de la emulación entre pares, aceleraría la formación de bailarinas y bailarines, siempre escasos, y traería como resultado la salida a escena de numerosos profesionales de la disciplina que, a su vez, impactarían de manera contundente en el desarrollo, la proliferación de escuelas, la formación de un público cada vez más especializado que gustaría y demandaría este arte y, como efecto final, la creciente institucionalización de la danza en el país.
La sola mención de los nombres de Ruth Garrido, Lina Lorenzo, Miriam Bello, Janette Lantigua, Irmgard Despradel, Patricia Ascuasiati, Juan Fidel Mieses, Carmen Espinosa, Carlos Veitía, Pía Valverde, Mary Louise Ventura, Silvia Crespo, Eduardo Villanueva, Pastora Delgado y Mauricio Fernández, entre muchos otros, constituye una serie de peso de lo lejos que podríamos llegar y de lo mucho que podemos hacer si aprovechamos todo el talento y la experiencia de quienes han hecho del ballet una razón de vida en la República Dominicana.
La solidez de las escuelas y academias privadas de ballet, ya para principios de los años ochenta, presiona a las autoridades gubernamentales de turno que, en reconocimiento de la profesionalización de la actividad, fundan el Ballet Clásico Nacional, específicamente en 1981. El sector privado, como era de esperarse, aportaba los bailarines requeridos. Pero pronto se hizo impostergable la creación de la institución formadora especializada que abarcara a todos los sectores sociales y económicos, sin costo para los talentos que resultaren seleccionados. Entre 1990 y 1994, como llevamos dicho, nace ENDANZA, que, con el paso del tiempo, asume la misión de formar especialistas y nutrir los espacios de difusión de la danza en el país.
Lustros después de conformadas esas estructuras, el sector privado, que fue la punta de lanza para la apertura del Estado hacia la danza clásica, sigue estando huérfano de apoyo económico e institucional. Se hace imperativo poner fin a esta situación. Dicho sector es clave como aliado en la expansión de las artes en toda la geografía nacional, incorporándolo al tren estatal, estableciendo mecanismos innovadores y propiciando la acreditación necesaria al mismo.
La descentralización es otro tema pendiente en la agenda de la etapa democrática. En este sentido, la diferencia entre el liberalismo y la dictadura, en nuestro país, ha sido de matices. La ampliación de la política cultural del país se hace impostergable. Nos hemos quedado en fatuos e inmerecidos intentos. Es hora de dar valor, condición y relevancia a todo lo que nos puede aportar el interior del país en potencial humano, patrimonio, artistas en todas las manifestaciones y ocio cultural. Nuestro principal rubro económico, el turismo, sería uno de los más beneficiados.
¿Cuántas áreas están interconectadas con ese guion, con el plan maestro en marcha? Las escuelas de Bellas Artes que están fuera de los límites del Distrito Nacional, salvo las del sector privado, son instituciones abandonadas a su suerte. Precariamente dotadas de maestros, sus instalaciones en franco deterioro y, en la mayoría de los casos, simplemente cerradas. Es como si estuviéramos ensayando a justificar, y creando las condiciones para que lo que pudo ser un proyecto institucional de gran alcance y dimensiones resulte inviable a los ojos de los prudentes, lo cual nos proyectaría como un país peligrosamente desprotegido en términos culturales.
Un Ministerio de Cultura es la entidad por excelencia para aportar las respuestas apropiadas a todas las manifestaciones culturales de la nación, para regir las políticas públicas en su ámbito de acción, hacerlas cumplir, difundirlas y conservar el patrimonio tangible e intangible del país, así como garantizar la formación por derecho propio de artistas y gestores, salvaguardando su legado creativo. ¿Qué hace falta, entonces, para volver a mirar con esperanza el porvenir? ¿Qué cabe esperar?
El advenimiento de una voluntad que entienda que la ciudadanía cultural es un derecho constitucional inalienable, que comprenda que la cultura es un eje fundamental de las políticas públicas de cualquier país. En primer lugar, porque nos identifica y es el motor espiritual y creativo de un pueblo, y, en segundo lugar, porque constituye el universo de nuestro pasado histórico de costumbres y tradiciones que podemos mostrar al mundo, todo lo cual se aviene con nuestra marca país.
En nuestra misma subregión continental, tenemos el ejemplo de Cuba. Su Ballet Nacional ocupó un lugar cimero en cuanto a popularidad y preferencia del público. Durante mucho tiempo fue el principal embajador cultural de esa nación en el mundo, tanto así que hoy día sus bailarines y maestros están diseminados por el planeta llevando su arte y, con él, una imagen propicia y admirable de su país. Todo esto nos indica que no se necesitan ingentes recursos para lograrlo, sino visión de Estado, sentido del compromiso con el crecimiento espiritual de los gobernados y voluntad política para poner en marcha lo que de antemano se sabe que solo puede hacer bien a la construcción de un ciudadano digno de ese nombre.
Nuestra marca país no es solo merengue, sol y playa. La danza, por ejemplo, como arte popular de preferencia nacional, la menos valorada entre todas las manifestaciones artísticas, tiene un atractivo potencial equivalente al de otras manifestaciones culturales y artísticas para el turismo y para los habitantes todos de nuestro territorio. El trabajo en equipo, integrando lo estatal y lo privado, garantiza sucesivos éxitos a cualquier gestión cultural.
