DE NUEVO LA ÉTICA.
De nuevo los asuntos éticos ensombrecen el curso de la vida nacional. Y de nuevo son poderes del Estado (o miembros de poderes del Estado), en colusión con el sector privado (o miembros del sector privado), los responsables de las acciones contrarias a las normas morales que reglan la convivencia pública.
Desde mediado de julio pasado y gracias a varias organizaciones de la sociedad civil y medios de prensa, la ciudadanía se entera de decisiones emanadas del Poder Ejecutivo y acogidas por el Poder Legislativo que violentan comportamientos establecidos por leyes o decisiones anteriores del Gobierno.
Se trata de los contratos del préstamo para adquirir equipos para la Policía Nacional concedidos a Sun Land sin previa licitación, y de la reapertura del expediente de la construcción de la isla artificial, que había sido desestimado por el Gobierno.
En estos casos –sin que le quite gravedad a lo acontecido– los hechos no han sido simplemente denunciados y condenados, para con el tiempo pasar al olvido, sino que la Presidencia de la República ha reaccionado frente a los mismos expresando su definitiva falta de interés por el proyecto de la isla y rechazando los términos y la forma en que se asignó el contrato con Sun Land.
No obstante, esa desacostumbrada actitud del gobernante no fue suficiente para devolver el sosiego a una población alarmada por la facilidad con que algunos sectores se prevalen del poder que detentan para atropellar los límites éticos antepuestos a las acciones públicas.
Es que el Poder Legislativo, precipitadamente y aún después de los pronunciamientos de los voceros de la Presidencia de la República, aprobó las disposiciones puestas en entredicho, agravando la debilidad moral de grupos de servidores públicos expresada en esos hechos.
Además de esto, organizaciones de la sociedad civil y miembro de la prensa se quejaban de que el Palacio Nacional no ofrecía una explicación detallada de lo acontecido ni asumía una actitud en los hechos frente a las posibles “indelicadezas” de algunos de los miembros del Gobierno.
Finalmente, cuando llegan a manos del doctor Leonel Fernández los proyectos aprobados por el Legislativo –que era el momento exacto en que el Ejecutivo podía actuar– son observadas las piezas del escándalo ético-político más sonado de este periodo de Gobierno. Incluso medidas tomadas con relación al quehacer de funcionarios señalan a responsables de los desaciertos de las últimas semanas.
Lo más importante de estos hechos infaustos que una vez más atropellan la moral pública, es que se evidenció, como nunca antes, que la Nación cuenta con organizaciones de la sociedad civil y miembros de la prensa que –aunque a veces exageran el tono y hasta los hechos– están siempre vigilantes del comportamiento del Estado y dispuestos a denunciar sus pasos indebidos, y que cuenta con un Ejecutivo –cabeza estatal– preparado para reconocer los errores cometidos por sus miembros, y corregirlos.
Esto es una suerte, porque contribuye a asegurar la gobernabilidad democrática y el manejo ético adecuado de la cosa pública.
